Denuncia…si te atreves. Reproducción del post en Vox Pópuli de Elisa de la Nuez
El reciente caso del acoso sexual y laboral a la capitana Zaida Cantero (defendida por la diputada Irene Lozano en la bochornosa comparecencia protagonizada por el Ministro de Defensa Morenés en el Congreso) vuelve a poner otra vez sobre la mesa el problema de la falta de protección de los “whistle-blowers” o denunciantes en España, un tema que nos ha preocupado mucho en el blog ¿Hay derecho? y del que queremos hacer bandera en nuestra flamante Fundación ¿Hay Derecho?. Por la sencilla razón de que la mayoría de los casos de corrupción, delitos o malas prácticas en las instituciones son conocidos en los países serios a través de las denuncias de los que mejor los conocen, que suelen ser empleados “de la casa”.
En España no hay todavía nada parecido a las legislaciones de otros países donde se recoge la protección de estos denunciantes frente a las más que previsibles represalias de sus jefes o/y compañeros denunciados. Y no será porque no se haya recomendado varias veces introducir esta protección desde numerosas instancias internacionales. Es interesante comprobar como esta medida, de cuya utilidad no tengo ninguna duda, no aparece nunca entre las múltiples propuestas regeneracionistas que manejan los Gobiernos de turno. A lo mejor es precisamente porque funciona muy bien. Si intentar conseguir una protección eficaz para el denunciante parece hoy por hoy en nuestro país ciencia ficción no digamos ya pretender que, como en Suecia, esté penalizado intentar averiguar quién ha sido el “whistleblower” en un caso concreto. No es casualidad que los países nórdicos estén a la cabeza en la lucha contra la corrupción y nosotros estamos donde estamos, por muchas reformas normativas que se hagan y se anuncien. El problema, como siempre, es de voluntad política para combatir la corrupción y no parece que haya mucha, salvo de boquilla.
Por ese motivo es indignante oír decir continuamente a nuestros gobernantes eso tan socorrido de “pues que lo denuncie” cuando es bastante fácil conocer de primera mano los testimonios de los pocos héroes y heroínas que han estado dispuestos a asumir los costes profesionales y personales de denunciar delitos, abusos y malas prácticas en las instituciones. Tenemos los ejemplos de los denunciantes de tramas de corrupción que afectan a partidos políticos o a personas importantes (ahí está el caso de Ana Garrido frente al Ayuntamiento gurteliano de Boadilla del Monte o de los funcionarios que denunciaron al Consejero Blasco, en Valencia) a los que les fue francamente mal después de decidirse a denunciar. No solo por la persecución implacable de los denunciados sino también por el silencio ominoso de los compañeros, todo hay que decirlo.
En realidad, lo que dejan claro estos ejemplos es que en España no compensa nada denunciar un delito; todo lo contrario, compensa mucho más no hacerlo. De entrada, una denuncia en la Fiscalía hay que firmarla con nombre y apellidos. Me imagino que precisamente se trata de eso: de que el denunciante se sienta solo contra el mundo, y, de paso, de que tenga que gastarse un dineral en abogados para llevar a los juzgados a los denunciados, que, por su parte, están cómodamente defendidos por funcionarios públicos o por letrados privados pagados con dinero de los contribuyentes. Tan tranquilos porque incluso si al final pierden el juicio tampoco pasa nada: nadie les va a reclamar el dinero que han invertido los españoles en defenderlos. Es comprensible que en estas circunstancias se dispare la sensación de impunidad de unos y la sensación de impotencia de otros, de forma que cada vez tenga mayor coste denunciar y menor coste ser denunciado. Es un círculo vicioso difícil de romper.
Así que cuando alguien les diga que no hay problemas en una institución porque no hay denuncias o denuncia sólo un ínfimo porcentaje de las personas que en ella trabajan recuerden lo difícil que es humanamente oponerse a toda una organización. El caso de la capitana Zaida o tantos otros similares lo deja muy claro. Por eso es tan importante que estos pocos valientes no se sientan solos, y por eso tiene tanta trascendencia el gesto de la diputada Irene Lozano de UPYD como representante de la soberanía popular.
