La Interventora General del Ayuntamiento de Madrid o el problema de la libre designación de los funcionarios de la Administración Local
Vuelve a salir a la opinión pública el problema de la libre designación de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, a raíz ahora del cese de la Interventora General del Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Vigo.
Conviene recordar que fue la disposición adicional 8.ª de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, la que inició la provisión mediante libre designación para determinados puestos reservados a los anteriormente denominados Cuerpos Nacionales de Administración Local, entre los habilitados con nivel 30 de complemento de destino, posteriormente confirmada por la Ley 10/1993, de 21 de abril, de forma que los puestos de Secretario, Interventor o Tesorero de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, o los de ayuntamientos capitales de comunidad autónoma o de provincia y de municipios con población superior a cien mil habitantes, podían excepcionalmente cubrir estos puestos entre funcionarios habilitados mediante libre designación, siendo la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá la primera en utilizar este mecanismo que ha ido generalizándose en la actualidad.
Si en el franquismo el Régimen de la Dictadura se sirvió del sistema de las ternas para impedir que los desafectos al Movimiento pudieran alcanzar los puestos de secretario o de Interventor a los que se tenía derecho por los méritos del escalafón, ahora el mecanismo es el de la libre designación, perversa en el nombramiento de los puestos a los que se accede y en los ceses, cuando se remueve a sus titulares.
Los cometidos de gran responsabilidad de los habilitados nacionales, de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, de contabilidad, tesorería y recaudación, han hecho que muchos Alcaldes de grandes municipios y Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares quieran controlarles, y actualmente el artículo 92 bis de la Ley básica de Régimen Local les brinda esta oportunidad.
La doctrina se alzó desde el primer momento contra la libre designación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Alejandro Nieto advertía a este respecto, ya en 1992, lo que pretendían las fuerzas políticas: “Hay que eliminar a los habilitados en lo posible, hay que eliminar en lo posible sus funciones, y eliminarlos a ellos, y si no se les puede eliminar, porque de momento están protegidos por una Ley, se les quiere domesticar. Y el mejor modo de domesticarlos son medidas como las de la libre designación”.
Se abrió el camino a la desprofesionalización, a funcionarios atraídos o llamados por la fidelidad, y dejó de ponerse el foco en el servicio objetivo, independiente e imparcial al conjunto de la Corporación, para convertirse en una especie de secretaría particular del Alcalde de turno.
El Tribunal Constitucional, en la criticable Sentencia 235/2000, declaró ajustado a la Constitución que con carácter excepcional se contemplase el mecanismo de libre designación entre habilitados nacionales para determinados puestos, sobre la base del historial profesional de los aspirantes, pero lo cierto es que lo excepcional ha devenido en general, y que no hay historial profesional que valga, sino sólo la politización de estos puestos y el abandono de la carrera profesional de base objetiva.
Las diferentes asambleas bienales de funcionarios con habilitación de carácter nacional, agrupados en torno al Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros, como la habida recientemente en Granada, con su Declaración de 21 de mayo de 2016, ha exigido que se proceda a: “eliminar el sistema de provisión de puestos mediante libre designación para los secretarios, interventores y tesoreros de Administración local, estableciendo el concurso como único sistema de provisión, por entender que la provisión mediante libre designación, lo que comporta el libre cese, es incompatible con un control adecuado de la legalidad de los actos y acuerdos de los órganos de las entidades locales”.
Estamos en el campo de batalla en el que se enfrentan los valores constitucionales, de objetividad e imparcialidad, de igualdad, mérito y capacidad, con los decimonónicos, es decir, los del clientelismo, la instrumentalización o la consideración de las estructuras administrativas como un mero botín de la fuerza gobernante. Una nueva vuelta al caciquismo.
Se han pervertido los sistemas de control, ya que quien controla es libremente nombrado y cesado por el controlado, sin mecanismo que garantice la imparcialidad de los habilitados, mecanismo que reclamaba la Comisión de Expertos para el estudio y preparación del EBEP, que presidió el profesor Sánchez Morón.
