Un regalo envenenado (La Infanta y la doctrina Botín)
Afirma Montesquieu en El Espíritu de las Leyes que el principio necesario en una democracia es la virtud, mientras que en una monarquía puede bastar con el honor, atributo basado en un prejuicio: el de la respectiva condición dentro de la estructura social y política. Para la subsistencia de un cierto anacronismo como es una monarquía parlamentaria se necesitan, sin duda alguna, ambas cosas.
La cita viene a cuento por la elevada probabilidad de que en la fase previa del juicio por el caso Nóos, que ahora comienza, a la Infanta se le aplique la “doctrina Botín” y quede exonerada a las primeras de cambio. Esa doctrina deriva de una interpretación imaginativa del art. 782.1 LECrm efectuada por el Tribunal Supremo con ocasión de la imputación del famoso banquero. Conforme a ella, no es posible enjuiciar a una persona cuando no acusa ni el Fiscal ni el directamente ofendido por el delito (la acusación particular), pese a que sí lo haga la acusación popular.
En realidad –conforme a una matización posterior realizada para el caso Atutxa- el que se le aplique o no a la Infanta depende tan solo de dilucidar si el delito fiscal que se le imputa tiene un perjudicado concreto o afecta de manera general a toda la colectividad. Si fuese lo primero, dado que tanto el Ministerio Fiscal como la Hacienda Pública han pedido el sobreseimiento, su exoneración quedaría garantizada. En el segundo caso, sin embargo, la persistencia de la acusación popular ejercida por “Manos Limpias” bastaría para impedirlo.
Es verdad que hay muchos argumentos técnico-jurídicos para defender la aplicación de esa doctrina en este caso (al fin y al cabo muy parecido al del propio Sr. Botín). La resolución del Tribunal estimándola en la fase preparatoria que ahora se inicia no podría nunca calificarse de arbitraria. Seguro que sería recibida con alborozo por la Infanta y sus abogados. Pero hasta qué punto esto constituiría una buena noticia para nuestro Estado de Derecho en general, y para la Corona en particular, es harina de otro costal. Al menos podemos presumir que a Montesquieu le hubiera inquietado bastante.
Comencemos por el Estado de Derecho. El que en ciertos casos con acusados ilustres el Fiscal se empeñe en no acusar, el Abogado del Estado en no defender a su cliente y los jueces en forzar la interpretación de las normas (o considerar los delitos fiscales como delitos con perjudicado concreto) para negar legitimación a la acusación popular, pienso que nos debería suscitar a todos cierta preocupación. Ya de entrada nos indica que algo no funciona muy bien en nuestro entramado institucional: que nuestros altos funcionarios no gozan de la debida independencia o que por algún motivo los criterios de supuesta conveniencia política se imponen frente a los estrictamente jurídicos.
Además, la sutil distinción a estos efectos –consagrada por el juego combinado de las doctrinas Botín y Atutxa- entre los delitos que perjudican a uno solo (aunque como bien recordaba el juez Castro ese uno llamado Hacienda seamos todos) y los que no tienen perjudicado conocido, merece un comentario aparte. Hace más de dos mil quinientos años Solón, el creador de la democracia ateniense, negó expresamente que tal distinción pudiera tener ningún sentido en un régimen democrático. Si hubiera que destacar alguna de sus leyes, quizá la más relevante es la que atribuía a cualquier ciudadano la posibilidad de denunciar a quién hubiese cometido una ilegalidad, aunque el denunciante no hubiera sufrido ningún perjuicio personal, pues toda ofensa es un ataque a la ciudad, y, a través de ella, a todos y cada uno de los individuos que la integran. Si esto es cierto con carácter general, mucho más en un país como el nuestro, en el que gran parte de sus instituciones supuestamente independientes han sido capturadas por nuestras élites extractivas; y mucho más en este caso, en el que están en juego intereses colectivos de primer orden, no solo por el bien lesionado, sino por el protagonismo y la preponderancia social de la autora. No olvidemos que si el Derecho vale algo en una democracia, es principalmente por constituir un freno al abuso de poder, que por definición siempre se ejerce por quien lo ostenta.
Esta última reflexión nos conduce a examinar el impacto que la exoneración de la Infanta por aplicación de la “doctrina Botín” puede tener para la Corona. El caso Nóos es sintomático de una forma de hacer negocios en España, y por eso no se limita al fraude fiscal, sino que gran parte de los imputados (entre ellos once cargos públicos) van a tener que responder de acusaciones tan graves como malversación, prevaricación, falsedad, estafa, fraude a la Administración, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Presuntos delitos que han costado al contribuyente unos cuantos millones de euros. Y si hay algo absolutamente obvio, es que este caso no se explica sin la presencia directa o indirecta de Urdangarín; es decir, de la Infanta; es decir, de la Corona. El que a la hermana del Rey le imputen únicamente un delito fiscal tiene relevancia solo para la interesada y solo desde la perspectiva penal. Para la sociedad española y su régimen político lo que está en juego es algo mucho más trascendente.
La abdicación del Rey Juan Carlos y los nuevos modos impuestos por su sucesor Felipe VI, incluida su decisión de retirar a su hermana el título de duquesa, han supuesto un paso muy importante para acompasar la institución a las nuevas exigencias de regeneración moral e institucional que, afortunadamente, dominan ahora en la política española. Por esto hemos salido ganando todos, pero principalmente la Corona. De ahí que la posible decisión de no enjuiciar a la Infanta -recordemos que por inacción de nuestras instituciones- puede tener un efecto mucho peor para nuestra monarquía parlamentaria que su absolución tras un juicio en condiciones o, incluso, que su condena. Sencillamente, porque así se habrá negado no solo la virtud, sino también el honor: el prejuicio habrá saltado por los aires, porque nadie en su sano juicio podrá a partir de ahora atribuir ciegamente a los miembros de la institución monárquica el voto de confianza que esta necesita para sobrevivir. Más bien cabe prever que sea sustituido por otro prejuicio contrario nacido de la frustración y de la sospecha.