Y por último no se crean eso de que “los trapos sucios se lavan en casa”. Cuando se dice eso es que los trapos sucios sencillamente no se lavan ni en casa ni en ninguna parte. En mi modesta opinión si hay algo que afecta al prestigio y al buen nombre de una institución o de un colectivo es que haya tanta gente dispuesta a callarse y a tolerar la injusticia, el abuso y la corrupción. Empezando por los que la dirigen.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
seguro que no les van a faltar manos y €, de hecho me consta que ya han recibido apoyo económico a ese propósito, para sostener el asta de esa bandera que la fundación quiere hacer
El denunciante más famoso de los últimos tiempos es Edward Snowden y vive en Moscú mientras trata de negociar un juicio razonable en su tierra.
El anterior se llama Julian Assange y hoy está escondido en una embajada acusado de diversos delitos.
Antes se hizo célebre Chelesa Manning —que a su vez fue denunciada por un tal Lamo–. Otra "whistleblower" que tuvo una estancia tan poco envidiable en prisión militar que Amnistía Internacional se involucró para defender al entonces Bradley Manning.
En Wiki viene una larguísima lista de ellos.
Muchas veces se puede denunciar la conducta anónimamente, otras el denunciante es descubierto, rara vez busca ser conocido y en otras no puede evitar salir a la luz.
Es una decisión grave porque incluso si la ley los protegiese (que no va a hacerlo en muchos casos importantísimos) el grupo social los rechazará de forma instintiva.
El baldón de ser chivato no se borra con facilidad incluso cuando los Estados promueven la denuncia entre ciudadanos por motivos políticos o por lo que sea. Es un tabú social.
Incentivar desde el poder la denuncia es otra señal de deterioro social y es propia de dictaduras y sociedades degradadas. Mala cosa.
En la lista de Wiki no vienen las denuncias desde servicios de espionaje –públicos o privados– que son fuente habitual de esta información.
En general los grupos humanos rechazan la conducta del "chivato" y establecen líneas rojas antes de que la denuncia pueda ser considerada legítima.
El instinto gregario es muy fuerte y el miedo es capaz de silenciar cosas como el holocausto o los crímenes de ETA en entornos fuertemente represivos e ideologizados.
Ahora mismo, con el reventón del Banco de Madrid –propiedad de la Kutxa de Guipúzcoa antes de su venta a Andorra que requirió autorización del Banco del Reino de España– están comenzando a salir a la luz cosas conocidas por bastantes pero que estaban silenciadas por motivos de todo tipo.
Parece que se han cruzado rayas rojas y se ha levantado la veda del silencio.
Veremos cómo termina y si su matriz se hace responsable de los fondos de sus clientes. Se va a quedar Andorra para vestir santos si no lo hace.
Detrás de estas cosas suele haber alguien muy cabreado.
Tanto que es mejor llevarse bien y ser buenos.
Saludos
Creo recordar que la legislación sobre Función Pública establece (o establecía) de alguna forma la figura de complicidad o connivencia de quienes conocedores de irregularidades en el sector público, colaboren a su puesta en marcha o ejecución. En este caso tendríamos a todos los funcionarios responsables de servicios económicos o de contratación pública, así como a los interventores del mismo. Asimismo la ley de Régimen Jurídico de las AA.PP. tipificaba la responsabilidad personal de "quien produjera perjuicio económico" por acción u omisión. Lo que ocurre es que nunca (o en muy pocos casos) se ha producido o conocido esa exigencia de responsabilidad. Sería además muy fácil establecer un canal interno de denuncia de actos arbitrarios para su prevención o su neutralización a través de la propia Intervención Delegada de Hacienda. Lo que ocurre es que no interesa y es preferible tener manos libres para gastar. Algunos casos publicados últimamente como la contratación externa de asesoría jurídica en Melilla o esos "chocantes" seguimientos de la imagen pública de políticos madrileños en la Comunidad de Madrid, son una pequeña muestra de cómo la decisión del cargo público está siempre por encima de cualquier control razonable y objetivo. Pero que lo hagan solos. Los demás es complicidad.
