Ayudas de Estado a Apple

En fecha 30 de agosto de 2016 la Comisión Europea ha concluido que el gobierno de la República de Irlanda debe reclamar 13 billones de euros más intereses a la compañía Apple por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2003 a 2014. Dicha reclamación correspondería a beneficios fiscales indebidamente disfrutados, que habrían constituido ayudas de estado consideradas  ilegales según la normativa europea de competencia.

La versión pública de esta decisión no es accesible aún por ser confidencial, pero disponemos  del resumen de prensa de la Comisión Europea de dicha fecha. En el mismo se señala que bajo la batuta de la Comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, la Comisión ha concluido, tras dos años de análisis, que dos acuerdos fiscales del gobierno de Irlanda con Apple, uno de 1991 y otro de 2007, permitieron  reducir el Impuesto de Sociedades pagado por Apple al 1% en 2003 y hasta el 0,005% en 2014. En concreto, dichos acuerdos permitieron que la mayor parte de los beneficios obtenidos por las ventas en Europa así como en África, India y Medio Oriente, por las dos compañías de Apple domiciliadas en Irlanda, Apple Operations Europe y Apple Sales International, quedaran localizados en una “head office” en el seno de cada una de tales compañías.

Dichas oficinas centrales no estaban domiciliadas en ningún país, no contando con sede ni con empleados. En consecuencia, sólo una parte de los beneficios obtenidos en Irlanda, los que no quedaban localizados en dichas oficinas centrales, eran gravados en dicho país. El resto, en ninguna parte. Competencia ha determinado que el mecanismo de Apple de localización de beneficios  no tiene justificación económica y que los beneficios fiscales derivados de los acuerdos citados han producido una ventaja comparativa selectiva, en relación a otras empresas que operan también en Irlanda. En consecuencia, dichos beneficios fiscales disfrutados por Apple constituyen ayuda de estado, que Irlanda le debe reclamar.

Pero además añade que, como Irlanda factura todas las ventas del mercado único europeo en Irlanda y no donde los productos fueron vendidos, si otros Estados Miembros quieren requerir  a Apple que pague los impuestos debidos en cada uno de ellos por las ventas producidas en los mismos, están en su derecho de hacerlo por ese mismo período y teniendo en cuenta sus normativas fiscales nacionales. O sea, que esos 13 billones son “a repartir”.

El gobierno de Irlanda, con el apoyo  del Parlamento ha decido impugnar dicha decisión ante el Tribunal Europeo de Justicia, por considerarla una intromisión a su soberanía.  Prefiere renunciar a los 13 billones de euros, que permitirían pagar el presupuesto sanitario de un año, con tal de mantener  la seguridad jurídica de su sistema fiscal, que tantas ventajas le ha dado a los irlandeses, a pesar de que muchas compañías, no solo Apple, no paguen ni un 1% por el Impuesto sobre Sociedades. El anuncio de la impugnación de la decisión europea tuvo cierta contestación en el Parlamento y en la calle pero no tanta como cabría pensar, porque al final los irlandeses en su conjunto saben apreciar las ventajas que todo este juego les ha dado. Y es que a Irlanda sí que no la conoce ni la madre que la parió.

A mi juicio, la Comisión  ha cometido muchos errores con esta decisión. El primero de ellos es la falta de visión sobre el resultado final. Era evidente que Irlanda iba a recurrir y ahora pueden pasar dos cosas, que la Comisión pierda, lo cual no es difícil pues le va a costar probar  ante el Tribunal Europeo la realidad de conceptos como el de falta de justificación económica o el de ventaja comparativa selectiva, e incluso le va a costar demostrar la cuantía, es decir, cómo ha llegado a calcular ese quantum de 13 billones de euros, que en todo caso, podría variar en función de las distintas normativas fiscales si los otros Estados Miembros reclamasen su parte, como ya han anunciado  algunos, entre otros  España, que harán. O que gane, en cuyo caso el coste político será muy alto: habrán creado en Irlanda un problema interno (opinión pública dividida, huída de multinacionales por falta de seguridad jurídica) y un problema externo (resto de Estados Miembros reclamando su parte), pudiendo esta situación ser aprovechada por algún partido político para plantear un IREXIT en uno de los países más eurófilos de la Unión Europea.

Pero quizá lo más decepcionante haya sido ver cómo la Comisión ha tratado de utilizar las reglas de competencia para llevar a cabo el objetivo de la armonización del Impuesto sobre Sociedades, objetivo  que debe conseguirse no así, sino mediante el consenso de los Estados Miembros. En el propio resumen de prensa se señala como background de la decisión la política seguida por la Comisión de lucha contra el abuso fiscal cometido por las multinacionales y la puesta en funcionamiento en junio de 2015 del Plan de Acción para una Fiscalidad Justa y Efectiva así como de un paquete de iniciativas que pretende conseguir un Impuesto de Sociedades más justo y más eficiente en la Unión Europea. Entre las acciones previstas, señala el resumen de prensa, se encuentran la de propiciar un marco que asegure la imposición donde los beneficios son generados y una estrategia para relanzar (por enésima vez) la Base Común Consolidada del Impuesto sobre Sociedades para la cual se esperan nuevas propuestas al final de este año 2016.

Hasta aquí las intenciones. La realidad es muy distinta. La realidad es que los Estados Miembros miran con recelo a Irlanda pero a todos les gustaría haber diseñado un sistema fiscal como el irlandés. La realidad es que en la Comisión se habla de armonización del Impuesto, de colaboración, de intercambio de información, cuando los Estados Miembros todavía no han decidido si quieren utilizar los respectivos Impuestos sobre Sociedades para competir entre ellos, o colaborar para conseguir un Impuesto armonizado, para lo que, de momento, se han mostrado totalmente incapaces.

En sus cortas miras de políticos, los dirigentes de los países de la Unión Europea toman lo que reciben conjuntamente por el Impuesto sobre Sociedades de las multinacionales como una tarta fija a repartir, un juego de suma cero, donde lo que se lleva un Estado Miembro no se lo lleva otro. No ven, o no quieren ver, que si realmente colaboraran, a largo plazo la tarta podría ser mucho más grande, porque un Impuesto sobre Sociedades armonizado bloquearía los resquicios que aprovechan las multinacionales para no pagar en ningún Estado. En definitiva, no se dan cuenta que nos encontramos ante un juego de suma no cero, ante el clásico “dilema del prisionero” de la Teoría de Juegos, y que éste demuestra que en estos casos, las partes siempre ganan colaborando, nunca compitiendo. En lugar de repartir las migajas que sueltan las multinacionales, se estaría repartiendo una verdadera tarta.

Poca credibilidad estará ganando la Comisión en sus objetivos de lucha contra el abuso fiscal mientras no dedique su tiempo  a sumar esfuerzos para conseguir de una vez por todas un Impuesto sobre Sociedades armonizado en lugar de a sembrar la discordia entre los Estados Miembros como ha hecho aquí, poniendo entre las cuerdas a Irlanda ante su opinión pública, ante las multinacionales allí instaladas y ante el resto de países de la Unión Europea.