Vivienda, mercado crediticio y ficheros de solvencia positivos.
Las crisis económicas suelen tener efectos colaterales positivos. Evidencian fallos del sistema y promueven cambios legales. La que estamos viviendo ha puesto sobre la mesa el grave problema de la desprotección de la vivienda. Ello a diferencia de otros países en los que o bien la vivienda es inembargable en todo o en parte o se permite el deudor excluya la vivienda de la responsabilidad por deudas, tal y como traté aquí.
Nosotros no tenemos nada de eso, salvo la chapuza del empresario de responsabilidad limitada. Aquí el acceso al crédito se ha sustentado sobre la propiedad inmobiliaria y poco ha importado que se trate de un bien de primera necesidad, como es la vivienda habitual. Cuando falla el sistema, el problema social está servido. De hecho, algunos partidos políticos han nacido e incluso han alcanzado cotas de poder, vendiendo que solucionaban el problema de la vivienda. Por lo tanto, esta cuestión ha tenido consecuencias sociales y también políticas.
Cuando se han planteado medidas de protección de la vivienda, la respuesta ha sido siempre la misma: cuidado porque nadie nos dará un préstamo. Y es verdad. En España si no tienes bienes en propiedad no puedes acceder al mercado crediticio. Aquí el “crédito” te lo da el tener un patrimonio que el acreedor pueda agredir en caso de incumplimiento por parte del deudor.
Sin embargo, no hay que olvidar que palabra crédito (del verbo credere) significa confianza, la que se tiene en que el deudor vaya a cumplir. Tener la certeza es imposible, pero es claro que son dos variables las que deben valorarse: la capacidad de pago (que tiene en cuenta el patrimonio que tiene el deudor y el nivel de endeudamiento que presente) y la voluntad de pago (enjuicia el comportamiento crediticio del deudor). Está claro que un deudor con un gran patrimonio puede ser moroso y, viceversa, uno que tenga menos bienes, puede ser un buen pagador.
Para que el deudor tenga “crédito”, es decir, para que el acreedor confíe en él, debe tener una serie de información del deudor, su historial crediticio. Cuanto menor sea esa información, más riesgo existe de que se produzca la denominada “selección adversa”, es decir, que no se pueda distinguir entre buenos y malos pagadores, lo cual tiene efectos perniciosos: se restringe el acceso al crédito y se encarece para todos los solicitantes, pues los costes del riesgo de incumplimiento se propagan a todos.
¿Por qué es importante tener un buen sistema de información crediticia?
Si el acreedor no tiene adecuada información puede prestar mal y no olvidemos que en un sistema con reserva fraccionaria, se presta el dinero de los depositantes. Si el banco presta mal, de forma irresponsable, el sistema quiebra, el Estado lo rescata y el ciudadano acaba pagando las consecuencias. Esto es, en definitiva, lo que ha sucedido en esta crisis. Y de ahí la preocupación que este tema suscita a nivel internacional, a pesar de que aquí parece que no nos hemos percatado.
Cuando la información es asimétrica, cuando los acreedores tienen restricciones para acceder a la información crediticia de sus potenciales clientes se generan problemas de riesgo moral: el deudor incumplidor apenas padece consecuencias y tiene un incentivo perverso al sobreendeudamiento, por encima de su capacidad de pago, recurriendo a distintos acreedores que no comparten información entre sí. Así, por ejemplo, si una persona tiene una tarjeta revolving con un límite de 5.000 euros con una entidad financiera, puede obtener una nueva de otra entidad que no sabrá de su existencia porque en España, la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) sólo comparte datos de pasivos superiores a 9.000 euros. En España existe déficit de información crediticia y eso favorece el sobreendeudamiento, el incumplimiento y con él la inestabilidad del sistema financiero, tal y como avalan estudios al respecto.
Este problema que ya analicé aquí provoca que el acreedor dé más valor a los bienes de los que es titular el deudor que a su comportamiento crediticio. De esta forma, sólo el que es propietario de un bien (en España, la vivienda) o cuenta con garantías personales puede acceder al mercado crediticio.