El asunto tratado en el post es de mucha importancia para el buen funcionamiento del sistema democrático de un país. Siendo importante el caso de la capitana Cantero (que denuncia abusos que le afectan directamente), creo que el asunto del whistleblowing debe enfocarse más desde el punto de vista del denunciante que denuncia hechos ajenos, que no le afectan directamente (y que son de interés para la generalidad); y debe enfocarse considerando whistleblower a cualquier ciudadano, sea funcionario o no.
En el ámbito de la aplicación del Derecho de la Unión Europea, las denuncias de ciudadanos y empresas ante la Comisión Europea son una de las principales fuentes de detección de incumplimientos, como tiene reconocido la propia Comisión.
El término whistleblower proviene del inglés y viene a significar la persona que hace sonar un silbato o alarma. El asunto es también muy candente. De hecho el Defensor del Pueblo europeo le ha dedicado especial atención (Ombudsman calls on EU institutions to adopt whistleblowing rules):
http://www.ombudsman.europa.eu/es/press/release.faces/en/59135/html.bookmark.
El Defensor del Pueblo español podría poner algún interés también en este asunto.
No puedo estar más en desacuerdo con lo que la autora de esta entrada propone en relación con la protección que, según ella (o así lo he entendido yo), debe proporcionarse a los chivatos y por extensión, si éstos pertenecen a las Fuerzas Armadas.
Empezando por lo que se califica por acoso “laboral” a una oficial profesional del Ejército de Tierra, siguiendo por llamar capitana Cantero a la capitán Cantero (el empleo de “capitana” no existe en nuestras Fuerzas Armadas), continuando por denominar a nuestra nación “país ciencia ficción” y, en fin, dando razones a cuál más peregrina y discutible para fomentar e incentivar la protección legal a los que se amparan en el anonimato para denunciar lo que ellos creen que es contrario a la legalidad, la autora demuestra un desconocimiento muy notable (y conste que no se lo reprocho) de los valores de la Institución Militar.
Como me enseñaron en mi Academia, la denuncia anónima en un militar es una cobardía e incompatible con el código de conducta y el honor militar. Ya sé que esta afirmación dejará perplejo a más de uno; pero así lo siento, así lo he vivido y así espero que siga siendo en las Fuerzas Armadas.
Una forma del valor moral exigible a todo militar y especialmente si es profesional, es la de afrontar las responsabilidades; el asumir tanto el éxito como el juicio negativo que formulen terceros sobre las decisiones libremente tomadas; el recabar para sí, en definitiva, todas las consecuencias, favorables o no de los actos propios. Y esta virtud, que a algunos pueda parecer “chusca”, hace que el “wistleblower”, denunciante o chivato anónimo ni sea admisible en el Ejército ni menos aún sea sujeto de protección.
Creo que de este valor la capitán Cantero ha dado buen ejemplo pero, en todo caso, en mi opinión, el recurso a apoyos políticos para demandar de la Institución a la que pertenece una satisfacción que no le había resultado suficiente (y de los que, por cierto, no disponen otros agraviados), no es una práctica ejemplar ni recomendable y, a fin de cuentas, sólo contribuye a servir de munición de batallas ajenas en las que de rebote siempre sale perjudicada la Institución.
Saludos,
Totalmente de acuerdo con JMZ especialmente en lo que dice que la denuncia anónima no cabe en un militar, es radicalmente opuesta al honor y dignidad militar desde siempre.
