¿Pero va a responder alguien del despilfarro en la contratación pública?
Recientemente un informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia cifraba en 48.000 millones de euros el sobrecoste de las contrataciones públicas por prácticas poco eficientes en el control del gasto público. Una cifra que supondría un 25% aproximadamente del total de licitaciones públicas anuales y un 4,5% del PIB y que supondría la resolución de los desequilibrios presupuestarios existentes.
Curiosamente, estos datos procedentes de un órgano oficial supervisor, parecen haber pasado sin pena ni gloria por el mundo de la política o del gobierno. Ni el Parlamento parece haber registrado ninguna iniciativa parlamentaria requiriendo de inmediato una comisión de investigación, ni el Gobierno parece estar buscando responsabilidades sobre este abultado déficit con la misma fruición con que se investigan a los ciudadanos, ni por supuesto los medios han insistido demasiado en el tema que provocó un titular como: “La CNMC fija en 48.000 millones la factura de la corrupción en la contratación pública” (“El Confidencial).
Según éste medio “ ….el CNMC pone el dedo en la llaga de las principales deficiencias que caracterizan la licitación, al tiempo que lanza claras recomendaciones para poner coto a las prácticas entre los oferentes de servicios públicos. Los pactos secretos de no competencia para el mismo servicio, los célebres cárteles económicos, están en el punto de mira…. “ No es ya por tanto una mera cuestión especulativa como demuestra la sanción impuesta al llamado “cártel de la basura” formado por importantes empresas para apropiarse y repartirse la contratación de este servicio en ayuntamientos de toda España que, asimismo, recoge también “El Confidencial”.
Nos encontramos de nuevo ante un panorama desolador en la gestión del dinero público orientado por la recaudación asfixiante impositiva a los ciudadanos “normales” (según el PP), mientras van destapándose las distintas tramas de corrupción, nepotismo, mala gestión, arbitrariedades y demás irregularidades de lo que se dice “estabilidad” y “gobernabilidad”. Es decir, la posibilidad desde las mayorías de ejercer el clientelismo político confundiendo y tratando de confundir a los ciudadanos de cara a las próximas elecciones.
Desgraciadamente tenemos un sistema que se ancló en una sociedad que, como el avestruz, prefería esconder la cabeza y no enterarse mientras las cosas no la afectaran directamente. Ha tenido que ser una crisis como la actual la que ha hecho sonar las campanas de alerta para encontrarse con que, tanto desde los espacios públicos (via impuestos) como desde determinadas entidades que funcionan en régimen de oligopolios, se ha estado “saqueando” las ya de por sí precarias economías privadas.
Ahora se pronostica un cataclismo político cuando emergen nuevos partidos que pueden hacer peligrar ciertos privilegios de una “casta” política, económica y social que se había adueñado del Estado con los resultados conocidos y, lo que es peor, lo que queda por conocer. La punta de “iceberg” sólo está mostrando una parte (aún pequeña en nuestra opinión) de todo lo que puede haber sumergido. Han sido muchos años de rodillos políticos y caciquiles que se prestaban a éstas malas prácticas que la cosmética Ley19/2013 de “transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” no parece facilitar en cuanto a su conocimiento con un sólo párrafo del artº 14.1: “El derecho de acceso podrá ser limitado cuando el acceder a la información suponga un perjuicio para: k) la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión” . Es tanto como decir “cuando no nos parezca oportuno”.
El endeudamiento público se ha hecho a costa de prácticas como las descritas por el CNMC para las contrataciones públicas. Todas ellas tienen unos responsables políticos que se han cuidado mucho de blindarse frente a posibles rendiciones de cuentas. Los compromisos adquiridos en el espacio de tiempo de una convocatoria electoral a la siguiente han servido para hipotecar a los sucesores y éstos, a su vez, por una especie de acuerdo no explicitado entre ellos, no han empezado su andadura con una auditoría real de la situación encontrada.