Por el contrario, tal y como sucede en muchos otros ordenamientos, el sistema hay que cambiarlo para que el que tenga un buen comportamiento crediticio obtenga ventajas en términos de tipos de interés como sucede en el sector del seguro, en el que la prima se establece en atención a la potencial siniestralidad del asegurado. Cuando hablo de “comportamiento crediticio positivo” me refiero a datos relativos al endeudamiento de una persona, el detalle de los créditos concedidos y su comportamiento de pago respecto a ellos sin que se incluyan detalles sobre los gastos que realiza.
Privacidad y datos de solvencia “positivos”
Y es que está demostrado que el comportamiento crediticio pasado es el mejor predictor del comportamiento futuro[1]. Pues bien, en España circula, sin consentimiento del afectado, la información crediticia negativa (referida a historial de impagos), y sin embargo, la positiva, la de que el deudor es buen pagador e informa sobre el nivel de endeudamiento, encuentra restricciones en la Ley de Protección de Datos Personales, tema que ya traté aquí.
Para que la entidad financiera comparta la información positiva se requiere el consentimiento del afectado por razón de la protección de su privacidad. Por el contrario, para que se comparta información negativa tal consentimiento no es requerido ya que, obviamente, nadie lo daría. Lo que cabe plantear es hasta qué punto se está protegiendo la privacidad del ciudadano cuando se restringe la circulación de información crediticia positiva que acredita que es buen pagador y que le puede facilitar el acceso al crédito.
Esta materia ha sido regulada en la muchos países de manera que sea compatible con la protección de datos personales y el derecho a la intimidad. En España es necesario un cambio normativo que favorezca la circulación de esta información positiva con un marco jurídico adecuado que garantice la protección de la intimidad, sin que ésta sirva de excusa para el bloqueo de esta información.
Un primer paso: la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial
Parece que en España empiezan a darse cuenta de la importancia del historial crediticio positivo. Buena prueba es la regulación contenida en la Ley 5/2015 de 27 de febrero de Fomento de Financiación empresarial (LFFE). En el art. 1 se prevé que cuando la entidad financiera corte la financiación a una PYME (que puede ser persona física o jurídica) aquélla proporcionará gratuitamente a la pyme un documento denominado «Información Financiera-PYME» basado en toda la información que hubiere recabado de ella en relación con su flujo de financiación. Es decir, para una hipótesis concreta, la ley establece la obligación de la entidad de proporcionar el historial crediticio al cliente, tasándose el contenido que debe constar en dicho informe. De esta forma, el empresario, podrá acudir a otra entidad acreditando su comportamiento crediticio con base en dicho informe. Con todo, la información sigue sin ser completa, pues abarca sólo el historial con dicha entidad. Por el contrario, cuando las entidades comparten información con los bureaus de crédito, se puede acceder a una información positiva completa del deudor, que proceda de otras entidades, en su caso.
Pero además, con esta regulación parece deducirse sensu contrario, que si la ley no lo autoriza, la entidad no tiene obligación de proporcionar al cliente su historial crediticio, de forma que la privacidad del ciudadano obstaculiza el que la entidad comparta esa información con un bureau privado de crédito, pero al mismo tiempo tampoco podría el ciudadano recabar su propia información. Yo creo que la entidad debe proporcionar al ciudadano tal historial crediticio porque son sus datos y tal obligación debe ser regulada, a pesar de los costes que puede llevar a la entidad proporcionar esta información.
¿Un problema de privacidad o de competencia?
Yo creo que la protección de la privacidad es una excusa. La realidad es que si los datos sobre el comportamiento crediticio positivo del consumidor no se comparten, el cliente está literalmente “secuestrado” por su entidad. Es una regulación que restringe la competencia entre entidades financieras. Son los bancos los que no quieren compartir información positiva de sus clientes porque no quieren facilitar que se cambien de banco los mejores clientes. Nunca otro banco nos dará mejores condiciones que el nuestro y sólo porque nos “conoce”. Y tampoco nuestro banco será generoso en las condiciones que nos ofrezca, porque sabe que es difícil que nos vayamos: no tiene competencia. Nos sumimos en un círculo vicioso que sólo beneficia a las entidades financieras:
- Los bancos comparten nuestra información negativa lo que hará que nadie nos preste.
