Iglesias & Castro: comenzar de nuevo

Desde la emergencia a la arena política española de Podemos, los medios comenzaron a escarbar en los vínculos que este movimiento populista radical de izquierda mantenía con el régimen chavista en Venezuela. Y ciertamente, evidencias palmarias no tardaron en aparecer en forma sobre todo de vídeos, documentos y testimonios que acreditaban que Podemos cobraba cantidades millonarias a Caracas por trabajos de asesoramiento en materia electoral y de otra índole también, así como declaraciones a la TV de ese país hechas por Pablo Iglesias exaltando el modelo bolivariano. Sin embargo, Podemos y sus dirigentes, más allá de financiarse gracias a los petrodólares chavistas, nunca se ha nutrido ideológicamente del bolivarianismo si se trata de diseñar una estrategia para la toma del poder, ya que a fin de cuentas el mentor ideológico de Chávez lo fue Fidel Castro.

Pensamientos marxistas, objetivos totalitarios

“Iglesias se ha declarado marxista en más de una ocasión. Tomar el cielo por asalto en la jerga revolucionaria significa la demolición del viejo orden político, económico, jurídico, institucional y social, como condición previa para la consolidación del poder político del nuevo régimen. Nadie que conozca los rudimentos del marxismo, y en particular la teoría de la lucha de clases, puede decir que Iglesias no está poniendo con claridad las cartas sobre la mesa. Pero sus críticos mayoritariamente carecen de dicho conocimiento. Esto es también un hecho innegable”[1]. Si nos atenemos a la estrategia discursiva de Podemos, sobre todo su definición de pueblo y la equidistancia que guarda con respecto al resto de los partidos políticos, debemos admitir que este nuevo discurso populista ha tenido la habilidad suficiente para imponer a la sociedad española un límite distinto; una divisoria en la que de un lado habita la ciudadanía normal, de a pie o decente, y de otro, la elite política privilegiada o corrupta que sólo merece ser castigada por su responsabilidad moral y penal.

Tal propuesta, además de maniquea y por ende populista, es en términos políticos marcadamente totalitaria y aunque en principio parezca alejada de los totalitarismos clásicos del siglo XX, si la comparamos con la estrategia de toma del poder plasmada por Fidel Castro en su alegato de defensa “La historia me absolverá” tras el ataque al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 y los Manifiestos de Movimiento 26 de Julio (el primero en 1955), veremos que los objetivos totalitarios de ambas formaciones, a más 60 años de distancia una de la otra, encajan muy bien.

Para intentar demostrarlo citaremos aquí la definición de pueblo según Castro, en su alegato de defensa como principal acusado del asalto a la fortaleza militar. “Entendemos como pueblo (…) la gran masa irredenta, a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor, más digna y más justa, (…) los 700.000 que están sin trabajo, (…) los 500.000 obreros del campo, (…) los 400.000 obreros industriales y braceros, (…) los 100.000 agricultores pequeños, (…) los 30.000 maestros y profesionales, (…) los 20.000 pequeños comerciantes, (…) los 10.000 profesionales jóvenes”. Está claro que todos los excluidos de esta definición no son pueblo para Castro: los banqueros, los propietarios medianos y grandes del campo y la ciudad, los rentistas, los grandes comerciantes y todos los asociados al capital norteamericano en la Isla; o sea, todo aquel que en posesión de alguna propiedad estuviera en condiciones de explotar mano de obra asalariada.

A continuación veamos la definición de pueblo que defiende Podemos: la formación de Iglesias tampoco sugiere una división de la sociedad donde prevalezca el pluralismo político, sino que lo que introduce, tal y como hacía Castro, es una simple dicotomía binaria extremadamente reduccionista al declarar que la sociedad toda –la “gente decente”– está de su lado, del suyo, por supuesto y lo que queda del otro lado es pura escoria política y moral: por tanto, repudiables y prescindibles. Podemos propone una frontera social estrictamente delimitada. La sociedad decente que asume como suya no está dividida por ideas o intereses plurales, sino que homogénea, o sea, lo que en términos marxistas recibe el nombre de “masas”, esto es, una realidad total unitaria. Lo que queda fuera de esa totalidad para ellos no es sociedad, es casta política, son los invitados al Palco del Bernabéu.

Podemos constantemente impone una verdad única desde la que nos persuaden a que eliminemos nuestra originalidad esencial si no queremos sentirnos incomprendidos. Pontifican que la heterogeneidad distorsiona y resulta insolidaria. Como decía Walter Lippmann, “cuando todos piensan de la misma manera, nadie piensa”[2]. Iglesias, construyendo un nuevo discurso: la ‘casta política’, la ‘gente’, el ‘empoderamiento’ o el ‘rescate ciudadano frente a los mercados’, ha conseguido sustituir conceptos anquilosados como la lucha de clases o la burguesía, con muy escasa capacidad de movilización.

Apariencias socialdemócratas, realidades colectivistas

En cuanto a Castro, el programa planteado en “La historia me absolverá” en 1953 y luego ampliado en el Primer Manifiesto del Movimiento 26 de Julio de 1955, era de naturaleza socialdemócrata reformista, incentivando el papel del Estado en la economía capitalista en línea con políticas desarrollistas. Tal programa proponía en sus rasgos esenciales: la proscripción del latifundio, la distribución de la tierra entre las familias campesinas; concesión inembargable e intransferible de la propiedad a todos los pequeños arrendatarios; ayuda económica del Estado; reducción de impuestos. La reivindicación de todas las conquistas obreras. La industrialización inmediata del país. La rebaja de todos los alquileres: construcción por el Estado de viviendas decorosas, etc. El fomento de una red de escuelas e institutos públicos que se ocuparan de la educación y la formación, así como un sistema de salud pública de ámbito nacional. Y donde único mostraba ya su perfil de expropiador compulsivo era en la nacionalización de  servicios públicos: gas, electricidad y teléfonos.

Lo primero que hacen los extorsionadores es detectar fascinantes reivindicaciones sociales que ofrecer a las “masas”, sin importar quién las va a sufragar. No argumentan en detalle de dónde saldrían los fondos para financiar todo ese significativo aumento del gasto social, ni mucho menos establecen que su objetivo final sería la colectivización gradual de la gran propiedad capitalista, lo cual, como se sabe, ocurrió de manera irreversible en Cuba desde 1960. En ambos casos, de este análisis se desprende que no es el programa lo que define la esencia totalitaria de un movimiento, sino su estrategia discursiva, su sustrato político, pues una vez que se define de forma “total” al sujeto, resulta que no queda espacio para ninguna otra parte social que, por definición, no puede existir sino como la anti-sociedad o el anti-pueblo, tal y como fue haciendo a partir del año 1960 Fidel Castro en Cuba, al barrer con todo vestigio de sociedad civil para ser suplantada por un nuevo tipo de sociedad: la “sociedad estatal”.

Apropiación de los conceptos de “pueblo” y “democracia”

Podemos, al igual que el Movimiento Revolucionario 26 de Julio castrista, no pretende representar a unos intereses o sentimientos políticos determinados, sino que se abroga toda la representación del pueblo español, entendido como totalidad indivisa, preexistente y antagónica de eso otro que termina por ser inevitablemente el no-pueblo. Tal y como Podemos concibe y trata al espacio político, contradice intrínsecamente al pluralismo democrático y, en ese sentido, Podemos es incuestionablemente totalitario, hipótesis que queda fehacientemente demostrada en el reciente ensayo de Jose María Ruiz Soroa, El peligro de una sociedad sin divisiones[3]. En sus declaraciones públicas palpita en Podemos ese totalitarismo de viejo cuño que ya desechó la táctica de toma del poder mediante la lucha armada y que ahora, basándose en las propias reglas del juego democrático, ha sido capaz de comenzar de nuevo y demostrar que puede conquistar el poder.

Desde esta perspectiva, la primera proclama del Movimiento 26 de Julio castrista dejaba claro que el mismo se integraba “sin odios contra nadie. No es un partido político sino un movimiento democrático-revolucionario, sus filas están abiertas para todos los cubanos que sinceramente deseen restablecer en Cuba la democracia política e implantar la justicia social. El Movimiento tiene una estructura funcional; a él podrán enrolarse jóvenes y viejos, hombres y mujeres, obreros y campesinos, estudiantes y profesionales, porque ésta ha de ser por encima de todo una revolución de pueblo, con sangre de pueblo y sudor de pueblo”. El antipueblo, tanto para Iglesias como para Castro, son los “gusanos”, los apátridas, los traidores, los corruptos, los representantes y aliados del capital y los poderes supranacionales; el FMI, Bruselas, o la misma Merkel.

Los nuevos demagogos de siempre

Los nuevos demagogos son grandes expertos en marketing emocional. La batalla de las ideas se pierde porque el sentimentalismo ha ocupado el lugar de la racionalidad y el argumento. Los medios se utilizan para un adoctrinamiento activo que corrompe nuestra identidad. Castro hizo un uso sistemático de la televisión para luego desbordar el estrecho marco de la pantalla, irrumpiendo cual vendaval en la Plaza de la Revolución. Hoy en día el populismo es el atajo por el cual el que desea conquistar el poder por la vía rápida, se adentra en el camino de la farsa y el cinismo, aprovechándose, de las nefastas consecuencias de la Gran Recesión en España, con su legado de alrededor de 5 millones de desempleados, así como de un modelo político agotado y en crisis sistémica debido a su incapacidad para representar al ciudadano, el irrespeto permanente a la separación de poderes, el clientelismo y el saqueo perpetuo de los fondos públicos.

