HD Joven: El día que Donald Trump se hizo presidente de los Estados Unidos

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El 8 de Noviembre de 2016 será una fecha importante en la historia de los Estados Unidos. Una de las noches electorales más polémicas de la historia de la democracia americana, pues aun dos días después de   las elecciones persiste la resaca.

El recuento en las urnas se hizo eterno, y es que lo disputado que resulto el proceso no permitía perder de vista los acontecimientos ni un momento. Fue entorno a las 3:30 am hora local (New York) cuando se confirmó lo que la noche venía mostrando, el éxito republicano había superado las propias expectativas del partido. Si bien las ultimas encuestas reflejaban menor diferencia de la anticipada, un par de semanas atrás pocos o nadie pensaban que el polémico empresario neoyorquino tuviese opciones de hacerse con el sillón de la Casa Blanca. Entrada la madrugada se confirmó la noticia. A pesar de que la tarde electoral fue vaticinando este resultado uno de los hechos mas determinantes fue cuando vimos de color rojo (el de los republicanos) el mapa de La Florida, uno de los llamados “swing states”, que generalmente terminan siendo determinantes, como al final ocurrió. Y es que el principal escollo que parecía encontrar el bando conservador era el voto de las minorías, concretamente la minoría latina que, sin embargo, en este estado no son precisamente minoría. Pues lo ocurrido en La Florida podría ser representativo de lo que acaece en el país.

Sin duda la resaca electoral deja una repercusión irrefutable, una grave división social, especialmente marcada en la comunidad latina. El ya presidente americano ha mostrado durante su campaña una preocupante falta de tacto a la hora de tratar problemas de bulto en la actualidad, sobre todo en cuanto a la inmigración y a las relaciones internacionales, y hay ciertos sectores que lo han tomado como un ataque personal. Por otro lado, el discurso populista de Donald Trump ha sabido atender a las mayorías. Más preocupadas por problemas internos que de compromisos internacionales, como los hechos delictivos que están ocasionando ciertos grupos de crimen organizado compuestos por inmigrantes ilegales en la ciudad de Chicago o los problemas de pandillas en los estados fronterizos con México; y, sobre todo, la esperanza del resurgimiento del mercado laboral estadounidense, con el famoso lema “Let´s make America great again.”, otrora usado por otros presidentes de la historia americana. También ha sabido congregar el voto cristiano por su claro posicionamiento en contra del aborto y otras medidas conservadoras. Este polémico posicionamiento del ya presidente americano ha sido fuertemente rechazado por gran parte de la sociedad de este país, pues no hay que olvidar que, a pesar se haber ganado el voto electoral, el partido demócrata concentra mayor porcentaje de voto popular. En consecuencia, una ola de protestas y manifestaciones se han desatado por el país. La división es patente, incluso se ha tornado peligrosa. El resultado es fruto de discusión en cada esquina, en los servicios de transportes y hasta en los colegios, incluso los más pequeños muestran una terrible intransigencia. El problema se ahonda dentro de los grupos minoritarios, dentro de la comunidad latina, por ejemplo, se viven conflictos dentro de la misma familia porque alguno de sus miembros ha optado por el voto republicano y esto resulta ofensivo para los demás. Amigos que se enfrentan de forma agresiva o vecinos que se evitan por no entrar en conflicto. Incluso compañeros de trabajo que esconden sus verdadero posicionamiento por sentirse coaccionados.

El éxito de Trump es para muchos el fracaso de Hillary Clinton. Si bien las previsiones daban a Clinton una ventaja muy importante sobre su competidor, los sucesos previos a las elecciones parecen haber destruido todo el trabajo de campaña. A once días para las elecciones, el director del FBI James Comey, anunciaba que se reabría el proceso de investigación sobre Hillary Clinton por el famoso caso de los correos electrónicos. Evidentemente, la noticia fue hábilmente aprovechada por su rival, que incidió en su campaña difamatoria contra la ex secretaría. Aunque ambos candidatos dedicaron gran parte de la campaña a desacreditar a su oponente, no hay nadie que domine esta estrategia como el empresario neoyorquino, que se mueve en su salsa cuando los modos se tornan bruscos y la descalificación es el arma elegida. Así, durante los 3 días previos a las elecciones la amplia distancia de la que el partido demócrata disfrutaba comenzó a reducirse vertiginosamente. Resulta un tanto sospechoso que una investigación de semejante trascendencia se reabra a 11 días de las elecciones y concluya 3 días antes, pues si bien resultó por declarar inocente a la líder demócrata, el daño a su imagen ya era evidente y, a la postre, irreparable.

La sensación general pone de manifiesto una falta de confianza en ambos candidatos, las opiniones reflejan que un país que pretende seguir teniendo un papel protagonista en el escaparate mundial merece otro tipo de representante. Sin embargo, también se observa que hay una gran parte de la sociedad que se distancia de la repercusión mundial que los Estados Unidos puedan tener, para centrarse únicamente en sus propios intereses. Esta ha sido una de las armas de batalla de Donald Trump, distanciando su discurso de lo políticamente correcto incluso a pesar de la polémica, o más bien aprovechándose de ella. Los que conocen a Trump saben que pasar desapercibido no es algo que se incluya en su repertorio. Su éxito empresarial es cuestionado por muchos, pues a pesar de amasar un imperio, no partió precisamente desde cero y acumula varios batacazos empresariales. De lo que nadie duda es de su habilidad como vendedor y para auto promocionarse, un gurú del marketing a niveles incalculables. Su imagen y su nombre son icono del éxito americano, basta con pasearse por Nueva York y comprobar que su nombre ocupa rascacielos, helipuertos, complejos comerciales, bebidas alcohólicas, restaurantes… Trump ha reconocido públicamente que el culmen ideal a a su carrera sería la presidencia del país y a pesar de no haber destacado por talante, prudencia y buena prensa, ha demostrado que es capaz de cualquier cosa.