- Al no compartir información positiva (al margen de la compartida a la CIRBE), las condiciones que nos ofrezca otra entidad serán necesariamente peores o se nos denegará el crédito.
Un ejemplo ilustra las consecuencias de nuestro sistema. Un deudor divorciado con dos hijos a su cargo, tiene potencialmente una prima de riesgo alta porque se entiende que las personas en tales circunstancias son malas pagadoras. Si quisiera, por ejemplo, solicitar una tarjeta de crédito en unos grandes almacenes o en cualquier entidad financiera distinta de la suya, como el potencial acreedor no “conoce” al deudor y no puede acceder a su información crediticia positiva, tendrá una prima de riesgo alta (calculada con base a un score estadístico): o no le conceden la tarjeta o le ponen un límite de gasto bajo. Aunque ese deudor divorciado con cargas familiares sea un buen pagador, esa información no circula y ello restringe su acceso al crédito y con ello el consumo y la inversión. Sólo si tiene bienes que dar en garantía de pago (sobre todo si aporta su vivienda) podrá acceder al crédito. La otra opción es acudir a “su banco” que es el único que decidirá si le presta o no, porque es el único que le conoce.
Debemos diseñar un sistema que estimule el buen comportamiento crediticio. No hay que olvidar que la morosidad también arrastra a la insolvencia a muchas empresas. Lo que tenemos ahora sólo excluye del sistema al que tiene datos negativos, pero no premia a los buenos pagadores. En otros países han sido los propios acreedores los interesados en compartir información de sus clientes. En España, las entidades dominantes se niegan porque ese déficit de información elimina competencia y sobre todo, dificulta su control. Cuanta más información tengan, más fácil es controlar el grado de cumplimiento de sus deberes de préstamo responsable. Y es que, en el fondo, no les importa conceder préstamo irresponsable porque sabemos ya que privatizan las ganancias y socializan las pérdidas. Además hoy hemos visto ya la concentración bancaria, producida tras la crisis, están mejor que nunca… Ni competencia, ni responsabilidad.
Es necesario que la información crediticia positiva circule y el primero que debe concienciarse de ello debe ser el ciudadano que es a quien beneficia. La presunta protección de la privacidad sólo está favoreciendo a las entidades financieras.
[1] Miller, M, “Credit reporting systems around the Globe: The State of the Art in Public Credit Registries and Private Credit Reporting Firms”, en “Credit Reporting systems and the international economy”, MIT, Cambridge, 2003, p. 25.
Licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Catedrática de Derecho Civil. Universidad Complutense. Miembro del Instituto de Derecho Europeo e integración regional (IDEIR) de la Universidad Complutense.Vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho
Autora de varias monografías y numerosos artículos en revistas especializadas, ha desarrollado varias líneas de investigación sobre transmisión de los derechos reales; derecho de familia y concurso de acreedores; Crisis matrimoniales, Concurso de persona física, prevención del sobreendeudamiento privado: préstamo responsable y ficheros de solvencia patrimonial y actualmente centrada en la “tutela de usuarios de servicios FinTech”. Estas líneas de investigación las ha desarrollado con el apoyo de cuatro proyectos de investigación I+D del Ministerio de Economía y Competitividad de los que ha sido investigadora principal.
En la actualidad desarrolla una nueva línea de trabajo como investigadora principal en el proyecto I+D financiado por Ministerio de Ciencia e Innovación sobre la protección de los consumidores y usuarios de servicios FinTech, particularmente, los contratos de préstamo a través de plataformas de financiación participativa. De hecho, se acaba de publicar su último libro sobre “Las Fintech de préstamos o crowdlending. La contratación de préstamos a través de plataformas intermediarias en línea”.
Ha realizado varias estancias de investigación en la Universidad de Harvard (Harvard Law School) (junio 2010 y mayo de 2016) y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Perugia (junio 2012).
Ha participado en tareas legislativas.