Mucho se ha hablado a raíz del caso Zaida de que el Código Penal Militar no tipifica el acoso, cosa que ahora se va a enmendar legalmente. Pero no es menos cierto que los casos habidos han sido sentenciados como delitos de abuso de autoridad y trato degradante con fuertes penas. Estas aunque fueran inferiores a los dos años de prisión se cumplen íntegramente, a diferencia del Cº Penal Común.
Amigo JMZ: Por su comentario entiendo que es Vd. un militar profesional en el que rigen los valores propios de la milicia: honor, valentía y dignidad. ¿En cual de esos valores encaja el abuso de autoridad o la autoridad mal entendida y menos aún el acoso sexual? Quien ha demostrado en el caso de la comandante Cantero las tres cosas es ella misma y quien demuestra lo contrario es quien prevaliéndose de su rango (que llega por simple lista de espera) es capaz de justificar tales cuestiones. Hay que saber distinguir entre el "chivato" (en este caso sería otro) y el valiente (la comandante). Como el artículo además va sobre la gestión pública donde se integran las instituciones militares y donde el soberano es el conjunto de ciudadanos que pagan(y mucho) por sus servicios públicos de defensa, estamos hablando de cosas distintas. La corrupción se basa en el silencio cómplice y cobarde. Un saludo.
A Fukuyama se le acusa de haberse equivocado en uno de sus libros "The End of History" en el cual –siguiendo al profesor ruso Kojevé como exégeta de Hegel– anunciaba alguna forma de estado neoliberal global.
Bien es verdad que, por entonces, Fukuyama era joven y protegido de Allan Bloom y Paul Wolfowitz. No se lo tengamos en cuenta.
A veces cito otro de sus libros, menos juvenil: "Trust" en el que hace un análisis de la "Confianza" como motor de progreso y lo documenta analizando numerosas naciones y segmentos sociales.
En aquella obra –Traducida por Ediciones B– habla de la Confianza Social definida como ese fenómeno natural que se produce independientemente de los gobiernos y de las instituciones políticas.
La cultura compartida, las tradiciones, los grupos sociales fundamentales, las familias, las religiones, las creencias, etc.
La Homogeneidad Cultural que con un apretón de manos o con el simple nombre de una familia o la honra personal en juego se hagan innecesarios los "shareholders agreements" de cientos y hasta miles de páginas.
Las creencias fundamentales transmitidas de padres a hijos por las cuales la abrumadora mayoría reconoce sin grandes alharacas un estándar de lo bueno y lo malo, del éxito y del fracaso vital y social, de lo obligado moralmente, de lo prohibido y rechazable.
Fukuyama, –ya algo mayor y quizás nostálgico pero también más sabio–, nos da un paseo por estas sociedades de un extremo a otro del globo. Es un libro reconfortante aunque no sabría decir muy bien por qué y menos en unas líneas.
Desde luego deja certezas.
Una de ellas es que en una sociedad con confianza compartida no hace falta mucha denuncia.
Otra certeza es para pensarla más despacio……….. ¿Por qué precisamente quienes hoy rigen nuestros destinos se han empeñado en destruir cualquier base de confianza social y toman todas aquellas medidas que pueden destruirla más aceleradamente?
¿Por qué?
Posiblemente, a estas alturas, Fukuyama ya ha entendido que nos queda mucha historia que construir y no le ha importado decirlo.
Saludos
La ética y la moral deben prevalecer en los valores, ideas, principios y actuaciones de nuestros congéneres y de sus instituciones, pero requiere de individuos libres y responsables.
Ocurre que de nuevo esta materia es de muy precaria difusión.
Me parece maravilloso el concepto "confianza social", que expone el Sr. Oquendo.
Lo han expuesto de forma taxativa e irreprochable JMZ y JFL, aplicado en su caso, a una institución en la que elevados valores humanos están más que arraigados. ¡¡Llegan a dar la vida por los demás!! y esto no es común en otras profesiones. Hoy se ha hurtado a la juventud esta experiencia.
