Ciudad Santo Domingo vs AENA: fe en la Justicia

Escribo este artículo no como jurista, sino como ciudadano, y en representación de la Junta de la Comunidad y de la Asociación contra el Ruido de Ciudad Santo Domingo, una urbanización situada en el municipio de Algete en Madrid. Me mueve a ello el hecho de que en los últimos meses aparezcan con frecuencia informaciones en los medios referidas al proceso judicial que enfrenta a nuestros vecinos con la Administración y con la empresa AENA, en relación a los sobrevuelos a baja altura que soporta la urbanización Santo Domingo. Todas estas informaciones, que sistemáticamente faltan a la verdad, denotan una aviesa intencionalidad en crear un ambiente de opinión hostil hacia la causa de los vecinos, y se hace extensiva hacia cualquier estamento técnico que manifieste una opinión contraria a los intereses de la citada compañía. En general, alarman a la opinión pública sobre una apocalíptica pérdida de empleo en la Comunidad de Madrid, aluden a un parón económico de consecuencias incalculables o razonamientos similares. Cualquier lector de buena fe piensa inmediatamente que cuatro o cinco caprichosos e insolidarios vecinos pueden causar estragos en la economía madrileña, española, y si me apuran, global. Se miente sobre el número de afectados, en realidad varios miles; se oculta que este núcleo urbano es muy anterior a la ampliación del aeropuerto de Barajas, se maquillan las cifras, se habla en general de la operación del aeropuerto cuando, en verdad, el problema afecta a una única ruta y bajo ciertas condiciones de viento que no son las habituales; se oculta que existen soluciones técnicas viables e inmediatamente aplicables y, por supuesto, no se menciona que el aeropuerto de Heathrow, con la mitad de pistas, realiza el doble de operaciones que Barajas.

Pero los vecinos hemos decidido no plantar batalla en el terreno de la comunicación torticera y malintencionada. En primer lugar, porque la maquinaria de comunicación de AENA, con su potencial económico y falta de escrúpulos, es capaz de doblegar al buen periodismo y llevarlo por una insondable senda manipuladora, contra la que nada podemos hacer. Pero sobre todo y fundamentalmente, porque la cuestión que está ahora el juego no es la falsamente presentada repercusión económica de los dictados del Tribunal Supremo, sino algo mucho más trascendente: la confianza en el sistema jurídico español, y con ello, en el estado de Derecho de nuestro país.

El Tribunal Supremo ha sido rotundamente claro en sus sentencia de 13 de octubre de 2008 declarando «que cese la lesión [del derecho fundamental a la intimidad]» En esencia, cuando se desbroza la maleza de datos y circunstancias, la cuestión es simple: La urbanización Santo Domingo no fue incluida en la “Huella sonora” del aeropuerto, cuando la realidad es que soporta unos niveles de ruido incompatibles con el normal desenvolvimiento de la vida y, por tanto, claramente lesiva de los Derechos Fundamentales que amparan por la Constitución a todos los españoles. Todo lo que ha ocurrido después de la primera sentencia, han sido estratagemas dilatorias para eludir el cumplimiento efectivo del Tribunal Supremo, y lo han logrado retrasar más de ocho años. Años, en los que los más de cuatro mil habitantes de Santo Domingo, han seguido afectados por el ruido, cuando podía haberse evitado fácilmente. Este proceso dilatorio ha llevado incluso a sentar en el banquillo como imputados al presidente y ex presidente de AENA por no cumplir con las resoluciones judiciales y por delito medioambiental. En todo este proceso, subyace el evidente interés económico de una empresa privada y cotizada como es Aena, que en función de su actuación hasta este momento, permite intuir que, si la dejaran, ignoraría completamente a la ciudadanía para conseguir sus beneficios, al más puro estilo de las multinacionales contaminantes por vertidos químicos, mineros o petrolíferos. Pero subyace , si me permiten, y a mi modo de ver, otra razón más espurea: una especie de arrogancia de los todo poderosos cargos de la citada empresa y de la Administración, que se creen más allá del bien y del mal, señores del atropello y el estrago, y sobre todo, más allá de la Ley.

Y es de la “Ley» con mayúsculas, es de lo que hablamos aquí. De la absoluta prevalencia de los Derechos Fundamentales sobre cualquier otro interés. Ningún interés económico, sea de la magnitud que sea, puede prevalecer sobre los derechos fundamentales. Y no entenderlo así, cambia radicalmente la imagen de la sociedad en la que queremos vivir, y de su ordenamiento jurídico. Una sociedad en la que el Tribunal Supremo no logra cumplir sus sentencias, no es, desde luego, el modelo de convivencia al que aspiramos legítimamente. Si se quiebra esta confianza en el sistema judicial, se hace añicos el muro de cristal que nos ampara, y cualquier cosa, literalmente cualquier abuso, sería posible entonces.

Iniciamos este proceso judicial de derechos fundamentales, según la Ley especialmente especialmente rápido, en 2004. Los vecinos de Ciudad Santo Domingo, somos perseverantes, luchadores, como David frente a Goliat; pacientes y, sobre todo, creemos en la Justicia, en el Estado de Derecho.

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