En particular, ha asesorado al Ministerio de Justicia durante los últimos meses del año 2009 y primeros de 2010, dentro de los trabajos de preparación de la propuesta de reforma de la Ley Concursal, en lo que se refiere al concurso de persona física. Un asesoramiento que ha tenido incidencia en las redacciones propuestas para los nuevos artículos 47, 49.2 y 25 de la citada Ley y que se han confirmado en la redacción definitiva de la Ley 22/2011, de 10 de octubre de Reforma de la Ley Concursal. También ha asesorado al FMI sobre la regulación de España de la insolvencia de persona natural y al Ministerio de Economía en relación con los ficheros de solvencia positivos con ocasión de la aprobación de la Ley de fomento de la financiación empresarial.
Ha elaborado para el Ministerio de Justicia una propuesta de regulación de la reforma de la Ley Concursal en materia de Insolvencia de Persona Natural: reforma de la Ley Concursal, Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley de Protección de datos personales en materia de ficheros de solvencia positivos. Ministerio de Justicia, enero 2015.
Ha elaborado propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario y Proyecto de Ley de Protección de Datos personales a instancia de diversos grupos parlamentarios, habiendo tenido algunas de ellas reflejo en los textos legales finalmente aprobados.
Participación en la tramitación del Anteproyecto de Ley de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal para la transposición de la Directiva UE 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, insolvencia y condonación de deudas. Elaboración de informe con propuestas para la reforma del régimen jurídico de la exoneración del pasivo insatisfecho para la Sección Especial de la Comisión General de Codificación sobre Derecho Preconcursal. Julio 2020.
En este equilibrio entre transparencia y protección, tengo la sensación de que vale la pena apostar por un sistema donde la informacion, en el mundo del big data, sea lo más abierta posible, estructurada para poder ser procesable, y portable para que los oferentes de crédito puedan analizar el crédito de forma consistente. En concreto, creo que puede ser muy útil para que las plataformas de financiación colectiva sean una alternativa real a la oferta de crédito a traves de bancos y otras entidades de financiación. Entiendo que el Banco de España tiene encargado establecer unos estándares de información financiera que entiendo es un paso importante en la dirección adecuada.
Muchas gracias por su comentario Enrique. Tener acceso a información positiva tiene indudables ventajas para el crowlending, sin duda. También el mercado arrendaticio se beneficiaría. Hoy saber si un inquilino es buen pagador es importante. La exigencia de avales aumenta costes y beneficia a las entidades financieras.
¡Gran entrada Matilde! Lo que describes es un sistema perverso en el que la banca antepone su interés al del cliente. Dispone de la información crediticia del cliente al mismo tiempo que le priva del acceso a sus propios datos. De este modo gestiona la concesión de créditos con información privilegiada frente a la competencia. Un buen pagador tiene un crédito preconcedido que forma parte de su patrimonio. Al vetar el acceso al historial crediticio la banca está apropiándose de parte del patrimonio del cliente. Y lo hace en conflicto de interés, para mantener cautivo al cliente frente a la competencia y poder exigirle garantías reales, en muchos casos innecesarias, que ponen al cliente en una situación de precariedad. Cómo indica Enrique Titos, la divulgación de los ficheros positivos de crediticios suministraría el scoring necesario para el desarrollo del crowdlending como principal alternativa a la financiación bancaria.
En este equilibrio entre transparencia y protección, tengo la sensación de que vale la pena apostar por un sistema donde la informacion, en el mundo del big data, sea lo más abierta posible, estructurada para poder ser procesable, y portable para que los oferentes de crédito puedan analizar el crédito de forma consistente. En concreto, creo que puede ser muy útil para que las plataformas de financiación colectiva sean una alternativa real a la oferta de crédito a traves de bancos y otras entidades de financiación. Entiendo que el Banco de España tiene encargado establecer unos estándares de información financiera que entiendo es un paso importante en la dirección adecuada.