Un estudio internacional del BBVA[4] que examina un amplio conjunto de percepciones de ciudadanos de 10 países europeos, corrobora que casi tres cuartas partes de los españoles no se identifican con el capitalismo y el libre mercado, al tiempo que una amplia mayoría apuesta por las políticas antiliberales, por mantener el Estado del Bienestar e incrementar el gasto público y porque el Estado garantice sanidad, educación y pensiones a todos los ciudadanos. Esto constituye un terreno abonado para que pasten sobre él las huestes del populismo más radical.

En resumen, Podemos no propone absolutamente nada nuevo. El antiguo contrato rousseauniano, adaptado a las exigencias totalitarias, travestidas de demagogia barata y populismo corriente, consiste básicamente en que el todopoderoso Estado se compromete a ofrecer –sobre todo en tiempos de bonanza, pues cuando ésta desaparece, su naturaleza asistencial se reduce a la mínima expresión– una mínima cobertura de derechos sociales y a cambio los ciudadanos, renuncian, o le son suprimidos gradualmente, sus derechos civiles: derecho a la vida y a las libertades esenciales, así como sus derechos políticos: amplio acceso a la representación y al ejercicio del poder, pluripartidismo, etc. O sea, un trueque perverso y liberticida en el cual la vinculación entre mérito y esfuerzo se suplanta por el derecho a la mediocridad compartida, obtenida sin esfuerzo alguno.

 

A los individuos les son escamoteados gradualmente sus derechos naturales más esenciales, como son el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada, entre otros sobre los que se vertebran los valores que sirven de sustento a la sociedad liberal. Los pueblos que han estado sometidos por décadas a tal despojo han sufrido amargamente las durísimas consecuencias económicas que entraña este modo de hacer política. Sin embargo, en sus inicios no suelen advertir del secuestro de la libertad que conlleva, una alienación que prostituye un valor imprescindible para vivir y ser persona. El mismo Jean Jacques Rousseau lo expresó paradójicamente en esta frase: “Pueblos libres, recordad esta máxima: Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde”.



[1] Navarro Vega, ArmandoPodemos puede. Neo Club Press, Miami. 23 de octubre 2014.

[2] Pomés, Julio. “El secuestro de nuestra libertad”. ABC, 12 de enero de 2015.

[3] Ruiz Soroa, Jose María. El peligro de una sociedad sin divisiones. Podemos no divide a la sociedad sino que coloca fuera de ella a quienes considera sus adversarios, de forma que contradice el pluralismo democrático y en ese sentido preciso es totalitario. El País, 9-1-2015. El impulso para elaborar este trabajo me surgió como resultado de la lectura de este riguroso y revelador ensayo y quiero hacerlo patente aquí.

[4] Fundación BBVA, “Valores político-económicos y la crisis económica” (2013) http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Presentacionvalues.pdf

Verdades y mentiras de la lista falciani

Una cosa es la lista Falciani y otra, muy distinta, la utilización partidista o periodística que se hace de ella. Cuando un nombre aparece en la lista, el individuo queda ya estigmatizado y obligado a dar explicaciones sobre si su actividad financiera o su relación con la entidad bancaria HSBC se ha ajustado a la legalidad. Es decir, el mero hecho de aparecer en la lista implica una presunción de culpabilidad. Esto es algo que el Sr. Falciani y las autoridades tributarias que han utilizado, a veces de forma ilegítima, esa lista con fines recaudatorios, hubiesen debido tener en cuenta. Es probable que determinadas personas puedan solicitar responsabilidades por ello.

Cuando a esto se le añade la difusión periodística, el daño que puede producir, de no ser ciertos los datos, o incluso por el mero hecho de salir publicitado, puede llegar a ser inmenso. El diario El Confidencial viene ofreciendo por entregas una serie de nombres con el mensaje explícito que se trata de defraudadores, por tener, o haber tenido, cuentas fuera de España. Pueden dar las explicaciones que quieran, pero el mero hecho de salir en la lista, junto a verdaderos defraudadores o incluso delincuentes, provoca un daño irreparable.

Mi nombre ha salido publicado por ese diario y, al día siguiente, publicitado por ABC. Es cierto que El Confidencial ha publicado una nota aclaratoria mía –incompleta- que en nada palia el daño producido. El diario ABC, como era de esperar, se negó a aclarar nada. Este es el periodismo que ahora se estila en algunos medios. La noticia fue amplificada por la Cuatro y por la Sexta, especialmente en el programa El Intermedio.

¿Y qué se puede hacer cuando te encuentras en medio de una situación así? Desgraciadamente, nada. Si demandas judicialmente, lo más probable es que las acciones judiciales, al tratarse de personas públicas como es mi caso, no prosperen. En cualquier caso, dependerá de la “suerte” con el juez o magistrados que te toquen para enjuiciar los hechos. Si se trata de jueces o magistrados honestos es probable que, si además son diligentes, se miren el asunto y juzguen con cordura. Pero también es muy probable que el juez sea partidista, o que las carreras de los magistrados dependan de políticos que miraran con lupa lo que hicieron o dejaron de hacer, a quien han favorecido y a quien no. Esta es la justicia “ad hominem” que en tantas ocasiones se imparte ahora en España.

La única solución es dedicarle tiempo y paciencia, en sitios como “¿Hay Derecho?”, para hacer pedagogía y explicar lo evidente. Y esto es lo que voy a intentar hacer a continuación. Se refiere El Confidencial a la aparición de mi nombre en la lista Falciani por una cuenta que, según una información filtrada, mantuve entre los años 1992 y 1994 en el banco HSBC. La noticia viene aderezada con referencias al caso Gürtel del que he escrito en varias ocasiones, por un lado; y a Guillermo Luca de Tena, del que fui abogado, por otro, que al parecer tenía una cuenta en ese banco. La consecuencia que extrae el lector es obvia. Pero los hechos no son como se dan en la noticia.

Así, resulta que nunca he tenido abierta cuenta alguna en el banco HSBC. Sí la tuve, en cambio, en National Republic Bank of New York, sucursal de Ginebra, que fue vendido por su propietario Edmond Safra –al que conocí- a HSBC en 1999 cuando yo ya no tenía relación alguna con esa entidad. Abrí esa cuenta para poder percibir unos honorarios profesionales, 30.000 €, (cinco millones de pesetas al cambio), derivados de mi actividad profesional como abogado hace 23 años. Dichos emolumentos fueron traídos y declarados oportunamente en España. ¿Dónde está la ilegalidad?

También debo aclarar que, al contrario de lo que se afirma en El Confidencial, yo no he sido nunca abogado de Luis Bárcenas. En las actuaciones derivadas del caso Gürtel intenté colaborar con mi partido entonces, el PP, por petición expresa de su presidente, y hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que siempre aconsejé trasparencia y colaboración con la justicia. ¿Qué tiene que ver esto con la lista Falciani?

Referente a Guillermo Luca de Tena,  del que como también se dice en la noticia que fui abogado, eso sí es cierto. Fui su abogado y, sobre todo, amigo a lo largo de más de treinta años. Creo que su honestidad, que le llevó a situaciones patrimoniales muy difíciles para salvar ABC, está fuera de duda. A él, que murió hace años, si se le relaciona con una cuenta en el HSBC, pero no se menciona, o se hace muy de pasada, que regularizó esa situación anómala. Ni se investiga sobre el origen de esos fondos que, por lo que yo conozco, procedía de su padre, Juan Ignacio Luca de Tena, que lo llevó a Suiza al caer la Monarquía en 1931.

Y puestos a aclarar, quiero que sepan los lectores de ¿Hay Derecho? que he hecho mis declaraciones de Renta cada año, incluyendo los honorarios que por imperativo de clientes internacionales me han sido abonados en otros países. Y a mis declaraciones me remito. Por último, puedo afirmar que siempre que se ha solicitado, por el Congreso de los Diputados, partidos políticos, jueces o fiscalía anticorrupción, mi colaboración en determinadas investigaciones escandalosas de corrupción, o para cualquier tema, he prestado mi desinteresada ayuda y lo seguiré haciendo.

Se atribuye al almirante Méndez Núñez esa frase que procuro tener como divisa: “Más vale honra sin barcos, que barcos sin honra”. Como consecuencia de ello a veces he salido hecho añicos del empeño.

Donde empieza el morbo, acaba el interés informativo que la Constitución protege. A propósito de la publicación de la Lista Falciani

Con estos años de crisis casi nos habíamos olvidado de Hervé Falciani, aquel informático de la filial suiza del HSBC que en 2009 se enfrentó a la que es, junto al reloj de cuco, la institución más característica del país helvético: el secreto bancario.

Ese año, Falciani reveló a las agencias tributarias de varios países información sobre las cuentas de más de 130.000 clientes del banco. Esta revelación, amén de motivar que el gobierno suizo cursase contra el propio Falciani orden de detención internacional por un presunto delito de revelación de secretos, fue origen de distintos procedimientos de inspección tributaria (denominados, en ocasiones, de “regularización” tributaria). En particular, al fisco francés y al español les resultó interesante conocer quiénes de entre sus residentes se encontraban en la dichosa lista; porque en la mayor parte de los casos los saldos de las cuentas enumeradas eran, cuando menos, cuantiosos; y porque esos saldos procedían en ocasiones de ingresos que no estaban siendo declarados ante la Hacienda Pública como correspondía.

No obstante, esa lista de más de 130.000 clientes, conocida como la Lista Falciani, no es en sí misma una lista de defraudadores. Es una lista de clientes.