Efectivamente, mal favor habrán hecho en ese caso a la Monarquía la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los Tribunales; un regalo envenenado a nuestro Rey de digestión complicada, máxime cuando la eliminación de la Infanta del orden de suceder en la Corona no depende del Monarca sino de la propia interesada. Y no hay que presumir que el librarse in extremis de ser enjuiciada, aunque sea por motivos tan singulares, le vaya a mover a ello, si no lo ha hecho hasta ahora. Más bien lo contrario.
Este asunto constituye un buen símbolo de muchas cosas que han pasado y siguen pasando en nuestro país. Pero una de las más significativas es que demuestra hasta qué punto las componendas, atajos y manipulaciones institucionales bajo la socorrida invocación a la “razón de Estado” son nefastas para una democracia y para la credibilidad de sus instituciones. Esperemos que en la nueva época política que ahora se inicia las cosas vayan cambiando paulatinamente. Aunque me temo que para este caso será ya demasiado tarde.
Rodrigo Tena Arregui es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario de Madrid por oposición (OEN 1995). Ha sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Juan Carlos I de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de la revista El Notario del siglo XXI.
Más que sobre las consecuencias políticas estaría mejor un análisis más desarrollado sobre los fundamentos jurídicos de la argumentación respecto a la legitimación procesal, que es de dónde se ha sacado de contexto lo de que "Hacienda somos todos sólo es publicidad". Es decir, y con la ley en la mano, que es lo que tienen que aplicar los tribunales, ¿tiene la AEAT otorgada la competencia de representar a la Hacienda Pública?
Si entiendo bien, a "La Institución" conviene que sea juzgada la Infanta para mantener su credibilidad. Supongo que la futura porque la pasada quizás sea mejor que se vaya diluyendo y solo quede lo bueno.
¿Aunque ello suponga la no aplicación de la ley a la cual esta señora tiene derecho, como cualquiera de nosotros? No lo tengo tan claro.
Parece que las dos cosas son ciertas y en la primera coincido con Rodrigo.
Pero no creo que sea justo y la justicia no puede ser "lo que conviene" a quien sea. No lo es.
De hecho es bastante evidente que esto es, –también y quizás principalmente–, un recurso mediático para ocultar cosas cien veces más graves pero de poca cobertura por los mismos medios que se ceban en esta mujer ya destrozada inmisericordemente de por vida.
Pero hay algo que no termina de encajar en estos procesos penales promovidos por lo que se llama "Acción Popular" –¿me representan a mí?¿a quién representan realmente?–.
Para empezar cada vez que escucho la palabra "Pueblo" para referirse a la "Ciudadanía" me echo la mano a la cartera porque seguro que vienen a por ella en sentido no necesariamente literal pero también. Las palabras delatan y guían el pensamiento.
Si en una cuestión penal no se personan voluntariamente pudiendo hacerlo por si mismos los supuestamente afectados y además manifiestan reiteradamente que no hay daño y cualquiera puede sustituirlos porque "los bienes públicos son de todos" o por lo que sea, creo que estamos en la vía rápida de escape un sistema judicial que ofrezca seguridad jurídica y paz social real.
Simplemente porque solo el proceso es peor que una condena y los medios (siempre al servicio de algún interés) la multiplican eternamente. Además es como tener al El confidente de la KGB en el piso de enfrente. Ya funciona en algunas partes de España.
Nadie está salvo de sus enemigos con medios y el rencor suficiente. Ni de Partidos Políticos que usen el sistema para sus fines de Ingeniería social o de mero interés electoral.
España tiene mucha, larga y tristísima experiencia de denuncias falsas por intereses espurios y casi ninguna defensa contra ellas. La guerra civil, las guerras civiles, fueron una gran y perversa escuela.
Este es un tema de fondo porque hay que recordar que el sistema es frágil y se está viniendo abajo por muchas cosas, pero también por esta.
Recordemos que el Sistema Legal es suspendido por la ciudadanía de los 28 países europeos y tan causa de ello es el uso sectario de la ley desde la base como desde las alturas, desde "la opinión" o desde los "Hate Politics", las políticas del Odio y de la Envidia, que tanto juego político ofrecen en algunas sociedades.
Es un asunto de fondo y delicado sobre el que trata de ilustrar Scruton en esta charla que tiene bastante miga porque está sucediendo ahora mismo y nos afecta profundamente desde la Ideología de Fondo en Europa: El Relativismo Moral. Vale la pena verlo en algún momento de reflexión y estudio.
https://www.youtube.com/watch?v=l5BXyvMU80Q
Buenos días y muchas gracias.
"¿Aunque ello suponga la no aplicación de la ley a la cual esta señora tiene derecho, como cualquiera de nosotros? No lo tengo tan claro."
Querido Manu:
¿Crees de verdad que en tu caso no te habría acusado el Ministerios Fiscal o la Abogacía del Estado? ¿Que a ti te hubieran defendido con esa pasión y ese celo?
Aun en ese caso milagroso, ¿crees de verdad que a ti, humilde ciudadano, te habrían aplicado literalmente la doctrina Botín y no habría encontrado un argumento para no hacerlo?
Como cualquiera de nosotros…. Madre mía.
Por eso le conviene a la Corona que sea juzgada y no por ninguna otra cosa.
Coincido con Rodrigo.
La pregunta no es simplemente teórica. La mujer del socio de Urdangarín está procesada y en su caso, por conducta análoga, al menos formalmente, que la de Doña Cristina de Borbón, ahí sí que el abogado del Estado y el fiscal han presentado acusación.