Por ello el concepto "chivato" debe seguir siendo tan mezquino y miserable como históricamente lo ha sido, porque las consecuencias para la sociedad que lo acepta como valor, favoreciendo la desconfianza de unos con los otros, solo podrá encaminarse a su propia destrucción.
Se pueden analizar las consecuencias sociales de la utilización de esta herramienta, en la sociedad alemana y en media Europa invadida por los nazis y en casi todos los regímenes totalitarios de la historia.
Es cierto que este tema tiene otra vertiente, pero de muy diferente planteamiento y ajena del todo a la capitán Cantero.
En una sociedad de individuos libres y responsables, es loable la condena unánime de aquel que no respeta las reglas establecidas por todos. En ese caso, es el conjunto social el que condena y rechaza en su seno al incumplidor. Es un poder de la propia sociedad, que no renuncia a ejercer, porque se considera responsable de él, a título individual y social. Tampoco lo entrega a un Estado acaparador, que lo utilice en su nombre y en muchos casos en su propio interés, que no siempre es el interés general.
Tal vez la libertad y la responsabilidad de los españoles, hace años se entregaron al Estado.
Entonces solo queda la reivindicación permanente y el lamento constante. En esas estamos.
Saludos
Tambien es cierto que la injusticia social está muy vigente en la sociedad, sobre todo cuando se trata de inferiores contra superiores o instituciones. Los poderosos mantienen su poder en las instituciones y en las decisiones hasta límites inconcebibles. A su vez hacen creer todo lo contrario. Le llaman democracia.
El caso de la capitán Cantero requiere de individuos responsables, que hagan valer la justicia en todos los órdenes y que los propios mandos condenen el comportamiento del superior.
Saludos
Cuando a algunas cosas de significado muy obvio hay que ponerles apellidos, mal vamos.
Es el caso del honor… "militar". Curioso honor, que impide la denuncia anónima por considerarla una afrenta imposible de aceptar "desde siempre", pero no encuentra ningún inconveniente en usar las armas que la población paga y les entrega, para mantener a esa misma población de un país entero bajo un régimen militar, dictatorial y liberticida, durante 40 años. Y, cómo no, con la estatua ecuestre del dictadorzuelo bien presente hasta hoy en día en la misma entrada de su principal institución de enseñanza de ese supuesto "honor".
Que haya casos de un hombre que acose a una mujer, puede ocurrir en cualquier sitio. Pero que los compañeros de ese sujeto puedan comportarse (y se comporten) como hicieron tras su condena, denota un ambiente realmente enfermizo. Si algo ha demostrado el caso de la capitana es que hay que utilizar todos los medios posibles, incluida la denuncia anónima, para limpiar a fondo una institución tan importante y tan necesaria.
Ah, y la estatua ecuestre… a fundición. Que es de vergüenza.
seguro que no les van a faltar manos y €, de hecho me consta que ya han recibido apoyo económico a ese propósito, para sostener el asta de esa bandera que la fundación quiere hacer
El denunciante más famoso de los últimos tiempos es Edward Snowden y vive en Moscú mientras trata de negociar un juicio razonable en su tierra.
El anterior se llama Julian Assange y hoy está escondido en una embajada acusado de diversos delitos.
Antes se hizo célebre Chelesa Manning —que a su vez fue denunciada por un tal Lamo–. Otra "whistleblower" que tuvo una estancia tan poco envidiable en prisión militar que Amnistía Internacional se involucró para defender al entonces Bradley Manning.
En Wiki viene una larguísima lista de ellos.
Muchas veces se puede denunciar la conducta anónimamente, otras el denunciante es descubierto, rara vez busca ser conocido y en otras no puede evitar salir a la luz.
Es una decisión grave porque incluso si la ley los protegiese (que no va a hacerlo en muchos casos importantísimos) el grupo social los rechazará de forma instintiva.
El baldón de ser chivato no se borra con facilidad incluso cuando los Estados promueven la denuncia entre ciudadanos por motivos políticos o por lo que sea. Es un tabú social.