En efecto, parece evidente que la lista incluye algunas personas que han recurrido a la banca suiza confiando en que su secretismo les ayudaría a ocultar la procedencia o, incluso, la existencia de sus ingresos. Pero no todos los clientes de un banco suizo buscan escapar de las autoridades tributarias o blanquear capital amparándose en la opacidad del sistema. Muchos buscan, simplemente, tener su dinero depositado en uno de los sistemas bancarios más estables y seguros del mundo.

Han pasado varios años y, ahora, tras una prolongada investigación, una asociación internacional de periodistas de investigación (International Consortium of Investigative Journalists) ha hecho pública parte de la Lista Falciani. Por lo que respecta a España, esa publicación se está llevando a cabo, de forma seriada, a través el diario digital el Confidencial (y parece ser que también se hará a través de la cadena de TV la Sexta, perteneciente al grupo de comunicación atresmedia).

Pues bien, en esta publicación se incluyen algunos nombres que, según informaciones contrastadas o publicadas anteriormente, han sido objeto de procedimientos de inspección o regularización tributaria (notorio es el caso del difunto banquero, don Emilio Botín). Pero también, y esto llama la atención, se incluyen nombres de personas que, según la propia publicación, no parece que hayan cometido delito o ilícito tributario alguno. Se trataría de personas que simplemente tendrían su dinero en Suiza o bien porque eran residentes fiscales allí (es el caso al parecer del piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, y del cantante británico Phill Collins); o bien porque así lo habían decidido, pero declarándolo oportunamente ante las autoridades tributarias de su país de residencia (el caso de la modelo Elle McPherson).

¿Por qué se han publicado los nombres de estas últimas personas y se ha sometido su patrimonio al escrutinio público, si no han cometido delito ni, siquiera, irregularidad administrativa alguna?

La pregunta es pertinente. Parece evidente que a quienes aparezcan en esa lista esta publicación les molestará; porque afecta a un aspecto de su vida que han elegido excluir del escrutinio público, algo que dejó de ser parte de sus vidas hace más de cinco años; y porque arroja a la luz pública datos de carácter personal y reservado. Es decir: la noticia incide en el derecho a la intimidad de estas personas, por cuanto no respeta ese ámbito que los afectados han reservado del conocimiento ajeno; o cuando menos, al llamado derecho al olvido, por cuanto esta información posiblemente ha dejado de ser de interés público con el paso de los años; y en todo caso supone un tratamiento de datos de carácter personal que los afectados no han consentido conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

Así que, insistiendo: ¿Por qué, entonces, han de soportar estas personas que se divulguen sus nombres, los datos de sus cuentas y el dinero que tenían en ellas hace años? ¿O es que no han de soportar tal sacrificio?

En principio, el derecho a la intimidad (y lo mismo sucede con el derecho al honor, el derecho a la propia imagen y el derecho al control sobre los propios datos o habeas data) pueden tener que ceder ante la libertad de información que consagran el artículo 20 de nuestra constitución y el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es ya harto conocida la jurisprudencia según la cual nuestros derechos al honor y a la intimidad pueden tener que ceder ante la libertad de información siempre que, en la ponderación entre aquéllos y ésta, sea ésta la que deba prevalecer. Y esto sucederá cuando sea necesario para divulgar una noticia de interés público, entendiendo como interés público aquello que objetivamente deba interesar a una sociedad democrática y no aquello que sea, subjetivamente, de interés para el público (puesto que el público puede moverse en este sentido por su morbosa curiosidad).

Concurriendo este interés, se justificará una intromisión en la intimidad ajena. En el caso del derecho al honor, se exige además, para que prevalezca la libertad de información, que la noticia sea veraz; entendiendo por veraz no la que es exacta o verdadera, sino aquella que se ha contrastado debidamente con el propósito de evitar falsedades e inexactitudes. Por supuesto, se exige, además y en todo caso que se eviten expresiones innecesariamente injuriosas (no existe, bajo ninguna circunstancia, un derecho al insulto).

Bajo estas premisas, una información sobre un delito es de interés público, sobre todo si se trata de un delito que causa alarma social. Y por lo que respecta las informaciones sobre la Lista Falciani, parece indudable el interés público en conocer la existencia de prácticas bancarias que, aun sucediendo en Suiza, posibilitan que quienes quieran aprovechar sus características eludan sus obligaciones tributarias. En efecto, no parecen concebibles muchos debates de más interés para nuestra sociedad que el relativo a la obligación que todos tenemos de alimentar las arcas del Estado. En este sentido se expresa el propio medio, aquí, al explicar que considera importante publicar la lista “porque revela el modus operandi para la ocultación de personas y patrimonios, normalmente a través de numerosas sociedades pantalla domiciliadas en paraísos fiscales […] y hombres de paja, con el fin de dificultar todo lo posible la identificación de los propietarios del dinero”.

Aún siendo la noticia de interés público, no debe obviarse que ello no basta para justificar la publicación de nombres concretos. Porque, según constante jurisprudencia, ha de realizarse una ponderación separada y distinta, por un lado, del interés público genérico en divulgar la noticia y, por otro, del que en su caso justifique revelar la identidad de las personas involucradas en la misma. Así, se explica, por ejemplo, esta Sentencia del Tribunal Supremo de 1992.

A veces esta ponderación permitirá identificar a los afectados por su nombre y apellidos. En este sentido, numerosas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo afirman que el artículo 20 de la Constitución no sólo ampara la noticia de un delito, sino, más aún, la divulgación de la identidad de los involucrados si se trata de personajes públicos por razones subjetivas (ya eran conocidos) u objetivas (hay un interés objetivo en conocer de ellos a raíz precisamente del hecho noticioso). De esta manera, no infringe la intimidad informar que el concejal Gutiérrez ha sido imputado por un delito de prevaricación o que la policía nacional ha detenido a la hasta ahora desconocida señora Al-Khatib por su pertenencia a una célula yihadista. La relevancia del cargo del primero, así como la importancia pública que adquiere la identidad de la segunda por la propia naturaleza de la noticia en que está involucrada justifican algo así. Así, esta, esta o esta sentencia del Tribunal Supremo. Desde ese punto de vista, parecería que en principio la divulgación de la identidad de los clientes de la lista que sean personalidades públicas y respecto de las que se hayan iniciado acciones por delitos tributarios está justificado.

Pero en otras ocasiones, por el contrario, no se permitirá tal identificación. Y es que, por lo que respecta a esta lista, no parece que haya interés público alguno en revelar la identidad y detalles bancarios de personas anónimas que ni son personajes públicos ni se han visto involucrados en delito alguno. Así lo parece reconocer el propio medio cuando, en la misma nota referida más arriba, explica que ni el mismo ni el ICIJ publicarán la lista completa, excluyendo a todas aquellas personas que no sean conocidas, porque “Se trata de una base de datos que contiene información bancaria, además de personal, que no puede ser publicada en bruto y sin contexto, […] Y, sobre todo, una enorme porción de la lista carece de interés general: la gran parte de los nombres son desconocidos para la opinión pública”.

Hasta aquí, parece claro que no concurre interés público en revelar la identidad de aquellos clientes de la Lista Falciani que no son personajes públicos. Y, en el otro extremo, parece justificado que se publiquen los detalles sobre aquellos que sí son personajes públicos y que, además, se hayan visto involucrados en procedimientos relativos a la posible elusión de sus obligaciones tributarias.
Pero lo anterior sigue sin resolver qué pasa con aquellas personas de la lista que, siendo personajes públicos, no han estado involucrados en ningún tipo de procedimiento.

La cuestión requiere de un análisis jurídico un poco más fino que el realizado hasta ahora y, también y en todo caso, requiere de un ejercicio de sólida ética periodística. Porque lo que dice la jurisprudencia (sirva, por todas, esta sentencia del Tribunal Constitucional) es que los personajes públicos, aunque siguen gozando de intimidad, ven reducido el ámbito de protección de la misma, por cuanto será de interés público informar de aquello relacionado con su actividad pública, incluso cuando en principio debiera pertenecer a su esfera privada. Eso sí, en todo caso, debe haber una relación directa y un interés justificable. Así que, por ejemplo, una enfermedad que pueda afectar al rendimiento y un deportista de élite, aunque sea una noticia sobre una esfera estrictamente privada de las personas (su propia salud) puede ser objeto de una noticia de interés público (precisamente porque afecta a su faceta pública de deportista de élite). ¿Lo es saber que unas personas públicas, sin haber incurrido en ilícito alguno, tenían hace años unas cantidades determinadas en un banco en concreto? El medio que ha publicado la lista parece pensar que sí, puesto que también justifica la importancia del reportaje en que “es la primera vez en la historia que se descubren con nombres y apellidos las cuentas que grandes fortunas de todo el mundo escondían en un banco en Suiza” y en que “los nombres que aparecen son de primerísima fila”.

El análisis que ha realizado ese medio, no obstante, parece interesado. En el reportaje se incluyen hasta datos de los saldos concretos que en momentos determinados tenían algunas personas. Parece apropiado, en una sociedad democrática, conocer de la existencia de este tipo de entramados, y asimismo qué personajes públicos los han utilizado para infringir sus obligaciones tributarias. Pero, más allá de ello no parece justificable ofrecer este tipo de detalles respecto de personas que, por muy conocidas que sean, no he cometido ningún tipo de irregularidad.