A mí lo que no me cuadra es que no haya ningún responsable político del desaguisado. Es lo normal en Estepaistán, donde hay quien tras firmar cheques de millones de euros luego alega que toda la responsabilidad es de quien le ha puesto el papel delante.
Comentario al margen del asunto principal:
Esa idea de Montesquieu del honor y la virtud, que sirve para ilustrar el post, es algo que se discutió desde hace más de veinte siglos.
La idea de que el honor o la nobleza se adquiere/transmite por el nacimiento -nobilitas ex generis virtute- encontró réplicas de algunos de los grandes historiadores romanos -ex virtute nobilitas coepit, ex virtute nobilitas gignitur…-. Y ha sido asunto de reflexión continua hasta nuestro tiempo. En España hay varios trabajos que tocan este tema de un modo u otro. Ortega, García-Valdecasas, Lisón, Iglesias…
El caso de la infanta demuestra que sin virtud se desmorona el poder simbólico de la Corona y que no hay más honor ni más nobleza que la derivada de la vida recta y virtuosa.
Queridos Rodrigo y Ennecerus,
Si las circunstancias y la actuación de la esposa del otro socio, Sr. Torres, han sido idénticas a la de la Infanta no me queda más remedio que estar de acuerdo con vuestra posición y lo hago con mucho gusto desde ahora mismo. Sin reservas.
Esto lo veremos pronto porque la defensa de la Sra. de Torres no puede pasar esta oportunidad por alto. Sin duda sería escandaloso. Realmente peor que escandaloso: demoledor. En esta tesitura también estoy de acuerdo con Rodrigo: mejor hundirse uno de frente que tirar todo por la borda causando un gran daño institucional. Espero que lo hayan tenido en cuenta.
—————
Hace unos pocos días –en una pequeña tertulia nocturna a la que acuden un par de veteranos magistrados de nuestro Alto tribunal– se planteó esta cuestión y la respuesta informal pero unánime y discreta hacia el final de la cita fue que no veían otra salida para el tribunal de Palma que acceder a la petición de la defensa de Dña. Cristina con los argumentos que más o menos he dado. Por el artículo deduzco que Rodrigo es de la misma opinión.
A mi lo que me molesta de todo esto es el espectáculo de una madre arruinada de por vida por algo que cualquier esposa de las de antes hacía sin mirar ni pensar dos veces.
Ver que toda la prensa sigue la misma directriz en primera plana –habiendo sucesos mucho más graves– nos recuerda otros tiempos de España.
Pero la situación es la que es: tapar la corrupción estructural es hoy Cuestión de Estado. Y para ello casos muy menores, como lo de Noos, han venido de perlas.
En fin, creo que la defensa de Torres y de su esposa va a ser muy interesante. Es una pena pero no hemos visto el final del túnel.
Un cordial saludo y ánimo.
Sobre este asunto no está de más recordar lo que dijo hace tiempo Rajoy
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/20/actualidad/1390251142_843799.html
Me pregunto que hubiera pasado en el Reino Unido si el Primer Ministro ante un escándalo en el que estuviera implicada alguna persona de la familia real hubiera dicho lo mismo.
El relato,…, siempre es el relato; la cosmovisión.
Como ya he dicho anteriormente “Estado de Derecho” se articula realmente como “Derecho de Estado”. Con su supuesto antagónico sería “Estado policial” como “Estado de Policía”.
Dado ese es el relato, se buscan latigazos tecno-cráticos para mantener la servidumbre de una supuesta "borregada" (nombrada como pobre e inculta generalmente). Y en ello, perder el tiempo en trivialidades, las cuales el “sentido común” ni siquiera se para a pensar por inmediatas.
Un caso es, “Hacienda somos todos”; yo no sé ustedes pero yo no soy Hacienda, por lo tanto –es falso–.
Pero por otra parte, la justicia es un interés directo del pueblo (como dije por ahí atrás como la moral resuelve los conflictos, la ley en democracia), los accionistas de la corporación Estado; en una democracia, son todas y cada una de las personas. Por ello, el “populacho” siempre es parte perjudicada de la malversación de los fondos públicos, e incluso de la indecencia de uso de los privados. De hecho es la parte más perjudicada, pues se hace con el monopolio de la violencia.
Lo que por otros lares sería “El pueblo contra (el que sea)”
Pero es que en España, en todas esas piruetas ilógicas de mantener –el relato-, la justicia se administra en nombre del rey (artículo 117.1 “Constitución”), no del pueblo. Y he de ahí toda esa indecencia burocrática, disparate a la razón pero a su vez realidad jurídica española “con fundamento”.
Recordemos, el Estado es una corporación con dinámicas propias, y al igual que no somos Hacienda, tampoco somos el Estado.
Sino la parte civil que legitima su existencia, cuando este último (el Estado) acata y aplica las leyes aprobadas –por lo que no es ello mismo–. En caso contrario, si son leyes de Estado (son pura corrupción),…,no hay nada que hacer.
Para no ser ello mismo, evidentemente, quien hace las leyes debe ser –la parte que paga– o su representante directo (pagado por ellos directamente; sin el Estado intermediario), no –la que cobra– (administración + gobierno). Tal y como cobran los diputados, y, mostraron hoy en un espectáculo bochornoso, a lo que van es –a chupar de la teta–; como hemos visto. Por mucho que vayan de “revolucionarios de parlamento”,…, no hay control de poder.
Vamos, la cámara contra-envidia (aristocrática) que cita Montesquieu, no la del “populacho” contra-poder,…
Es obvio, democracia y monarquía son de conjugación imposible,…
“Los grandes siempre están expuestos a la envidia, y si fueran juzgados por el
pueblo correrían peligro, pues no tendrían el privilegio que el último de los
ciudadanos tiene en las naciones libres: el de ser juzgado por sus iguales. Es
preciso, pues, que los nobles comparezcan, no ante los tribunales ordinarios, sino
ante la parte del cuerpo legislativo formada por los nobles.”