Incentivar desde el poder la denuncia es otra señal de deterioro social y es propia de dictaduras y sociedades degradadas. Mala cosa.
En la lista de Wiki no vienen las denuncias desde servicios de espionaje –públicos o privados– que son fuente habitual de esta información.
En general los grupos humanos rechazan la conducta del "chivato" y establecen líneas rojas antes de que la denuncia pueda ser considerada legítima.
El instinto gregario es muy fuerte y el miedo es capaz de silenciar cosas como el holocausto o los crímenes de ETA en entornos fuertemente represivos e ideologizados.
Ahora mismo, con el reventón del Banco de Madrid –propiedad de la Kutxa de Guipúzcoa antes de su venta a Andorra que requirió autorización del Banco del Reino de España– están comenzando a salir a la luz cosas conocidas por bastantes pero que estaban silenciadas por motivos de todo tipo.
Parece que se han cruzado rayas rojas y se ha levantado la veda del silencio.
Veremos cómo termina y si su matriz se hace responsable de los fondos de sus clientes. Se va a quedar Andorra para vestir santos si no lo hace.
Detrás de estas cosas suele haber alguien muy cabreado.
Tanto que es mejor llevarse bien y ser buenos.
Saludos
Creo recordar que la legislación sobre Función Pública establece (o establecía) de alguna forma la figura de complicidad o connivencia de quienes conocedores de irregularidades en el sector público, colaboren a su puesta en marcha o ejecución. En este caso tendríamos a todos los funcionarios responsables de servicios económicos o de contratación pública, así como a los interventores del mismo. Asimismo la ley de Régimen Jurídico de las AA.PP. tipificaba la responsabilidad personal de "quien produjera perjuicio económico" por acción u omisión. Lo que ocurre es que nunca (o en muy pocos casos) se ha producido o conocido esa exigencia de responsabilidad. Sería además muy fácil establecer un canal interno de denuncia de actos arbitrarios para su prevención o su neutralización a través de la propia Intervención Delegada de Hacienda. Lo que ocurre es que no interesa y es preferible tener manos libres para gastar. Algunos casos publicados últimamente como la contratación externa de asesoría jurídica en Melilla o esos "chocantes" seguimientos de la imagen pública de políticos madrileños en la Comunidad de Madrid, son una pequeña muestra de cómo la decisión del cargo público está siempre por encima de cualquier control razonable y objetivo. Pero que lo hagan solos. Los demás es complicidad.
El asunto tratado en el post es de mucha importancia para el buen funcionamiento del sistema democrático de un país. Siendo importante el caso de la capitana Cantero (que denuncia abusos que le afectan directamente), creo que el asunto del whistleblowing debe enfocarse más desde el punto de vista del denunciante que denuncia hechos ajenos, que no le afectan directamente (y que son de interés para la generalidad); y debe enfocarse considerando whistleblower a cualquier ciudadano, sea funcionario o no.
En el ámbito de la aplicación del Derecho de la Unión Europea, las denuncias de ciudadanos y empresas ante la Comisión Europea son una de las principales fuentes de detección de incumplimientos, como tiene reconocido la propia Comisión.
El término whistleblower proviene del inglés y viene a significar la persona que hace sonar un silbato o alarma. El asunto es también muy candente. De hecho el Defensor del Pueblo europeo le ha dedicado especial atención (Ombudsman calls on EU institutions to adopt whistleblowing rules):
http://www.ombudsman.europa.eu/es/press/release.faces/en/59135/html.bookmark.
El Defensor del Pueblo español podría poner algún interés también en este asunto.
No puedo estar más en desacuerdo con lo que la autora de esta entrada propone en relación con la protección que, según ella (o así lo he entendido yo), debe proporcionarse a los chivatos y por extensión, si éstos pertenecen a las Fuerzas Armadas.
