¡Ay, Derecho! El Consejo de Seguridad Nuclear otra vez. De politización y ceses en puestos técnicos de libre designación

Desde este blog hemos venido denunciando reiteradamente el problema que supone para el adecuado respeto a los principios de mérito y capacidad en el sector público el nombramiento “a dedo” de numerosos puestos de trabajo que no tienen carácter directivo, sino técnico. Son los ya famosos “puestos de libre designación” que en nuestras Administraciones Públicas proliferan como la espuma, de manera que en ciertos organismos reguladores, como en el Tribunal de Cuentas, la mayoría de los puestos de carácter técnico (es decir, de letrados o de auditores) se cubren por este sistema, como ha denunciado recientemente el Peer Review realizado por el Tribunal de Cuentas europeo y el portugués a nuestro Tribunal de Cuentas (En breve publicaremos el estudio de la Fundación ¿Hay Derecho? donde se estudia a fondo este fenómeno destacando la diferencia con lo que sucede en otros países de nuestro entorno).

Pero el problema no se acaba con el nombramiento para los puestos de libre designación por razones de confianza, confianza que en el país del enchufe suele estar más ligada a las relaciones personales y a las afinidades que a la formación y la experiencia profesional. Efectivamente, en estos puestos el cese es libre – o así lo vienen interpretando las instituciones-  y por tanto por solvente y capaz que sea la persona que lo desempeña, siempre  está al albur de esa pérdida de confianza que nadie se molesta en justificar en razones más o menos objetivas o profesionales, porque va de suyo que o se tiene o no se tiene. Así las cosas, no hay que extrañarse de que en nuestras Administraciones los funcionarios se caractericen más bien por cierto conformismo frente a las instrucciones de sus superiores jerárquicos, incluso en los casos en que estas instrucciones resulten técnica o legalmente dudosas.  Hay que recordar que los puestos de libre designación son los puestos superiores de la carrera profesional, los mejor retribuidos y los más interesantes.  Los empleados públicos poco dóciles se juegan literalmente el puesto.

Hasta hace relativamente poco los Tribunales de Justicia tampoco han sido especialmente beligerantes con los requisitos para realizar este tipo de nombramientos o ceses. Las cosas han empezado a cambiar un poco en relación con los nombramientos en la propia Carrera Judicial (probablemente algo tendrá que ver con el conocimiento directo por parte de los juzgadores de cómo se hacen) pero todavía queda mucho camino por andar, aunque ya existen también sentencias que exigen una motivación basada en razones profesionales y objetivas tanto para realizar un nombramiento como un cese en un puesto de trabajo de libre designación en otros ámbitos distintos al de la carrera judicial.

Eso sí, lo que ha cambiado muy poco es la práctica de nuestras instituciones.  Recientemente hemos vuelto a tener un ejemplo muy interesante de cómo un organismo regulador, el muy politizado Consejo Seguridad Nuclear (en su día le dedicamos algún post a la impugnación por parte de UPYD de los nombramientos de sus Vocales)  utiliza el libre cese de un empleado público, aunque esta vez no nos podemos quejar de falta de motivación.

Conviene recordar para los despistados que recientemente el PP ha nombrado como Consejero a un catedrático en Ingeniería nuclear que había formado parte de sus listas electorales municipales, rompiendo así el tradicional “equilibrio” (léase reparto por cuotas partitocráticas) entre los grandes partidos. Del perfil de los demás (ex secretarios de Estado, ex Ministras diputadas, y hasta pediatras) ya hemos hablado largo y tendido.

Pues bien, en este caso el Consejo justifica en una nota informativa sin precedentes por lo extensa y lo prolija el cese de la  persona que ocupaba un puesto “predirectivo” (sic) como Jefe de Area de Experiencia Operativa y Normativa en la Subdirección de Instalaciones Nucleares en la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear. Da un poco de vértigo pensar que este tipo de puestos también son de libre designación, como los de los gerentes de hospitales, de los que también nos hemos ocupado aquí 

En definitiva, en España los puestos técnicos resulta que son de confianza, es decir, que son de quita y pon, lo que es una consecuencia directa de la politización de nuestras instituciones. Crucemos los dedos para que no ocurra nada grave. En ese sentido, es muy ilustrativa la nota del Consejo que pueden leer completa aquí. pero para los que tienen poco tiempo he seleccionado un par de párrafos:

“La revisión de este procedimiento se llevó para su aprobación a la reunión del Comité del Sistema de Gestión que tuvo lugar el 21/07/2015. En esta reunión, en presencia de dos miembros del Pleno, el interesado se permitió cuestionar la autoridad del director técnico de Seguridad Nuclear, manifestando su posición contraria a esta revisión y expresando “que se estaba cambiando el procedimiento de clasificación de sucesos en la escala INES por la puerta de atrás. Esta actitud absolutamente improcedente, obviando los deberes de los empleados públicos y el código de conducta que establecen los artículos 52 y 53 de Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, desencadenó la petición de su cese por parte del director técnico motivada por la pérdida de confianza, que se había venido produciendo a lo largo de los últimos meses como se ha mencionado anteriormente.

El CSN quiere reiterar que una modificación de la asignación de un responsable en un puesto de trabajo en un puesto de libre designación, es una modificación de orden interno, que no se trata de un despido sino de una reasignación de un responsable a otras tareas y que se produce dentro del funcionamiento normal de cualquier institución. De igual forma, la Dirección no puede permitir el establecimiento de estructuras paralelas en los mecanismos de toma de decisiones, ni que se arroguen atribuciones que no corresponden. También y como garante de la seguridad nuclear y la protección radiológica de los ciudadanos en España, el CSN quiere con esta nota informar que este es un asunto de orden interno y de carácter puramente laboral, que no compromete ni la seguridad de las centrales nucleares ni la comunicación de la misma.”

En fin, la reacción de FEDECA, la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración, no se ha hecho esperar en forma de carta pasada por registro del CSN y también dirigida al Congreso de los Diputados denunciando este tipo de prácticas que tanto contribuyen a deteriorar la imagen de neutralidad y profesionalidad de las instituciones y por tanto su credibilidad.

¿La solución? Urge recuperar el principio de mérito y capacidad en el sector público. A mi juicio a estas alturas esto ya solo es posible suprimiendo la libre designación (y el libre cese) para los puestos de carácter técnico, es decir, para todos los puestos que no tengan carácter directivo, entendidos en sentido estricto y limitados a los niveles 30. Esperemos que algún partido político de los que no tienen hipotecas  se atreva a proponer y sobre todo a exigir este tipo de medidas.

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988

En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia

En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.

En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.

En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.

Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,

de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.

En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.

Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?