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¡Ay, Derecho! El Ministerio del Interior desobedece al Consejo de Transparencia sobre la publicación de sus comisarios honoríficos

El culebrón continúa y lleva camino de convertirse en el símbolo por excelencia de la cultura de la opacidad y del amiguismo que domina la Administración del Sr. Rajoy.

Como recordarán nuestros lectores, la Fundación Hay Derecho preguntó al Ministerio del Interior, al amparo de la Ley de Transparencia, «qué personas habían sido nombrados en el último año comisarios honorarios».

El Ministerio respondió que siete personas ajenas al cuerpo sin precisar quienes eran. Obviamente, la Fundación reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que nos dio la razón. Dar un número cuando te preguntan unos nombres, especialmente en este caso, es como contestar «uno» cuando te preguntan quién mató a Abel. El interés de la pregunta está en la calidad, no en la cantidad, máxime cuando se trata de reconocimientos públicos que se supone que se otorgan para que se conozcan.

Pues bien, ante la Resolución estimatoria del Consejo de Transparencia, el Ministerio se descuelga ahora con una respuesta que no tiene desperdicio.

En primer lugar, nos proporciona solo cuatro nombres, entre ellos el de Francisco Marhuenda García. Ya se sabe que el actual director de La Razón, el Ministro del Interior y el Sr. Rajoy son íntimos desde hace años. Esto ha debido pesar más para conceder la distinción que la condena al Sr. Marhuenda por intromisión en el honor de un comisario de la Policía Nacional (aquí).

Pero de los otros tres, nada de nada. Se nos informa que la «persona número uno» no autorizó la cesión de sus datos, y que publicar su nombre es colocarle en una situación de «ansiedad». La «persona número dos» no dijo nada, por lo que tampoco se publica su nombre para preservar su «intimidad». Y respecto a la «persona número tres», todavía no se le ha notificado la concesión, por lo que puede rechazarla. ¿Quienes son estos misteriosos comisarios honoríficos?

Teniendo en cuenta que la distinción no conlleva ventaja económica alguna y se limita por tanto a ser un reconocimiento del Estado (es decir, de todos los ciudadanos de bien) a estas personas por la contribución realizada en beneficio de un Cuerpo de Seguridad clave para nuestra convivencia en libertad, esta respuesta resulta muy sorprendente. Aunque, bien mirado, si reflexionamos sobre ello, es muy indicativa del estado real de nuestra Administración clientelar.

En otros lugares, como Francia y el Reino Unido, este tipo de distinciones solamente tienen sentido por su dimensión pública. Se entregan con la máxima publicidad, muchas veces en un acto abierto a todos,  y el distinguido por ellos se enorgullece con razón de ese reconocimiento de su conciudadanos. Se trata así de afirmar públicamente los valores correctos que una sociedad digna y democrática debe afirmar y defender contra viento y marea. Por supuesto siempre habrá críticas, más o menos veladas, pero el carácter público es fundamental para que las críticas constructivas ayuden a las autoridades a afinar al máximo a la hora de encarnar esos valores en personas determinadas; y para que las críticas destructivas comprueben que tienen en contra todo el poder del Estado y de la mayoría de la sociedad. Así, en definitiva, se construye el civismo y el patriotismo constitucional en un país democrático.

Claro, puede ocurrir que alguna persona que lo merezca no desee ser premiado. Porque quiera preservar su intimidad o seguridad o por el motivo que considere conveniente. Entonces se adoptan las precauciones normales antes de darle el premio. Pero, en cualquier caso, nadie lo acepta y luego pide que se mantenga en secreto. Y menos aun se admitiría por el Estado tal pretensión. Porque entonces la distinción carecería radicalmente de sentido.

Pero las cosas son distintas en un Estado acomplejado y clientelar. Las distinciones no son propiamente del Estado, sino de los amigos que coyunturalmente lo ocupan. Se celebran en cenas privadas donde se reúnen solo concedentes y agraciado en franca camaradería. Como el reconocimiento no vale nada fuera de ese círculo de amistades, no existe ningún interés específico en divulgarlo. Más bien existen ciertos peligros, porque contra las críticas no cabe interponer la más mínima explicación y justificación cívica, algo que pueda ser admitido por la mayoría de la sociedad. Y, claro, eso no le gusta a nadie. Es normal entonces que la publicación  provoque ansiedad y vulnere incluso la intimidad.

Nosotros por nuestra parte seguimos empeñados en conseguir que este sea un país normal, en el que los ciudadanos puedan sentirse orgullosos públicamente de los premios que les dan. Así que recurriremos otra vez ante el Consejo de Transparencia para quejarnos por la falta de ejecución de sus resoluciones.

Porque ese es otro problema: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno te puede dar la razón pero el Ministerio del Interior decide que no le va a hacer mucho caso. Y no pasa nada por la sencilla razón de que el Consejo de Transparencia no puede sancionarle. La «avanzada» -según la propaganda oficial-ley 19/2013 de 9 de diciembre sencillamente no concede al Consejo la facultad de sancionar a quienes incumplan sus resoluciones, sino de instar «al órgano competente» a que lo haga. Y si no le hacen caso, lo único que tiene que hacer ese órgano competente es motivarlo.

Como comprenderán, no es probable que con este tipo de incentivos el Ministerio del Interior vaya a cambiar mucho de políticas aunque cambie de Ministro. De todas formas, desde Hay Derecho seguiremos insitiendo y llamando la atención sobre estas disfunciones.