¿Una nueva oportunidad para el patriotismo constitucional?

Tras las elecciones catalanes el debate político ha vuelto a plantear la necesidad de un proyecto de país ilusionante. Con la incorporación a la Unión Europea en el año 1985 España culminaba un anhelo colectivo iniciado en la transición a la nueva etapa democrática. Tras lograr este objetivo, España pareció quedarse sin proyectos y sin ilusiones. Olimpiadas, crisis, riquezas y burbujas nos han entretenido 30 años, pero en 2015, los elementos que tradicionalmente cohesionan a un país parecen poco presentes en la realidad española.

Las declaraciones que el Presidente del Gobierno realizó en la inauguración de la nueva línea del AVE a Palencia y León, indicando que estos proyectos de infraestructura vertebran el país, generan no pocas sonrisas y mucho escepticismo. No parece que el AVE sea el proyecto que haga recuperar la ilusión a los españoles. La ilusión precisa otros componentes.

Uno de los conceptos que vuelve a ponerse sobre la mesa ante la ausencia de un proyecto colectivo, y ante la encrucijada que plantean los nacionalismos periféricos, es el de patriotismo constitucional. El concepto no es nuevo en la política española. El PSOE, a través de su presidente Rodríguez Zapatero lo convirtió en una de las banderas de su nuevo programa político en una conferencia impartida en el club siglo XXI el 12 de Febrero de 2001. Poco después el PP, en enero de 2002, intentaba también apropiarse del concepto en la ponencia política del XIV congreso del partido (ver aquí). En esos primeros años del siglo XXI, el concepto ocupó artículos, reflexiones y tertulias, para acabar languideciendo a partir del año 2005, tras mucho debate y poco impacto. Para valorar si el patriotismo constitucional es el objetivo que precisa la vida política española, conviene revisar la historia del concepto.

El patriotismo constitucional es un concepto creado por el profesor en Ciencia Política alemán Dolf Sternberger en 1979. El concepto aparece por primera vez en un artículo escrito en el contexto de la celebración del treinta aniversario de la Ley Fundamental de Bonn (la constitución alemana). El concepto trataba de responder a la necesidad de crear una identidad nacional, superando los crímenes del régimen nazi durante la segunda guerra mundial, y la separación en dos Alemanias.  Sternberger trató de dar un nuevo significado al concepto de nación, basándolo no en una identidad cultural o histórica, sino en la compartición de los principios de libertad e igualdad en un estado democrático, simbolizados por la constitución. Un patriotismo fundamentado no en la raza, la lengua, o la historia, sino en los valores democráticos.

El concepto lo retoma poco después, Jurgen Habermas, para aportarle una dimensión más ambiciosa, al presentarlo como el fundamental ideal para la identidad nacional de cualquier estado. Europa debía afrontar una realidad de estados multi-étnicos. Para una región que ha sufrido innumerables guerras motivadas por los anhelos de crear estados homogéneos en la lengua, la cultura, la religión, las costumbres o la etnia,  asumir este anhelo como un objetivo del pasado, rancio y caduco, exige algo más que buenos deseos.

El hombre siempre ha necesitado identificarse con un grupo en el que se sienta protegido y comprendido. La tribu siempre ha formado parte de los mecanismos de defensa de la especie humana, y el nacionalismo étnico surge como una forma natural de dar respuesta a esas inquietudes, explotando unas necesidades emocionales que el cerebro siempre recibe con satisfacción.  En este sentido, es un nacionalismo, o un patriotismo cómodo, esencialmente pasivo, ya que solo exige haber nacido en un determinado lugar, y hablar una misma lengua. El patriotismo constitucional exige bastante más, y sobre todo exige una actitud mucho más activa por parte de los ciudadanos.

Habermas sitúa el énfasis en la identificación del patriotismo con un sistema político que consagra la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. Con este enfoque el concepto era especialmente útil para la construcción de una identidad europea, en la que una identidad patriótica común basada en la adhesión a unos valores comunes de carácter democrático, podría convivir con una pluralidad de identidades étnicas basadas en la historia, la cultura o la lengua.

Este concepto parece igualmente idóneo para la realidad española. España es un país que 40 años después de la muerte de Franco, aún no ha sido capaz de superar los complejos que esta dictadura dejó en la sociedad española, muy en particular en la izquierda ideológica. La apropiación por parte de la dictadura de los símbolos de la nación española, y del concepto de patriotismo, hicieron que en la nueva etapa democrática, la izquierda siguiese mirando a símbolos como la bandera, o a palabras como España, con reticencia. Difícil crear un proyecto de país sobre estas bases.  Juan José Laborda, miembro del PSOE, y presidente del Senado a principios de los 90, fue el introductor del concepto de patriotismo constitucional en España, como una forma de conciliar a su espectro ideológico con el patriotismo. Su artículo “Patriotas y de izquierdas” supuso un revulsivo en la vida política española de su tiempo.