Por ello las alarmas mediáticas sobre un verdadero cambio político (sin acuerdos de “omertá” implícitos) que pueda seguir destapando, aclarando y pidiendo responsabilidades (al menos políticas ya que las otras son “legales”), a quienes desde hace muchos años, demasiados, tomaron lo público por lo propio y para ello desmontaron o se deshicieron de controles reales a sus actos y decisiones, al amparo de haber sido “elegidos” por el pueblo para gobernar.
Las “trampas” existentes en el sector de las contrataciones públicas son tan conocidas como las de recalificación de suelos y otras ligadas a la corrupción política y pública. Los “reformados” que mutiplican los presupuestos iniciales y que suponen el verdadero compromiso económico, sirven para demostrar que o bien los técnicos públicos que valoran, supervisan y siguen el proyecto son unos incompetentes o que, por encima de ellos, hay una voluntad superior que decide finalmente (eso sí, sin constancia escrita de tal decisión). Por si acaso, más vale claudicar para permanecer en el puesto y en la carrera que rechazar una colaboración con estas prácticas dado que las denuncias formuladas,no suelen ir a ninguna parte: las formalidades se suelen cumplir.
Finalmente, las llamadas “puertas giratorias” permiten que la responsabilidad política (en el caso improbable de exigirse) tengan el paliativo del puesto-chollo que sirva de consuelo a la pérdida del cargo. Cientos de empresas y entidades públicas, semipúblicas, mercantiles y privadas tienen suficientes huecos en sus filas de consejeros y directivos que ofrecer. Hay casos suficientes para seguir el hilo de la madeja que nos lleven a aclarar muchos de los casos aún hoy en la sombra de la “legalidad”.
Creo, apreciado Sr. Laguna, que asistimos a un aclarado de zona pero que los partidos van a seguir jugándose bajo las mismas normas.
No ha cambiado el concepto de Poder ni el derecho a ser ejercido de modo omnímodo sobre el Ciudadano ni los inexistentes derechos ciudadanos a "Excluirse" de las decisiones del poder en numerosos ámbitos.
Es esta Arcaica concepción del Poder la que es profundamente corrupta, la que todo envenena y contra la cual resulta ingenuo –o connivente– usar cataplasmas.
Toda la campaña mediática que hemos tenido durante estos años, todo el "ruido" orquestado machaconamente, se ha dedicado a llamar la atención sobre anécdotas y evitar los cuestionamientos de fondo.
A mi modo de ver uno de los trabajos más serios que se han hecho sobre la corrupción en el Estado que surge de la Constitución del 78 son las sesenta páginas del trabajo de Otero Novas sobre el asunto.
Expongo someramente las que apunta el índice temático del mismo y advirtiendo que los estudios más conservadores de la relación entre la Corrupción Contractual Pública entre el franquismo y el Estado Autonómico son de 1.8 a 2.7. Es decir, un 50% más.
El estudio aborda, en razonable profundidad, causas Morales, Culturales y Estructurales. Las tres de similar importancia.
Por hablar de las primeras me gustaría remarcar que nos encontramos en medio de un ciclo de los que se denominan Dionisíacos (decadente por entendernos) y que estos ciclos, antes o después, son seguidos por etapas Apolíneas (de resurgimiento de valores más perennes).
Es evidente que los arquetipos Humanos que se nos ofrecen, desde la Publicidad, desde los Medios, desde el Sistema Cultural y de Entretenimiento e incluso desde el Sistema Coercitivo van todos orientados a proponer estereotipos "buen rollito multiculti" de sexo indefinido y geometría variable con escasa capacidad comunicativa más allá del Twitt
En relación a las causas político-legislativas concretas, nos recuerda Otero Novas cosas tan Escamoteadas como las siguientes.
Cita literal.