La amenaza del libre cese pone en evidencia que se puede hablar claramente de confianza política con el nombrado mediante libre designación y, al mismo tiempo, de pérdida de credibilidad del nombrado por libre designación desde la óptica de los grupos políticos de la oposición y de la ciudadanía en general.
Se busca la confusión entre los ámbitos electivo y selectivo, caer en la tentación de controlar por quien tiene la capacidad de “libre designar”, más allá del espacio propio de la política, a los empleados públicos, de condicionar su neutralidad, de propiciar su alejamiento del conjunto de las fuerzas políticas de la Corporación, de la sociedad a la que sirven, de socavar los pilares constitucionales del empleo público. Se abren caminos, por ello, a la desafección de los ciudadanos sobre la clase política y, en última instancia, a la corrupción.
Doctor en Derecho, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría Superior, Secretario de la Diputación Provincial de Huesca.
Máster en Dirección y Gestión de la Administración Local, Director del Observatorio de Personal de cositalnetwork.
Autor de libros y artículos doctrinales, especialmente sobre empleo público, y profesor en universidades y Escuelas oficiales de función pública.
Es evidente que el PSOE ha desmontado minuciosamente –desde los años 80– los mecanismos de control presupuestario y de ejecución que poseía el Estado.
El PP, cuando pudo, no los restableció. Tampoco "los novísimos", probablemente porque lo ignoran o prefieren ignorarlo sabiendo que necesitarán aliados.
La historia está escrita en las actas del Congreso de los Diputados y en disposiciones –adicionales o no– de las leyes presupuestarias. El resumen ocupa unas 60 páginas; parte mínima del cual figura en algún lugar de este Blog.
Lo que resulta sorprendente —en un momento en el cual hemos de hablar tanto de corrupción en procesos administrativos municipales y autonómicos– es que nos quedamos con suma frecuencia en la anécdota concreta y que no se haya explicitado, ley a ley, –incluyendo las leyes presupuestarias utilizadas por activa y por pasiva a estos efectos– el "trabajo" de zapa Parlamentario que ha hecho posible la Deconstrucción del Control Interno del que disponía el Estado y que hoy es bastante peor que en cualquier momento desde los años cuarenta.
En este y en otros casos la corrupción empieza en el propio proceso legislativo. Por cierto, también la denuncia de este hecho consta, vía réplicas, en las actas parlamentarias.
El autor cita ejemplos de los años 90. Esta triste labor comenzó desde el primer gobierno de Felipe González en los 80.
Causa pudor, por tanto, escuchar al quejumbroso y ofendido coro de quienes lamentan este tipo de corrupción –en procesos de adquisición de bienes y servicios públicos– en medio de un clamoroso silencio — a veces hipócrita– en torno a quienes lo han hecho posible y lo han tolerado cuando pudieron cambiarlo.
Quienes llegan hoy a la arena partidista con delirios de grandeza sanadora y callan no restaurando la situación se confiesan parte del problema y a la segunda de cambio pierden toda credibilidad. ¿Asusta el hecho autonómico?
Ver al Podemismo usando el mecanismo que dejó el Felipismo ha sido letal. Que no gasten nuestro dinero en encuestas de opinión. Que se miren al espejo.
El trabajo de demolición no fue anecdótico ni de un momento. Cubre más de una década parlamentaria durante la época de González. El argumento que cita el artículo es una constante.
Saludos y enhorabuena al autor por preservar parte de la memoria.
Es evidente que el PSOE ha desmontado minuciosamente –desde los años 80– los mecanismos de control presupuestario y de ejecución que poseía el Estado.
El PP, cuando pudo, no los restableció. Tampoco "los novísimos", probablemente porque lo ignoran o prefieren ignorarlo sabiendo que necesitarán aliados.
La historia está escrita en las actas del Congreso de los Diputados y en disposiciones –adicionales o no– de las leyes presupuestarias. El resumen ocupa unas 60 páginas; parte mínima del cual figura en algún lugar de este Blog.