¡Gran entrada Matilde! Lo que describes es un sistema perverso en el que la banca antepone su interés al del cliente. Dispone de la información crediticia del cliente al mismo tiempo que le priva del acceso a sus propios datos. De este modo gestiona la concesión de créditos con información privilegiada frente a la competencia. Un buen pagador tiene un crédito preconcedido que forma parte de su patrimonio. Al vetar el acceso al historial crediticio la banca está apropiándose de parte del patrimonio del cliente. Y lo hace en conflicto de interés, para mantener cautivo al cliente frente a la competencia y poder exigirle garantías reales, en muchos casos innecesarias, que ponen al cliente en una situación de precariedad. Cómo indica Enrique Titos, la divulgación de los ficheros positivos de crediticios suministraría el scoring necesario para el desarrollo del crowdlending como principal alternativa a la financiación bancaria.
Gracias Fernando por tu comentario que resume muy bien el problema. Es una pena que la protección de la privacidad se convierta en “escudo protector” de otros intereses
Me ha gustado mucho el artículo y, como en otras ocasiones, me ha descubierto algo que desconocía. Me gustaría añadir que los ficheros de morosos que utilizan los bancos en ocasiones tienen una pésima calidad incluyendo morosos simplemente por haber sido notificada una liquidación de tributos por edictos aunque haya sido abonada después, por ejemplo.
Un saludo
Muchas gracias. Tiene toda la razón. Los ficheros negativos que sí pueden plantearnos problemas de privacidad y la inclusión de datos erróneos puede perjudicarnos mucho, están mal regulados. Al margen de la necesidad de dotar a los negativos de una regulación más eficaz en cuanto al derecho de acceso y rectificación, con los ficheros positivos se solucionan algunos problemas que se derivan de la inclusión de datos negativos erróneos. La información positiva presente tiene más valor en el cálculo del score que la información negativa pasada. Por eso, si hemos tenido en el pasado un impago pero posteriormente hemos sido buenos pagadores, nuestro score mejora y con él nuestra prima de riesgo. Ahora, si tienes un dato negativo, queda en tu historial 6 años y no se puede "bloquear" por un dato positivo posterior.
Me ha gustado mucho el artículo y, como en otras ocasiones, me ha descubierto algo que desconocía. Me gustaría añadir que los ficheros de morosos que utilizan los bancos en ocasiones tienen una pésima calidad incluyendo morosos simplemente por haber sido notificada una liquidación de tributos por edictos aunque haya sido abonada después, por ejemplo.
Un saludo
Se trata de un artículo muy interesante. Leí en su día también lo que publicó sobre el error del TC en materia de privacidad en este punto concreto. Ahora bien, me surgen dos preguntas de cuya respuesta depende, creo yo, el que la generalización del uso de ficheros de solvencia positiva tenga un auténtico reflejo en la vida de los españoles:
1) Como parece deducirse de las estadísticas, en España más del 80% de las familias tienen en propiedad la vivienda. Y de ese número de familias, a su vez, aproximadamente un tercio las adquieren mediante hipoteca. Prescindiendo de las causas de esta particularidad, impropia del resto de países de nuestro entorno, entre las que han estado y estarán sin dua las subvenciones e incentivos fiscales a la compra, la baja cultura financiera de los españoles que propicia la instalación en el pensamiento colectivo de que "alquilar es tirar el dinero", etc; la tenencia de propiedades es un dato de solvencia bastante importante, y fácil de conseguir por las entidades crediticias con pocas restricciones de privacidad, pues basta solicitar una nota simple al registro de la propiedad, por un precio bastante asequible para el cliente, obteniéndose normalmente en el mismo día, y no estando normalmente afectada la LOPD, cuando se trate de datos de carácter patrimonial y el interés sea la "investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad", en los términos que tiene establecido nuestro TS. Quiero decir, que es fácil, rápido y barato para el banco obtener información sobre el eventual acreditado o sobre sus familiares -normalmente padres- que vayan a avalarlo. Y, si eso no basta para preferir este medio de información a un fichero de solvencia positivo, está el hecho de que los inmuebles pueden tener un valor -presente, no necesariamente futuro, como hemos podido comprobar en esta crisis- muy superior a las cantidades que se van a solicitar. La garantía está ahí y es sólida, al menos en apariencia, existiendo además normas que, por si acaso, impiden que se preste por encima de un porcentaje determinado del valor de la garantía. Y, para los casos en que el préstamo no se materializa en hipoteca, si el inmueble está ahí y aparece libre de cargas o con un valor suficiente a pesar de tenerlas, se puede en todo caso embargar, con una expectativa de cobro bastante razonable, ya sea como acreedor preferente o secundario -por existir sobrante de la ejecución más privilegiada-.
