Las polémicas listas de deudores de la Hacienda Pública

Completamente de acuerdo Diego: Al igual que se hace publicidad de los contribuyentes morosos, sería conveniente que se procediera de igual forma con los despilfarros del gasto público y se incluyesen las actuaciones legales contra los responsables desde la propia Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas. El presuponer que el funcionario público tiene la última palabra (presunción de veracidad) sobre cualquier cuestión contenciosa o fiscal, es seguir cayendo en la trampa de la subordinación del ciudadano a sus administradores. Poca "conciencia cívica" van a conseguir con eso. Dicho estío, lo que parece que precisa con urgencia el sistema fiscal es una clarificación o simplificación normativa de forma que, cada persona, sepa a qué atenerse en cuanto a sus obligaciones, pero también en cuanto a sus derechos: que el funcionario pueda ser responsable personal de su actuación administrativa si no tiene pruebas que la avalen. En cuanto a la "publicidad" de las listas entiendo, como tú bien dices, que se está vulnerando un derecho a la intimidad garantizado por la C.E. pero, claro, si el precepto que la ampara puede ser retorcido por una norma posterior sin que quede anulada de inmediato, así nos va luciendo el pelo. El preámbulo de la Ley 34/2015 que nos transcribes es todo un ejemplo de cómo decir una cosa y la contraria. Este es el verdadero problema: el "carajal" normativo fiscal. ¿Acaso lo que se pretende es difundir el miedo y la inseguridad jurídica es un medio para ello?

Todo el mundo desea que vuelva Zapatero.

En pleno gobierno de UCD, hacia el año 80 o así y el que escribe en segundo de carrera, a Hacienda le dio por publicar una lista con las mayores fortunas de España lo cual sirvió para que ETA secuestrara a una de las personas que figuraba allí. La imprudencia le costó a la víctima tres meses de privación de libertad en un zulo y 300 y pico millones de pesetas de rescate. El rencor social del político que tuvo la idea y la soberbia del alto funcionario del Estado que la avaló quedaron sin castigo o responsabilidad pecuniaria.

Coincido con O’Farril que lo de la presunción de legalidad de los actos administrativos, en cuanto a su publicidad, debería serlo cuando contra ellos no quepa recurso alguno, inclusive los judiciales.

Siempre se me han hecho difíciles de comprender, aun con los matices de jurisprudencia posteriores, conceptos como el ius variandi, los poderes exorbitantes de la Administración, la retroactividad propia e impropia de las normas o las citadas listas en relación al Estado de Derecho que proclama nuestra Constitución.

En primer lugar hablar de Hacienda o Agencia Tributaria como ente jurídico es básicamente incorrecto. La persona jurídica,la máscara, el grupo REAL es el Estado; la cual, en ese giro de espíritu, religión según se vea, se le atribuye alma (acción) a un grupo guiado por un interés. En este caso “el alma”, es el alma mercenaria de servir intereses ajenos; los intereses del poder, funcionarios y sus instituciones; garantizadas en última instancia por la violencia de la propia corporación Estado.
Por ello, las leyes cuyo origen es estatal, por ejemplo creadas por partidos pagados por el Estado, son pura corrupción; pura corrupción. Y cuando se da el caso, como buitres revolotean sobre el “tesoro del expolio” tratando de quitar la mayor tajada posible; como hemos visto recientemente en eso que llaman parlamento, pero de parlamento tiene 0.

Esa adoración de los grupos sobre los individuos lleva a hablar de empresas, instituciones, corporaciones, ong, religiones, …, y demás; como quien habla de un coro de ángeles por el bien común, o como antagónico por el mal común; los malos “el ISIS”.
Pero en ello, olvidando la responsabilidad de los actos del grupo, especialmente la penal se diluye como un azucarillo en agua caliente en las legislaciones. La severidad asimétrica de por y para los mercenarios, esto es, aquellos sirven intereses ajenos no tienen igual castigo a los cuales siguen intereses personales. El cuento de “la voluntad”,…
¿Quizá una vuelta a la tribu donde lo importante es el grupo? Y, dentro del grupo las responsabilidades son conjuntas; salvo para los beneficios que son privados. En esta crisis, hemos escuchado mucho eso de “todos culpables”.

Por ello, deberíamos entender, ¿por qué no se publican –-listas de deudas del Estado con el resto—?
Pues, alguien me corrija, pero el Estado, o la Agencia Tributaria para los estatistas de ritual, nunca notifica los beneficios a los perjudicados.
Por ejemplo, si se genera un saldo por una transferencia retrocedida. O se cobra más de lo debido,…, a los cuatros años desaparecen silenciosamente; y no hay malo de la película. No hay atracador, ladrón, estafador o defraudador. Si bien es claro quien es el estafador, aunque lleva máscara llamada Estado. Y por lo tanto, de difícil ubicación pues tratamos con individuos-máscara, personas.

Esas listas, carecen de utilidad, perder el tiempo. Cadalsos para el populacho, …, distraer la atención sobre el verdadero boquete. Cuando los grandes fraudes se generan dentro del Estado y sus primas hermanas; las corporaciones. A las cuales, el amigo de la “Q” en el NIF les da espíritu y carta blanca,…, porque la producción es parte del relato.

De hecho, en esta cosmovisión, un individuo carece de existencia desde lo social si no participa de esos “grupos espirituales”. Como paradigma, una persona no puede facturarse a si misma. Cuando es obvio, si puede proporcionarse beneficios a si misma y a los suyos, sin facturar nada a terceros de la tribu especialista. Pero como sabemos que esos beneficios son incontrolables por el Estado, no deben figurar en el relato; y el cuerpo legal debe proscribir toda autonomía.
Pues en caso contrario volveríamos al diezmo,…, y las rentas poco mobiliarias frente a las mobiliarias sostenidas por el Estado (fiduciario), en el juego del dinero, el PIB, el Estado y los defraudadores.

Enhorabuena por abordar este tema. Aporto dos links a sendos comentarios también recientes: http://fiscal.blogsiga.net/index.php/es-el-20n-una-fecha-idonea-para-hablar-de-la-lista-de-deudores-y-de-la-de-defraudadores/ y http://www.elnotario.es/index.php/practica-juridica/5739-las-listas-de-morosos-y-defraudadores-tributarios-el-escarnio-en-el-siglo-xxi

Yo también estoy de acuerdo que se debería actuara directamente contra los defraudadores, para que no queden impunes y que regularicen de una vez su deuda. Para que no paguemos todos….