Lo que resulta sorprendente —en un momento en el cual hemos de hablar tanto de corrupción en procesos administrativos municipales y autonómicos– es que nos quedamos con suma frecuencia en la anécdota concreta y que no se haya explicitado, ley a ley, –incluyendo las leyes presupuestarias utilizadas por activa y por pasiva a estos efectos– el "trabajo" de zapa Parlamentario que ha hecho posible la Deconstrucción del Control Interno del que disponía el Estado y que hoy es bastante peor que en cualquier momento desde los años cuarenta.
En este y en otros casos la corrupción empieza en el propio proceso legislativo. Por cierto, también la denuncia de este hecho consta, vía réplicas, en las actas parlamentarias.
El autor cita ejemplos de los años 90. Esta triste labor comenzó desde el primer gobierno de Felipe González en los 80.
Causa pudor, por tanto, escuchar al quejumbroso y ofendido coro de quienes lamentan este tipo de corrupción –en procesos de adquisición de bienes y servicios públicos– en medio de un clamoroso silencio — a veces hipócrita– en torno a quienes lo han hecho posible y lo han tolerado cuando pudieron cambiarlo.
Quienes llegan hoy a la arena partidista con delirios de grandeza sanadora y callan no restaurando la situación se confiesan parte del problema y a la segunda de cambio pierden toda credibilidad. ¿Asusta el hecho autonómico?
Ver al Podemismo usando el mecanismo que dejó el Felipismo ha sido letal. Que no gasten nuestro dinero en encuestas de opinión. Que se miren al espejo.
El trabajo de demolición no fue anecdótico ni de un momento. Cubre más de una década parlamentaria durante la época de González. El argumento que cita el artículo es una constante.
Saludos y enhorabuena al autor por preservar parte de la memoria.
De la importante denuncia de este artículo y de la acertada respuesta de Manu Oquendo me solidarizo con este texto incluido en nuestro artículo anterior ¿ Por qué cuando había más corrupción que ahora ,la gente no lo percibía? “ Los datos objetivos nos dicen que la corrupción pública es mayoritariamente corrupción política y ella, se ha centrado, sobre todo, en el ámbito urbanístico y en las administraciones subnacionales, especialmente en la Administración local.
Sin embargo, en la percepción ciudadana se sanciona más al Gobierno nacional en las encuestas del CIS.
En los últimos 6 años no ha habido prácticamente ningún caso de corrupción en el Gobierno nacional que afectara a altos cargos relevantes. Sin embargo, en el ámbito local, de los 110 municipios con más habitantes y/o capitales de provincia, en 39 de ellos ha habido casos investigados estos últimos años.
Es en el ámbito del urbanismo y los permisos de construcción, donde los encuestados denuncian mayores demandas de soborno.”.
Acotado el problema y en base a los datos objetivos anteriores, al agotarse el período especulativo en el último trimestre del 2007, la corrupción tiene que haberse reducido en la misma proporción.
Si la corrupción era esencialmente de ámbito local, si se recuperan y se introducen nuevos sistemas de control sobre las áreas y la discrecionalidad municipal, una parte importante quedaría reducida.
Una actuación en este sentido y de interés general es la de la Fundación ¿HAY DERECHO? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores proponiendo medidas dirigidas a devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias y conseguir el apoyo y la supervisión, desde un nivel superior al municipal”..Comprobareis el diferente trato que recibe la corrupción según sea el color del agente. Daniel Iborra Fort .
De la importante denuncia de este artículo y de la acertada respuesta de Manu Oquendo me solidarizo con este texto incluido en nuestro artículo anterior ¿ Por qué cuando había más corrupción que ahora ,la gente no lo percibía? “ Los datos objetivos nos dicen que la corrupción pública es mayoritariamente corrupción política y ella, se ha centrado, sobre todo, en el ámbito urbanístico y en las administraciones subnacionales, especialmente en la Administración local.
Sin embargo, en la percepción ciudadana se sanciona más al Gobierno nacional en las encuestas del CIS.
En los últimos 6 años no ha habido prácticamente ningún caso de corrupción en el Gobierno nacional que afectara a altos cargos relevantes. Sin embargo, en el ámbito local, de los 110 municipios con más habitantes y/o capitales de provincia, en 39 de ellos ha habido casos investigados estos últimos años.