Y sin embargo, los esfuerzos de principios del siglo XXI fracasaron. Las causas probablemente fueron varias. El PP centró su discurso de patriotismo constitucional en la idea de la unidad de España, con escasa incidencia en la apuesta por los valores democráticos, generando el escepticismo y el rechazo en la izquierda.  Y el PSOE de Zapatero, pronto encontró mayor rédito en la nación como concepto “discutido y discutible”, más que en la defensa de los valores democráticos como aglutinadores de la ilusión de un país. El vaporoso Zapatero diluyó el discurso, y España asistió de nuevo al espectáculo de ver a la izquierda liderada por Maragall y Montilla entregada a gobiernos e ideologías nacionalistas. Ver a aquellos que se supone debían defender la solidaridad y la igualdad entregados a causas excluyentes y en gran medida xenófobas es uno de esos episodios de la Historia que muchos tardaremos en olvidar.

Los caminos vuelven a llevarnos al patriotismo constitucional como una oportunidad para España. El patriotismo constitucional representa  un patriotismo moderno y adulto, basado en la responsabilidad  y en la implicación de los ciudadanos. Frente a él, el patriotismo etnicista o historicista se muestra como autocomplaciente, victimista y profundamente infantil.

En estos días, de nuevo, algunos políticos han recuperado el término de patriotismo constitucional. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en entrevistas recientes (Ver aquí o aquí), o el presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán (ver aquí) han querido volver a recuperar este necesario debate.

Superar los errores del pasado probablemente supone entender que es lo que en el siglo XXI, hace que los ciudadanos de un país se  sientan orgullosos del país al que pertenecen. Durante muchos siglos ese orgullo lo proporcionaron las gestas militares. Aún hoy, el nacionalismo étnico recurre a la historia, a menudo manipulada, para insuflar de orgullo nacional a sus fieles. Muchos países hace tiempo que entendieron que los motivos de orgullo en el siglo XXI deben buscarse en otros elementos. Una conversación con algún ciudadano de los países nórdicos, suele revelar que si quieren presumir de su país no suelen hablar de las gestas vikingas. Más bien hablarán de la posición que ocupan sus universidades en los ranking de enseñanza, o de la posición que ocupa su país en los ranking de transparencia y buen gobierno, del sentimiento de solidaridad que exhibe su sociedad, del estado del bienestar que han logrado construir que no abandona a nadie a su suerte, o de su incansable lucha contra la corrupción en la vida pública.

En el fondo es así de sencillo. Lo que España precisa como proyecto de país, es un objetivo que a la gente le permita sentirse orgulloso. Y ese orgullo debe hoy buscarse en la creación de un país de oportunidades, un estado del bienestar consolidado y un país de buen gobierno. Una idea bastante sencilla de patriotismo para el siglo XXI. Una oportunidad para las elecciones generales de Diciembre.

 

La realidad y el deseo: reproducción de la Tribuna en El Mundo de Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena

El resultado de las elecciones catalanas es un ejemplo más -aunque especialmente agudo- del fantasma político que recorre Occidente con efectos potencialmente devastadores: la desconexión entre la realidad a la que se enfrenta todo ser humano mayor de edad y nuestros deseos infantiles de soluciones mágicas e inmediatas. Los europeos nos enfrentamos con la crisis del Estado del bienestar, el aumento de la desigualdad, el paro, la frustración de la partitocracia, etc. Pero en vez de reaccionar como personas mayores, utilizando la razón para identificar los problemas y buscar las soluciones siguiendo los cauces previstos en nuestras democracias -algo siempre complejo, pesado, monótono y en general poco gratificante- preferimos con frecuencia el placentero chute del autoengaño olvidando que el bajón o la resaca vendrán siempre después.

En nuestra particular variedad nacional hemos celebrado unas elecciones autonómicas, sí, pero en unos términos engañosos, dado que los dos principales partidos secesionistas se han presentado con una lista única que es un batiburrillo de políticos, representantes de la sociedad civil nacionalista y personajes más o menos conocidos con un programa tan pintoresco como su composición. Quizá por esa razónsus promotores han calificado estas elecciones de «plebiscitarias»,desconociendo que unas elecciones y un plebiscito son cosas radicalmente distintas -al menos en la teoría política- dado que mientras las primeras tienen por finalidad elegir cargos electos que representen a los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos (sanidad, educación, esas cosas) el segundo permite que los ciudadanos se pronuncien directamente sobre determinadas decisiones (sí o no a la independencia) sin necesidad de la intervención de sus representantes. Por ese motivo, lo que ha ocurrido después de las elecciones del domingo es que el resultado final no tiene, ni la legitimidad del plebiscito -no sólo por el número de votos, sino por la forma- ni el ordenado mandato para la gestión de la cosa pública que se deriva de unas elecciones ordinarias.