Colapso2015
''los accionistas de la corporación Estado''. Ok, pero lástima que, hasta ahora, seamos más bien accionistas nominales .. sin acciones. Unos estupendos titulos accionariales y soberanos sobre España en poder y propiedad del populacho, si nos evitarian tener siquiera que preocuparnos de los dimes y diretes (y ruinosos caprichos para la ciudadanía )de los Botin, Ortega, Roig, Rajoy, Sachez, Rivera, P. Iglesias, etc.. Todo se andará.
Me refiero más bien a acción como parte de un impulso, apoyo, …, creación y legitimación social.
Desde el punto de vista mercantil, el dinero no tiene patria,…, y el beneficio tampoco.
Pues resulta que según el Tribunal Supremo Hacienda sí que somos todos (párrafo tercero) http://economia.elpais.com/economia/2016/01/13/actualidad/1452715925_981129.html#?ref=rss&format=simple&link=guid
Puede que el dinero no tenga patria pero si dueños. Yo si preferia tener en mis manos ( y en las manos del resto de ciudadanos ) unos espléndidos titulos-acciones con la parte correpondiente a mi participación en el patrimonio y beneficios de mi Estado. Después, pero sólo después de tener esa propiedad, no tendría ningun inconveniente en valorar como le dariamos sentido en cuanto a impulso, apoyo o legitimación social. Entre otros beneficios de tal propiedad, nos evitariamos definitivamente administradores corruptos propensos a vender el Estado por su cuenta y riesgo, y al 3 % de comisión, p. ej. Saludos
El dinero, hoy día (fiduciario), es un derecho de cobro patrocinado por la violencia del Estado.
Si bien, se cruza con el relato-propiedad y toda su arquitectura legal, cosa-propiedad, en ello se convierte en algo aparentemente privatizable. Ello, permite desligar sin remordimientos y de forma superficial movimientos transnacionales de capitales del Estado patrocinador y su violencia; en una ficción de pulcritud mercantil despreciando de forma tangencial efectos secundarios.
El Estado moderno, patrocina la vida (prosperidad, seguridad,..) pero también la muerte (militar, policial,..), por ello, cualquier comparación con una empresa (jerárquica-propiedad), si bien es el real origen de ello en las ciudades-Estado italianas, conlleva la aniquilación de la moral y por derivada la libertad ética. Las cuales dan consistencia y fluidez a la relación social.
La propiedad es una ficción, actualmente apoyada de forma muy importante en el Estado. Por ello, es absurdo pensar que quien otorga los derechos de propiedad va ser el mismo que proporcione los beneficios de la propiedad.
Algo se debe tener en cuenta, siempre, es la dimensión y la relación. Las dinámicas de grupos,…, sean públicos o privados es el control del poder.
El tema es complejo, siglos de racionalización no han conseguido grandes avances en como hacerlo.
Yo no veo, francamente, en absoluto, que el que los ciudadanos poseyesen titulos soberanos de su Estado (hasta ahi se termina la comparación con una empresa privada, y solo con los mismos objetivos de: propiedad y control efectivo y jurídico de su patrimonio monetario) vaya a limitar o aniquilar la moral y libertad etica en la sociedad. Moral y libertad, son actos y acciones distintas a la propiedad. Con fines distintos y que si se pueden desarrollar en otros ambitos fuera (o dentro) de la estructura estatal.
Puede que el dinero no tenga patria pero si dueños. Yo si preferia tener en mis manos ( y en las manos del resto de ciudadanos ) unos espléndidos titulos-acciones con la parte correpondiente a mi participación en el patrimonio y beneficios de mi Estado. Después, pero sólo después de tener esa propiedad, no tendría ningun inconveniente en valorar como le dariamos sentido en cuanto a impulso, apoyo o legitimación social. Entre otros beneficios de tal propiedad, nos evitariamos definitivamente administradores corruptos propensos a vender el Estado por su cuenta y riesgo, y al 3 % de comisión, p. ej. Saludos
Por rizar un poco el rizo: hay otra derivada, que es que la doctrina Botín podría ser, en un momento dado, abandonada, si no se estima ajustada a Derecho en virtud de una nueva apreciación. En principio, para apartarse de su precedente, el Tribunal no tendría que cumplir más requisitos que hacerlo de forma consciente y motivada. También podría el Tribunal, no descartar la doctrina en sí, pero sí aplicarle una excepción novedosa y radical, la de que la misma no jugaría cuando el perjudicado sea el interés público. Sería como una forma de reconocer que el Gobierno de turno no tiene el monopolio de la apreciación del interés general cuando de protegerlo penalmente se trata. No seria irrazonable. Ahora bien, y aquí viene lo del rizo, ¿estaría vedado este giro jurisprudencial por la doctrina que prohíbe la retroactividad penal? ¿Sería aquí de aplicación la tesis del TEDH que desautorizó la doctrina Parrot? ¿Podría la Infanta alegar que, cuando su marido actuaba, ella cerraba los ojos, confiando legítimamente en que, llegado el caso y si por un casual ni el MF ni la Hacienda la acusaban, la doctrina Botín la ampararía frente a la acusación popular? En puridad sí… Paradojas de la vida. Por lo demás, coincido con Rodrigo en el análisis político (no es bueno para la Corona ni para la Hacienda que no haya enjuiciamiento) y con Manu en el humano (es demasiado castigo, la mujer merece también alguna palabra de compasión).