En el plano internacional, la sorpresa golpeó fuertemente los mercados de valores de forma impactante, superando incluso la repercusión del Brexit. Si bien ya desde ayer la situación empezó a revertirse, aun hay ciertas regiones en clara situación de urgencia, como México, país que depende en gran medida de las exportaciones a los Estados Unidos y de una buena relación sobre todo en cuanto a política de frontera se refiere. En cuanto a su relación con los países árabes parece que se decantará por una postura más conveniente a los intereses económicos propios que por posibles repercusiones internacionales o acciones de coalición y enfrentamientos externos, pues ha advertido que restringirá el acceso de los inmigrantes  musulmanes hasta resolverse la situación del grupo terrorista ISIS y las acciones terroristas acaecidas en suelo americano. Otra cuestión polémica y que genera incertidumbre es el papel que mantendrá en el conflicto Israel-Palestina, pues aunque el no ha sido directo, el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ya se alegra públicamente de la victoria del “red party”. También amenaza con cambiar el papel de Estados Unidos en la OTAN y de su relación con Moscú, que sin duda preocupa en la Unión Europea. Y, por supuesto, no son menos inquietantes ni pasan desapercibidas sus intenciones mercantilistas y de nacionalizar la economía. Lo que es evidente es que el resultado de las elecciones está copando el foco informativo a nivel mundial y aunque estas polémicas medidas no fuesen más que una táctica populista para haber logrado el objetivo, hacerse con la presidencia del hasta ahora país más relevante en el orden mundial, la simple posibilidad de que muchas de ellas se lleven a cabo, no solo preocupan y dividen a la sociedad americana, si no que también fuera de sus fronteras. A día de hoy debe haber pocas personas que no sepan quien es Donald Trump.

Ahora se presenta un reto muy importante, acabar con la división social. No tiene experiencia política de ningún tipo ni es miembro de la élite clásica americana. Se sale de lo que la terna política considera cómodo. Su enfrentamiento con la prensa es una realidad evidente y esto no va a agilizar la recomposición de su imagen. Calmar los ánimos de la sociedad latina, el colectivo gay y otras minoras van a ser un tremendo obstáculo en su camino, sin embargo, para lograr la estabilidad necesaria y poner a funcionar la maquinaria nacional de forma eficiente será un paso imprescindible.

En plano personal y atendiendo a las sensaciones que la situación me producen, planteo reflexionar qué valores han de considerarse necesarios para un jefe de estado. Si la brillantez, la vehemencia, la capacidad competitiva, el éxito económico y la fama son cualidades importantes, probablemente el señor Trump pueda tener un buen papel en la Casa Blanca. Sin embargo, si consideramos que la prudencia, el talante, el respeto y la transparencia son más importantes, entonces no estoy tan seguro de su éxito. Otra conclusión política debe ser si las dos alternativas que se presentaban al pueblo americano tenían la calidad suficiente. También los modos y gestos que se han repetido durante sendas campañas deben ser objeto de juicio, pues han convertido la difamación y el conflicto en el principal argumento. No creo que la sociedad americana quede muy bien representada con su actual presidente, pero también me dejaba ciertas dudas la otra opción que se presentaba. De lo que no estoy tan seguro es de si realmente son reflejo de la actual sociedad de los Estados Unidos, que me parece bastante alejada del optimismo y pujanza de antaño,  alejada de cualquier obligación como potencia internacional y preocupada en problemas estructurales  y sociales que actualmente golpean el país.

Elisa de la Nuez participa en las XXXI Jornadas sobre Economía Española

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Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho, participará como ponente en las XXI Jornadas sobre Economía Española: Los retos económicos de la nueva legislatura, que se celebran en Alicante durante los días 10 y 11 de noviembre.

Su ponencia se encuadrará en el desarrollo de la tercera sesión, que lleva por nombre ‘Calidad institucional y economía’ y será moderada por el economista Álvaro Anchuelo Crego, profesor de URJC.

Puedes consultar el programa completo en este enlace.

¿Y los Trumps de Europa?

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No hace falta haber vivido varias vidas para reconocer los signos de que algo está pasando. Conviene recordarlo tras la victoria de Trump, pero los signos ya eran evidentes aquí en casa hace más un año, hace un mes, o la semana pasada. El más claro es el Brexit, callejón sin salida provocado por razones de política interna y décadas de demagogia británica antieuropea. Pero antes estuvo ese referéndum que Syriza organizó en Grecia contra sí misma, que luego ni siquiera respetó. Los ejemplos son múltiples. Lo que a mí me llama la atención son  las pequeñas reacciones a todo esto de los responsables políticos que gestionan estas cosas. Son pequeñitos granitos de arena que se suben a la espalda unos de otros hasta formar una montaña llamada desconexión con el ciudadano europeo.

Los partidos tradicionales de centro izquierda y centro derecha están perdiendo poco a poco la batalla del relato. Esta es una debilidad peligrosa tras una década de crisis empobrecedora, de creciente insolidaridad entre estados por culpa de la inmigración, de repliegue ante el terrorismo islamista, de crecimiento de la ultraderecha y el euroescepticismo.

Tsunami populista

La mayor victoria de los populistas es que los temas que entonces se vinculaban casi exclusivamente con los extremos, ahora son parte de la discusión política general. Cuestionar la inmigración, la integración, el euro, la UE y las clases dirigentes es algo socialmente aceptado. Y una vez planteado el debate en sus propios términos, saben cómo ganar electores.

En Austria el populismo demuestra con resultados “que sí se puede”.  El siguiente intento le corresponde a la francesa Marine Le Pen. No está lejos de ganar con su Frente Nacional (FN) las presidenciales del año que viene. ¿Qué pasaría con el proyecto europeo si en París gobierna un partido que promete recuperar las fronteras y sacar a Francia el euro?

Igual que en Francia, en Holanda, otra ultraderecha ve el poder al alcance de la mano. De celebrarse hoy elecciones, el Partido de la Libertad (PVV), liderado por el xenófobo Geert Wilders, sería la formación política más votada.

En otros países ya está en el poder, aunque sea en coalición, incluidas las tan alabadas democracias escandinavas. La política de Dinamarca está marcada por el Partido Popular Danés, que ha logrado imponer parte de su agenda dando apoyo a un gobierno con las reglas de inmigración probablemente más severas de Europa.

En Finlandia, las encuestas demuestran que el Partido de los Finlandeses, es uno de los más apreciados por los electores. Nacionalistas xenófobos, forman parte de la coalición del Gobierno desde el año pasado.

En Grecia Amanecer Dorado, de carácter racista y xenófobo, ha crecido a la sombra de los rescates.  En Polonia el gobierno está en manos del Partido de la Ley y el Orden (PIS), que desafía abiertamente los principios de la UE. En Budapest gobierna con holgura el gobierno autoritario de derechas de Viktor Orban, que fue expedientado por la Comisión por su reforma constitucional y de la ley de medios. Orban es de todas formas menos radical que el Jobbik, el «Movimiento para una Hungría mejor», que puede ganar las próximas elecciones.

En Alemania las brasas neonazis están resurgiendo. Con sólo tres años de existencia el nuevo partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) gana cada día más apoyo entre el electorado democristiano y socialdemócrata y se prepara para entrar en el parlamento federal el próximo año. Hace poco una encuesta Deutschlandtrend (Tendencia de Alemania) del canal público de televisión ARD, señalaba que su intención de voto está ya en el 15 por ciento, y sigue acercándose sigilosamente a los socialdemócratas. El antieuropeísmo defendido por la AfD está calando con tanta fuerza que nadie sabe qué puede pasar en las legislativas de 2017.