Reconocemos que una parte del electorado que ha apoyado esta solución no puede tener el sentido de la realidad tan deteriorado como para imaginar que su victoria electoral constituye un paso decisivo en la consecución unilateral de la independencia, bálsamo de Fierabrás capaz de resolver de golpe todos sus problemas, tan comunes por otra parte a los del resto de España. Y eso pese a la intensa propaganda oficial realizada antes y después de la campaña tendente a asegurar que, aunque se abra un proceso revolucionario para conseguir una declaración unilateral de independencia al margen de la legalidad, no se van a padecer ninguna de las incertidumbres que este tipo de procesos llevan aparejadas; ni las legales, ni las económicas, ni las sociales. Más bien hay que suponer que muchos ciudadanos, al igual que nuestros vecinos griegos, han sido tentados para gritar 100 y conseguir diez, convencidos de que la troika española (compuesta en el imaginario nacionalista por el PP, el PSOE y el TC) no tendrá más remedio que ceder por las malas -ya sea en financiación o en blindaje de competencias- lo que no quiso por las buenas. Si es así, sinceramente no han escogido el mejor camino para conseguirlo.

La reforma del Estado es imprescindible después de 38 años de democracia y no está motivada sólo ni principalmente por el problema catalán. Ahora bien, tenemos que aprovecharla también para resolver (o conllevar un poquito mejor) la integración de Cataluña. El inconveniente es que el resultado de este domingo, más que facilitarlo, complica enormemente el panorama. Una parte muy importante de nuestro país se ha «autoexcluido» de la colaboración en este proyecto común de regeneración y reforma, que por definición debe de partir del respeto al Estado de Derecho. Estando juntos por el sí a romper con la legalidad, es complicado que continúen juntos para reformarla. Máxime cuando para gobernar van a necesitar el apoyo de un partido antisistema que defiende la vía de hecho y la desobediencia a las leyes así como la salida inmediata de Cataluña no sólo de España, sino de la UE y de la OTAN.

Porque es obvio que las leyes se pueden y se deben cambiar, pero siempre a través de los cauces que establece el propio ordenamiento jurídico. En el caso de un referéndum sobre la secesión, es necesaria la modificación de la propia Constitución que lejos de ser intocable, como pretenden algunos, es necesariamente un texto que tiene que adaptarse para garantizar la convivencia y el bienestar de todos los ciudadanos cada vez que sea necesario. Y sobre todo para adaptarla a la realidad. Pero el problema es ¿de qué realidad hablamos? ¿Cómo es posible una negociación o un consenso cuando los diagnósticos de la única realidad existente están en las antípodas?

Porque si algo nos han enseñado estas últimas semanas es que la realidad que perciben los independentistas tiene poco que ver con la que percibimos el resto de los ciudadanos, hasta el punto de que el debate racional se ha tornado muy difícil, por no decir imposible. El componente de fe, ilusión o emoción -por no hablar de los intereses, que lógicamente también existen- es consustancial al movimiento secesionista, incluso para personas que por dedicarse habitualmente a profesiones intelectuales deberían ser capaces de mantener el pensamiento crítico. Y conviene no olvidar que en sociología y en política -a diferencia de lo que ocurre con la física o las matemáticas- el elemento subjetivo e incluso irracional forma parte esencial de la realidad que hay que gestionar

Los berlineses no veían los cráteres que dejaban las bombas aliadas en el Tiergarten porque su Gobierno afirmaba que no había caído ninguna en la capital, según el testimonio de William Shirer en su imprescindible Berlin diary, escrito mientras trabajaba como reportero de la radio CBS en Berlín durante el nazismo. Pero las bombas no por eso cesaron y finalmente arrasaron la capital. Muchos alemanes creían todavía en la primavera de 1945 que Hitler tenía un arma secreta que le permitiría ganar la guerra: necesitaban mantener esa ilusión en medio del desastre. Si hay algo necesario en España y Cataluña ahora mismo es ilusión y como siempre ocurre en estos casos no faltan los vendedores de recetas milagrosas (por acción o por inacción) incluso entre los que son directamente responsables del desaguisado. En política se les llama populistas y aparecen como setas en épocas de crisis,cuando la gente está dispuesta a comprar cualquier elixir que les libere de todos los problemas a cambio de que les eximan de la responsabilidad de tener que contribuir a solucionarlos.

Por eso, el primer paso para intentar salir del atolladero en el que nos hemos metido (con diferente nivel de responsabilidad, por supuesto) es huir del autoengaño y empezar de una vez a contabilizar los cráteres de nuestro sistema político e institucional. El camino sigue siendo hoy el mismo que antes del 27S. La inamovilidad no tiene razón de ser; el miedo tampoco. El problema catalán vuelve a ser -como tantas veces antes- el problema español. Hay que abordar una reforma constitucional que permita celebrar un referéndum a los catalanes al amparo de una ley de claridad; pero, siendo esta cuestión importante, lo esencial es reorganizar el Estado bajo un modelo federal serio, regenerar las instituciones, devolver la independencia al Poder Judicial, reforzar el Estado de Derecho y garantizar la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar. No podemos esperar ni un minuto más para iniciar este camino.