Por rizar un poco el rizo: hay otra derivada, que es que la doctrina Botín podría ser, en un momento dado, abandonada, si no se estima ajustada a Derecho en virtud de una nueva apreciación. En principio, para apartarse de su precedente, el Tribunal no tendría que cumplir más requisitos que hacerlo de forma consciente y motivada. También podría el Tribunal, no descartar la doctrina en sí, pero sí aplicarle una excepción novedosa y radical, la de que la misma no jugaría cuando el perjudicado sea el interés público. Sería como una forma de reconocer que el Gobierno de turno no tiene el monopolio de la apreciación del interés general cuando de protegerlo penalmente se trata. No seria irrazonable. Ahora bien, y aquí viene lo del rizo, ¿estaría vedado este giro jurisprudencial por la doctrina que prohíbe la retroactividad penal? ¿Sería aquí de aplicación la tesis del TEDH que desautorizó la doctrina Parrot? ¿Podría la Infanta alegar que, cuando su marido actuaba, ella cerraba los ojos, confiando legítimamente en que, llegado el caso y si por un casual ni el MF ni la Hacienda la acusaban, la doctrina Botín la ampararía frente a la acusación popular? En puridad sí… Paradojas de la vida. Por lo demás, coincido con Rodrigo en el análisis político (no es bueno para la Corona ni para la Hacienda que no haya enjuiciamiento) y con Manu en el humano (es demasiado castigo, la mujer merece también alguna palabra de compasión).
Creo que Cristina de Borbón ya no es "infanta" al igual que Juan Carlos de Borbón habría perdido su condición real al abdicar en su hijo ¿no es así? aunque se le haya puesto despacho en el propio Palacio real. Puedo estar equivocado pero, en todo caso, querría plantear el tema como lo hace el periodista Jesús Cacho en "Vozpópuli": "…. a quien se juzga en realidad es al padre". De ahí la posición "oficial" u oficiosa de la acusación y su negativa a ampliar o aceptar pruebas propuestas con argumentos que no se tendrían en pie ante un tribunal independiente . De igual forma que se puede retorcer la norma en un sentido se puede hacer en el contrario, sobre todo si tiene el soporte de que la Justicia se imparte "en nombre del rey" (no del pueblo, como muy oportunamente se señala en algún comentario). La cara de Cristina de Borbón en el banquillo lo dice todo. "Los hijos pagan la culpa de los padres" dice Ibsen en su drama "Espectros". Esto parece así y desde luego no se ha desmentido (que yo sepa) la estimación de la fortuna que hace "Forbes" y tampoco parece que se haya rastreado su formación. Hay demasiadas incógnitas alrededor del caso y -tengo la impresión- que pocas ganas de seguir tirando del hilo conductor tal como se está haciendo en otros casos.
Creo que Cristina de Borbón ya no es "infanta" al igual que Juan Carlos de Borbón habría perdido su condición real al abdicar en su hijo ¿no es así? aunque se le haya puesto despacho en el propio Palacio real. Puedo estar equivocado pero, en todo caso, querría plantear el tema como lo hace el periodista Jesús Cacho en "Vozpópuli": "…. a quien se juzga en realidad es al padre". De ahí la posición "oficial" u oficiosa de la acusación y su negativa a ampliar o aceptar pruebas propuestas con argumentos que no se tendrían en pie ante un tribunal independiente . De igual forma que se puede retorcer la norma en un sentido se puede hacer en el contrario, sobre todo si tiene el soporte de que la Justicia se imparte "en nombre del rey" (no del pueblo, como muy oportunamente se señala en algún comentario). La cara de Cristina de Borbón en el banquillo lo dice todo. "Los hijos pagan la culpa de los padres" dice Ibsen en su drama "Espectros". Esto parece así y desde luego no se ha desmentido (que yo sepa) la estimación de la fortuna que hace "Forbes" y tampoco parece que se haya rastreado su formación. Hay demasiadas incógnitas alrededor del caso y -tengo la impresión- que pocas ganas de seguir tirando del hilo conductor tal como se está haciendo en otros casos.
Para Montesquieu, la virtud de la República es la FRUGALIDAD.
Como el Honor es la Virtud de la Monarquía.
Texto:
CAPITULO III
DEL PRINCIPIO DE LA DEMOCRACIA
"Los políticos griegos que vivían en gobierno popular, no reconocían otra fuerza
que pudiera sostenerlo sino la de la virtud. Los de hoy no nos hablan más que de
manufacturas, de comercio, de negocios, de riquezas y aun de lujo.
Cuando —la virtud— desaparece, la ambición entra en los corazones que pueden
recibirla y la avaricia en todos los corazones. Los deseos cambian de objeto: se
deja de amar lo que se amó, no se apetece lo que se apetecía; se había sido libre
con las leyes y se quiere serlo contra ellas; cada ciudadano es como un esclavo
prófugo; cambia hasta el sentido y el valor de las palabras; a lo que era respeto se
le llama miedo, avaricia a la —frugalidad—."
Nota de DE La HARPE:
"Se ha argüido contra Montesquieu, como si él hubiera dicho que la virtud es propia de
las repúblicas y que las monarquías se rigen por el honor; pero él no ha dicho una
cosa ni la otra. Lo que ha dicho es que mantiene los Estados lo que le sirvió para
fundarlos, y sabido es que la fundación de las repúblicas ha sido siempre en épocas
de virtud, así en los tiempos antiguos como en nuestro tiempo. Ved a los romanos
de la época del primer Bruto, a los suizos del tiempo de Guillermo Tell a los
holandeses de los días de Nassau, y en fin, a los americanos de Washington.
Cuando los hombres han parecido más grandes es cuando han merecido ser libres."
Veo que maneja la excelente edición del Espíritu de las Leyes, que se puede consultar aquí:
http://ausaj.org/sites/default/files/biblioteca/Montesquieu%20-%20Espiritu%20de%20las%20leyes.pdf
Gracias por la cita!!
