El factor demográfico como elemento decisivo en la sostenibilidad de nuestro modelo de sociedad

El desarrollo del sistema español de protección social y de redistribución de rentas, gracias a una serie de circunstancias demográficas, económicas y políticas que coincidieron en el segundo tercio del siglo XX, ha alcanzado en nuestro tiempo tal extensión e intensidad que se ha convertido en un conjunto de instituciones de diverso tipo (jurídico, económico y organizativo), tan beneficiosas para la sociedad como difícil de abarcar de una manera unívoca. De hecho, podría afirmarse, que este entramado de solidaridades reciprocas, incluso a pesar de las tensiones a las que se ha visto sometido durante la crisis, es el que en estos momentos nos define como sociedad.

Sin embargo, ahora nos encontramos ante el reto de conseguir mantenerlo vigente en medio de un escenario distinto de aquel que favoreció su creación y fortalecimiento. Circunstancias que, en cualquier caso, son complejas y permiten diversas lecturas. Dar o no con la visión acertada determinará la supervivencia del modelo a medio y largo plazo.

Podría decirse que nos encontramos ante una enorme y pesada construcción que se asienta sobre cuatro grandes pilares – el demográfico, el político/social, el económico-financiero y, por supuesto, el jurídico-  que garantizan su sostenibilidad pero que deben estar equilibrados y conectados entre sí, pues en caso contrario se corre el riesgo de que el edificio pierda el equilibrio y termine derrumbándose. Al primero de esos elementos nos vamos a referir ahora.

En España, estamos a punto de pasar del declive al derrumbe demográfico. Efectivamente, las previsiones realizadas en los años noventa, y que fueron las tenidas en cuenta para adoptar las reformas en el modelo de seguridad social acordadas en los Pactos de Toledo, preveían un incremento de la fecundidad esperada para el periodo desde 2010 a 2050 de 1,8 hijos por mujer, sin embargo, la fecundidad por mujer, tras un breve incremento durante los primeros años del siglo XXI no ha dejado de disminuir desde el año 2009, hasta situar en la cifra de 1,27 hijos por mujer en el año 2013. Sobre esta base, las nuevas predicciones hasta el año 2052, no prevén una fecundidad esperada superior a 1,56 hijos por mujer. Casi un 25% menos de lo previsto hace veinte años.

El envejecimiento de la población como realidad sociológica tiene importantes consecuencias y su incidencia en la protección social a causa del sobre-envejecimiento que incrementa el porcentaje de población dependiente y la disminución de la base sobre la que en lo financiero descansa el sistema, no son las menores. Su incidencia en el crecimiento económico también tiene un signo incierto pues, mientras pueden aparecer elementos de signo negativo (como, por ejemplo, la tardía incorporación al mercado de trabajo de las nuevas cohortes de trabajadores), también surgen elementos de signo positivo, como pueden ser el mayor nivel del capital humano debido a un mayor periodo formativo de estas nuevas cohortes.

Son muchos los factores que inciden en la actual decadencia demográfica, algunos de ellos ya mensurados por los sociólogos, que sin ánimo de ser exhaustivo, podríamos resumir en los siguientes:

1. a) factores sociales: como la consecución de la igualdad hombre-mujer en muy diversos planos pero sin que se alcancen las mismas cotas de participación del hombre en las labores domésticas; la extensión al ámbito rural de los países occidentales de muchos de los usos y costumbres anteriormente reservados a las áreas urbanas, el más fácil acceso al ocio y el mayor tiempo dedicado por las personas a este tipo de actividades (incluyendo la TV o internet);
2. b) factores económicos: la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la dificultad de simultanear una carrera profesional plena con la crianza; el aseguramiento de la vejez y otras situaciones de necesidad a través de mecanismos externos a la familia lo que hace que ésta pierda parte su importancia; el incremento del coste para el mantenimiento de cada hijo, así como la más tardía incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo y a la consiguiente independencia económica. En este sentido, la disminución de las rentas familiares derivada de la crisis actual tiende a incidir en estos factores depresores de la fecundidad;
3. c) factores psicológicos, como la desaparición de la equiparación entre actividad sexual y procreación, así como cierto sentido de culpa por la superpoblación mundial influido en las sociedades occidentales desde sectores neomalthusianos y ecologistas;
4. d) factores tecnológicos que permiten el control de la natalidad mediante abortos cínicamente seguros y técnicas anticonceptivas avanzadas;
5. e) y por último, factores culturales, como la despenalización del aborto –o incluso su consideración por algún sector de la sociedad como un derecho-; el cambio en la percepción de la homosexualidad que ha producido un incremento en el número de parejas de este tipo a quienes resulta más complejo y costoso tanto concebir como adoptar; la generalización de una cultura con un fuerte componente hedonista en donde existe un cierto rechazo a la asunción de la responsabilidad personal que supone la crianza, al menos durante un periodo de la juventud tardía que coincide precisamente con una parte relevante de la edad fértil femenina.