Desgraciadamente, también el Gobierno de la Nación se ha autohinabilitado, no ya para liderar, sino para simplemente cooperar en este proyecto de reforma. En esta gravísima situación de crisis institucional no es razonable esperar tres meses para conocer la opinión de los ciudadanos españoles al respecto, simplemente por el cálculo electoral de un líder político que, al igual que el Sr. Mas, debería estar en su casa desde hace tiempo.

Nuestros padres y abuelos afrontaron un reto aun mayor en circunstancias mucho más difíciles que las actuales, probablemente porque no tuvieron miedo a enfrentarse con la realidad. Y es que, como recordaba Jefferson, el hombre que no teme a las verdades, nada tiene que temer de las mentiras.

Es más fácil hacer manifestaciones que resolver los problemas de los manifestantes

La  economía es la base de los derechos sociales y para tener un alto nivel de vida un país,  su sistema productivo ha  de alcanzar un nivel similar de competitividad. No son de las promesas de los políticos sino del éxito de los productos y de los servicios nacionales en los mercados, de lo que dependen el nivel de renta de la población, la remuneración, la seguridad y la cantidad del empleo, la financiación de los servicios públicos y las prestaciones sociales y  en definitiva, la calidad del Estado del bienestar.

Es, pues, la competitividad del sistema productivo el motor del desarrollo de los pueblos Y esta, no depende del régimen político del país, porque nadie compra los productos discriminándolos  según el respeto de los gobiernos de los derechos humanos y  las libertades públicas. Entre los países de más crecimiento los hay democráticos y también autoritarios ( ejm. China) pero todos ellos van por la senda del esfuerzo y toman parecidas medidas para mejorar la calidad de su producción . Fundamentalmente,  mejorar el sistema  educativo, dotar de un marco legal, , laboral, financiero y tributario que incentive la creación de empresas, lograr un equilibrio en las cuentas públicas…Lo que se llaman medidas estructurales.

¿Por qué las medidas estructurales, que son tan claras como sus beneficiosos efectos sobre la economía y la ciudadanía, cuesta tanto que sean aprobadas y casi siempre se hace en situaciones extremas y ello en todo tipo de sistemas políticos, sean democráticos o autoritarios? En cuanto a estos últimos, en una serie que publicamos en el periódico económico Expansión y en un artículo sobre el ejemplo cubano ¿Porqué Cuba es tan pobre?, exponíamos las razones de que no se estuvieran aplicando las medidas que tanto éxito habían tenido en China.

A pesar de las críticas, la experiencia política china nos parecía enormemente beneficiosa para la población tanto en materia de bienestar material como , aunque pareciera un despropósito, para el futuro del sistema de libertades de la misma, pues “ Cuando un sistema político autoritario apuesta con éxito por el crecimiento del país y la satisfacción de las necesidades materiales de la población, la clase dirigente está asentando los fundamentos de un nuevo régimen político de naturaleza democrática”

Pero este no era el caso de los dirigentes cubanos o los de Corea del Norte, sus propósitos eran otros: “Las dictaduras sólo pueden arraigar en sociedades, económica, social y culturalmente subdesarrolladas, de forma que el progreso económico es su más eficaz enemigo. Ya que,  superadas por la población sus necesidades materiales, el ansia de desarrollo personal y de participación política y social de los ciudadanos, forzará a un radical cambio político. La forma de que, una vez implantado un sistema dictatorial, éste sea viable es encadenar a la miseria a su población para que, así, cuantos más ciudadanos estén bajo el límite  de subsistencia, menor presión habrá para la implantación de un sistema político democrático.

Su sistema económico es ineficaz porque así lo exige la supervivencia del régimen político y la estructura de poder e intereses de su clase dirigente” (actualmente se diría “casta dirigente”). Para estos países que apuestan decididamente por un sistema dictatorial perpetuo, la expresión pan y libertad son incompatibles. Si yo fuera uno de nuestros mediáticos asesores políticos que intentan garantizar el asentamiento vitalicio de una casta política reaccionaria, represiva ineficiente y corrupta, les recomendaría que no dieran a su pueblo pan porque luego pedirán libertad y democracia.

Y en cuanto a las democracias, determinadas medidas, como las reformas laborales y de gasto público, pueden arruinar las expectativas electorales de sus dirigentes políticos. Hace algún tiempo, un cliente me manifestó su queja de que las medidas que estaba tomando nuestro gobierno en materia laboral y de reducción de gasto público y de funcionarios eran demasiado tímidas y que deberían ser más radicales y le contesté que dirigir una democracia no es como gestionar una empresa.