1. En la Ley de Presupuestos correspondiente a 1990, pudieron denunciarse 44 medidas o artículos, que aumentaron los poderes del Gobierno y redujeron los controles y la objetividad en la acción administrativa.
2. Y en la de 1991, otros 26 artículos, de igual carácter. No sólo aumentaban los poderes discrecionales de las Autoridades, por encima de los que tuvieron otros gobiernos democráticos, sino que en materia de contratación, de Presupuestos y de administración de patrimonios, los llevaban bastante más lejos que donde estuvieron durante todo el siglo, incluidos los períodos de las dos Dictaduras que tuvimos.
3. Pero en 1987, el Parlamento autorizó al Gobierno para dictar un Texto Refundido que regularizara, actualizara y armonizara toda la normativa; autorización que fue usada, incluso con abuso , por el Gobierno, lo que le obligó a pedir otra autorización más amplia al Parlamento; de modo que el 23 de Septiembre de 1988, el Gobierno, por Decreto, pudo hacer una nueva Ley General Presupuestaria, de acuerdo con sus propios criterios y su ya larga experiencia de Poder.
Se trataba de dulcificar la Ley La Ley General Presupuestaria de 1977, desarrollando y mejorando los Principios establecidos por la Ley Canalejas de 1911. Una Ley Marco a la que deben ajustarse las sucesivas Leyes de Presupuestos y su aplicación.
Así lo dice el sentido común, pero también el propio Parlamento cuando la aprobó. Contiene unos principios permanentes de la gestión financiera, con la finalidad de encauzar los sucesivos Presupuestos anuales.
4. Y a continuación, absolutamente todos los años, machaconamente una y otra vez en todas las sucesivas Leyes de Presupuestos, han ido suspendiendo la eficacia de artículos de la Ley General Presupuestaria para el ejercicio correspondiente.
Fijémonos que no decimos derogando, sino suspendiendo. Porque la derogación podría ser admisible, si se creyera que hubo algún error en la cautela prevista por la Ley General Presupuestaria. Pero si se suspende, es que se sigue considerando necesaria para el futuro la cautela o limitación, pero no se quiere que opere en el año siguiente. Y así uno y otro año, eliminando esa disciplina presupuestaria general, que se sigue considerando buena para el futuro, y que el mismo Gobierno había juzgado imprescindible al aprobar la nueva redacción de 1988.
Fin de citas
Todo Minuciosamente diseñado y ejecutado –buena escuela para etapas posteriores como los ERE's andaluces, etc. Todo argumentado por el Gobierno PSOE sobre la base de Mayor Eficacia.
Sobre ello y mientras día tras día se nos recuerdan los trajes de Camps y otras anécdotas….asistimos asombrados al Silencio sobre actos legislativos plenamente conscientes que han degradado el control de tal forma que hay una especie de línea Roja que no se puede cruzar porque tiene consecuencias.
El resultado es que se está construyendo ante nuestros ojos otra Gran Trampa.
No me digan que no es Patético ver a Ciudadanos tragarse Aznalcóllar en plena Eclosión junto a decenas de Detenidos en plenas negociaciones "Andazulas" –Un genio retórico Manolo Chaves– mientras se sumergen en profundas reflexiones morales en Madrid.
Lo peor de todo es que parece que imploramos que se nos siga tomando el pelo porque en el fondo Pirandello era un genio.
Saludos.
Muy buen artículo, pero no parece que la renovación de la "casta" política, por otra "neocasta" vaya a aportar solución a los endémicos males de la corrupción, más allá de florituras, como paseos en bici del nuevo alcalde hasta el consistorio (Valencia), o personarse, la alcaldesa, en el lugar de un deshaucio (Barcelona).
La revolución verdadera pasa porque nuestros políticos cumplan las leyes y sobre todo sobre todo, las hagan cumplir. Pero lejos de eso, los Ahora nuevos mandamases hacen gala del incumplimiento de las leyes. Cuando pasen las generales nos vamos a enterar de a quien ha votado, y sustendado por el PSOE, el noble pueblo español.