En Alemania de todas formas la situación no es tan grave como en Francia. Pero es significativo que la ultraderecha vuelva a surgir en un país que ha vivido décadas vacunado contra sus propios demonios gracias al trauma de la derrota tras la Segunda Guerra Mundial y a su compromiso inquebrantable con el proyecto europeo.

También la izquierda gana votos con el populismo (Syriza, Podemos…). El populismo británico se llama euroescepticismo. Dicho esto, el partido neo-nazi Amanecer Dorado de Grecia, por ejemplo, no puede ser ubicado en el mismo cajón.

Suele decirse que los populistas se hacen hueco a codazos con soluciones simples a problemas complejos. Pero da la impresión que ahora los responsables públicos también dan respuestas simples a problemas complejos. ¿Cómo salvar a Europa? “Con más Europa”, responderá intuitivamente a esta pregunta cualquier político europeo en Bruselas. ¿Y cómo hacemos más Europa? La única reacción visible parece ser esperar a ver si vuelve el buen ciclo económico y se resuelve todo.

Se comunica en general mal, con eslóganes prefabricados o datos deshilvanados, y no se va más allá escudándose en la supuesta complejidad de algunos asuntos. Pero en la era de Internet, cuando todo el mundo dispone de una bola de cristal llamada Google, sería demasiado fácil impedir que electores adultos no busquen su propia información, y acaben formando opiniones basadas en los que sí hacen todo lo posible por “conquistar sus corazones”.

Ante la incapacidad de los partidos tradicionales para enhebrar otra respuesta, no sería descabellado que en el futuro veamos una lluvia de referéndums para salir del paso. Un referéndum siempre permite justificar decisiones difíciles como si fueran ajenas, y garantiza popularidad. Además, son un método perfecto para arrancar concesiones sobre temas variados. Se puede votar sobre la pertenencia al euro, la pertenencia misma a la UE, o asuntos como el Acuerdo de Libre Comercio con EEUU. Los países del norte podrían utilizarlos para preservar su bienestar respecto al sur. En el ambiente político actual, cualquier tentativa de modificar el marco jurídico del bloque favorecería una avalancha de referéndums en todo el continente.

En un contexto de creciente nacionalismo y miedo a la globalización, los utilizarán tanto los partidos tradicionales –para asegurarse el apoyo popular que están perdiendo-  como los euroescépticos. Los ultraderechistas austriacos quieren que su país sea gobernado a base de referéndums, como Suiza. Y el Frente Nacional de Francia ha prometido celebrar una votación sobre la adhesión del país a la UE si gana las elecciones presidenciales del 2017. También el movimiento político 5 Estrellas italiano, dijo que celebraría un referéndum sobre el ingreso del país en la zona del euro si es elegido.

Estos referéndums serían la forma más rápida de detener la Unión Europea.

Desconexión

No voy a analizar aquí el porqué, requiere otro artículo. Pero insisto en que hay múltiples signos de que la política tradicional no ha captado el signo de los tiempos.

Recordarán que hace poco Valonia, esa región belga que no llega a los 4 millones de habitantes, bloqueó un Acuerdo de Libre comercio (CETA) pensado para 550 millones. Cuando por fin se pudo firmar el Tratado de Libre Comercio con Canadá, le preguntaron al Presidente de la Comisión Europea por los manifestantes que estaban fuera del edificio y se limitó a responder lacónico: “Yo no critico a los que siempre critican”.

Cuando Valonia bloqueó el CETA lo hizo con el objetivo de recuperar en su propio país el protagonismo perdido por los socialistas que gobiernan esa región, desalojados del gobierno federal por una coalición de derechas. Y lo logró, pero sólo gracias a que supo canalizar en su provecho los argumentos antiglobalización. Valonia comprendió que, aunque los argumentos antimundialistas son una fuerza dispersa y no necesariamente mayoritaria, convenientemente encauzados representan un poder real que puede ser utilizado con fines políticos. Quien no lo entendió fue Jean-Claude Juncker con su respuesta. Si ignoras lo que ocurre a tus puertas, otros sabrán qué hacer con ello.

Europa sólo se puede mantener convenciendo a la gente. Como se suele decir, “conquistando sus corazones”. Los tiempos no están para ésta lírica, pero el método ilustrado de los padres fundadores “todo para el pueblo pero sin el pueblo” tiene ahora el riesgo de que le corten la cabeza de cuajo al proyecto europeo. Hay que ser inteligentes. Hay que hacer de pedagogía “constante”, que no “pedante”. Que conecte.

La Unión Europea es probablemente una de las instituciones más transparentes que existen, pero no es suficiente. Ni siquiera basta con tener razón. Hay que transmitir. Uno de los problemas actuales es que los políticos no acaban de proyectar una idea de proyecto europeo que combata la desilusión y genere optimismo.

Otro ejemplo. Barroso aceptando el cargo ejecutivo en Goldman Sachs. No lo necesitaba por curriculum o ambición. Es un hombre que ha llegado a las más altas esferas políticas y tiene sus necesidades económicas más que cubiertas después de ganar durante una década 26.000 € al mes con todos los gastos pagados, más una pensión asegurada de 18.000€ mensuales. “Podía haber aceptado otras ocupaciones más tranquilas, pero me gustan los desafíos”, se defendió el ex primer ministro luso en el semanario portugués “Expresso”. “Se es criticado por cualquier cosa que se haga. Si uno se queda en la política, está mal porque vive a costa del Estado, y si se va a la empresa privada es porque se está aprovechando de la experiencia adquirida en la vida política”.

En realidad nadie mantiene que la política deba ser un oficio de por vida, o que lo público y lo privado sean dos mundos necesariamente estancos, aislados el uno del otro. Las críticas llegan cuando se trabaja para un grupo de presión o una empresa privada en un sector que había sido regulado, o va a serlo, bajo la responsabilidad del político contratado. El “derecho a trabajar”, aquí, va de la mano con el derecho del ciudadano a una administración ética. Es lo que de alguna forma ha venido a decir la Comisión Ética convocada para analizar el polémico fichaje. Confirma que era perfectamente legal, pero lamenta la falta de “buen juicio” del político portugués. “El señor Barroso debería haber sido consciente”, de que el fichaje generaría “críticas” y que había un “riesgo de dañar la reputación de la Comisión Europea y de la UE en general”.

Así, un gesto tras otro, la UE se va desconectando del ciudadano.