Todo lo que decía tenía sentido en una empresa pero en una democracia ¿con cuantos votos contaría para hacer llevar a cabo sus propuestas?¿Ha calculado el número de personas afectadas por estas medidas y su reacción en las votaciones?  Y para aclarárselo le puse los siguientes ejemplos de países con mayor nivel de renta y de cultura y con más experiencia democrática que el nuestro:

Göran Person que fue  ministro de economía socialista de Suecia en 1996  y que reformó el Estado de bienestar para hacerlo viable, describía esta situación con las siguientes palabras que utilizamos en un artículo anterior: “ Cuando fui nombrado ministro de economía en 1996, el déficit presupuestario de Suecia superaba de largo el 10%”…Recortar esa deuda nos humillaba .Y para lograrlo tenía dos caminos , hacer lo que debía y no ser reelegido y no hacer nada y seguramente no ser reelegido … pero además perjudicar con mi inacción a mi país..Nos costó seis años que las reformas dieran resultados, redujimos-fundamental-los costes laborales, los salarios y recobramos la competitividad de nuestra industria exportadora, crecimos. Y reformamos pensiones, la administración, los subsidios de paro.. Y me convertí en el ministro de economía menos valorado de la historia de Suecia, pero 4 años después si que volvieron a votarme..Un país que debe esa barbaridad de dinero ni es soberano ni tiene democracia que valga , porque no es dueño de sí mismo”…y si no es demócrata , tampoco puede ser social..

Sin embargo, en Alemania, la experiencia no fue tan positiva para sus dirigentes. Joaquim Möller , director del Instituto de Investigación del Empleo del Gobierno de Alemania exponía, también en La Vanguardia, la experiencia del canciller socialista Shröder que entre el 2.003 y el 2005 completó la agenda 2010, un cambio radical en materia laboral .“Si lo hubiera hecho la derecha, Alemania hubiera ardido”.Me lo explicó el mismo: sabía que le costaría el cargo, pero también que lo hubiera perdido si no lo hacía. Y está orgulloso de haber devuelto el empleo a millones de alemanes.

“ Al parado hay que apoyarle pero también exigirle”..”.. Hay que desincentivarle la tentación de que rechace buenos empleos para seguir cobrando sin trabajar, pero también ayudarle a que se forme y a encontrar empleo. Reformaron la agencia de empleo para hacerla más eficiente y acortaron a un año el subsidio de paro, tras el año el parado sólo cobraba una ayuda de mera subsistencia y sólo si no tenía ahorros ni otros ingresos. Se  reforzó la formación profesional y se ayudó a los emprendedores para que crearan empresas…. por primera vez en 30 años las reformas estructurales redujeron el paro estructural, aumentaron la flexibilidad y así reforzaron el pacto social en las empresas”.

Los ejemplos anteriores nos permiten diferenciar dos tipos de políticos de cara a la gestión de los intereses de sus ciudadanos: los que adaptan el sistema y su gestión pública a los intereses de sus pueblos y los que anteponen sus intereses y sus ideas políticas a los de su población. De los primeros son ejemplo los dirigentes chinos del postmaoismo que revolucionaron el marco político ineficiente que había llevado a la miseria al pueblo chino y con las hambrunas, a su descomposición. Otra muestra es la de los dirigentes europeos cuando sentaron las bases del proceso de unificación política y económica, no sólo para conseguir un área de solidaridad y convivencia que evitara los dramáticos enfrentamientos del siglo XX, sino para hacer más competitiva la producción , con el objeto de asegurar el nivel de vida de sus ciudadanos.

“Las nuevas tecnologías avanzadas precisan de grandes producciones, los costes han aumentado vertiginosamente, lo que exige que los productos deban ser colocados rápidamente en un gran mercado para cubrir los gastos y reunir los fondos necesarios para las inversiones de la siguiente ronda de renovación y este proceso, en la Europa Comunitaria, quedaba dificultado por las trabas y las políticas nacionalistas de los Gobiernos. O se actuaba inmediatamente o como señalaba la OCDE, Europa suministraría cada vez más productos alimenticios, materias primas y bienes facturados de baja tecnología y, con la pérdida de competitividad, la mayor parte de Europa estaba condenada a la decadencia, a la pobreza y el desempleo estructural ( Informe Poniatowski)” Esto afectaría a la calidad de vida y a la siempre difícil armonía social de sus ciudadanos.

En este momento cometimos un grave error. Mientras los grandes países europeos pasaban a convertirse en “una especie de provincias” de un nuevo Estado, para asegurar el futuro económico y social de sus pueblos, nuestro país continuó un proceso contradictorio con las obligaciones que había asumido como socio de un proceso de integración política y económica generando, en paralelo a la creación de nuevos órganos y funciones supranacionales con sus costes correspondientes ,una estructura territorial ineficiente e inviable económicamente y desarrollando una fragmentación legal contraria a los fundamentos económicos y al régimen constitucional comunitario.