Simplemente a título de información: el titutal de El Confidencial <strong>no</strong> se corresponde con la realidad.
El <a href="http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/201502_Informe_ContratacionPublica.pdf" title="informe de la CNMC">informe de la CNMC</a> no estima en un 25% el costo de la corrupción en la licitación pública española. Se limita a tomar el dato de otro debido a <a href="http://www.transparency.org/whatwedo/publication/handbook_for_curbing_corruption_in_public_procurement" title="Informe de Transparencia Internacional">Trasparencia Internacional</a>, que se basa en informaciones de Malasia, Indonesia y Pakistán.
Por supuesto que tenemos problemas y no solo en el gasto público, pero no saldremos de ellos si no asumimos todos la plena responsabilidad de nuestros actos. Incluyendo difundir noticias.
Me parece interesante la precisión en las fuentes que aporta NN que parece vienen a confirmar lo aportado en el artículo. También coincido en que no todo es gasto público como demuestra otro titular: "España es un cártel:Competencia impone multas por 985 millones en cuatro años". (17.6.2015). Quizá sea esto lo que no ha sabido vender el PP….
"O bien los técnicos públicos … son unos incompetentes o por encima de ellos hay una voluntad superior" dice el post. La realidad es que la culpa de la corrupción y el despilfarro no es ni mucho menos exclusiva de los políticos: detrás de cada Aeropuerto de Castellón, de cada recalificación injusta, de cada contrato de basuras servido en bandeja al amiguete, en fin, de cada acto administrativo prevaricador o incomprensible ha habido un informe favorable de un funcionario. Y si no en todos, en la mayoría. Los políticos rara vez han tomado decisiones sin cubrirse las espaldas con el previo refrendo o apoyo "técnico". La realidad es que la Administración como tal es otro desastre mas y me llama poderosamente la atención que en esta crisis cuasicatártica que está sufriendo lo público en este pais la burocracia se esté yendo de rositas, como si la cosa no fuera con ellos. Y lo curioso es que esa impunidad contradice la experiencia cotidiana de cualquiera que trate con la Administración, sea el ciudadano de a pié o sea el que profesionalmente ha de tratar con ella, pues ese trato, sea ocasional o asiduo, nos dice que la arbitrariedad es la regla, pero sin que esa queja (desesperación para muchos) general pase de la charla de café o la barra del bar. La historia de "bombita" de "Relatos Salvajes" refiere una realidad tan española como la de la ficción.
Lo grave es que cambiaremos a unos políticos por otros, pero ellos, los funcionarios, los que de verdad mandan en Ayuntamientos, Diputaciones, negociados ministeriales y cuencas hidrográficas seguirán con sus plazas "en propiedad" haciendo lo que les da la gana 364 dias al año. Sus jefes, los políticos de todo pelaje, se lo permiten a cambio de su perruna lealtad en el dia 365, cuando han de informar la creación de nosequé Observatorio donde colocar a los parientes y colegas del partido. Sin una reforma drástica de la Administración, toda política pública, toda exigencia de responsabilidades por el despilfarro y mangancia a que se refiere el título del post no es mas que una declaración de buenas intenciones y seguiremos igual.
Avocat, sobre la complicidad (por activa o por pasiva) de los funcionarios y empleados públicos en la situación que denuncia el post hemos escrito mucho en el blog y seguiremos haciéndolo…:-)
Lo se, Elisa, y es reconfortante que precisamente altos funcionarios como sois algunos de vosotros -buenos conocedores de las tripas de la Administración- sean quienes lo denuncien, pues pocas voces se oyen en este aspecto para mi crucial. Animo y seguid.
Avocat, sobre la complicidad (por activa o por pasiva) de los funcionarios y empleados públicos en la situación que denuncia el post hemos escrito mucho en el blog y seguiremos haciéndolo…:-)