Es en el ámbito del urbanismo y los permisos de construcción, donde los encuestados denuncian mayores demandas de soborno.”.
Acotado el problema y en base a los datos objetivos anteriores, al agotarse el período especulativo en el último trimestre del 2007, la corrupción tiene que haberse reducido en la misma proporción.
Si la corrupción era esencialmente de ámbito local, si se recuperan y se introducen nuevos sistemas de control sobre las áreas y la discrecionalidad municipal, una parte importante quedaría reducida.
Una actuación en este sentido y de interés general es la de la Fundación ¿HAY DERECHO? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores proponiendo medidas dirigidas a devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias y conseguir el apoyo y la supervisión, desde un nivel superior al municipal”..Comprobareis el diferente trato que recibe la corrupción según sea el color del agente. Daniel Iborra Fort .
''Es evidente que el PSOE ha desmontado minuciosamente –desde los años 80– los mecanismos de control presupuestario y de ejecución que poseía el Estado''
¿Cual era esa Estado previo que si poseía mecanismos de control?. ¿Será el Franquista, que utilizaba el sistema de Ternas, para, como dice este mismo artículo, ' impedir que los desafectos al Movimiento pudieran alcanzar los puestos de secretario o de Interventor'?
''Es evidente que el PSOE ha desmontado minuciosamente –desde los años 80– los mecanismos de control presupuestario y de ejecución que poseía el Estado''
¿Cual era esa Estado previo que si poseía mecanismos de control?. ¿Será el Franquista, que utilizaba el sistema de Ternas, para, como dice este mismo artículo, ' impedir que los desafectos al Movimiento pudieran alcanzar los puestos de secretario o de Interventor'?
¿De qué nos asombramos? Así titulaba un artículo que salía al paso de los muchos aspavientos que la corrupción (tan conocida y tan protegida) provocaba en unos y otros ámbitos sociales, políticos y económicos. Una corrupción que se basa en su permeabilidad e infiltración permanente entre los más "listos" de cada actividad y que ejemplificó el PSOE con el desmantelamiento de los sistemas de control independientes (al menos formalmente) que existían en las AA.PP. y llevándose por delante a los funcionarios que no tragaban o que eran demasiado competentes. ¿De verdad nadie se enteraba de los diversos tejemanejes de la nueva (por entonces) clase política apoyada desde el exterior? Llevaron el miedo y la prepotencia a las AA.PP. desde la arbitrariedad y Montesquieu expiró en sus manos. La investigación exhaustiva de lo ocurrido en los cuarenta años anteriores es un buen caladero para futuros historiadores, para el verdadero periodismo de investigación (no capturado) y para los que buscan "justicia" entre la "legalidad" procedimental.
Acabo de leer que los bancos no responderán por las "cláusulas suelo" porque su aplicación retroactiva DAÑARIA EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS AL IMPEDIR LA CONTRIBUCION DEL SISTEMA BANCARIO A LA RECUPERACION ECONOMICA DEL PAIS. ¿Sorprendente o vergonzoso? Al parecer es la posición de apoyo del supervisor ante el TEJ a las entidades bancarias. Puede que gane el procedimiento, pero pierde la Justicia.
Repito: ¿de qué nos asombramos? En unos casos los "desafectos" (muy pocos) del régimen anterior podían no ser promocionados, pero ¿alguien puede decir que en el "nuevo" el desafecto ideológico no ha dado lugar al excesivo afecto por lo "crematístico"? Siempre es más práctico apoyarse en las ideas para cubrir los desmanes.
Un saludo.
Excelente análisis, y certeros comentarios de Daniel Iborra y Manu Oquendo, este último poniendo el acento en una de las principales vertientes para haber alcanzado esta cumbre insoportable de corrupción.
Como dice este heroico Interventor : "No hay ayuntamiento en España que se salve de la corrupción"(http://www.elmundo.es/cronica/2015/10/04/560eb7ac268e3e5f3c8b45a0.html)
Pero además de la fundamental brecha que supone la libre designación de los habilitados, hay otro elemento esencial en todo este maremágnum de corrupción….y reside en el papel esencial de los técnicos superiores dentro de la estructura funcionarial municipal (y autonómica), con funciones decisivas en contratación, urbanismo, etc…y la predominancia de las interinidades "eternas" , y situaciones laborales asimiladas, en lugar de funcionarios de carrera, con las garantías de independencia e imparcialidad que otorga esa condición.