Si la reducida dimensión de los grandes estados era una rémora para el futuro de sus ciudadanos, la fragmentación nuestra ¿no era un riesgo de “decadencia,  pobreza y  desempleo estructural”? Alguien estaba errando ¿Quienes tendrían razón, los dirigentes democráticos de las naciones de mayor progreso de Europa que habían sacrificado su soberanía y sus atribuciones o nuestros políticos interiores que intentaban ampliarlas? Si han demostrado, hasta la saciedad, su incapacidad para diagnosticar y resolver los problemas sociales y económicos presentes ¿por qué tienen que gestionar mejor un futuro que desconocen? Si tienen razón..¿Porqué no intentan  convencer a las instituciones comunitarias, sus gobiernos y los cientos de millones de ciudadanos ( y los que esperan su ingreso) de que se están equivocando de camino y el futuro está en la creación de estados muy pequeños?¿Cual de estos dos grupos que nos señalan caminos contradictorios, nos está engañando?

En la otra banda están los políticos que mantienen sistemas que han demostrado su ineficiencia en la solución de las necesidades sociales y que sólo sirven a la clase dirigente y a los sectores culturales, informativos, económicos y sociales que se benefician de ello. Para estos el sistema ya les va bien, no encontrarán otro que les proporcione una renta más segura ni un protagonismo social tan relevante como el régimen por el que luchan. Para controlar la reacción popular, son expertos en gestionar sentimientos y en llenar la calle de muchedumbres entre banderas y cantos patrióticos, mientras dejan desabastecidos las estanterías de sus ciudadanos de bienes y servicios necesarios y de libertades fundamentales. Pero como su programa político es contradictorio con el camino al crecimiento de la economía, sus promesas caducan al acabar las manifestaciones.

Para aminorar la frustración, siempre tienen un enemigo interior o exterior a quien culpabilizar de sus incumplimientos. Entonces los pueblos ingenuos que todavía creen que estos políticos cumplirán lo que prometen comprobaran como es más fácil hacer manifestaciones que resolver los problemas de los manifestantes.

 

HD Joven: El consentimiento informado en las aplicaciones móviles: “Acepto”, ¡“Acepto”!, ¡¡“Acepto”!!

El transcurso cotidiano de la vida no nos permite dar la suficiente importancia a cosas que sin duda la merecen. Entre ese tipo de cosas, probablemente sea de mención la descarga de aplicaciones móviles y la a menudo consiguiente cesión de datos personales a las empresas.

Sucede, en efecto, que, la instalación de una aplicación en el móvil conlleva las más de las veces cierta cesión de información del usuario final a las empresas desarrolladoras. Aplicaciones como Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram, por ejemplo, acceden a los datos almacenados en nuestros dispositivos, y da la impresión de que ninguno damos suficiente importancia a esta circunstancia. Permitimos el acceso de terceros a nuestras listas de contactos, nuestros mensajes, nuestras fotografías, nuestros vídeos y otros datos personales y sin pestañear, con un solo click.

Precisamente a causa de nuestras prisas y ajetreos diarios, el Derecho protege a los usuarios, de forma que obliga a las empresas a facilitar información clara y completa, antes de la introducción y la extracción de datos del dispositivo. Así que ¡no se preocupen! ¡Gloria a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que protege nuestra privacidad! Ahora la pregunta es: ¿se cumple esta ley a rajatabla? ¿Prestamos realmente un consentimiento informado antes de descargar una aplicación?

Para tratar datos personales, el principal fundamento jurídico aplicable es, como no podía ser de otra manera, el consentimiento por parte de quien descarga la aplicación. Una manera de ofrecer a los usuarios finales información sobre las características fundamentales de una aplicación antes de la instalación es requerir de una acción positiva del usuario antes de que la aplicación se descargue y se instale (p.ej., pulsar el botón “instalar”). Sin embargo, es muy probable que, en muchas ocasiones, no se aporte la información suficiente como para considerar aquél un consentimiento válido e inequívoco para la cesión a la empresa del tratamiento de datos tan personales como las fotografías o las conversaciones guardadas en WhatsApp. Estoy seguro de que muchos se escandalizarían al descubrir quiénes han podido –tener la oportunidad de- leer nuestros más íntimos secretos.

Resulta indudable, pues, que el usuario debe tener la opción de aceptar o denegar el tratamiento de sus datos personales. No puede vérselas ante una pantalla que contenga solamente un “Acepto”, que pulse únicamente para completar la instalación cuanto antes, sino que debe tener la oportunidad de detener la instalación de una forma u otra. Por ello, por supuesto, es preciso que la información esté disponible antes que se produzca cualquier tratamiento de datos personales. Ello significa que la simple pulsación del botón “Aceptar” no se considera consentimiento válido para el tratamiento de datos personales; para satisfacer los requisitos legales se debería, por una parte, informar sobre los elementos esenciales del servicio y, en segundo lugar, solicitar el consentimiento específico para cada uno de ellos.

