De nuevo sobre la politización de la Justicia: a propósito del Tribunal del caso Gürtel

Ante un caso análogo, aunque menos importante, un magistrado y comentarista de este blog, Juan Ciudadano, nos explicó que no cabría abstenerse porque las causas de abstención son de interpretación restrictiva.

Una magistrada que había sido asesora de varios ministros del Psoe enjuiciando un escrache a un ministro del gobierno del PP…

http://hayderecho.com/2014/02/16/escrache-y-educacion-a-proposito-del-escrache-en-el-domicilio-de-la-vicepresidente-del-gobierno/

Yo sigo pensando lo contrario.

Muy bien hasta los dos últimos párrafos.
Ya es cansino insistir en que el nombramiento corporativista arregla la Justicia.
No: lo esencial es que exista un sistema institucional donde no haya que basarse en la ciega y mera confianza en las personas que son jueces, supuestamente ungidas de un carácter que los transustancia en el cuerpo viviente de la justicia por el mero del nombramiento.
Ejemplo: en EE.UU. los nombramientos y carrera judiciales NUNCA dependen de los propios jueces, es más, cuanto más alto el tribunal más mano meten los políticos, y precisamente su Tribual Supremo es paradigma de la más feroz independencia judicial.

El problema de fondo y que es el origen de que la justicia se encuentre politizada es el que todos sabemos, el sistema de designación: supeditar el nombramiento de todos los miembros del CGPJ a la voluntad del Parlamento, puesto que supone dividir el órgano en bloques coincidentes con los intereses de los partidos mayoritarios. Y es que la politización del CGPJ nada tiene que ver con la integridad de sus componentes, sino con un asunto de control. Una relación de dependencia a fin de que el modo de desempeño de la labor judicial no esté desligada de la filosofía y propuestas de los grupos políticos, permitiendo orientar la función jurisdiccional hacia el programa y líneas políticas de los distintos partidos. Es decir, con la designación parlamentaria de los vocales judiciales se trata de crear un entorno de lealtad entre la acción de la magistratura y judicatura con la política de partidos, nombrando para los puestos clave del estamento judicial a colaboradores que sean fieles a las directrices generales de actuación emanadas de los grupos políticos. Circunstancia que se deja notar especialmente en procesos judiciales que tienen una marcada naturaleza y relevancia política, como es el caso Gürtel.
Hay que recuperar la división de poderes, para lo cual es indispensable que la designación de los vocales se haga a través de los propios jueces. Y posteriormente que las funciones básicas que tiene atribuidas el CGPJ, como son los nombramientos y ascensos, se instrumenten por el sistema de concursos de méritos, al ser el sistema que garantiza que en la actuación gubernativa del CGPJ priorice el criterio técnico sobre la estrategia política.
Ahora bien, lo que ya no es controlable es la propia creencia o ideología que, como cualquier otro ciudadano, pueda tener el juez en cuestión. Ya que esa es una cuestión puramente subjetiva o interna no fiscalizable desde el exterior. En ese caso el órgano jurisdiccional ha de ser lo suficientemente objetivo en su fuero interno y valorar éticamente si, en el caso concreto, su conciencia le puede jugar una mala pasada al existir el peligro de que enjuicie el asunto sin prescindir de su ideología particular, en cuyo caso debería abstenerse de intervenir ante la probabilidad de emitir un juicio distorsionado y parcial.

La Ley ya prohíbe que los jueces estar afiliados a partidos políticos (artículos 127 de la Constitución y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), ya que la militancia política sí que es una circunstancia que puede impedir la imparcialidad judicial, puesto que va más allá de la esfera puramente ideológica, dado que puede provocar una presión indirecta sobre la conciencia del juez y sobre su modo de interpretar la norma en el caso concreto. Ya que si quien debe juzgar la controversia está afiliado a un partido implicado en la cuestión debatida existe el peligro de que, inconscientemente, actúe como agente ejecutor de las líneas ideológicas propias de la opción política en la que milite. Con lo cual el juez, lejos de ser intérprete respetuoso de una norma, se estaría sirviendo de la jurisdicción para alumbrar una determinada concepción política. Y es que es muy difícil ser auténticamente libre para enjuiciar tales asuntos si se tienen profundas y muy marcadas convicciones sobre los mismos, lo que le ocurre a la mayoría de las personas que se encuentran afiliadas a un partido político.
Pero, insisto, si no hay militancia o afiliación de por medio, la ideología del juez no puede ser objeto de control.

Gran cantidad de jueces con historial político están destinados en la Audiencia Nacional. ¿Por qué se dan cita en este tribunal tantas personas que han estado en los aledaños de los partidos, que han ocupado cargos al calor de su proximidad (exteriorizada y patente) con partidos políticos?