Sin perjuicio de la quiebra que esas situaciones suponen para los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y las razones de clientelismo que la posibilitan, hay soluciones sencillas, que no requerirían interferir en la tan cacareada autonomía local…por ejemplo abrir obligatoriamente a la movilidad interadministrativa todos o un porcentaje importante de los puestos técnicos de todas las administraciones locales para su provisión por funcionarios de carrera, acabando con las precarias interinidades, de forma similar a los concursos unitarios de los habilitados,con convocatoria anual preceptiva….donde puedan participar funcionarios de otras administraciones de toda España, que aporten aire nuevo , que lleguen , vean y a lo mejor dicen algo….y que reitero, si dicen, tienen garantizado su puesto por su condición de funcionarios de carrera…
Las pequeñas administraciones son en muchas ocasiones organizaciones endogámicas, cerradas, donde nunca llega nadie nuevo..ni se le espera…y eso genera ambientes cerrados, acomodaticios, que son caldo de cultivo perfecto para todo este tema que no cesa….
El sistema de provisión por concurso es el ideal … pero también es cierto que existen funcionarios que se 'exceden' y, por 'interpretaciones caprichosas', terminan gobernando instituciones públicas (sin haber sido votados por los ciudadanos).
Notable post, magníficos comentarios y excelente vínculo de Paul.
Por qué son minoría los que denuncian estas situaciones? Cuántas personas se benefician de las actuaciones sin control legal ni económico? Es extraño como somos, no es tan difícil ser recto, aunque requiere principios y esfuerzo constante.
Del mismo artículo sobre la corrupción os dejo esta reflexión :“Del estudio publicado por el Catedrático, Manuel Villoria y el profesor, Fernando Jimenez , “La corrupción en España ( 2004-2010): datos, percepción y efectos “:
“Los casos de corrupción que han salido en los medios y se han investigado provienen de la época anterior. La mayoría de los casos han estado muy vinculados al boom de la construcción y este había finalizado en el último trimestre de 2.007.
España no tiene una corrupción sistémica en la que los sobornos a los funcionarios son lo habitual. Por ejemplo en América Latina, la media de personas que reconocen haber pagado un soborno en el último año es de un 23% o en África subsahariana de un 56%. Los datos de España, de entre un 2 y 5% de pagadores, reflejan una Administración donde el pago de sobornos es lo excepcional y cercano a bastantes países europeos que tienen niveles de percepción bastante menores.
De los casos de corrupción importantes, la intervención funcionarial es muy minoritaria comparada con los 3.000.000 de funcionarios, un dato de 50 o 60 casos anuales no puede considerarse preocupante.
Sin embargo, la percepción ciudadana de corrupción en la Administración y la clase política es mucho más elevada de lo que los casos objetivos reflejan.
Los datos objetivos sobre la corrupción política, no obstante, tampoco dan la razón a las opiniones mayoritarias, de los 800 políticos imputados acabarán acusados en torno a 500.
De un total de 70.000 políticos de las 3 Administraciones, 500 posibles acusados nos da un 0’7% de criminalidad”.