Otro detalle que apoyaría este análisis, aunque no incida sobre su meollo, es el tratamiento que la noticia está teniendo en los otros medios que se hacen eco de la misma. Un tratamiento que ya no sólo parece afectar al derecho a la intimidad, sino que, más allá, incide sobre el honor de estas personalidades. Y es que hay medios que, al dar noticia de la lista, explican cómo podían utilizarse las cuentas en Suiza para evadir impuestos e identifican a las personalidades incluidas en la lista sin aclarar que no han estado involucradas en ninguna actividad ilícita (dando a entender, por tanto, que sí lo han estado). Sirva como ejemplo esta noticia de un conocido medio de Internet, que bajo el titular “Swiss Leaks: los famosos involucrados en el escándalo fiscal de la Lista Falciani” explica que “más de 100.000 clientes de la filial suiza del HSBC usaban este banco para evadir impuestos” y pone como ejemplos a personas que, según lo expuesto antes, no han cometido ninguna irregularidad. No es de extrañar que, en esta tesitura, alguna de estas personas (el piloto Fernando Alonso) haya anunciado acciones contra los medios que den a entender que sí ha cometido irregularidades tributarias.
Quizás parezca un análisis demasiado fino o subjetivo; o quizás la respuesta a todo esto esté en preguntarse qué utilidad tiene identificar dónde tienen su dinero estos personajes públicos si, por otra parte, no han hecho nada incorrecto. Si lo único que se intenta es satisfacer el morbo del público, no parece razón suficiente para sacrificar lo que, no perdamos de vista, sigue siendo un derecho fundamental de las personas: su intimidad.

Tasaciones de inmuebles y (des)protección del deudor hipotecario. Hacia una nueva “burbuja inmobiliaria”

Mucho se ha escrito durante estos ya largos años de crisis económica del problema del sobreendeudamiento hipotecario. En víspera de elecciones es posible que el problema de los “desahucios” cobre de nuevo actualidad y muchos partidos políticos prometan solucionar de un plumazo esta cuestión que es muy compleja. La ausencia de una regulación adecuada y eficaz de este problema no hace más que alimentar un radicalismo político que puede poner en riesgo todo el sistema. El Gobierno debe abordar este tema con valentía o de los contrario las consecuencias pueden ser nefastas.
Al margen de los cambios legales que se han producido a instancias del TJUE en materia de cláusulas abusivas, el problema de la subsistencia de deuda pendiente tras un proceso de ejecución hipotecaria no ha sido abordado de manera eficaz ni siquiera por el nuevo art. 579 LEC que solo beneficia a los que tienen recursos. Si ya es duro no poder pagar el préstamo hipotecario y perder la vivienda, más lo es seguir obligado a pagar la parte del préstamo que no ha quedado satisfecho tras la ejecución.
La solución al problema creo que hay que encontrarla en la regulación del proceso de ejecución hipotecaria que, tal y como está ordenado “favorece” el que quede deuda pendiente por una suerte de “magia procesal” y por supuesto por otra razones que ya se trataron aquí  . Creo que no es preciso alterar la estructura del derecho real de hipoteca que durante años ha funcionado perfectamente, mientras se han respetado las reglas del juego. Y esto es precisamente lo que no ha pasado: no se han cumplido las normas, ha existido mala praxis concediéndose préstamos hipotecarios por encima del valor de tasación de los inmuebles y a su vez éstos han sido tasados por encima de su valor. No estoy descubriendo el Mediterráneo: esto es hoy una realidad demostrada.
El drama social que se ha creado ha sido fruto de una concesión de crédito fuera de los límites que marca la prudencia bancaria. Todo ello acompañado de un proceso de ejecución hipotecaria desequilibrado, claramente favorable al acreedor, mal construido y un órgano supervisor que no ha hecho su trabajo.
Hecho el diagnóstico de la enfermedad, procede valorar la eficacia del “antibiótico” suministrado por el legislador. Pues bien, el resultado no puede ser más desalentador. La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social no solo no ha solucionado el problema, sino que lo ha agravado, al menos, en cuanto a tasaciones se refiere. Me explico.
Uno de los fallos más graves que a mi juicio existen en la regulación procesal de la ejecución hipotecaria es que el art. 682 LEC (y el art. 129.2 a) LH) prevé que el valor de tasación a efectos de ejecución será el pactado en la escritura pública. No se produce un nuevo avalúo del inmueble como sucede en la ejecución ordinaria y ello con objeto de agilizar el proceso de ejecución hipotecaria. Esta celeridad pretendida genera un riesgo adicional y es el cambio de valor de la finca en el momento de la ejecución. Si aumenta de valor, la finca se vendería en ejecución por un precio inferior al valor económico real. Si el valor disminuye (que es lo que ha sucedido) el mantenimiento de la tasación fijada en escritura (“precio burbuja”) puede condenar de antemano al fracaso la realización y que la subasta quede desierta y se desencadenen los efectos del art. 670.4 LEC, pudiendo el ejecutante “pedir la adjudicación del inmueble por el 70 % de dicho valor o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior al sesenta por ciento de su valor de tasación y a la mejor postura”. En ocasiones, el que subsista deuda pendiente tras la ejecución deriva del hecho que de que tal inmueble se lo adjudica el acreedor a un precio muy inferior al fijado para la concesión del préstamo.
Así, se producen situaciones lamentables como la que resuelve el Auto del JPI nº 8 de Valladolid de 27 de febrero de 2012. Se ejecuta un inmueble hipotecado que fue tasado por la entidad financiera en 113.100 euros. La deuda pendiente asciende a 74.819 euros. Quedando desierta la subasta se adjudica el inmueble al 50% valor de tasación (anterior a la reforma 2011): 56.550 euros. Resta un pasivo pendiente de 18.269 euros. La entidad financiera inicia el procedimiento de ejecución por el sobrante y al mismo tiempo oferta en su web la venta del inmueble adjudicado a 95.000 euros. Gracias a la LEC, la entidad financiera pretende sacar un beneficio de 38.450 euros por su venta a terceros, además de reclamar 18.269 al deudor principal. El juez impidió que continúe la ejecución por el resto de deuda pendiente.
¿Qué ha hecho el legislador al respecto? Empeorar la situación. La Ley 1/2013 modifica el art. 682 LEC en unos términos que perjudican claramente a los deudores y beneficia a los acreedores, en tanto que permite “en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario”. Es decir, el valor de tasación a efectos de la subasta puede ser inferior al valor actual –de mercado- al tiempo de la constitución de la garantía.
El legislador se separa del art. 8.2 del RD 716/2009, de 24 de abril que desarrolla la Ley de Mercado Hipotecario (LMH) y establece que el tipo de subasta para el supuesto de ejecución será necesariamente, como mínimo, la valoración que conste en el certificado de tasación. Coincidencia por tanto, de la tasación a efectos de subasta con la tenida a los efectos del Mercado Hipotecario, lo cual es bastante más razonable.
Por el contrario, la Le1/2013, permite una desviación entre la tasación inicial y la tenida en cuenta para la subasta perjudicando más al deudor hipotecario.
Como ha señala M. González Meneses “no tiene ninguna justificación que si se ha realizado una tasación objetiva del inmueble en el momento de la constitución de la hipoteca (habiéndose preocupado todas las últimas reformas por que estas tasaciones a efectos hipotecarios se realicen con objetividad e independencia de manera que no se produzcan sobrevaloraciones), la ley considere legítima la imposición por el acreedor de una cláusula por la cual el deudor acepta que, a efectos de ejecución y en su perjuicio, la finca de entrada vale ya menos de un 25 % del valor que le ha atribuido una tasación objetiva. Una cláusula de este tipo –que se está empleando de forma sistemática por varias entidades de crédito al amparo de la norma legal vigente- está injustificada y es claramente abusiva. No la aceptaría ningún deudor que pudiera negociar en condiciones de igualdad con su acreedor.
También la Ley 1/2013 aumenta el porcentaje de adjudicación al acreedor cuando la subasta queda desierta y siempre que se trate de vivienda habitual del deudor, al 70%. Pero este beneficio es sólo aparente tal porcentaje se aplica sobre el valor fijado para la subasta y no sobre el valor de tasación tenido en cuenta para conceder el préstamo. De esta forma al final el acreedor puede adjudicarse el bien por el 45% de la tasación tenida en cuenta para la concesión del préstamo.
En este contexto, no es de extrañar que ejecutado el inmueble, el deudor no solo pierda la vivienda, sino que además le quede pasivo pendiente por satisfacer. Esto no lo resuelve una dación en pago forzosa que desnaturaliza la esencia del derecho real de hipoteca, sino la corrección de las normas que permiten que esto se pueda producir.
Precisamente el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de septiembre de 2014 considera abusiva la cláusula del préstamo hipotecario que fijaba como valor para subasta de un inmueble 200.000 euros cuando había sido tasado para la concesión del préstamo en 376.300 euros, contraria a la buena fe contractual pues perjudicaba al deudor al permitir al acreedor adjudicarse un bien por un precio inferior a su valor real. Pues bien, el legislador, pretendiendo proteger al deudor hipotecario, legitima legalmente lo que es una cláusula abusiva. Algo absolutamente demencial…..
Entiendo que lo más coherente con el principio de responsabilidad patrimonial universal es que cuando se trate de vivienda habitual, el deudor pueda solicitar una nueva tasación en el momento de la ejecución y caso de que la subasta quede desierta (lo que será menos probable si el inmueble sale a subasta a precio de mercado y no a precio “burbuja”), el acreedor se adjudique el bien por cantidad igual a esta última tasación, es decir, por lo que realmente vale. De esta forma se evitarían perversiones en las tasaciones en el momento de la concesión del préstamo y, en muchos casos que se adjudique el bien por valor notablemente inferior al de mercado, quedando pasivo pendiente precisamente por esa “magia procesal”. Si, no obstante, queda deuda pendiente (por la pérdida de valor del inmueble) ésta podrá ser exonerada en un proceso concursal, tal y como razonábamos aquí R. Tena y yo.
La celeridad del procedimiento hipotecario pretendida con la vinculación del tipo de subasta fijado en la escritura constituye uno de los factores que provoca que subsista deuda pendiente tras la ejecución, efecto perverso que debe necesariamente evitarse exigiéndose que el tipo fijado para la subasta sea igual al valor señalado en la tasación realizada conforme a la regulación del Mercado Hipotecario.
La reforma realizada por la Ley 1/2013 no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava y sienta las bases para una nueva burbuja inmobiliaria.