Empezando por lo que se califica por acoso “laboral” a una oficial profesional del Ejército de Tierra, siguiendo por llamar capitana Cantero a la capitán Cantero (el empleo de “capitana” no existe en nuestras Fuerzas Armadas), continuando por denominar a nuestra nación “país ciencia ficción” y, en fin, dando razones a cuál más peregrina y discutible para fomentar e incentivar la protección legal a los que se amparan en el anonimato para denunciar lo que ellos creen que es contrario a la legalidad, la autora demuestra un desconocimiento muy notable (y conste que no se lo reprocho) de los valores de la Institución Militar.
Como me enseñaron en mi Academia, la denuncia anónima en un militar es una cobardía e incompatible con el código de conducta y el honor militar. Ya sé que esta afirmación dejará perplejo a más de uno; pero así lo siento, así lo he vivido y así espero que siga siendo en las Fuerzas Armadas.
Una forma del valor moral exigible a todo militar y especialmente si es profesional, es la de afrontar las responsabilidades; el asumir tanto el éxito como el juicio negativo que formulen terceros sobre las decisiones libremente tomadas; el recabar para sí, en definitiva, todas las consecuencias, favorables o no de los actos propios. Y esta virtud, que a algunos pueda parecer “chusca”, hace que el “wistleblower”, denunciante o chivato anónimo ni sea admisible en el Ejército ni menos aún sea sujeto de protección.
Creo que de este valor la capitán Cantero ha dado buen ejemplo pero, en todo caso, en mi opinión, el recurso a apoyos políticos para demandar de la Institución a la que pertenece una satisfacción que no le había resultado suficiente (y de los que, por cierto, no disponen otros agraviados), no es una práctica ejemplar ni recomendable y, a fin de cuentas, sólo contribuye a servir de munición de batallas ajenas en las que de rebote siempre sale perjudicada la Institución.
Saludos,
A Fukuyama se le acusa de haberse equivocado en uno de sus libros "The End of History" en el cual –siguiendo al profesor ruso Kojevé como exégeta de Hegel– anunciaba alguna forma de estado neoliberal global.
Bien es verdad que, por entonces, Fukuyama era joven y protegido de Allan Bloom y Paul Wolfowitz. No se lo tengamos en cuenta.
A veces cito otro de sus libros, menos juvenil: "Trust" en el que hace un análisis de la "Confianza" como motor de progreso y lo documenta analizando numerosas naciones y segmentos sociales.
En aquella obra –Traducida por Ediciones B– habla de la Confianza Social definida como ese fenómeno natural que se produce independientemente de los gobiernos y de las instituciones políticas.
La cultura compartida, las tradiciones, los grupos sociales fundamentales, las familias, las religiones, las creencias, etc.
La Homogeneidad Cultural que con un apretón de manos o con el simple nombre de una familia o la honra personal en juego se hagan innecesarios los "shareholders agreements" de cientos y hasta miles de páginas.
Las creencias fundamentales transmitidas de padres a hijos por las cuales la abrumadora mayoría reconoce sin grandes alharacas un estándar de lo bueno y lo malo, del éxito y del fracaso vital y social, de lo obligado moralmente, de lo prohibido y rechazable.
Fukuyama, –ya algo mayor y quizás nostálgico pero también más sabio–, nos da un paseo por estas sociedades de un extremo a otro del globo. Es un libro reconfortante aunque no sabría decir muy bien por qué y menos en unas líneas.
Desde luego deja certezas.
Una de ellas es que en una sociedad con confianza compartida no hace falta mucha denuncia.
Otra certeza es para pensarla más despacio……….. ¿Por qué precisamente quienes hoy rigen nuestros destinos se han empeñado en destruir cualquier base de confianza social y toman todas aquellas medidas que pueden destruirla más aceleradamente?
¿Por qué?
Posiblemente, a estas alturas, Fukuyama ya ha entendido que nos queda mucha historia que construir y no le ha importado decirlo.
Saludos
Totalmente de acuerdo con JMZ especialmente en lo que dice que la denuncia anónima no cabe en un militar, es radicalmente opuesta al honor y dignidad militar desde siempre.