Para Montesquieu, la virtud de la República es la FRUGALIDAD.
Como el Honor es la Virtud de la Monarquía.
El articulo supone una crítica, más o menos velada, a la Abogada de Estado y al Ministerio Fiscal a los que casi acusa de prevaricar. ¿ Ha analizado el autor el contenido íntegro de sus intervenciones o se ha limitado a darse por enterado leyendo la prensa? Sospecho que no. ¿ Tendría o tiene la suficiente preparación y conocimientos en esta materia para analizar lo que realmente se dijo ? ¿ Si la Sala da la razón a la Fiscalía y a la Abogacía leeremos un nuevo artículo criticándola., por supuesto sin leer y analizar la fundamentacion de tal decisión como es norma de los comentaristas que la misma tarde de notificarse una sentencia de varias páginas de extensión la califican a su antojo
Estimado Carlos Sicilia: El artículo es una crítica pero nada velada a la abogacía del estado y al fiscal. Llegar a decir que "Hacienda somos todos" es un simple lema publicitario es CIERTO, CIERTÍSIMO. Cualquier liberal de esos expulsados a los extramuros de lo políticamente correcto lo aplaudiría con las orejas. Pero en palabras de una abogada del Estado no puede, por desgracia, ser tomada en serio.
El pleito lo único que demuestra es el desmoronamiento de la autoridad "moral", en realidad poder fáctico duro y duro del ex jefe del estado, que tuvo que abdicar de forma precipitada cuando ni siquiera había informes jurídicos de si las Cortes debían aceptar la renuncia o simplemente, tomar nota.
Lo mismo que Juan Carlos no pudo heredar los poderes de Franco (le fueron legalmente limitados, aparte de que políticamente no se le reconocieron), lo mismo ha pasado al actual monarca, Felipe VI, incomparablemente más preparado que su padre y que parece que ha tomado buena nota de los desmanes políticos (y de otro tipo) perpetrados bajo la augusta jerarquía de su padre. Es de suponer que nada será igual.
Por lo pronto, me parece indiscutible que el Rey es ahora mismo el único responsable público que inspira confianza. De la de verdad, no de la de las encuestas precocinadas.
El articulo supone una crítica, más o menos velada, a la Abogada de Estado y al Ministerio Fiscal a los que casi acusa de prevaricar. ¿ Ha analizado el autor el contenido íntegro de sus intervenciones o se ha limitado a darse por enterado leyendo la prensa? Sospecho que no. ¿ Tendría o tiene la suficiente preparación y conocimientos en esta materia para analizar lo que realmente se dijo ? ¿ Si la Sala da la razón a la Fiscalía y a la Abogacía leeremos un nuevo artículo criticándola., por supuesto sin leer y analizar la fundamentacion de tal decisión como es norma de los comentaristas que la misma tarde de notificarse una sentencia de varias páginas de extensión la califican a su antojo
Estimado Ennecerus:
Literalmente el articulo dice:
"Que en ciertos casos con acusados ilustres el Fiscal se empeñe en no acusar, el Abogado del Estado en no defender a su cliente y los jueces en forzar la interpretación de las normas (o considerar los delitos fiscales como delitos con perjudicado concreto) para negar legitimación a la acusación popular, pienso que nos debería suscitar a todos cierta preocupación. Ya de entrada nos indica que algo no funciona muy bien en nuestro entramado institucional: que nuestros altos funcionarios no gozan de la debida independencia o que por algún motivo los criterios de supuesta conveniencia política se imponen frente a los estrictamente jurídicos"
Ante esto lo que yo quería y quiero poner de relieve – y ojalá me lo aclarase el autor – es que esa "preocupación" se origina en que se da por sentado que la abogacía del Estado no defiende a su cliente, al menos como debiera hacerlo. De ahí a deducir, aunque no se diga, o a inducir a los lectores a que algo no se ajusta a la legalidad o cuando menos al buen hacer profesional no hay más que un corto paso que desde luego la mayoría está dispuesto a dar.
Eso me parece grave. Lo que planteaba y sigo planteando es: ¿el ilustre Notario que es Rodrigo Tena ha analizado en su totalidad las alegaciones de la abogada del Estado ? Me parece difícil pues, que sepa, no se han publicado en ningún medio y creo que no estuvo presente en la vista. Por tanto, su opinión se basa en lo leído en la prensa, fuente de información muy poco técnica. Hago excusa de cualquier consideración acerca de si un magnífico notario tiene también conocimientos de derecho fiscal y procesal.
Estimado Carlos: El artículo no atribuye personalmente ni al Fiscal ni a la Abogada del Estado ninguna intención prevaricadora ni considera su actuación ilegal. La Fiscalía y la Abogacía del Estado son en nuestro país instituciones jerárquicas que actúan en función de las instrucciones que reciben de su superior, que en última instancia, directa o indirectamente, es el Gobierno de la nación. Por su actuación en este caso y en base a lo que luego diré, cabe sospechar que esas instrucciones han ido encaminadas a no acusar a la Infanta, quizás por considerar (en mi opinión equivocadamente) que servían mejor los intereses de la nación no acusando que acusando, dada las características de las personas implicadas. Y pienso que equivocadamente porque en un Estado de Derecho la no acepción de personas es la única vía que puede apuntalar su legitimidad, hoy tan amenazada en España. Por eso se concluye que una mayor independencia de esos funcionarios vendría francamente bien para que no pasasen estas cosas.