Conflictividad entre progenitores y custodia compartida

El pasado diciembre importantes medios de comunicación se hacían eco de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2014 (Id Cendoj: 28079110012014100551), desestimatoria del recurso de casación interpuesto por el padre de un pequeño contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que, confirmando íntegramente la de primera instancia, atribuía la guarda y custodia exclusiva del hijo común a la madre, en detrimento de la custodia compartida que venía pretendiendo el progenitor varón durante todo el procedimiento. Casi todos los titulares, tanto de la prensa escrita, como de los noticiarios de televisión, enfatizaban que el TS denegaba conceder la custodia compartida debido a la conflictividad existente entre los progenitores (cfr., aquí y aquí), algún titular incluso se atrevía a afirmar que era la primera vez que esto sucedía (aquí), siendo minoritario el enfoque de la noticia, desde la exigencia de “respeto mutuo para dar la custodia compartida” (aquí).

Sin embargo, tras la lectura del cuerpo de la Sentencia en cuestión, resulta difícil comprender tanto revuelo, pues la novedad del pronunciamiento es más que discutible, como también lo es que esta decisión rompa con una línea jurisprudencial bien establecida por el TS en materia de custodia compartida, como trataremos de esclarecer seguidamente en este post.

Pero antes parece oportuno profundizar un poco más en el caso concreto enjuiciado en esta Sentencia y consignar los términos exactos en los que se pronuncia el Alto Tribunal en el escueto párrafo que ha generado tan gran repercusión mediática y que dice así: “Esta Sala debe declarar que la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción (sic, de) actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad” (FJ Sexto). No obstante, la ratio decidendi no consiste sólo en esto. La lectura de la Sentencia no permite afirmar que cualquier situación de conflictividad o cualquier grado de irrespetuosidad en la relación entre los progenitores excluya la posibilidad de establecer la custodia compartida de los hijos con carácter general, sino que ésta se desaconseja cuando, analizado el caso concreto, se constate que dicha situación de falta de entendimiento de los progenitores perjudica el interés del menor, que es el que debe primarse y protegerse con cualquier sistema de guarda que se adopte y no sólo con el de custodia compartida. Así, por ejemplo, si los hijos presencian agrios enfrentamientos entre sus padres cada vez que estos deben coincidir en el espacio, o si la necesidad de adoptar cualquier decisión en común en relación con la prole se convierte en una disputa violenta en presencia de los hijos, sea cual sea la importancia del asunto que hay que acordar o convenir, este clima puede acabar perjudicando emocionalmente a los menores, que afrontarán con ansiedad cada nuevo encuentro o comunicación entre sus progenitores. Y aunque situaciones como la descrita pueden producirse también con un régimen de guarda unilateral, parece claro que las posibilidades se multiplican ante la cotidianeidad de los contactos y la mayor cantidad de ocasiones para el consenso entre los padres que requiere el correcto desarrollo de un régimen de guarda compartida.

Esto, precisamente, es lo que entiende el TS que concurría en el caso de autos: las sentencias de instancia ya habían dejado establecido previamente que la conflictividad entre los progenitores perjudicaba al menor. De hecho, con anterioridad a la instancia casacional, había recaído un auto de medidas provisionales en procedimiento de modificación de medidas que imponía la entrega y recogida del niño en el domicilio de los abuelos paternos para evitar la necesidad del contacto entre sus progenitores y se había suprimido la comunicación telefónica del padre con su hijo, con base en la transcripción de varias llamadas que la juzgadora de instancia había considerado agresivas, llegando a deducir contra el padre testimonio para el Juzgado de Violencia contra la mujer. Posteriormente, en la sentencia definitiva de modificación de medidas, se recogía el acuerdo de los progenitores de mantener el domicilio de los abuelos paternos como lugar de entrega y recogida del menor y se restablecía el contacto telefónico entre éste y su padre, sin que se accediera a la custodia compartida que éste solicitaba y a la que se oponían la madre y el Ministerio Fiscal.

Así las cosas, sucede que el TS no encuentra razón que justifique el cambio en el régimen de guarda que venía aplicándose al menor desde su nacimiento –éste nunca había convivido simultáneamente con su padre y su madre, pues aquél instó el divorcio cuando ésta aún estaba embarazada-, al considerar que tal modificación no redundaría en beneficio del menor y reiterando que es el interés de éste, en todo caso, el que debe primar. En consecuencia, creo que no es acertado concluir que la ratio decidendi que lleva al TS a no modificar el régimen de guarda unilateral preestablecido en pro de la custodia compartida sea pura y simplemente la conflictividad existente entre los excónyuges, sino la convicción de que este cambio no respondería al interés del menor.

Desde este punto de vista y como apuntaba anteriormente, creo que esta Sentencia no resulta novedosa, ni tampoco me parece que rompa con la doctrina anteriormente establecida por el propio TS. De hecho, la STS de 7.6.2013 establece con claridad que la revisión en casación del régimen de guarda y custodia –que es lo que se pretendía en la Sentencia que nos viene ocupando aquí- “…sólo puede realizarse (…) si el juez a quo ha aplicado incorrectamente el principio de protección del interés del menor a la vista de los hechos probados en la sentencia que se recurre, tal como afirma la STS 154/2012, de 9 de marzo, con cita de las SSTS 579/2011, de 22 de julio y 578/2011, de 21 de julio” (FJ Segundo). La consecuencia de esta doctrina es que el cambio en el régimen de guarda previamente instaurado sólo procederá cuando se acredite que con él no se atendió debidamente al interés del menor, argumento éste que resulta válido tanto para transitar de un régimen de custodia unilateral a uno de custodia compartida, como para recorrer el camino inverso. La Sentencia de 30.10.2014 no puede sino considerarse coherente con el criterio conteste que expresan las sentencias antes citadas, como lo demuestra la frase en que se condensa su auténtica ratio decidendi y que, inmediatamente a continuación del párrafo que centra las noticias de prensa, reza literalmente así: En base a lo expuesto, y no entendiendo que lo solicitado en el recurso sea beneficioso para el interés del menor, se ha de desestimar la impugnación confirmando la sentencia recurrida”. Que dicho diagnóstico sea o no acertado, podrá discutirse, pero lo que no parece ajustado a la realidad es que con esta decisión se rompa con la línea jurisprudencial establecida, en virtud de la cual debe ser el interés del menor –apreciado en cada caso concreto- el que determine el régimen de guarda y custodia más apropiado, ya que no cabe sostener que uno sólo de ellos –ni el de custodia exclusiva, ni el de custodia compartida- sea idóneo en todos los casos (como aclaran, con buen criterio, a mi entender, las SSTS de 10.1.2012 y 27.4.2012, entre otras).

Pero, además de lo expuesto, tampoco pueden considerarse novedosas las consideraciones que hace el Alto Tribunal en la Sentencia que aquí nos ocupa sobre la necesidad de respeto mutuo entre los progenitores. Es cierto que hay en ella una expresión grandilocuente, al referirse a este requisito como “premisa” de la custodia compartida, a la que debe circunscribirse –en mi opinión- toda la novedad de la Sentencia, porque la existencia o no de una relación de respeto y también de mínimo entendimiento necesario para el desenvolvimiento normal de la custodia compartida se señalan entre la variedad de criterios a tener en cuenta por el Juez para decidir sobre la adecuación de un régimen de custodia compartida. Y así, las SSTS de 8.10.2009, 10 y 11.3.2010, 7 y 22.7.2011 y, más recientemente, la de 29.4.2013, en referencia a los progenitores, aluden al “respeto mutuo en sus relaciones personales y con otras personas que convivan en el hogar familiar”, como factor a considerar a la hora de decretar la custodia compartida.

Junto a lo anteriormente expuesto y para terminar, dos consideraciones:

1ª.- La posible influencia de la relación (buena, mala o regular) de los progenitores en el régimen de guarda dispuesto finalmente por el Juez, no es ninguna novedad: está prevista en el art. 92.6 C.c., que ordena atender “a la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda”.

2ª.- Hay más de una resolución anterior a ésta en la que el TS se plantea qué influencia tiene la conflictividad entre los excónyuges a la hora de determinar el régimen de guarda de los hijos, concluyendo que no se aconseja la custodia compartida cuando dicha conflictividad perjudica su interés. Meridianamente, ha dicho nuestro Alto Tribunal que: En relación a la conflictividad entre los cónyuges, la  sentencia de 22 de julio de 2011 (…),  declaró que «las relaciones entre los cónyuges por sí solas no son relevantes ni irrelevantes para determinar la guarda y custodia compartida. Solo se convierten en relevantes cuando afecten, perjudicándolo, el interés del menor». Esta es la situación que ha sido valorada en el caso.” Y este párrafo está en el FJ Cuarto de la STS de 9.3.2012, en la que, como en la de 30.10.2014, se desestima el recurso de casación del padre que solicitaba una custodia compartida que las sentencias de instancia le habían denegado por la conflictividad de las relaciones con la madre.