Puede que los populismos jueguen a menudo con las cartas marcadas, como se vio recientemente en otro referéndum, el organizado por Orban en Hungría sobre las cuotas migratorias. Pero si a la gente no se le dan mejores argumentos, empezarán a ganar cada vez más partidas. El Brexit fue la primera vez que ocurrió. Los políticos británicos del Remain jamás fueron capaces de defender con pasión a la UE. Nosotros también tenemos nuestros Trump.

 

Custodia compartida: de medida excepcional a solución preferente y deseable

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La custodia compartida se incorporó a nuestro derecho positivo por la Ley 15/2005, de 8 de julio cuyo fundamento reside en que ambos progenitores perciban que su responsabilidad para con los hijos, tras la ruptura de la convivencia, continúa y se potencie pasando a tener, en muchos casos, un mayor grado de diligencia en el ejercicio de la potestad por la nueva situación exigida, siempre pensando en el interés superior del menor.

En el presente año de las cerca de cuarenta sentencias que el Tribunal Supremo ha analizado sobre guarda y custodia ha otorgado el régimen de custodia compartida a más de veinte de ellas, indicando siempre que no se trata de una medida excepcional tras la ruptura, sino que al contrario, debe ser la modalidad normal e incluso deseable para que los menores ejerciten su derecho a relacionarse con ambos progenitores, siempre que sea posible. Estadística que nos demuestra que la custodia compartida ha pasado de ser el recurso excepcional del artículo 92 del CC en 2005 a la solución preferente cuando se den los requisitos adecuados y el Juez lo estime conveniente, sin alcanzar a concretarse la custodia compartida por defecto como ya lo es en Aragón y en Cataluña.

Resulta muy interesante señalar que el Alto Tribunal también se decanta por esta modalidad en los procedimientos de modificación de medidas donde se percibe con mayor claridad el cambio de las circunstancias y donde la superior edad de los menores constituye una variable destacable que hace interesante este tipo de guarda siempre que se acredite por la parte que lo solicita que el cambio será beneficioso para el menor (sin olvidar que también el equipo psicosocial puede apostar por este sistema en su informe). Incluso debe tenerse en cuenta el deseo manifestado por el propio menor siendo su opinión relevante. Debemos tener en cuenta que a partir de determinada edad no adoptar el sistema de custodia compartida puede impedir al menor avanzar en su relación con su progenitor no custodio. El Tribunal no exige que exista entre los progenitores un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en relación con el cuidado del menor, siempre que ambos estén capacitados para su cuidado y exista un estrecho vínculo afectivo del menor con ambos progenitores. Incluso cuando tras existir previamente un modelo de custodia a favor de la madre con un régimen de visitas amplísimo –desarrollado sin problemas- el Juez puede modificarlo hacia una custodia compartida.

Ha insistido hasta la saciedad el Supremo que con el sistema de custodia compartida se fomenta la integración de los menores con ambos padres evitando desequilibrios en los tiempos de presencia, no existe el sentimiento de pérdida, no se cuestiona la idoneidad de los progenitores y se estimula su cooperación en beneficio del menor.

En resumen la premisa inicial para su otorgamiento se centra en la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad.

Una vez acordado el otorgamiento de la custodia compartida, resulta significativo que las demás cuestiones accesorias sean fáciles de concretar, pues aunque aquella no tiene porqué implicar una alternancia de la residencia de los hijos con sus progenitores en períodos iguales, sin embargo sí necesita de un tiempo adecuado para el cumplimiento de su finalidad, atendiendo a principios de flexibilidad y al mutuo entendimiento entre los progenitores, pero que en la realidad práctica generalmente se establece por semanas, quincenas o trimestres…

Este equilibrio igualitario se “comunicará” a las demás cuestiones conexas, como por ejemplo a la atribución de la vivienda familiar donde ya no hay un derecho de uso del menor, sino que esté va a pasar a vivir la mitad del tiempo con un progenitor y la otra mitad con el otro. Ya no hay una residencia familiar, de manera que la vivienda que fue familiar queda sin adscripción expresa dado que ambos padres tienen la custodia. La madre no precisa una protección especial, sino que a la vista de la paridad económica de los progenitores, se determina que podrá mantenerse en la vivienda que fue familiar durante un año, computable desde la fecha de la sentencia, con el fin de facilitarle a ella y al menor la transición a una nueva residencia transcurrido el cual la vivienda quedará supeditada al proceso de liquidación de la sociedad de gananciales.

Y más fácil aún resulta el tema de los alimentos, al tener bajo su compañía cada uno de los progenitores al menor por tiempos iguales, ya no será necesario fijar una pensión alimenticia pues cada uno tendrá la obligación de alimentar al menor durante el tiempo que pasen juntos, y obviamente los gastos ordinarios y extraordinarios se abonarán al 50%.

Cuestiones todas que en Derecho común no se consideró conveniente concretar en 2005, pero donde en 2016 el juzgador del Alto Tribunal adapta detalladamente a cada caso concreto en interés siempre del menor abordando soluciones para la nueva realidad al igual que el legislador foral ha perfilado en sus ordenamientos forales.

Ante la cuestión de si sería necesaria una reforma para adaptar el Código Civil a esta nueva realidad habría que contestar negativamente pues el propio juzgador ha encontrado soluciones que dan una respuesta efectiva a los intereses necesitados de protección, basándose en el principio del interés superior del menor y en el artículo 39 CE. Situación y solución judicial que tal vez haya venido propiciada por la crisis económica donde “todos tenemos que arrimar el hombro” y donde la corresponsabilidad parental y la custodia compartida junto con todas las circunstancias accesorias expuestas constituyen un hecho cierto. La doctrina establecida por el TS conduce a una solución justa y acorde con la realidad social que vivimos.

Elecciones USA: cisnes negros y sistemas políticos

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Escuchaba o leía el otro día, ya no recuerdo dónde, que la inquietante posibilidad de que Trump gane las elecciones responde al hecho de que hay mucho ciudadano de clase media o baja (y particularmente varón blanco sin estudios universitarios) que considera que el Sistema ha mermado sus posibilidades vitales, reduciéndole en la escala social o expulsándole de ella, mientras observa frustrado -y en directo a través de las redes sociales- que la élite ha mantenido intacto su poder e incluso lo ha incrementado.