Si el grueso de la misma se generó en la burbuja especulativa y la percepción social era mínima, un 1% hasta 2009 ( dos años después de su desaparición) y actualmente es máxima, cuándo los datos objetivos la desmienten , es evidente que nuestros medios nos deben una explicación de esta enorme divergencia. Daniel Iborra Fort
Si como consta en el referido libro de Manuel Villoria y Fernando Jiménez..”En cada nivel de gobierno existen unas áreas de riesgo. En el nivel central, la captura de las grandes decisiones económicas del Estado, especialmente en el ámbito regulatorio, espacio que puede compartir por nuestra descentralización, con las Comunidades Autónomas. Junto a ello, el área de riesgo fundamental son los grandes contratos de infraestructuras y las subvenciones. Además de lo anterior, para las Comunidades Autónomas hay un área de enorme riesgo, que es la regulación urbanística. Finalmente, en el nivel local, las áreas de riesgo se centran, sobre todo, en la contratación, en la concesión de licencias y en la gestión urbanística. “… ya tenemos el programa para reducir la corrupción. Esto es como si te diagnostican que tienes un problema en el riñón, sería escandaloso el que el cirujano se equivocara de órgano. Está cerca pero no es lo mismo. Con ello podemos controlar la competencia y las intenciones del político que quiere solucionar el problema de la corrupción en España. El artículo de Antonio Serrano es importante porque está denunciando uno de los puntos claves de la corrupción . A partir de estos avisos ( como el de Manu Oquendo sobre el “descontrol” de la gestión pública ), si consentimos que el cirujano entre en el pulmón o en otras zonas equivocadas, en lugar de donde se genera el problema, la culpa ya no será solo de él.
Si como consta en el referido libro de Manuel Villoria y Fernando Jiménez..”En cada nivel de gobierno existen unas áreas de riesgo. En el nivel central, la captura de las grandes decisiones económicas del Estado, especialmente en el ámbito regulatorio, espacio que puede compartir por nuestra descentralización, con las Comunidades Autónomas. Junto a ello, el área de riesgo fundamental son los grandes contratos de infraestructuras y las subvenciones. Además de lo anterior, para las Comunidades Autónomas hay un área de enorme riesgo, que es la regulación urbanística. Finalmente, en el nivel local, las áreas de riesgo se centran, sobre todo, en la contratación, en la concesión de licencias y en la gestión urbanística. “… ya tenemos el programa para reducir la corrupción. Esto es como si te diagnostican que tienes un problema en el riñón, sería escandaloso el que el cirujano se equivocara de órgano. Está cerca pero no es lo mismo. Con ello podemos controlar la competencia y las intenciones del político que quiere solucionar el problema de la corrupción en España. El artículo de Antonio Serrano es importante porque está denunciando uno de los puntos claves de la corrupción . A partir de estos avisos ( como el de Manu Oquendo sobre el “descontrol” de la gestión pública ), si consentimos que el cirujano entre en el pulmón o en otras zonas equivocadas, en lugar de donde se genera el problema, la culpa ya no será solo de él.
DE COMO HEMOS MEJORADO: Si en el boom inmobiliario , cuando la corrupción estaba en su cénit y la percepción social de la misma era prácticamente nula (1%) , era evidente que , en nuestra democracia, el sistema de prevención y control era inexistente. Y, en esto hemos avanzado bastante. Cuando concluí el artículo , un amigo tal vez afectado por el ruido mediático , me confesó su escepticismo y lo reté con la siguiente prueba: que se presentara a cualquier Ayuntamiento con un maletín , preguntara por si había alguna autoridad municipal confesando que el maletín lo tenía lleno de billetes para conseguir una recalificación o la adjudicación de una obra o un servicio público. Seguramente, antes de media hora, todo el edificio estaría rodeado por un montón de policías y por una mayor cantidad de periodistas . Pues esto es lo que está pasando ahora con hechos que acaecieron hace 10 años. Daniel Iborra Fort
DE COMO HEMOS MEJORADO: Si en el boom inmobiliario , cuando la corrupción estaba en su cénit y la percepción social de la misma era prácticamente nula (1%) , era evidente que , en nuestra democracia, el sistema de prevención y control era inexistente. Y, en esto hemos avanzado bastante. Cuando concluí el artículo , un amigo tal vez afectado por el ruido mediático , me confesó su escepticismo y lo reté con la siguiente prueba: que se presentara a cualquier Ayuntamiento con un maletín , preguntara por si había alguna autoridad municipal confesando que el maletín lo tenía lleno de billetes para conseguir una recalificación o la adjudicación de una obra o un servicio público. Seguramente, antes de media hora, todo el edificio estaría rodeado por un montón de policías y por una mayor cantidad de periodistas . Pues esto es lo que está pasando ahora con hechos que acaecieron hace 10 años. Daniel Iborra Fort