Muchas gracias por su comentario. Efectivamente, es más cómodo prestar atendiendo exclusivamente a una de las dos variables que he enunciado en el post: la capacidad de pago (es decir, el patrimonio con el que cuenta el deudor), prescindiendo de su comportamiento crediticio. Pero esta comodidad tiene inconvenientes y muchos ya los hemos vivido en esta crisis. Esto lo tienen claro los americanos, cuyo sistema es claramente comportamental, teniendo más valor en el score del deudor el que sea serio y honesto en el cumplimiento de sus obligaciones: conceder préstamos sólo a los que tienen recursos “supondría robar a la sociedad la aportación de los capaces pero pobres”.
Yo no digo que la hipoteca no sea un medio adecuado para acceder al mercado crediticio. Lo que pienso es que se tienen que valorar otras variables y el comportamiento crediticio pasado del deudor es una de ellas y muy relevante. No puede ser que el que no tenga propiedades no pueda acceder al crédito y esto es lo que está sucediendo en España, algo que a su vez también alimenta la “burbuja inmobiliaria”.
El problema es que además esa “seguridad” que da el valor del inmueble hipotecado que, como usted dice, “está ahí” es lo que ha hecho que las entidades se centraran tan sólo en su valor para conceder el préstamo, sin evaluar adecuadamente la capacidad de reembolso….
Yo no creo que haya que estigmatizar a la hipoteca que ha funcionado bien durante muchos años. El problema es que como bien dice usted, aquí lo que ha habido es un problema de comportamiento irresponsable de todos los operadores del mercado, incluido el regulador que directamente ha mirado a otro lado porque esta burbuja ha dado dinero a muchos, entre ellos al Estado, generando un crecimiento económico que luego se ha demostrado era sólo aparente.
Hay que abrir el sistema y que el mercado crediticio no se concentre en un solo instrumento. Porque tanta comodidad al final se ha convertido en abuso y, lo peor a mi juicio, ha llevado a muchas familias a la exclusión social. Y esto hay que evitarlo. Los ficheros positivos abren el sistema y estimulan el “buen comportamiento”, algo que hace mucha falta en este país.
2) La concesión de crédito irresponsable por los bancos tiene diversas causas: entre ellas, las que usted ha detallado en diversos artículos, si no me equivoco la falta de una auténtica regulación de la "segunda oportunidad", defecto que parece subsanarse en parte por la nueva ley a punto de publicarse en el BOE, como usted bien nos ha explicado, y la falta de competencia entre las entidades debida, en buena medida, a la normativa de protección de datos que protege a los bancos y convierte a sus clientes en cautivos. Pero son causas tan o más importantes que esas, creo yo, la actuación irresponsable del BCE -y también la Reserva Federal y otros bancos centrales- reduciendo artificialmente los tipos de interés -dándole a la máquina de los billetes-, creando burbujas financieras que a su vez calientan determinados sectores económicos propicios para ello en cada país afectado, y provocando además inflación -el impuesto de los pobres- a largo plazo; y el incorrecto tratamiento de las crisis bancarias, al no usarse el bail-in para recapitalizar las entidades quebradas, es decir la conversión en accionistas de determinados acreedores -hasta ahora sólo se ha puesto en práctica en Chipre-, sino la socialización de pérdidas mediante la inyección directa de fondos públicos que se cubren con impuestos o deuda pública, es decir pagados por los contribuyentes presentes o futuros.
Muy buena entrada, la verdad. Algo técnicamente sencillo que generaría valor añadido para todos, para las entidades financieras minimizando el riesgo en muchas operaciones, para los usuarios unas mejores condiciones de financiación (los buenos, claro). Y lo más importante, entiendo, que si por circunstancias personales un buen pagador tiene una "mala racha" creo que con un buen historial será mucho más sencillo refinanciar.