¿Hay, pues, algo nuevo bajo el sol de la Sentencia de 30.10.2014? Yo creo que no.

¿El clientelismo partitocrático es un problema institucional o cultural?

Nadie duda de que España padece la enfermedad clientelar, principal granero de corrupción. Quizás no de forma tan grave como Grecia o Italia, pero tampoco les va mucho a la zaga. Ahora bien, como ocurre con toda enfermedad no nos podemos quedar solo en los síntomas. Si queremos curarnos tenemos que diagnosticar la causa, y en eso los científicos sociales no se ponen muy de acuerdo. ¿La causa es institucional (un mal diseño normativo que genera incentivos perversos), cultural (las normas no importan tanto como la educación y la disposición que tenemos para con ellas) o una mezcla de ambas? Y si es una mezcla, como parece razonable, ¿en qué proporción, o con qué relación de causalidad?

Como saben nuestros lectores, este blog se apunta prioritariamente a la respuesta institucional. No despreciamos los valores culturales, en absoluto, pero les damos una importancia subordinada. Si no lo pensásemos así no llevaríamos a estas alturas 1.726 post. De hecho, no habríamos publicado más que uno; concretamente, el interesantísimo post que nos escribió Ignacio Sánchez-Cuenca y que pueden refrescar aquí. Porque aunque compartimos la línea institucional nos importa mucho debatir con quienes no lo hacen, y en ese post, Ignacio, para defender su tesis “culturalista” (o de capital social, para decirlo de una manera un poco más técnica) sacaba a colación el famoso trabajo de Robert Putman (Making Democracy Work, 1993) analizando el caso italiano y las grandes diferencias entre el Norte y el Sur del país que todos conocemos. Resumo brevemente su tesis, utilizando sus mismas palabras: Siendo el sistema institucional idéntico, las causas de estas variaciones no podían residir en las reglas, sino en la sociedad. Putnam encontró la clave en lo que llamó “capital social”, formado por reglas cooperativas de reciprocidad y redes de confianza interpersonal. En las regiones con mayores dotaciones de capital social, la política funcionaba mejor, y viceversa. La conclusión, entonces, es que la corrupción es uno de esos fenómenos que depende de forma esencial de características sociales. Pensar que mediante meros cambios institucionales se pueda conseguir erradicar este vicio político parece puro voluntarismo.

Este mismo ejemplo italiano lo analiza Francis Fukuyama en el segundo tomo de su interesantísimo estudio sobre el orden político, publicado en 2014 y titulado Political Order and Political Decay (por cierto, al también apasionante pero lleno de lagunas primer tomo, The Origins of the Political Order, le dedicaremos en el futuro algún post). Y creo que su análisis al respecto bien merece un comentario.

Según la tesis de Putman, las diferencias culturales o de capital social se explicarían porque el Norte estuvo poblado históricamente por ciudades-estado (Génova, Florencia, Venecia…) que desde la Edad Media supieron conservar los valores republicanos de sacrificio público, lealtad y confianza en las instituciones; mientras que el Sur (Nápoles, Sicilia…) estuvo dominado por grandes imperios (normando, español…) centralizados y autocráticos, donde dominaba la desconfianza a la legalidad “oficial” y cuyo modo de organización era de carácter clientelar. De esta manera Putman reconocía que el origen de la diferencia era indudablemente institucional (ciudades autónomas vs. imperios) pero que ese originario efecto institucional creó hábitos y comportamientos culturales que se perpetuaron en el tiempo y que resultaron inmunes al cambio institucional cuando éste se produjo en el siglo XX.

Fukuyama, por su parte, reconoce la perniciosa influencia normanda en el Sur, pero apunta el hecho incuestionable de que en esa época toda Europa se regía por sistemas políticos semejantes, cuando no peores (por cierto, nada “autocráticos”, aunque sí clientelares). De hecho, Inglaterra y Dinamarca, por citar dos países que no pueden ser más “del Norte”, estaban francamente peor. Lo que ocurre es que las instituciones de estos países cambiaron, y las de Sur de Italia, pese a las apariencias, no cambiaron de verdad o, al menos, no lo suficiente.

En realidad, el problema no arranca de la Edad media, sino de la unificación italiana, y su núcleo no es cultural sino claramente institucional. Esto ya lo intuyó certeramente Antonio Gramsci cuando calificó al pacto de unificación entre la burguesía del Norte y la oligarquía local del Sur de blocco storico o “alianza histórica”. El hecho es que el Piamonte, el motor de la unificación, no tenía fuerza suficiente –como si la tuvo Prusia en el caso de Alemania- para imponer en ese momento en el Sur una revolución burocrática e institucional. Si quería que la unificación llegase a buen puerto debía pactar con las élites locales, que estaban dispuestas –parafraseando al Gatopardo- a que algo cambiase para que todo siguiese igual… En definitiva, a cambio de manos libres en las Administraciones locales, el Sur estaba dispuesto a apoyar cualquier mayoría parlamentaria en el Norte con independencia de su programa. Otra manifestación del blocco fue el pacto tarifario que protegía la industria del Norte y el deficiente latifundio del Sur. Los emprendedores del Sur no disponían de incentivos para entrar en  el sector industrial; así que su única posibilidad de prosperar consistía en comprar tierra y unirse a la oligarquía local. Del mismo modo, la Mafia, por mucha retórica que hayamos oído sobre sus raíces medievales y premodernas, nace propiamente en el siglo XIX, como reacción frente a un poder público corrupto e ineficiente.

La Democracia Cristiana italiana supo aprovecharse de este pacto de buena convivencia durante toda la segunda mitad del siglo XX. Uno de los leitmotiv del libro de Fukuyama es que si se introduce la democracia de masas sin previamente haber construido un Estado fuerte, el único resultado posible es el clientelismo (como ocurrió precisamente en Grecia, pionero en Europa a la hora de introducir el sufragio universal masculino en 1864 y, por supuesto, en EEUU, durante la época del spoils system). Esto es lo que ocurre en el Sur de Italia después de la Segunda Guerra Mundial en beneficio de la DC. Para movilizar el electorado del Sur el partido no tenía más remedio que aliarse con las élites locales, y no tuvo ningún problema en hacerlo, canalizando adecuadamente las inversiones públicas (y sus contratos) a cambio de votos. Obviamente, los incentivos a la corrupción eran omnipresentes.

Hasta aquí Fukuyama. La conclusión que yo saco de todo esto es muy evidente: las normas y las instituciones del Norte y del Sur podían ser las mismas a finales del siglo XX (al menos formalmente) pero no funcionaban igual. No tenían por qué. Y si no funcionaban igual no era por motivos culturales, sino institucionales. Sencillamente, porque los incentivos políticos, sociales y económicos que prevalecían en el Sur exigían, o bien medidas puntuales de choque capaces de modificar esos incentivos para que esas mismas instituciones del Norte funcionasen, o bien unas instituciones diferentes. Por eso, para arreglar el problema no se necesita esperar décadas de cambios culturales (que además por si solos no se van a producir) sino pensar en la reforma institucional adecuada que pueda facilitar el imprescindible cambio de incentivos.

La cultura cuenta, por supuesto (especialmente porque la cultura cívica ayuda a tomar conciencia de la importancia de las instituciones y de la necesaria exigencia de responsabilidad propia y ajena) pero la cultura también la crean las instituciones, como reconoce el propio Putman, y las instituciones son capaces de cambiarla a una velocidad muchísimo mayor de lo que se cree. Los países nórdicos son un ejemplo claro de ello, pero el de EEUU no es menor. Países totalmente corruptos a mediados y finales del siglo XIX figuran hoy en día en los primeros puestos de transparencia y eficacia institucional. Explicar cómo lo hizo EEUU merecería otro post, pero mejor léanse el libro que venimos comentando. Y en cuanto a qué lecciones sacamos para España… pues 1727 post, una Fundación, y sumando. Aunque, para terminar, me gustaría reproducir un párrafo de Fukuyama:[1]

“… el clientelismo no debe ser considerado una aberración o una desviación de una práctica democrática “normal”, sino más bien un efecto natural de una democracia recién implantada en un país relativamente poco desarrollado. Ningún país, ni siquiera los EEUU, ha transitado jamás a un sistema político moderno en un solo salto.”

Por favor, demos el segundo sin necesidad de volver a la casilla de salida.

 



[1] Pág. 143. La traducción es mía.

Reproducción del post de Elisa de la Nuez en Vox Populi: De agentes de movilidad municipales y candidatos a la alcaldía

 

Como es sabido, el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre se ha saldado, por ahora, con un auto de sobreseimiento provisional del Juzgado de Instrucción nº 14 de Madrid que dice (siempre según las noticias publicadas dado que no he podido tener acceso directo a la resolución judicial que no es pública) que existe una “frontal oposición» entre las versiones de los agentes de movilidad que denunciaron a Aguirre y la de la expresidenta popular y candidata “in pectore” al Ayuntamiento de Madrid.  Al parecer, siempre según estas noticias, Esperanza Aguirre habría rebatido la versión de los agentes  “existiendo incluso más apoyos a su versión que a la de los agentes de movilidad denunciantes, y dudas serias acerca de la credibilidad de estos». Si esto es lo que dice el Auto, realmente me sorprende mucho desde un punto de vista jurídico y enseguida les explicaré la causa.