Si una aplicación ofrece, por ejemplo, información sobre hoteles cercanos, para instalarla, el desarrollador debe obtener el consentimiento del usuario previamente, es decir, debería solicitar el acceso a los datos de geolocalización. Pero, prestado el consentimiento por el usuario, la aplicación sólo puede acceder a los datos de localización del dispositivo para procesar los datos, de manera que cualquier otro tratamiento de datos requerirá, nuevamente, información adicional y concreta respecto del servicio prestado, también concreto, y un consentimiento inequívoco y por separado que habilite a la empresa a su prestación. Lo mismo ocurre en las aplicaciones de running, que ofrecen una función para que el usuario pueda registrar todo el recorrido y los kilómetros que ha hecho: el consentimiento de registro se limitaría al tiempo en que el programa este activado y todo registro diferente a la localización y kilómetros que haga la misma aplicación se consideraría probablemente excesivo y, por consiguiente, ilícito.

A pesar de lo anterior, lo cierto es que los desarrolladores de aplicaciones sí pueden tratar ciertos datos personales, siempre y cuando no sean sensibles, sin necesidad de recabar el consentimiento del usuario, en la medida en que determinado tratamiento de datos sea estrictamente necesario para realizar el servicio deseado. Como ustedes sabrán, en una aplicación de banca móvil, para atender a la solicitud de pago, el banco no nos solicita el consentimiento por separado del usuario para revelar el nombre, por una parte, y número de cuenta personal, por otra. Como es lógico, esa información es estrictamente necesaria para ejecutar el contrato con ese usuario concreto y, en este caso, los derechos y libertades fundamentales del usuario no resultan objeto de mayor proteccionismo legal. Eso sí: desde el momento en que el tratamiento de esos datos se vuelve excesivo e inadecuado a las distintas finalidades del servicio prestado, el tratamiento requiere de un nuevo y concreto consentimiento, o se considerará directamente ilegal.

Así pues, en vista de las irregularidades que se podrían cometer por parte de algunos desarrolladores de aplicaciones, derivadas fundamentalmente de la no obtención previa de un consentimiento válido e informado, ya sea porque recogen datos de manera desproporcionada o porque no son necesarios para el uso de la aplicación, el ordenamiento nos da la posibilidad de suplir esa pereza que nos suscita la lectura de condiciones particulares extensas o de exigir protección cuando, aun habiendo leído esas condiciones, se produce una vulneración referente al tratamiento de datos de la misma. Desafortunadamente, es un remedio y, por tanto, a posteriori (una vez ya cometida la infracción).

A este respecto, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal permite sancionar a las empresas cuando se acredite un mal uso en el tratamiento de datos de sus usuarios. Las sanciones, por cierto, pueden alcanzar los 300.000 euros. A fin de evitar un buen disgusto a las empresas, es preciso que los fines del tratamiento de esos datos estén bien definidos y sean comprensibles para un usuario medio. El responsable del tratamiento de los datos debe informar sobre quién es, qué datos va a recopilar, para qué usos o finalidades, si esa información será cedida a terceros y la forma que tiene el usuario para revocar su consentimiento y cancelar sus datos. Además, los usuarios de aplicaciones deben tener siempre la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Mi consejo es que los usuarios no confíen tanto en la ley y que se informen, que conozcan para qué serán tratados sus datos, y así eviten sorpresas. Para las desarrolladores de aplicaciones, por su parte, mi consejo es, como se suele decir, “mejor prevenir que curar”; mejor no arriesgarse en incumplir con la normativa, ya que de resultar ser infractor podría comportar sanciones importantes, y, ante la duda, sin propósitos comerciales lo digo, siempre puede uno contactar con un abogado especialista.

El Tribunal de Cuentas sobre la gestión de personal en RTVE o como prejubilarte y ganar más que siguiendo en activo

Mañana 2 de octubre la Fundación ¿Hay Derecho? presenta su informe de evaluación del funcionamiento del Tribunal de Cuentas español. En el Blog hemos escrito en numerosas ocasiones sobre el Tribunal de Cuentas y con independencia de los aspectos de mejora en su funcionamiento, no podemos obviar que sus informes de fiscalización ponen sobre la mesa aspectos que de otra forma no salen a la palestra pública y política.

Echando un vistazo a los últimos informes publicados por el Tribunal, me ha llamado la atención uno publicado antes de verano: el informe de fiscalización de la gestión de personal llevada a cabo por el ente público RTVE con motivo del expediente de regulación de empleo (ERE).