En otros ámbitos de la judicatura esto no es normal. La generalidad de los jueces viven para celebrar juicios y dictar sentencias. No se meten en política, no tienen contactos ni chalaneos con los partidos, no se ofrecen al presidente del gobierno para que lo nombre ministro del ramo. Son profesionales del Derecho, honestos y técnicos, situados al margen de la pendencia política.

Pero en la Audiencia Nacional no ocurre así, sino que gran parte de ellos son pasillistas que han convivido día a día con el poder, comprometiéndose ideológicamente, chalaneando con los políticos y mostrando un historial de cercanía a uno u otro partido.

Creo que esto obliga a repensar y cuestionar, una vez más, la función y los caracteres de la Audiencia Nacional.

La politizacion de la justicia, a mi modo de ver, ha quedando patente con la creación de la asociación "Jueces para la democracia". Se trata de la izquierda, que genéticamente tiene impresa la revolución, la lucha de clases, y la lleva a cualquier terreno. Para ellos no se trata de mejorar o perfeccionar lo existente, se trata de acabar con los sistemas establecidos para imponer, valiéndose de la democracia, los suyos. Es decir, aquellos que derivan de la ideología comunista.
Si hasta ahora hemos tenido una justicia, al menos en altas esferas, y tribunales que pueden despachar asuntos políticos y de políticos, con la llegada del partido Podemos, en comandita con el Psoe, se puede alcanzar la apoteosis de intromisión de los políticos en la justicia. Es probable que en el futuro haya menos casos de corrupción, pero no tanto porque disminuyan, sino porque los jueces y también fiscales sean más reactivos a los deseos de la clase política.

No deja de ser irónico, con este asunto de la ocupación de los órganos judiciales por el poder polìtico ya no falta mucho para parecerse al típico y manido ejemplo de Venezuela…; cuando lleguen los de Podemos al Gobierno, ese trabajo ya se lo habran dejado hecho los anteriores.

No deja de ser curioso como hasta en un post impecable como este y de tan gran importancia (y así lo refleja el que sea firmado por todos los editores en su conjunto), algunos comentarios intentan llevar el asunto a su terreno y de una forma totalmente descarada intentar defender lo indefendible, mantener el status quo y la politización de la Justicia. Así, algunos socialistas de carné defienden la muerte de Montesquieu trayendo a colación modelos totalmente opuestos, conservadores hablan de la politización de la asociación progresista, y de paso otros traen a colación a Podemos. ¡¡Qué grandes son los intereses de todos en controlar a la Justicia y de que manera tan descarada así lo demuestran que ningún partido ha cumplido su compromiso de respetar la separación de poderes y la independencia judicial!!

Aquí y ahora os digo: ¡¡Sacad vuestras sucias manos de la Justicia de una p… vez!!

Porque si no lo hacéis, los ciudadanos con sus votos y los jueces haciendo su trabajo, os las cortarán de cuajo.

Para tener una justicia independiente aquí y en este momento histórico no se me ocurre otra fórmula: que los miembros del CGPJ y del TC sean nombrados por un poder al margen de los partidos y con garantía de total neutralidad porque en ello le va su crédito. Y ese poder es el Rey.
Naturalmente es condición necesaria que sea irreprochable en sus actitudes éticas y que no se limite a firmar lo que otros le propongan.
Eso si que seria liderar la regeneración.

Difícil cuestión la planteada en el artículo. Compleja y polémica. Un juez, en tanto que ciudadano, es político. Lo que no debe ser "política" es la función de administrar Justicia (que no Derecho). Mientras sigamos confundiendo ambos términos de forma más o menos interesada, siempre habrá "politización" de la Justicia pues, la mera aplicación de normas dictadas por una ideología gobernante, es ya una "politización" de la función de impartir Justicia. Parece que cuesta abrir un debate sobre esta cuestión e invito a los editores a preparar una mesa redonda o unas jornadas sobre ella, contando además con otras asociaciones jurídicas pero también ciudadanas.
Resultará interesante conocer unas posiciones y otras. En todo caso la única posibilidad de "independencia" es que la función de juzgar nunca tenga, ni antes ni después, ningún tipo de "puerta giratoria".

Es alarmante que en un blog jurídico se desconozca la jurisprudencia constitucional sobre la "Falta de imparcialidad objetiva", que es el género, del que una especie serían las causas de abstención/recusación de Jueces y Magistrados.
No, no se agota el derecho al Juez Imparcial en las causas de recusación y abstención.
Por otra parte, la Audiencia Nacional, tanto en la Jurisdicción Penal, como en la Contencioso administrativa, es un Tribunal de carácter político, que juzga, principalmente, cuestiones que implican al Gobierno. Que es quien, por delegación a sus cómplices en el Consejo General del Poder impudicial, nombra a sus "servidores". Luego nos extraña el componente festivalero-mediático de sus resoluciones …
Cuando se crearon los TSJ's, sus primeros integrantes salieron de los Parlamentos, muchos eran parlamentarios, miembros de PArtidos Políticos. Nos creamos la ilusión de que dándose de baja de "sus" partidos, recuperaban la imparcialidad (la independencia solo es un medio de asegurar la imparcialidad). Es tan tierno e inocente …