Esta frustración le llevaría a realizar un voto antisistema destinado a castigar a la “casta”, con olvido de los efectos concretos que tal cosa pudiera tener sobre la economía o los intereses del país en general, quizá pensando que quien va a pagar esos efectos adversos es probablemente la élite mientras que, barrunta, en su economía y bienestar personal el nombramiento de Trump difícilmente podría tener unos efectos negativos porque, considera, peor ya no se puede estar. En este sentido, se dice, este tipo de voto sería paralelo al que ha motivado el crecimiento de Podemos en España, los populismos en Grecia, Le Pen en Francia e incluso en los países nórdicos y ha producido el Brexit en Gran Bretaña. Muy interesante este artículo de Pablo Pardo sobre las contradicciones en los populismos de izquierdas y derechas. Por supuesto, una campaña demócrata, tanto de Obama como de Clinton, centrada en las minorías, también ha contribuido a polarizar al electorado; y la propia imagen fría y muy del establishment de la última, aderezada con la sospecha de ligereza en el trato de cuestiones de seguridad nacional no ha ayudado tampoco.

A este hecho sociológico se añade un interesante hecho jurídico-electoral. En otros sistemas presidencialistas como los de Francia o Rusia, el pueblo vota directamente a candidatos individuales. Si uno obtiene la mayoría absoluta es declarado ganador. Si nadie la obtiene, hay una segunda vuelta, en la que elige entre los dos más votados. En cambio, el sistema americano es mucho más complicado y peculiar: aparte del complicado funcionamiento de las primarias, la elección no es directa. Parece que los redactores de la Constitución no querían que la población votara directamente, pues desconfiaban de su cultura política, por lo que hicieron que fuera el Colegio Electoral, formado por electores presidenciales, quien eligiera al presidente, que deberá obtener el mayor número de votos de los colegios electorales. Cada estado tiene un número de electores igual al número de congresistas y senadores que posee. La peculiaridad es que en todos menos dos estados (Maine y Nebraska), es un sistema en el que el ganador se lo lleva todo. Por lo tanto, si ganas el 60% de los votos en California, obtienes todos los electores de ese estado. Al final, quien reciba los 270 votos o más del Colegio Electoral gana. Por ejemplo, en 2012, Obama se llevó el 51% de los votos a nivel nacional, lo que se tradujo en el 61% de los votos del Colegio Electoral. De hecho, un candidato podría ganar la presidencia obteniendo la mayoría de votos populares en sólo 12 estados más el distrito de Columbia. Por ejemplo, en las elecciones de 2000 Bush tenía un 47,87 % de los votos y Al Gore un 48,38, pero ganó el primero por 271 votos electorales contra 266. Si a ello se le añade el efecto pernicioso del gerrymandering (manipulación de las circunscripciones electorales, ampliándolas o dividiéndolas, para producir un determinado efecto en las elecciones) muy importante en los USA por su sistema mayoritario de distritos uninominales, no cabe negar que hay un cierto elemento exterior sorpresa que puede afectar al resultado electoral.

Ello hace que no sea imposible un escenario en el que Trump gane y se nos aparezca el cisne negro popularizado por Nassim Taleb: aquel acontecimiento inesperado que genera un impacto muy importante y, a toro pasado, todo el mundo racionaliza. Claro que si lo estamos racionalizando antes de que ocurra, quizá no sea un cisne negro, sino simplemente un momento político complicado. Juan Verde, asesor económico de Obama, decía ayer en la COPE que probablemente se va a producir un escenario de empate a votos de los dos candidatos,  pero con triunfo final de Hillary Clinton porque el peculiar sistema electoral americano va a primar a esta candidata en ciertos estados. No obstante, añade, esto desembocará en una situación política muy complicada porque ese triunfo no se va a ver reproducido en el Congreso, lo que presumiblemente va a imponer una “cohabitación”.

Bien, ya veremos qué pasa hoy. Lo que sí convendría decir es que aun ganando Trump no está todo perdido precisamente por el complicado sistema de pesos y contrapesos en que consiste el sistema americano. Ya sabemos que allí el presidente es el jefe del Estado y del gobierno y que es la única cabeza efectiva del ejecutivo, provisto de poderes concretos, no sólo ceremoniales. Como si fuera Rajoy y el Rey juntos, vamos. Pero, eso sí, comparte el poder con una asamblea legislativa nacional y con los tribunales de justicia y además con un sistema federal que distribuye el poder de gobierno entre el Estado federal y 50 Estados federados. Esos poderes se vigilan y bloquean unos a otros de diversas maneras: el presidente y congreso se eligen separadamente y cabe el impeachment de aquél y a su vez el presidente no responde a preguntas del Congreso. Por otro lado, la elaboración de las leyes depende de un equilibrio entre congreso y presidente: el presidente no hace proyectos de ley, pero puede vetarlas.

Por su lado, el Tribunal Supremo (TS) puede anular leyes, aunque la constitución no recoge expresamente un derecho de revisión judicial. Ahora bien, el presidente, el Congreso y los estados actuando conjuntamente pueden ignorar las decisiones del TS, cuyos jueces son seleccionados por el senado. Si el TS anula una ley por inconstitucional, caben enmiendas, con dos tercios de las cámaras y tres cuartas partes de los estados.

En resumen, el poder del presidente tampoco es omnímodo, porque el diseño constitucional americano buscaba busca que ninguno de los poderes dominara a los otros dos. Ello tiene alguna desventaja: la principal es la posibilidad de un bloqueo institucional porque, como decía, las elecciones separadas pueden producir un gobierno dividido y si las partes no se ponen de acuerdo puede que no se apruebe una ley o que no se pueda nombrar jueces. No otra cosa es la que le ha ocurrido a Obama en sus legislaturas, en las que la mayoría republicana le ha impedido llevar a cabo algunos de sus proyectos. Ya, ya sé que Trump podría tener el mismo botón nuclear de Kim Jong Un, pero al menos antes de que se dispare hay diez personas por las que tiene que pasar la decisión, como nos ha revelado la tonta de Hillary.

Pero también es verdad que esa desventaja acrecienta la exigencia de compromiso y consenso. Además, la responsabilidad política está allí más presente porque tienen un sistema electoral de tipo mayoritario en el que el representante político no depende del apparatchik de turno que se dedica a confeccionar las listas cerradas y bloqueadas bajo la supervisión del jefe con criterios de perruna lealtad, sino que es elegido en su distrito y puede ser defenestrado por él por un sistema muy duro de distritos uninominales de un solo ganador (winner-takes-all). Esto hace que el político tenga tan en cuenta a sus electores como a sus jefes políticos. De hecho, ha sido interesante ver cómo muchos republicanos no apoyan a Trump y que en el Congreso no es infrecuente que ocurran este tipo de “deslealtades” a los partidos. Ciertamente complica pero, como decía Madison, un proceso lento y deliberado de hacer leyes era preferible a otro en el que se aprueben demasiado rápido y sin reflexión.