Sobre el papel y el modelo de las televisiones públicas (estatal y autonómicas) hemos reflexionado también de forma recurrente en el Blog y en concreto sobre TVE escribimos hace un año sobre su situación y posibles alternativas de futuro. Vamos ahora a repasar el análisis que ha realizado el Tribunal de Cuentas de las decisiones adoptadas en el año 2006 y años posteriores en relación con el citado ERE.

Por ponernos en contexto, allá por ese año (2006) se aprobó en un Plan de Saneamiento del ente RTVE que desembocó en un Expediente de Regulación de Empleo que afectó a 4.150 trabajadores. La extinción de los contratos de trabajo de estos trabajadores se produjo paulatinamente desde el 31 de diciembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2008.

El plan de prejubilaciones (a partir de 52 años) y bajas incentivadas fue la solución pactada por la empresa, los sindicatos y la SEPI para intentar mejorar la situación financiera de RTVE. Desde luego si vemos los déficits que sigue acumulando en los últimos ejercicios (previsión de 70 millones en este 2015,134 millones en 2014,113 millones en 2013, 112 millones en 2012, etc, etc), RTVE dista de ser una empresa “sana” desde un punto de vista económico.

El Tribunal de Cuentas llama la atención en su informe sobre diferentes aspectos del plan de prejubilaciones que se aprobó y ejecutó en RTVE. Empezamos con la Comisión Mixta Paritaria de Interpretación y Aplicación del ERE. Esta Comisión tenía como única competencia realizar el seguimiento de los compromisos contemplados y resolver cuantas discrepancias pudieran plantearse en el desarrollo de las medidas contempladas en el ERE. Hasta aquí todo correcto ya que este tipo de comisiones constituyen una práctica habitual en todos los expedientes de regulación de empleo. Lo que no es habitual es que de los cinco representantes de la Dirección de la empresa que acuden a la constitución de la Comisión, cuatro de ellos estaban incluidos en el ERE… Para evitar un posible conflicto de intereses, hubiese resultado más oportuno nombrar como representantes de la Dirección en esta Comisión a personas que no estuvieran incluidas en el ERE.

El otro aspecto que destaca el Tribunal (y que tampoco es una práctica habitual) es que la Comisión Mixta adoptase una serie de decisiones que excedían claramente de su competencia. En concreto, alcanzaron acuerdos (por unanimidad por cierto) que suponían subidas generalizadas a todos los perceptores del ERE…Debido a su complejidad, no se ha podido cuantificar, ni siquiera de una manera aproximada, el importe económico que estas decisiones han supuesto.

Otro punto importante donde el Tribunal ha puesto foco es en el cálculo de la Base Salarial Bruta de cada trabajador (que es el elemento básico para obtener larenta neta que cobraría el trabajador prejubilado).

El Plan de Empleo previó subir la Base Salarial Bruta, el 1 de enero de cada año, por la mayor de las dos cantidades siguientes: la que prevea la Ley de Presupuestos Generales del Estado (para el personal al servicio del Sector Público) o la que aplicara la Corporación para sus trabajadores. Ello ha supuesto, durante el periodo 2007-2013, un incremento salarial para los prejubilados del Ente del 9,39% (no se han visto afectados por los ajustes salariales del sector público del año 2010).

Adicionalmente se negoció  otra subida salarial anual acumulativa del 2,5% como cobertura dela inflación estimada y/o por los deslizamientos salariales para los 16 años en que estaría en vigor el ERE. Para el Tribunal esta segunda subida directamente no tiene justificación económica. Y es que según sus cálculos, el efecto de la doble subida que tienen los trabajadores desvinculados por el ERE va a suponer que,a partir del ejercicio 2020, un trabajador prejubilado va a ganar más en neto de lo que percibiría en activo de haber continuado en la Corporación.

La fiscalización del Tribunal no se olvida del régimen de incompatibilidades. Los trabajadores acogidos al ERE no pueden prestar servicios por cuenta propia o ajena, ni en la Corporación, ni en sus filiales o participadas, ni en empresas que estén en competencia directa con las actividades de la Corporación. Esto es habitual y lógico, el problema es que no se establecieron mecanismos para controlar el cumplimiento de esas incompatibilidades…. por lo que está resultando muy complicado localizar a trabajadores prejubilados que puedan estar trabajando para la competencia. Para rematar, cuando se localiza uno, las consecuencias son escasas ya que el Ente Público inicia un complicado sistema de reclamación que a veces acaba en los Tribunales y como resultado final, se le descuentan los días en los que se ha podido demostrar que estaba trabajando efectivamente (que normalmente no son todos).

Y podríamos seguir enumerando aspectos del Informe del Tribunal de Cuentas pero estamos alcanzando un nivel de indignación empieza a ser perjudicial para nuestra salud… Vamos a finalizar recordando eso sí que las decisiones que adoptan los cargos públicos en contra de una adecuada y eficiente gestión de los recursos públicos las acabamos pagando todos con nuestros impuestos:1.722 millones de euros es la “factura” en este caso.