Por razones fáciles de comprender, y más en un país de las características del nuestro, en los expedientes sancionadores que levantan los funcionarios dotados de autoridad pública existe lo que se llama “presunción de veracidad”. Para entendernos, esto lo que quiere decir es que la versión de estos funcionarios en relación con un determinado hecho (que normalmente han presenciado) y que puede constituir una infracción de cualquier tipo se considera por la ley más creíble que la del denunciado, que normalmente suele negar que su conducta haya sido incorrecta o ilegal. Claro que se trata de una presunción “iuris tantum”, es decir, que puede ser destruida por medio de prueba en contrario, pero hay que aportar dicha prueba y los Jueces no se lo suelen poner fácil al denunciado, dado que es parte interesada.  No suele valer, por ejemplo, que los familiares y amigos del supuesto infractor intenten exonerarle. ¿Y los agentes de la autoridad o funcionarios públicos, es que no son parte interesada por lo menos en poner multas? Bueno, pues por lo menos hasta ahora la ley y los jueces entienden que no, que no son parte interesada, salvo que se entienda por interés el interés general.  Se considera que son neutrales y objetivos y que solo buscan aplicar las leyes a todos por igual.

En concreto, el art.75 de la Ley de Seguridad Vial (no se asusten es una cita corta) señala que:  “Las denuncias formuladas por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados y de la identidad de quienes los hubieran cometido, así como, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado.”

Dicho de otra forma, cuando un agente de movilidad le ordena detener su vehículo por haber detectado una maniobra incorrecta, o que usted iba hablando por el móvil o que ha aparcado donde no debía, la ley presume que lo hace no porque le tenga a uno especial manía o porque se quiera hacer un “selfie” con alguien famoso sino porque eso es lo que exige el interés general. De ahí que resulta poco aconsejable discutir con los agentes de movilidad sobre si el semáforo estaba en rojo o en ámbar o si se dejó el coche en doble fila sólo cinco minutitos. Ellos llevan las de ganar. Y si lo piensan bien, es lo más razonable siempre que sean –como no tengo ninguna duda de que es el caso de los policías municipales en Madrid- funcionarios serios y objetivos cuyo único interés en hacer cumplir la Ley de Seguridad Vial en interés de todos.

Pero es que además en este caso al menos las leyes coinciden con la sociología. ¿Por qué digo esto? Porque que en todas las encuestas del CIS los ciudadanos valoran a la policía nacional, autonómica y municipal con mucha mejor puntuación que a los políticos. Los españoles confían bastante más en ellos que en sus representantes. Vamos, que si alguien preguntase a quien creen los españoles, si a la sra Aguirre o a los policías municipales la respuesta creo que sería muy contundente incluso entre los votantes del PP.

El problema de que sea tan difícil creer a la sra Aguirre, se debe además no solo a su condición política sino al dato de que una imputación o una condena, aunque sea por un delito muy menor, sería letal para sus aspiraciones políticas. Como siempre, estamos ante la recurrente e interesada confusión entre responsabilidad política y responsabilidad jurídica penal que predica nuestra clase política. Así que si no hay delito, a correr por la Gran Vía, literalmente. Claro que para que no haya delito algún juez tiene que decirlo. Y ahí radica otro de los problemas básicos de nuestra democracia y más en época electoral: hay que sacar todo el armamento para que los jueces no consigan condenar a nadie, o por lo menos no lo consigan en campaña electoral, porque una vez elegidos ya es mucho más difícil. Ese armamento es muy nutrido y van desde los intentos de deslegitimar al juez -que estaría siempre haciendo juego al enemigo político- pasando por los de cambiarle de destino a ver si deja de molestar y llegando hasta el torpedeo sistemático de la instrucción por tierra, mar y aire, cuando ya se ve que con el juez no se puede y no hay otra manera de evitar la condena de alguien importante.

Aunque en mi modesta opinión la sra Aguirre debió dejar de lado sus aspiraciones políticas hace mucho tiempo y no sólo por el incidente del carril bus de Gran Vía, aunque también por eso. Creo que hay que estar muy convencido de que la ley no se le aplica a uno para atreverse a dejar aparcado un coche ahí, pero coincido con sus defensores en que es una cuestión menor. Sobre todo si se la compara con el hecho de que bajo su presidencia floreció en la Comunidad de Madrid y en el PP madrileño, que ella preside, la trama Gurtel. Hasta han metido en la cárcel a un vicepresidente de su Gobierno y está por ver quien más puede seguir. Seamos claros, en cualquier país serio ni ella ni su partido se plantearían presentarse unas elecciones con ese historial. El que aquí pueda siquiera debatirse es una malísima señal de salud democrática y una inquietante muestra –otra más- de la debilidad de nuestro Estado de Derecho. Que exige que todos y cada uno de los ciudadanos, desde el más importante hasta el más humilde tengan el mismo tratamiento ante la Ley. Aunque la piedra de toque, claro está, es que lo tengan los poderosos. De eso se están encargando por ahora unos anónimos agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, por lo que merecen nuestro agradecimiento como ciudadanos porque no está siendo nada fácil.

 

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En ocasiones veo homínidos: las preguntas de Harari

 

Un amigo matemático al que no veo hace tiempo y que fue mi mentor en materias científicas, Juan Morán, me explicaba que Robert Wright, tras acabar “The Moral Animal” (VintageBooks, 1994) tuvo que escribir “Nonzero” (Little, Brown and Co, 2000) para suavizar algo el amargo sabor de boca de enfrentarse a la realidad. La realidad es como la tónica del anuncio, amarga, y no siempre “porque la has probado poco”, que es la mejor definición de la asignatura de Derecho romano de un alumno repetidor que finalmente cayó en mi aula: “…es como la cerveza, al principio amarga, pero luego te acaba gustando”.

Como un jurista no puede serlo – por definición – si no sabe de las cosas divinas y humanas, la antropología, la psicología (especialmente la evolutiva) y la sociología deberían ser materias troncales si existieran estudios de Jurisprudencia (logos) y no de mero Derecho o Ley (techné), pero, como dice un comentarista de esta bitácora, los leguleyos siempre nos perdemos en estas materias. A falta de formación, siempre hay libros y webs  y Edge en los que ponerse al día de los avances de las ciencias humanas básicas, en cuanto el centro de sus estudio es nuestra especie: homo sapiens sapiens, como nos hemos denominado a nosotros mismos, para distinguirnos del resto de los grandes simios que a duras penas nos sobreviven y de los que ya se extinguieron.

El año apenas finalizado (concretamente en septiembre de 2014) ha sido el de la publicación en lengua española de “From Animals to Gods: A Brief History of Humankind” (2013) del antropólogo israelí Yuval Noah Harari, doctorado en Oxford y especialista en Historia militar , editado por Debate con un título fiel al original “De animales a dioses: breve historia de la humanidad”. Hay quien tacha de pesimista la visión del autor, pero las etiquetas “pesimista” y “optimista” no son más que una revelación del punto de vista del etiquetador al margen de una de las dicotomías en las que nos gusta clasificar las cosas y personas. En todo caso, el autor parece ser un “optimista bien informado” (W. Allen) o un “pesimista activo” (E. Sábato) porque a lo largo de las 493 páginas del volumen nos pone frente a algunas cuestiones de interés sobre nosotros mismos que, y esa es la principal virtud del libro, nos hacen pensar desde una perspectiva diferente.

O no tanto, porque otra de las summae divisiones de la humanidad (progres y fachas, rojos y azules, tirios y troyanos, güelfos y gibelinos, del madrí y del barça – con permiso de los atléticos -, de ciencias y de letras), es la de los que son de Hobbes (http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes, aunque mejor  y su “el hombre es un lobo para el hombre” y los que son de Rousseau aunque mejor y su “el hombre es bueno por naturaleza”. Harari parece ser más partidario del primero, porque, si bien no se pronuncia expresamente, los datos que aporta y las preguntas finales de su obra nos llevan más al Pinker de “La Tabla Rasa” (Paidós 2003) y anteriores que al de “Los ángeles que llevamos dentro: el declive de la violencia y sus implicaciones” (Paidós, 2012).

A los más próximos a Rousseau, Locke, Bentham, Mill y compañía que han despreciado la obra de Hobbes como apologista del anciennerégime es siempre objetivo recordarles que el autor del “Emilio” tuvo cinco hijos con Thérese de Vasseur, su sirvienta y definitiva pareja, a todos los cuáles llevó de inmediato a la inclusa, o sea, prácticamente a una muerte segura. No se sabe del autor del “Leviatán” que hiciera tal cosa.

La publicación de la obra de Harari en España, supongo que porque tiene un buen agente literario, no ha pasado desapercibida. Hasta ha sido objeto de debate en la televisión en la madrugada y en la radio , además de comentarios en los diarios “de mayor tirada”, como suele decirse  pero hasta la fecha ninguno de nuestros ilustrados Editores ni cualquier otro colaborador versado en estos saberes, se ha decidido a publicar una “entrada”, por lo que me decido a hacerlo aprovechando que nieva fuera.

Si los datos y óptica del autor son destacables, el subtítulo (“Breve historia de la humanidad”) es inexacto. El libro se divide en cuatro Partes: La primera de ellas aborda la revolución cognitiva que nos hizo “sapiens”, la segunda la revolución agrícola, la tercera la unificación de la humanidad y la cuarta la revolución científica, pero no de un modo ordenado y detallado en los tiempos de nuestra historia, sino a saltos, casi como si el autor considerase que esos cuatro “momentos” de nuestra especie son los saltos en nuestro “equilibrio puntuado” (Gould), pero si uno esperaba un análisis pormenorizado (como era mi caso), primero milenio a milenio y luego siglo a siglo, no va a encontrarlo, así que el libro responde al título con un sentido crítico y una conclusión inversa a la de “La Física del Futuro” de Michio Kaku (aunque este deja igualmente abiertas sus incertidumbres sobre nosotros mismos).