Recientemente, Javier Redondo, rememorando la sucia lucha entre Hamilton y Burr, nos reconocía en un artículo que sin duda Trump ha profanado el templo de la democracia pero que, pese a todo, la filosofía de los controles y equilibrio de poderes minimizan los daños de la mala Administración. Y que a pesar de los síntomas de agotamiento e insatisfacción que muestra el americano medio respecto del funcionamiento de la democracia, tiene interiorizado el respeto a las reglas del juego.

Veremos cuál es el dictamen de las urnas de hoy. Yo quiero creer, una vez más, que unas instituciones sensibles que se autocorrigen y equilibran con los cambios pueden absorber el impacto de cisnes como Trump. No es que no pase nada; pasa, pero quizá algunos países tienen mecanismos eficientes para compensar catástrofes y otros los tienen mutilados o capitidisminuidos y necesitan cargarse un partido para solucionar un año de bloqueo o que se abra un proceso penal para que haya unas escasas y tardías responsabilidades políticas. O ni eso. Sin calcar nada de otros países, pues todo cambio produce efectos colaterales, se hace imprescindible recuperar nuestro particular sistema de equilibrios y contrapesos que, por una cosa o por otra, se ha visto desmantelado por nuestra partitocracia nacional. El cómo y por qué, es otra historia.

¡Ay, Derecho! El Ministerio del Interior desobedece al Consejo de Transparencia sobre la publicación de sus comisarios honoríficos

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El culebrón continúa y lleva camino de convertirse en el símbolo por excelencia de la cultura de la opacidad y del amiguismo que domina la Administración del Sr. Rajoy.

Como recordarán nuestros lectores, la Fundación Hay Derecho preguntó al Ministerio del Interior, al amparo de la Ley de Transparencia, “qué personas habían sido nombrados en el último año comisarios honorarios”.

El Ministerio respondió que siete personas ajenas al cuerpo sin precisar quienes eran. Obviamente, la Fundación reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que nos dio la razón. Dar un número cuando te preguntan unos nombres, especialmente en este caso, es como contestar “uno” cuando te preguntan quién mató a Abel. El interés de la pregunta está en la calidad, no en la cantidad, máxime cuando se trata de reconocimientos públicos que se supone que se otorgan para que se conozcan.

Pues bien, ante la Resolución estimatoria del Consejo de Transparencia, el Ministerio se descuelga ahora con una respuesta que no tiene desperdicio.

En primer lugar, nos proporciona solo cuatro nombres, entre ellos el de Francisco Marhuenda García. Ya se sabe que el actual director de La Razón, el Ministro del Interior y el Sr. Rajoy son íntimos desde hace años. Esto ha debido pesar más para conceder la distinción que la condena al Sr. Marhuenda por intromisión en el honor de un comisario de la Policía Nacional (aquí).

Pero de los otros tres, nada de nada. Se nos informa que la “persona número uno” no autorizó la cesión de sus datos, y que publicar su nombre es colocarle en una situación de “ansiedad”. La “persona número dos” no dijo nada, por lo que tampoco se publica su nombre para preservar su “intimidad”. Y respecto a la “persona número tres”, todavía no se le ha notificado la concesión, por lo que puede rechazarla. ¿Quienes son estos misteriosos comisarios honoríficos?

Teniendo en cuenta que la distinción no conlleva ventaja económica alguna y se limita por tanto a ser un reconocimiento del Estado (es decir, de todos los ciudadanos de bien) a estas personas por la contribución realizada en beneficio de un Cuerpo de Seguridad clave para nuestra convivencia en libertad, esta respuesta resulta muy sorprendente. Aunque, bien mirado, si reflexionamos sobre ello, es muy indicativa del estado real de nuestra Administración clientelar.

En otros lugares, como Francia y el Reino Unido, este tipo de distinciones solamente tienen sentido por su dimensión pública. Se entregan con la máxima publicidad, muchas veces en un acto abierto a todos,  y el distinguido por ellos se enorgullece con razón de ese reconocimiento de su conciudadanos. Se trata así de afirmar públicamente los valores correctos que una sociedad digna y democrática debe afirmar y defender contra viento y marea. Por supuesto siempre habrá críticas, más o menos veladas, pero el carácter público es fundamental para que las críticas constructivas ayuden a las autoridades a afinar al máximo a la hora de encarnar esos valores en personas determinadas; y para que las críticas destructivas comprueben que tienen en contra todo el poder del Estado y de la mayoría de la sociedad. Así, en definitiva, se construye el civismo y el patriotismo constitucional en un país democrático.

Claro, puede ocurrir que alguna persona que lo merezca no desee ser premiado. Porque quiera preservar su intimidad o seguridad o por el motivo que considere conveniente. Entonces se adoptan las precauciones normales antes de darle el premio. Pero, en cualquier caso, nadie lo acepta y luego pide que se mantenga en secreto. Y menos aun se admitiría por el Estado tal pretensión. Porque entonces la distinción carecería radicalmente de sentido.

Pero las cosas son distintas en un Estado acomplejado y clientelar. Las distinciones no son propiamente del Estado, sino de los amigos que coyunturalmente lo ocupan. Se celebran en cenas privadas donde se reúnen solo concedentes y agraciado en franca camaradería. Como el reconocimiento no vale nada fuera de ese círculo de amistades, no existe ningún interés específico en divulgarlo. Más bien existen ciertos peligros, porque contra las críticas no cabe interponer la más mínima explicación y justificación cívica, algo que pueda ser admitido por la mayoría de la sociedad. Y, claro, eso no le gusta a nadie. Es normal entonces que la publicación  provoque ansiedad y vulnere incluso la intimidad.

Nosotros por nuestra parte seguimos empeñados en conseguir que este sea un país normal, en el que los ciudadanos puedan sentirse orgullosos públicamente de los premios que les dan. Así que recurriremos otra vez ante el Consejo de Transparencia para quejarnos por la falta de ejecución de sus resoluciones.

Porque ese es otro problema: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno te puede dar la razón pero el Ministerio del Interior decide que no le va a hacer mucho caso. Y no pasa nada por la sencilla razón de que el Consejo de Transparencia no puede sancionarle. La “avanzada” -según la propaganda oficial-ley 19/2013 de 9 de diciembre sencillamente no concede al Consejo la facultad de sancionar a quienes incumplan sus resoluciones, sino de instar “al órgano competente” a que lo haga. Y si no le hacen caso, lo único que tiene que hacer ese órgano competente es motivarlo.

Como comprenderán, no es probable que con este tipo de incentivos el Ministerio del Interior vaya a cambiar mucho de políticas aunque cambie de Ministro. De todas formas, desde Hay Derecho seguiremos insitiendo y llamando la atención sobre estas disfunciones.