Las intervenciones públicas y privadas favoreciendo o influyendo en estas tendencias han generado -a veces como un involuntario “efecto mariposa”- un cambio de mentalidad en las personas que incide a la hora de tomar la decisión de tener o no tener hijos. Es más, sea por una motivación ideológica, económica o, meramente electoral, las vigentes políticas públicas (fiscales, de protección social, en materia de igualdad) siguen inspiradas por criterios que penalizan modelos de familia favorecedores de la fecundidad femenina y siguen influyendo en que el número de nacimientos disminuya. Por otra parte, hasta ahora, las propuestas a favorables a la natalidad tienen un marcado carácter conservador y cierto sesgo religioso que dificultan alcanzar un generalizado consenso social sobre las mismas.

Así, es inevitable reconocer la existencia de un conflicto ideológico que nos ha llevado a la parálisis en esta materia, al intentar mantener un Estado de bienestar pensado para un modelo “familiar” como el existente en la primera mitad del siglo XX, en un entorno postmoderno en el que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la equiparación de roles entre los miembros de ambos sexos, constituyen avances irrenunciables para la amplia mayoría de la sociedad. De este modo, las posibles presiones ideológicas tendentes a recuperar el papel reproductor y cuidador de la mujer cuestionando avances en materia de igualdad de derechos han encontrado la resistencia  de los sectores más feministas que ha llegado a defender que “el envejecimiento demográfico debe ser aceptado como un rasgo más de la modernidad”.

¿Debemos limitarnos a aceptar este aparente dilema insuperable entre crecimiento demográfico e igualdad hombre mujer? Parece preciso encontrar la fórmula con la que, sin renunciar a las conquistas alcanzadas en lo que se refiere a la igualdad entre sexos, podamos conseguir un crecimiento demográfico crítico que mantenga la vitalidad de nuestra sociedad y, por ende, el sostenimiento de nuestro modelo de seguridad social.

Tener hijos comporta un coste para sus progenitores, que hasta ahora se consideraba como un coste monetario fijo, pero también puede comportar un coste fijo en términos de tiempo. Cuando deciden tener un hijo, los progenitores deben dedicarle tiempo y por ello podrán ofrecer menos horas en el mercado laboral. Una forma alternativa de interpretar este coste consiste en suponer que los padres continúan trabajando la jornada completa, pero pagan a una tercera persona o institución para que se haga cargo de los hijos. El coste que esto representa más el propio coste de mantener a los hijos -alimentación, ropa, etc.- equivale a la parte del salario que dejarían de cobrar si lo hicieran ellos mismos.

Pero desde un punto de vista social o colectivo, el que las familias dejen de tener hijos también supone un coste que se traduce en pérdida de capital humano. Cómo hemos visto, hasta cierto límite la calidad de capital humano generado compensa, en términos de  generación de riqueza, la disminución cuantitativa, pero a partir de determinado nivel el desequilibrio es peligroso para la continuidad de la propia sociedad y recurrir en exceso a la inmigración para compensar las carencias de capital humano propio de una  determinada nación puede afectar a la propia identidad cultural, además de consistir en contingentes de población cuya presencia va a ser meramente coyuntural.

En periodos de crecimiento económico, los efectos del envejecimiento vegetativo de la población autóctona puede ser parcialmente compensado con la llegada de trabajadores llegados allende las fronteras que, en muchos casos, se asimilan a nuestra cultura y se consolidan como población nacional estable. Sin embargo, esta circunstancia coyuntural que ha desincentivado el que se haga frente al problema no puede asumirse como una constante. Al contrario,  a lo largo del tiempo fácilmente puede verse compensada con la emigración de población autóctona en edad fértil durante fases de crisis económica como la presente. Por otra parte, tampoco pueden descartarse que a lo largo del tiempo puedan aparecer epidemias, catástrofes naturales, conflictos armados u otras causas exógenas parcialmente imprevisibles que pudieran agudizar la presente decadencia demográfica.

Parece pues necesario intentar al menos revertir la tendencia actual intentando abordar el problema desde un doble enfoque economicista –actuando sobre los costes que supone la crianza de los hijos- , sociológico –actuando de manera acorde con los diferentes modelos de familia que ahora coexisten con el tradicional sin que existan discriminaciones en función del proyecto de vida libremente elegido por las parejas- y cultural –revalorizando el papel de la crianza en nuestra sociedad y en la importancia de que sea asumido por los miembros de las parejas con independencia de su sexo desde la infancia a través de la educación-. En otro post intentaremos profundizar en estas ideas.

José María Pérez Gómez

Abogado. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece, por oposición al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, y a la Escala de Letrados de la Xunta de Galicia. Ha participado como autor o coautor en más de una treintena de publicaciones jurídicas entre monografías, artículos y obras colectivas. Desde el año 2005 es Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.