Imaginemos un Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) de un deudor históricamente bueno, su posición para alcanzar un acuerdo global con sus acreedores debería ser mucho mejor que la del que tiene un mal historial y, si no logra el acuerdo, el juez podría aprobar un plan de pagos del 178 bis 5 LC con algún parámetro válido más allá de la buena voluntad del deudor.
Gracias por su comentario. Tiene toda la razón. Un buen historial de pagos tiene muchas ventajas y, entre ellas, puede ayudar a que se alcance un acuerdo extrajudicial de pagos y que se evite la declaración de concurso del deudor.
Muy buena entrada, la verdad. Algo técnicamente sencillo que generaría valor añadido para todos, para las entidades financieras minimizando el riesgo en muchas operaciones, para los usuarios unas mejores condiciones de financiación (los buenos, claro). Y lo más importante, entiendo, que si por circunstancias personales un buen pagador tiene una "mala racha" creo que con un buen historial será mucho más sencillo refinanciar.
Imaginemos un Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) de un deudor históricamente bueno, su posición para alcanzar un acuerdo global con sus acreedores debería ser mucho mejor que la del que tiene un mal historial y, si no logra el acuerdo, el juez podría aprobar un plan de pagos del 178 bis 5 LC con algún parámetro válido más allá de la buena voluntad del deudor.
La solvencia patrimonial es importante, pero hay que convenir que los bancos nunca prestaron con la intención de usar la vivienda para recuperar el crédito. Más bien, consideraron que era un incentivo para los acreditados para devolver el préstamo. No calibraron en absoluto el tamaño el problema del paro, y la disminución de la capacidad de repago. Usaron la capacidad de repago prevista en época de crecimiento económico. Una burbuja que tarda tanto en desincharse acaba creando la sensación de cambio de paradigma, hasta que hay un evento como el default de las hipotecas subprime americanas en 2007, que te devuelve a la realidad.
El negocio de la banca no es quedarse con el patrimonio de los hipotecados. No tienen capacidad de gestión de activos inmobiliarios como ha quedado demostrado. Su negocio es prestar y que les devuelvan el principal y les paguen los intereses al tipo pactado. La banca debería favorecer, si bien supone abrir sus datos, que los historiales de crédito fueran accesibles con las restricciones necesarias para no sobreponderar los casos de morosidad menos relevante del historial. Creo que cada vez más la transparencia y la reputación en el mundo de los datos digitales ayudarán a mejores comportamientos de los acreditados y a sistemas de evaluación de repago que no descansen tanto en la garantía patrimonial, sino en la capacidad de devolver un préstamo. Entiendo que tanto la banca al sol como la banca en la sombra ganarán por esa vía.
La solvencia patrimonial es importante, pero hay que convenir que los bancos nunca prestaron con la intención de usar la vivienda para recuperar el crédito. Más bien, consideraron que era un incentivo para los acreditados para devolver el préstamo. No calibraron en absoluto el tamaño el problema del paro, y la disminución de la capacidad de repago. Usaron la capacidad de repago prevista en época de crecimiento económico. Una burbuja que tarda tanto en desincharse acaba creando la sensación de cambio de paradigma, hasta que hay un evento como el default de las hipotecas subprime americanas en 2007, que te devuelve a la realidad.
El negocio de la banca no es quedarse con el patrimonio de los hipotecados. No tienen capacidad de gestión de activos inmobiliarios como ha quedado demostrado. Su negocio es prestar y que les devuelvan el principal y les paguen los intereses al tipo pactado. La banca debería favorecer, si bien supone abrir sus datos, que los historiales de crédito fueran accesibles con las restricciones necesarias para no sobreponderar los casos de morosidad menos relevante del historial. Creo que cada vez más la transparencia y la reputación en el mundo de los datos digitales ayudarán a mejores comportamientos de los acreditados y a sistemas de evaluación de repago que no descansen tanto en la garantía patrimonial, sino en la capacidad de devolver un préstamo. Entiendo que tanto la banca al sol como la banca en la sombra ganarán por esa vía.