Diario de Barcelona: Todo el pescado vendido

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O, lo que significa lo mismo pero en culto: alea jacta est. Una opinión dejó en este blog escrito que el tema aburre, pues todo lo que podía decirse sobre Cataluña ya ha sido dicho. Y tiene razón. En mi última entrega planteaba una cuestión que ahora me parece fundamental: la claridad. Con el nuevo gobierno de Rajoy la respuesta al órdago del Govern y de la mayoría del Parlament, es clara: negociaremos todo lo que pueda negociarse, o sea cuestiones económicas o de lengua, pero no negociaremos la unidad de España. En pocas palabras: no habrá referéndum, ni consultivo ni decisorio. En todo caso, y dependiendo de cual sea el alcance de la reforma constitucional, habrá un referéndum en toda España y, entonces, ahí se verá cuál es el apoyo que tiene la Constitución de 1978 reformada en 2017 o 2018, en cada parte de España. Por parte de las instituciones del Estado central la respuesta, pues, es clara. Rajoy siempre ha dicho que él es previsible. Y desde luego que lo es. Su gobierno no contiene ninguna sorpresa.

Desde Cataluña la cuestión no está tan clara. Aquí Madrid se ve muy lejos. Creo que desde las instituciones autonómicas no se tiene ni idea del poder del Estado. Y, además, a la gran mayoría de catalanes les repugna –y no me apeo del verbo- estar en manos de la CUP. Pero lo toleran. Es una repugnancia tolerable. Son buenos chicos, dicen. Unos utópicos, pero buenos chicos al cabo. En sus filas –y también en la Esquerra Republicana- se han refugiado, incluso, algunos antiguos militantes del Moviment de la Terra o de Terra Lliure, aquellos “chicos” que ponían bombas en el pecho. Bueno, pero eso fue hace muchos años; ahora son buenos chicos, dicen. La CUP es nuestro Bildu, con la diferencia que aquí el equivalente al PNV se ha deshecho y ahora se debate en si proseguir por la senda constitucional o intentar dinamitarla.

Hay una solución, muy difícil pero posible: que impere la cordura. Los primeros pasos estarán en manos de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, la cual ya movió algunas fichas, en sentido positivo, con anterioridad a las segundas elecciones. Ahora las grandes opiniones sobre lo que es o lo que debe ser España, Cataluña, etc. habría que dejarlo de lado y sentarse a discutir cuestiones particulares: financiación, sanidad, lengua, educación, infraestructuras. Y de este modo es probable que puedan llegar a entenderse las instituciones catalanas y las del Estado. Sobre los grandes temas ya no merece la pena seguir opinando, a no ser que todo esto acabe en desastre. Intentaré, en el futuro, centrarme en lo particular pues de lo general ya hemos hablado demasiado.

La masa crítica de la democracia: reproducción de la Tribuna en El Mundo de nuestros coeditores Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena

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En todo proceso de cambio social o político el protagonismo fundamental no descansa en los que lo promueven o en los que lo resisten, sino más bien en los que, por así decirlo, se encuentran sentados encima de la valla, mirando a un lado y a otro, intentando adivinar quién va triunfar, si los reformistas o los conservadores. Preguntan nerviosos qué es lo que va a ocurrir, con el fin de adoptar las precauciones correspondientes, sin ser conscientes de que es precisamente su decisión o indecisión la que decidirá el ganador. Son la masa crítica, llamada así no por su supuesta propensión a enjuiciar hechos y conductas de manera desfavorable, sino por integrar la cantidad mínima de personas necesaria para que un fenómeno tenga lugar.

Es evidente que en una democracia como la nuestra su mayor peso o influencia se siente principalmente a la hora de votar. Así ha ocurrido en el último año en dos ocasiones. Pese a ello, ha sido necesario el transcurso de más de 300 días desde las primeras elecciones para que nuestros políticos asumiesen el explícito veredicto del conjunto de la sociedad española tras más de un lustro de crisis política, económica, institucional y ética: reformas sí, pero sin ruptura. O lo que es lo mismo, sí a los cambios, pero incrementales y con tranquilidad. Tampoco hay que sorprenderse tanto, dado que esta decisión recuerda bastante a la que los españoles en su conjunto adoptaron en 1975 y que dio lugar a la Transición.

Por supuesto, se trata de una masa muy heterogénea. Un sector de la sociedad -que podemos identificar grosso modo con los más jóvenes- se muestra muy crítico con el sistema democrático de partidos fuertes y omnipresentes instaurado en 1978, que ha garantizado hasta ahora una enorme estabilidad a los sucesivos Gobiernos, pero que ha generado también daños colaterales muy importantes después de tantos años de abuso partitocrático. Desde la falta de la meritocracia a la colonización de todos y cada uno de los resortes del Estado, pasando por el clientelismo y la corrupción generalizados. Pero junto a ese sector de la sociedad existe otro -más envejecido y más conservador- que no quiere aventuras y que prefiere lo ya conocido. Hay que reconocer que el inmovilismo del que hace gala el Partido Popular cuenta con muchos seguidores, particularmente entre los mayores que vivieron bajo el franquismo y que consideran (con razón) que la democracia que tenemos ahora es, pese a sus evidentes fallos, mucho mejor que cualquier otro sistema anterior y que, todo sea dicho, se han visto especialmente beneficiados frente a los más jóvenes por la política social y económica del Gobierno.

En cualquier caso, los resultados de las dos elecciones generales de los últimos meses obligan a atender de manera combinada las demandas de estos dos sectores de la sociedad española. Tanto de los que piensan de buena fe que hay que cambiar el sistema político de raíz, como de los que piensan de buena fe que hay que primar la estabilidad sobre cualquier tipo de cambio. Y lo cierto es que esta tarea sólo puede realizarse con la colaboración de los partidos que han hecho del cambio tranquilo su objetivo, pero que -un tanto paradójicamente- cuentan con menos apoyo explícito. Apoyo que además por ser especialmente crítico ha resultado mucho más volátil. Sin embargo, sería un grave error no darse cuenta de que la potencial masa de ciudadanos capaz de apoyar de manera decidida un cambio de estas características, tanto en el ámbito institucional como social, es mucho mayor de la que parece deducirse del apoyo electoral a los partidos que lo defienden.

Una vez liberados del riesgo de un tercer encuentro con las urnas, siempre dominado por la desconfianza, el miedo, el recelo recíproco y el voto útil, una importante cantidad de votantes de los partidos situados en los extremos del arco parlamentario no dejará de mirar con buenos ojos el intento de condicionar el Gobierno en un sentido reformista. El problema es que, sentados cómodamenteencima de la valla, van a tener que decidirse por hacer sentir su peso (aunque sea en la vertiente no electoral) si quieren contribuir a que se produzcan las reformas. Porque no hay que despreciar las enormes dificultades y los intereses creados con los que va a tropezar ese proceso de cambio.