Mucho se ha hablado a raíz del caso Zaida de que el Código Penal Militar no tipifica el acoso, cosa que ahora se va a enmendar legalmente. Pero no es menos cierto que los casos habidos han sido sentenciados como delitos de abuso de autoridad y trato degradante con fuertes penas. Estas aunque fueran inferiores a los dos años de prisión se cumplen íntegramente, a diferencia del Cº Penal Común.
La ética y la moral deben prevalecer en los valores, ideas, principios y actuaciones de nuestros congéneres y de sus instituciones, pero requiere de individuos libres y responsables.
Ocurre que de nuevo esta materia es de muy precaria difusión.
Me parece maravilloso el concepto "confianza social", que expone el Sr. Oquendo.
Lo han expuesto de forma taxativa e irreprochable JMZ y JFL, aplicado en su caso, a una institución en la que elevados valores humanos están más que arraigados. ¡¡Llegan a dar la vida por los demás!! y esto no es común en otras profesiones. Hoy se ha hurtado a la juventud esta experiencia.
Por ello el concepto "chivato" debe seguir siendo tan mezquino y miserable como históricamente lo ha sido, porque las consecuencias para la sociedad que lo acepta como valor, favoreciendo la desconfianza de unos con los otros, solo podrá encaminarse a su propia destrucción.
Se pueden analizar las consecuencias sociales de la utilización de esta herramienta, en la sociedad alemana y en media Europa invadida por los nazis y en casi todos los regímenes totalitarios de la historia.
Es cierto que este tema tiene otra vertiente, pero de muy diferente planteamiento y ajena del todo a la capitán Cantero.
En una sociedad de individuos libres y responsables, es loable la condena unánime de aquel que no respeta las reglas establecidas por todos. En ese caso, es el conjunto social el que condena y rechaza en su seno al incumplidor. Es un poder de la propia sociedad, que no renuncia a ejercer, porque se considera responsable de él, a título individual y social. Tampoco lo entrega a un Estado acaparador, que lo utilice en su nombre y en muchos casos en su propio interés, que no siempre es el interés general.
Tal vez la libertad y la responsabilidad de los españoles, hace años se entregaron al Estado.
Entonces solo queda la reivindicación permanente y el lamento constante. En esas estamos.
Saludos
Tambien es cierto que la injusticia social está muy vigente en la sociedad, sobre todo cuando se trata de inferiores contra superiores o instituciones. Los poderosos mantienen su poder en las instituciones y en las decisiones hasta límites inconcebibles. A su vez hacen creer todo lo contrario. Le llaman democracia.
El caso de la capitán Cantero requiere de individuos responsables, que hagan valer la justicia en todos los órdenes y que los propios mandos condenen el comportamiento del superior.
Saludos
Cuando a algunas cosas de significado muy obvio hay que ponerles apellidos, mal vamos.
Es el caso del honor… "militar". Curioso honor, que impide la denuncia anónima por considerarla una afrenta imposible de aceptar "desde siempre", pero no encuentra ningún inconveniente en usar las armas que la población paga y les entrega, para mantener a esa misma población de un país entero bajo un régimen militar, dictatorial y liberticida, durante 40 años. Y, cómo no, con la estatua ecuestre del dictadorzuelo bien presente hasta hoy en día en la misma entrada de su principal institución de enseñanza de ese supuesto "honor".
Que haya casos de un hombre que acose a una mujer, puede ocurrir en cualquier sitio. Pero que los compañeros de ese sujeto puedan comportarse (y se comporten) como hicieron tras su condena, denota un ambiente realmente enfermizo. Si algo ha demostrado el caso de la capitana es que hay que utilizar todos los medios posibles, incluida la denuncia anónima, para limpiar a fondo una institución tan importante y tan necesaria.
Ah, y la estatua ecuestre… a fundición. Que es de vergüenza.