¡Ay, Derecho! Lecciones de financiación ilegal de partidos políticos

Para que no se pierda entre tantas y tantas noticias sobre corrupción, y las revelaciones que día tras día surgen de los procedimientos judiciales en marcha, ya se trate de la Gürtel, de las tarjetas black o de otros procesos famosos, queremos dedicar este ¡Ay Derecho! a la ppt del PP destinada a instruir a sus alcaldes sobre cómo financiar ilegalmente sus campañas electorales. La noticia ha sido dada a conocer por el periódico El Mundo 

Probablemente no será fácil encontrar otras organizaciones –ni siquiera entre las que se dedican al crimen organizado- que hayan diseñado con tanto cuidado una estrategia para ayudar a sus cuadros a sortear la ley y a su controlador, en este caso el Tribunal de Cuentas. Aunque a juzgar por su inexistente actividad sancionadora en relación con los partidos políticos tampoco se tenían por qué haber preocupado demasiado por su reacción, aunque esa es otra historia.  Las razones por las que el TCu no tiene demasiado celo en sancionar a los partidos políticos las hemos explicado en este informe. 

Pero volviendo a nuestro tema, aquí tienen una “slide” (diapositiva) sobre financiación ilegal

Pero si ya la noticia es asombrosa, y pone de manifiesto el esmero que pone el PP en la formación de sus cargos electos en cuanto al respeto al Estado de Derecho, no lo es menos la reacción de sus representantes ante las preguntas de los atónitos periodistas. A nosotros personalmente la que más nos gusta es la de Pablo Casado, portavoz y joven esperanza de la regeneración del partido, que añadió al tradicional “no nos consta” el interesante dato biográfico de que él, en la época en que se realizó la ppt (1999) estaba estudiando COU y no financiación ilegal de partidos. La reacción de otros ilustres miembros del partido del Gobierno en funciones y que aspira a gobernar España ha sido similar. Nada que comentar, no sabemos nada, estas son cosas del pasado.

Lo que nadie ha hecho es negar la existencia ni de la ppt ni de la financiación ilegal del partido, lo que a estas alturas hubiera sido bastante complicado, dicho sea de paso. Suponemos que tampoco la cosa les parece tan grave, sobre todo si la gente que les sigue votando parece más preocupada por la falta de Gobierno, por la estabilidad presupuestaria o por el crecimiento del PIB. Y siempre podemos consolarnos: al fin y al cabo no han encontrado las slides explicando cómo llevarse el dinero a Suiza o como amañar contratos, aunque no cabe perder la esperanza. O a lo mejor sí, si es que eran justo las que estaban en los destruidos discos duros del ordenador de Bárcenas.

Bueno, dirán ustedes pero al fin y al cabo ¿es tan grave esto de la financiación ilegal de los partidos? ¿Qué tiene eso que ver con la estabilidad económica o incluso con el dinero de nuestros impuestos? ¿No es mejor tener un Gobierno aunque sea de un partido que expida títulos de experto en financiación ilegal de campañas electorales? Pues la verdad es que la cosa es bastante grave. Los informes GRECO (Grupo de Estados Europeos contra la corrupción) vienen señalando insistentemente la financiación ilegal de los partidos políticos como una de las principales causas de la corrupción que padecemos en España. Y recientemente (en 2015) se ha incorporado a nuestro Código Penal el art.304 que recoge como el delito la financiación ilegal de partidos políticos.

Pero es que además conviene hacer algunas consideraciones:

1. La financiación ilegal de un partido fuera de los límites previstos en las normas supone una ventaja ilegal sobre los otros partidos que no recurren a estas fórmulas. Permite al partido en cuestión tener unos gastos tanto corrientes o de infraestructura como extraordinarios o de campaña mucho mayores que los de los partidos a la competencia que respetan las reglas. Se distorsiona, por tanto, la competencia electoral y además se favorecen los gastos absurdos y desproporcionados en mítines, vallas, mailings, etc, etc
2. Se desconecta el partido de la financiación procedente tanto de sus afiliados –lo que añadido a la falta de democracia interna es muy negativo- como del sector público, al que -por lo menos sobre el papel- hay que rendir cuentas. Se pasa a depender en cambio de la financiación procedente de  terceros con intereses particulares a veces poco confesables.
3. Los partidos que se financian ilegalmente pierden su credibilidad y su legitimidad. No olvidemos que los partidos políticos en cualquier democracia representativa tienen un papel institucional fundamental, por lo que deben de ser especialmente respetuosos con el cumplimiento de las leyes. Es más, si alcanzan el Gobierno y dirigen la Administración uno de sus papeles esenciales será el de cumplirlas y hacerlas cumplir. Difícil que alguien crea que pueden hacerlo cuando para llegar al Poder se ha vulnerado la legalidad.
4. Un partido que se financia ilegalmente necesita controlar la Fiscalía y el Poder Judicial, así como otras instituciones de control para asegurarse, si puede, la impunidad, o, por lo menos, minimizar los riesgos judiciales de su conducta
5. Un partido que se financia ilegalmente genera necesariamente una red clientelar y corrupta. Efectivamente, ya se trate de las campañas electorales o de los gastos del partido en general, esta financiación procede de empresarios o incluso de particulares con los que el partido queda en deuda, favoreciendo el ciclo vicioso de la corrupción y el clientelismo político que tan bien conocemos en España y que es lo que subyace en tramas como la Gürtel. El dinero –y en particular el que se mueve fuera de los circuitos legales y por tanto tiene que ser opaco- se le da a un partido no tanto porque se comparte su ideología, sino porque se esperan favores a cambio. De ahí las famosas  anotaciones de Bárcenas.  Pero no hay que olvidar que esos favores se devuelven en forma de contratos, concesiones públicas, licencias urbanísticas o regulación más favorable para el que los hace y siempre en perjuicio de los intereses generales.  Además, el dinero no puede llegar al partido por los cauces ordinarios (como bien explica la ppt) porque sería detectado por el Tribunal de Cuentas. De ahí la necesidad de los circuitos opacos, las cajas B, las loterías, las facturas falsas y los maletines.
6. Un partido que se financia ilegalmente no puede ser un buen gestor del dinero público ya que dará siempre prioridad a aquellos proyectos -sean o no necesarios o viables o eficientes- que puedan generar esa financiación, ya se trate de urbanizaciones, de radiales de peaje, de AVES a ninguna parte o de aeropuertos sin aviones.
7. Por esa misma razón un partido que se financie ilegalmente necesitará politizar y controlar a los funcionarios y empleados públicos que se puedan oponer a esta forma de actuar o que puedan denunciarla.

¿Estamos hablando del pasado? Esta es una afirmación que nosotros no nos atreveríamos a hacer, sobre todo mientras no se depuren las responsabilidades políticas que deberían acompañar a las judiciales. Como ya ocurrió en la época de los Time Export, Filesa o Naseiro, si solo se asumen –poco y tarde y por personajes subalternos- responsabilidades penales es más que probable que la financiación irregular compense. Y recordemos que tampoco se persigue a los financiadores, Ni siquiera por lo que estamos viendo se les llama como testigos.

No es por tanto improbable que lo que ha ocurrido -y ha traído para muchos actores políticos más ventajas que inconvenientes- pueda volver a ocurrir si es que no sigue ocurriendo. Al fin y al cabo, no es más que un tema de incentivos. Y conseguir el poder, aunque sea vulnerando las reglas, es un gran incentivo.