La obra es todo menos antropocentrista, aunque sea un trabajo sobre nuestra especie, pues no es una loa a nosotros mismos y a nuestras capacidades, sino un interrogante continuo sobre por qué hemos devenido lo que somos, cómo utilizamos nuestras capacidades, la aceleración de la Historia y, sobre todo, para qué usamos nuestra potencia mental. Estamos con el Dr. Ing. Julio Martínez Calzón cuando plantea que los grandes hitos del Universo son physis, bio, logos, techné y eikoniké (virtualidad) y que el cerebro es un computador cuántico que está haciendo real lo virtual. J. Wagensberg se conforma con y preconiza la importancia del “cómo”, pero Harari y otros seguimos pensando, que el por qué y el para qué son más importantes que el cómo si uno tiene capacidad de raciocinio, decisión y acción.

Si, al final, somos una especie cualquiera en un planeta cualquiera de un sistema solar cualquiera de una galaxia cualquiera de un Universo cualquiera, siempre cabe la consolación última de que nuestra destructiva existencia y la supuesta comprensión científica del mundo son realmente anecdóticas. Si Uds. lo prefieren, se apuntan con R. Dawkins y S.Blackmore a la teoría del “meme”. O bien, de nuevo con Sábato, solicitan Uds. al Sr. Secretario General de Naciones Unidas que les dé de baja en la humanidad, por instancia fechada con póliza de veinticinco, certificada con acuse de recibo.

Harari no hace ni lo uno ni lo otro en su libro. Da hechos y hace preguntas, la última de las cuales es: “¿Hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren?”. Tengo la fortuna de vivir junto al bosque. A veces veo gamos o jabalíes, conejos, liebres, buitres y águilas desde casa. Sé que el suelo ahora está mucho más alto, pero en ocasiones creo ver una familia de homínidos en dirección Sur-Sudeste, desde la montaña al valle. Primero van dos machos armados con piedras y palos, grandes, impresionantes, detrás, hembras con crías a su espalda y pecho, otras mayores ordenando la marcha, en la parte posterior, un par de ejemplares lisiados. Aunque he leído a Martínez de Pisón, Carbonell y Arsuaga, no distingo bien qué clase de nosotros son. Les veo seguros de sí mismos, pero no saben dónde van ni qué les espera. Es en esto en lo que veo que son nosotros.

Hay algo, sin embargo, a lo que este interesante volumen no hace referencia, como tantos de ciencias: la importancia en nuestra especie de naturaleza del sentido de la ética, la Justicia, la equidad y el Derecho como freno a nuestra violencia innata y a nuestro irrefrenable deseo de más sin saber por qué ni para qué. Frans de Waal y otros han estudiado la ética en los simios. Tal vez Harari deje la historia de la ética, la moral y del derecho para un segundo libro, como Wright y podamos ver si nuestro oficio tiene un sentido más allá de la vorágine normativa.

HD joven: Sobre la movilidad exterior, la fuga de cerebros y el exilio laboral

Tras más de un lustro de crisis económica, cualquiera reconoce los tres términos que encabezan este artículo. Los tres se refieren a lo mismo, aunque tal vez el matiz emocional sea lo más importante cuando hablamos de una realidad tan difícil y dura para una sociedad como la española, que diariamente ve marchar a muchos de sus jóvenes más preparados.

Lejos de pretender ser tendencioso, en este artículo me he marcado el objetivo de explicar esta realidad desde una perspectiva objetiva, aun con la evidente limitación de que quien lo escribe no sea un “agente externo”, precisamente. Para ubicar al lector, debe saber que mi experiencia exterior hasta el momento ha sido en un centro logístico y administrativo de una empresa multinacional del sector tecnológico en Bratislava.

Antes de empezar, hay que entender que cada caso es diferente, tanto en las causas, el destino, el nivel salarial, la edad, etcétera. La imposibilidad de encontrar un trabajo en España no es siempre la causa de la emigración. Hay personas que prefieren trabajar fuera, otros tenían trabajo en España y han salido por mejorar esas condiciones o crecer profesionalmente, incluso conozco a muchos que emigraron para vivir junto a sus parejas extranjeras. A pesar de esto, sí es cierto que la mayoría de nosotros no estaría en lugares como ¿Eslovaquia? si hubiéramos podido encontrar en España un trabajo decente y relacionado con nuestros estudios.

Aunque es innegable que existe una responsabilidad política de los gobiernos de los últimos 20 años, no quiero politizar el artículo, ni mucho menos convertirlo en un arma arrojadiza. No me gusta la opinión en los medios de comunicación. Creo que los lectores son lo suficientemente maduros como para sacar sus propias conclusiones de un simple análisis objetivo. A continuación, me gustaría enumerar y explicar los, en mi opinión, factores más importantes de la emigración laboral.

  1. El emigrante español está entre los más cualificados y productivos de Europa. No siempre ocurre, y todos conocemos a ese “gañan” que, más que trabajar, hace que trabaja. Sin embargo, en términos generales, puedo decir con orgullo que mis conocidos españoles, tanto mis compañeros como los que trabajan en otras empresas, trabajan muy duro para demostrar sus capacidades, a pesar de que en muchos casos estamos sobre-cualificados para las actividades que llevamos a cabo.
  2. Los españoles tendemos a crear comunidades en nuestros destinos laborales. Esto no es algo propio del emigrante laboral, ya que también ocurre entre el colectivo estudiante (Erasmus) y entre expatriados procedentes de otros países, como Italia. Básicamente se debe a que los emigrantes, sobre todo los latinos, nos apoyamos en el idioma común para facilitar la adaptación y la vida en entornos “extraños”. Un claro ejemplo es la existencia de grupos de Facebook para hispanohablantes en las principales (o no tan principales) ciudades europeas y en otros continentes. Estas comunidades son muy útiles, ya que ponen en contacto personas recién llegadas con quienes llevan años viviendo en ese lugar, y abundan las reuniones y eventos “Ibéricos” para aquellos nostálgicos que echen de menos las lentejas de su madre o las copas “de verdad”.Es importante mencionar el atractivo que tienen estos grupos fuera de la comunidad hispana. Si algo tenemos los españoles, es que a fiestas no nos gana nadie. Esto atrae a amigos y compañeros de trabajo de otras nacionalidades, no acostumbrados a nuestra particular manera de hacer las cosas.
  3. En muchos casos, trabajar en el exterior supone mejores condiciones laborales y una mayor proyección profesional. Para un trabajador con formación universitaria, casi siempre va a tener un trabajo mejor fuera de España de lo que lo tendría ahí. Quien en España solo puede conseguir un contrato de becario o de prácticas, fuera de nuestras fronteras conseguirá un trabajo, indefinido o temporal, cuyo salario permite vivir con cierta comodidad. ¿Quién puede vivir en una ciudad como Madrid o Barcelona con 1000 euros al mes? No se trata únicamente del salario, sino también del coste de la vida, y fuera de España estas dos variables suelen estar mas compensadas. Puede que en algunos lugares cobres menos, pero también gastaras menos, permitiéndote así vivir mas cómodamente.
  4. Los emigrantes son, sin duda, los mejores embajadores de la Marca España. Cuando pensamos en la población de un país, y queremos elaborar un análisis sobre algún factor determinado, como el nivel de educación, los idiomas que hablan o la ideología dominante, siempre solemos comenzar con las personas que conocemos de este país. Por esta razón, los emigrantes españoles somos los mayores representantes de la Marca España, y no el Rey ni las grandes multinacionales españolas, que no se comportan de manera sustancialmente diferente que las corporaciones radicadas en otros países. Somos nosotros, los estudiantes y trabajadores (turismo aparte), quienes estamos representando nuestra cultura (lengua, gastronomía, actitud…) en el exterior. Somos nosotros quienes hablamos a nuestros amigos extranjeros de nuestros vinos, de nuestras playas, de nuestra comida, de lo bonita que es nuestra ciudad natal en contraposición con sus ideas preconcebidas.

A estas 4 reflexiones podría añadir tantas otras, pero la idea general no varía. Desde mi experiencia, tengo que decir que trabajar fuera de España, independientemente de las causas que nos lleven a ello, es una oportunidad fantástica. Evidentemente no todos tenemos suerte, muchos compatriotas expatriados están trabajando en condiciones lamentables y precarias, y ello supone un completo fracaso de nuestra sociedad. Además, es importante destacar lo difícil que es, en muchos momentos, vivir lejos de tus seres queridos, de tu familia, amigos, incluso a veces, de tu pareja. Por no mencionar aquellas ocasiones en las que ocurren desgracias, en las que algún familiar esta enfermo o fallece, y te es imposible pasar esos momentos difíciles con los tuyos, bien porque el trabajo no lo permita o bien porque el sueldo no te de para pagar el vuelo.

Por otro lado, aunque defiendo que deberíamos poder elegir si dar este paso o no, y que nadie debería verse forzado a hacerlo ante la amenaza de morir en el ostracismo del paro, a veces un empujoncito desagradable puede llevarnos a tomar decisiones de las que sentirnos orgullosos.

Para terminar, quiero animar a todo el mundo a ¨vivir una aventura¨ como la de trabajar fuera. Habrá momentos difíciles, por supuesto, sobre todo al principio y especialmente en los casos en losque te vas a buscar el trabajo, sin haberlo conseguido previamente. Pero al final eso se compensa, conocer mucha gente increíble, tienes la oportunidad de viajar y ver mundo, aprendes muchas cosas, tanto profesionales como personales, y en muchos casos, aprendes a ser independiente.