Para llegar a esta conclusión no es necesario saber mucho ni de Derecho fiscal ni de procesal. Aunque sinceramente sé lo bastante como para presumir que es muy probable que el Tribunal estime su alegación de aplicarle a la Infanta la doctrina Botín, porque hay razones jurídicas para ello, y así se dice expresamente en el artículo. Pero lo que también se dice es que resulta muy chocante, en un sistema contradictorio como el nuestro, que el Fiscal y la Abogada del Estado pretendan hacer un dictamen y no un alegato de parte. Esta no es la práctica de nuestros Tribunales ni nuestro sistema está construido de ese modo. Que el "Hacienda somos todos" sea un eslogan publicitario puede decirlo con todo fundamente un abogado defensor, pero en boca de la abogada de Hacienda es sencillamente terrorífico. Porque si en un sistema contradictorio el que tiene que contradecir no contradice, al menos cuando hay unos mínimos argumentos para defender su posición -y en este caso sin duda los hay- se priva al Juez de los instrumentos necesario para formarse una convicción imparcial y justa. Y además, en este caso al menos, se envía a los ciudadanos el mensaje de que Hacienda es un Leviatán, hasta para la propia Hacienda, idea un tanto contradictoria en una verdadera democracia y de escasos réditos pedagógicos.
Estimado Rodrigo:
Me permitirás que vea ciertas contradicciones en tu argumentación.
Reconoces que “es muy probable que el Tribunal estime su alegación (la de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía) de aplicarle a la Infanta la doctrina Botín, porque hay razones jurídicas para ello”. Y a continuación afirmas que “resulta muy chocante, en un sistema contradictorio como el nuestro, que el Fiscal y la Abogada del Estado pretendan hacer un dictamen y no un alegato de parte.” La pregunta entonces es: ¿se debe acusar cuando solo se cuenta como mucho, como tu dices con “mínimos argumentos” frente a otros exculpatorios que pueden ser estimados por el Tribunal ?. ¿ Se priva así al Juez “de los instrumentos necesario para formarse una convicción imparcial y justa” o simplemente se trata de evitar que se condene a un inocente ?. De no tratarse de la Infanta ¿sería censurable tal postura? Porque no olvidemos que en este procedimiento hay una tercera parte procesal que si esta acusando por lo que el Tribunal va a tener a su alcance todas las posibilidades de decisión.
Da la impresión – y puedo estar equivocado – que lo que desearías es que se acusase a la Infanta y hasta que se la condenase. Quizá exagero.
En todo caso, lo que si es cierto es que el señor Urdangarían ha metido a la institución monárquica en un buen lio, por decirlo de forma vulgar. Tanto si se exculpa a la Infanta, como si se la juzga y se la absuelve y no digamos si se la condena, lo opinión pública, debidamente incitada además por la opinión publicada, pondrá – y volvamos a ser vulgares – el grito en el cielo. En los dos primeros casos ¿no sería mejor que se conociese que no hay trato de favor sino simple aplicación de las normas ?
Estimado Carlos: ¿crees de verdad que ha sido "el señor Urdangarin el que ha metido a la institución monárquica en un buen lío" o a lo mejor ya estaba metida por sí misma en otros? No creo necesario citar el rosario de "líos" publicados. ¿Crees de verdad que en una familia, por muy real que sea, se desconoce a qué se dedican sus miembros? ¿Crees de verdad que, tanto la infanta -preferida del padre no lo olvidemos-, como su marido, enviaban CV para buscar empleo o eran buscados y, en su caso, "recomendados" como cualquier familia haría? El lío viene para empezar del propio lío fiscal que existe en nuestro país (por muy "legal" que sea) y la posibilidad de que se aprovechen del mismo aquellos más "avisados" (el caso Botín, Albertos, etc. son significativos). El lío viene de confundir Hacienda Pública nada más que para los contribuyentes pero no para los administradores. El lío viene de lo que se conoce como "economía social" o la posibilidad de crear entidades "sin ánimo de lucro" donde las "donaciones" sustituyen a la percepción real por prestación de servicios. El lío viene de la falta de controles independientes en todo el entramado público y que, por el contrario, se pidan más inspectores de tributos para perseguir a los de siempre. El lío viene de la "ejemplaridad" pública que vamos conociendo ¡y lo que falta! en un goteo incesante a pesar de las prescripciones. El lío viene de que una simple frase publicitaria (según la abogada del Estado) se haya convertido en un "mantra" subliminal a través de los anuncios públicos en el mundo mediático….
Dicho todo esto, en el caso que nos ocupa, parece haber ausencias importantes que cualquier tribunal independiente puede detectar. Ausencias testificales rechazadas desde el principio bajo razones que se nos escapan (no son razones decir que los testigos convertirían el juicio en un circo), pruebas documentales lo suficientemente claras (negro sobre blanco) de que no es sólo el Sr. Urdangarín el que ha metido a la institución monárquica en un lío. Insisto, la cara de Cristina de Borbón en el banquillo es toda una acusación para los ausentes. Un saludo.
Estimado Carlos, no hay contradicción ninguna. Lo que ocurre es que creo que confundes dos aspectos que pensaba que estaban perfectamente deslindados en el artículo: el aspecto técnico jurídico y el aspecto político institucional.