Por si es de interés, esta "Carta abierta al magistrado Enrique López", de Ernesto Ekaizer.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/23/actualidad/1435071132_551821.html

Solo una puntualización. Dice el artículo que "otros puestos (como el de Magistrado de las Salas o secciones de la Audiencia Nacional) no se nombran por libre designación, sino por concurso de méritos"
No, no es cierto, no hay concurso de méritos que valga. Especialidad, antigüedad en la jurisdicción y en la carrera.

Decía doña Elisa en un post de 27 de abril de 2014 que la juez Elsa Puig debía abstenerse en un asunto porque consideraba que había sospechas de parcialidad por sus supuestas simpatías nacional-catalanistas que podían ser decisivas a la hora de sentenciar, que luego se vio que eran infundadas, y le contestaba en un comentario que: muy interesante es lo que dice la STEDH de 22 junio 2004, caso Pabla Ky c. Finlandia, que cita el AUTO del TC nº 180/2013, de 17 de septiembre de 2013, en la que ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la incidencia de la afiliación política en la imparcialidad de los miembros de tribunales. En la demanda que origina el mencionado proceso fue alegada la falta de imparcialidad de uno de los Jueces del Tribunal de Apelaciones de Helsinki, del que formaba parte en condición de especialista por razón de la materia, y que, simultáneamente, ostentaba la condición de miembro del Parlamento finlandés, situación permitida por el ordenamiento nacional. La demandante destacaba, además, la filiación política socialdemócrata del Juez afectado, coincidente con la del Presidente y la del Primer Ministro de la República en el momento de los hechos, señalando que los socialdemócratas tenían interés en la materia juzgada (§§ 22 y 24 y 33). Pues bien, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “aunque la demandante señala la filiación política de M. P., el Tribunal no encuentra ninguna indicación en este caso de que su pertenencia a un partido político concreto tuviera ninguna conexión o vínculo con ninguna de la partes en el procedimiento o con la sustancia del litigio presentado ante el Tribunal de Apelación” (§ 33), excluyendo así la vulneración del art. 6.1 del convenio (§ 35).
Como se puede ver no es tan fácil abstenerse y es poco probable que las recusaciones contra Enrique López prosperen.
A mí me parece que no es tan importante las suspuestas simpatías o favores recibidos por Enrique López del PP, como lo que dice Soledad Gallego-Díaz aquí http://elpais.com/elpais/2013/06/14/opinion/1371221016_623813.html

Cierto, en parte, lo que dice angry, porque desde la reforma pactada por los dos grandes partidos en el año 2011, cuenta la antigüedad como si fuera de juez el tiempo pasado en puestos ajenos en la judicatura, como en la política.

Quizás el problema sea "de perspectiva".
El Derecho Fundamental de los ciudadanos representados, se ve como el Derecho Fundamental de las autoridades.
El Derecho a un Juez Imparcial no es el derecho del Juez, sino el de todos. Luego, el supuesto derecho del Juez, habría de ceder ante las dudas acerca de su imparcialidad.
El antiguo dogma ha cedido tiempo atrás. Ya no necesitamos proteger la independencia de los jueces frente al Estado, sino nuestros derechos fundamentales frente a los jueces del Estado.
El Tribunal Constitucional es una farsa a la que se ha caído la máscara (no tengo claro si la de tragedia o la de comedia). El Parlamento -los Parlamentos- se han quedado mudos por voluntad propia. triunfan los partidos sin programa ni ideología. El caos esta aquí. Para quedarse.
Lo de la "nueva política" arrastra un tufo a rancio que ya empieza a contaminar la atmósfera; sobre todo en las grandes ciudades.
Me pregunto. ¿Como se garantiza que en el ámbito del Poder Judicial no sea vulnerada la prohibición del Derecho Fundamental enunciado en el artículo 26 de nuestra Constitución (“Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales”).
Porque estamos -en el mejor de los casos- ante una colisión entre el "honor de hombres de Estado" y la efectividad de nuestro Ordenamiento Jurídico. Yo no conozco ninguna garantía al respecto; al contrario, la ausencia de trasparencia es absoluta; solo cede a la voluntad de los honorables hombres de estado que nos juzgan sin atención a la norma, sino al resultado.
Me pregunto si el Consejo General del Control Judicial funciona según procedimientos oscuros propios de aquéllos Tribunales de Honor (que han sido prohibidos por Ley Orgánica también en el ámbito militar – Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, artículo 21)?

Excelente artículo de José Luis Requero que recomiendo

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1142341