En el aspecto técnico jurídico hay razones para exculpar a la Infanta en base a una doctrina sentada por el TS para el caso Botín (un ciudadanos más que pasaba por ahí) extraordinariamente discutible, como sin duda conocerás por los votos particulares a esa sentencia que no tienen desperdicio. Recomiendo a todo el mundo su lectura. Una vez sentada esa discutible doctrina fue posteriormente matizada para el caso Atutxa. En base a esa confusa y discutible jurisprudencia, que los Tribunales inferiores deberían acatar, hay argumentos para exculpar a la Infanta, aunque también los hay para no hacerlo, como comentó acertadamente Gimbernat en el diario El Mundo el mismo día de la publicación del artículo que ahora comentamos. Puedes consultar su opinión aquí:
http://www.elmundo.es/opinion/2016/01/11/56935369e2704ed7028b463f.html
Pasemos al aspecto político institucional. Pues bien, si unimos esa doctrina discutible por su origen, pero también por su interpretación -como demuestra Gimbernat- con la actitud de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que se esfuerzan con enorme pasión por hacer la lectura más favorable a la defensa, cerrar los ojos a la impresión que saca de todo ello el ciudadano de la calle es una enorme imprudencia política. Yo no deseo que condenen a la Infanta, yo deseo que la traten como tratarían a cualquier otro ciudadano. Pero lo que yo deseo no importa. Lo importante es lo que desea nuestro Gobierno y el daño que con ese deseo está haciendo a la propia institución que pretende defender.
Por lo demás me remito al comentario de O¨Farril insistiendo en una idea evidente: sin Urdangarín no se explica este caso, pero sin la Monarquía tampoco.
Dejemos de dar vueltas a este asunto. Creo que las posturas están claras y la gente tiene sobrados elementos de juicio para formar su opinión.
Estimado Rodrigo:
Me permitirás que vea ciertas contradicciones en tu argumentación.
Reconoces que “es muy probable que el Tribunal estime su alegación (la de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía) de aplicarle a la Infanta la doctrina Botín, porque hay razones jurídicas para ello”. Y a continuación afirmas que “resulta muy chocante, en un sistema contradictorio como el nuestro, que el Fiscal y la Abogada del Estado pretendan hacer un dictamen y no un alegato de parte.” La pregunta entonces es: ¿se debe acusar cuando solo se cuenta como mucho, como tu dices con “mínimos argumentos” frente a otros exculpatorios que pueden ser estimados por el Tribunal ?. ¿ Se priva así al Juez “de los instrumentos necesario para formarse una convicción imparcial y justa” o simplemente se trata de evitar que se condene a un inocente ?. De no tratarse de la Infanta ¿sería censurable tal postura? Porque no olvidemos que en este procedimiento hay una tercera parte procesal que si esta acusando por lo que el Tribunal va a tener a su alcance todas las posibilidades de decisión.
Da la impresión – y puedo estar equivocado – que lo que desearías es que se acusase a la Infanta y hasta que se la condenase. Quizá exagero.
En todo caso, lo que si es cierto es que el señor Urdangarían ha metido a la institución monárquica en un buen lio, por decirlo de forma vulgar. Tanto si se exculpa a la Infanta, como si se la juzga y se la absuelve y no digamos si se la condena, lo opinión pública, debidamente incitada además por la opinión publicada, pondrá – y volvamos a ser vulgares – el grito en el cielo. En los dos primeros casos ¿no sería mejor que se conociese que no hay trato de favor sino simple aplicación de las normas ?
Estimado Rodrigo:
Un placer discutir contigo pero estoy de acuerdo en dejar de dar vueltas a este asunto. Si te parece, quedas emplazado para analizar en su momento el texto ÍNTEGRO de lo que decida el Tribunal, no la simple información que ofrezca, con toda rapidez, la prensa.
No hace falta que lo emplace, seguro que lo hará. Tan seguro como que la “doctrina Botín” no habría existido sin Botín (“La justicia es igual para todos”, propaganda, tampoco es aplicable a derecho), es por eso que esta doctrina le viene a la Infanta como anillo al dedo.
Estimado Rodrigo:
Un placer discutir contigo pero estoy de acuerdo en dejar de dar vueltas a este asunto. Si te parece, quedas emplazado para analizar en su momento el texto ÍNTEGRO de lo que decida el Tribunal, no la simple información que ofrezca, con toda rapidez, la prensa.
Acabo de ver las noticias y parece que no se aplicará a Cristina de Borbón la llamada "doctrina Botín" y, en palabras de su abogado Sr. Roca, se la someterá a la "pena del banquillo". Ya me he referido a las flagrantes ausencias en este juicio, tanto de testigos como de familiares de quienes se sientan en ese banquillo. Me planteo cómo actuaría yo como padre, si mi hija tuviera que pasar por un trance de este tipo. Sobre todo si puede ser consecuencia de mis consejos o recomendaciones realizados desde el cariño y el amor paternal aunque esté equivocado. ¿Estaría desaparecido o me situaría en la sala a disposición del tribunal para aclarar lo que fuera necesario? La nobleza de sangre no está en los apellidos, sino en la gallardía con que nos enfrentamos al destino. ¿Cómo podría yo mirar a los ojos a mi hija? Pero, como es habitual, hay temas que son "tabúes" para el sistema y no pueden estar en las crónicas. Están convenientemente blindados por las razones más variopintas; esas que sirven para tapar muchas cosas.
Acabo de ver las noticias y parece que no se aplicará a Cristina de Borbón la llamada "doctrina Botín" y, en palabras de su abogado Sr. Roca, se la someterá a la "pena del banquillo". Ya me he referido a las flagrantes ausencias en este juicio, tanto de testigos como de familiares de quienes se sientan en ese banquillo. Me planteo cómo actuaría yo como padre, si mi hija tuviera que pasar por un trance de este tipo. Sobre todo si puede ser consecuencia de mis consejos o recomendaciones realizados desde el cariño y el amor paternal aunque esté equivocado. ¿Estaría desaparecido o me situaría en la sala a disposición del tribunal para aclarar lo que fuera necesario? La nobleza de sangre no está en los apellidos, sino en la gallardía con que nos enfrentamos al destino. ¿Cómo podría yo mirar a los ojos a mi hija? Pero, como es habitual, hay temas que son "tabúes" para el sistema y no pueden estar en las crónicas. Están convenientemente blindados por las razones más variopintas; esas que sirven para tapar muchas cosas.