Efectivamente, fracasado el intento de la XI legislatura de abordar con ese espíritu y desde el centro político las reformas pendientes en nuestro país (explicitado en el acuerdo del abrazo entre PSOE y Ciudadanos), queda ahora por diseñar una hoja de ruta para acometer esas mismas reformas u otras muy parecidas a partir del dato de un Gobierno en minoría liderado por una persona y un partido que -al menos hoy por hoy- son partidarios acérrimos del statu quo.

No podemos engañarnos. Más allá de los gestos, la retórica y en ocasiones el discurso, pocas cosas han cambiado en estos 10 meses. El funcionamiento de nuestra vida política e institucional sigue dominada, como siempre, por la opacidad, el clientelismo y las luchas de poder internas de los partidos, sin faltar tampoco la continua exposición de las vergüenzas del sistema puestas de manifiesto por los interminables casos de corrupción. Dado que, salvo excepciones, las responsabilidades políticas por esta forma de funcionar siguen sin asumirse (y ya veremos lo que ocurre con las responsabilidades judiciales) la realidad es que los incentivos para cambiar el modus operandi no son demasiado intensos. Episodios como el del fallido nombramiento del ex ministro Soria para el Banco Mundial, la negativa del Gobierno en funciones a dejarse controlar por el Parlamento, el desprecio por los principios de mérito y capacidad en los nombramientos de la cúpula judicial o la negativa de muchos organismos públicos a facilitar información sobre cómo y en qué se gasta el dinero público, por no hablar de la resistencia a cumplir las leyes o las resoluciones judiciales que no les convienen, son ejemplos muy gráficos de ayer mismo.

En definitiva, sin una masa crítica suficiente para presionar por la reforma desde la sociedad civil la tarea se adivina muy complicada, porque los beneficiarios del statu quo ya conocen el limitado impacto que tiene en su manifestación electoral. Por eso, cumplida in extremis la primera obligación de nuestros representantes electos -que es la de dotar al país de un Gobierno y de una oposición-, la ciudadanía no puede echarse a descansar y desaparecer del escenario hasta las siguientes elecciones. Todo lo contrario.

La idea de origen providencialista de que el desempeño honesto de la propia profesión basta para cumplir la tarea del ciudadano, se está revelando peligrosamente errónea allí donde quiera que miremos. En las sociedades dislocadas en las que vivimos, en las que las recetas populistas se abren paso con tanta facilidad, es esencial que los ciudadanos no abandonen el debate público con la finalidad de situar como principal prioridad la agenda reformista. Ya no sirven las coartadas habituales utilizadas por los beneficiarios del statu quo según las cuales es posible ser un ciudadano responsable sin ocuparse de los intereses de todos. Momentos como los que vivimos (no sólo en España, sino en muchas democracias de nuestro entorno) exigen un nivel de exigencia y de implicación personal por parte los ciudadanos mucho mayor del que ha sido habitual hasta ahora.

Hoy la sociedad civil está llamada a desempeñar un papel de primer orden en cualquier proceso de cambio que se ponga en marcha en nuestro país. Porque si algo enseña la Historia es que los cambios llegan no cuando lo deciden los políticos, sino cuando el convencimiento de su necesidad alcanza en la sociedad una determinada masa crítica.

Comunicado de PCIJ sobre la prevención de riesgos laborales en la carrera judicial

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Según la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial, el CGPJ debe cumplir la Directiva 89/391/CEE; y la debe cumplir ya.

Constituye un derecho de los jueces saber a partir de qué momento el trabajo pone en peligro su propia salud, tal como está reconocido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en la Directiva europea 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora en la seguridad y salud en el trabajo, incorporada al derecho español por la citada Ley.

Puedes consultar el comunicado completo en este enlace.

HD Joven: Día par o día impar, no deje de pedalear

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Hablar estos días de algo que no esté relacionado con la formación del Gobierno en España o las elecciones en los Estados Unidos parece hasta extraño. Pero, puesto que los viernes esta es una tribuna joven y a los jóvenes nos preocupan también otras historias, permítanme que les hable de ese maravilloso invento creado a principios del siglo XIX: la bicicleta.

Esta semana a más de uno le habrá dado un síncope al pensar en las restricciones al tráfico que han estado a punto de imponerse en Madrid capital con ocasión de la contaminación atmosférica. Bien es cierto que las soluciones que aquí, esquemáticamente, se van a describir son difícilmente aplicables, algunas de ellas, a urbes del tamaño de la Villa, pero no dejan de ser opciones a contemplar (aunque a nuestros lectores de la capital esto pueda sonarles a ciencia ficción).

Se trata de un medio de transporte que presenta innumerables ventajas: el consumo energético de este medio es hasta 12 veces menor que el del automóvil (Ciudades y bicicletas, editorial Pons); la contaminación, por consiguiente, también es muy reducida (hay consumo energético y contaminación derivadas de su fabricación, mantenimiento y reparación); el gasto económico que habrá de soportar un ciclista es muy inferior al de un conductor de vehículos a motor; en muchas ocasiones, los transportes urbanos son más rápidos en bicicleta que en cualquier otro medio (por ejemplo, para el caso de Zaragoza); y, no menos importante, pedalear adelgaza y contribuye al mantenimiento de un nivel de salud adecuado.

Pero, ¿cuál es la situación de la bicicleta en nuestro país? Como en todo, podemos ver el vaso medio lleno, o medio vacío: seguimos a la cola de Europa en el uso de este medio de transporte (como indicaba el Eurobarómetro de 2010, aquí); sin embargo, los datos en perspectiva son optimistas puesto que el uso ha crecido según los Barómetros de la Bicicleta de 2011 y 2015, respectivamente (pueden consultarlos aquí).

Por otra parte, los efectos sobre el medio ambiente y la contaminación también son notables en un reducido lapso de tiempo. Por ejemplo, para el caso de Zaragoza (recurro, de nuevo, a esta ciudad por ser geográficamente la más próxima a quien escribe estas líneas), en apenas una década, la política de movilidad sostenible impulsada por distintos ayuntamientos, en los que el fomento de la bicicleta y del tranvía así como la peatonalización del centro de la ciudad han sido ejes de la actuación administrativa local, ha contribuido a una reducción de hasta el 30% de la emisión de CO2 (aquí). En definitiva, las sucesivas corporaciones han emprendido, en apenas tres lustros, una decidida política a favor de la movilidad en bicicleta. En Zaragoza hemos pasado de contar con apenas 15 km de carril bici en 2002 –según datos de la Dirección General de Tráfico– a más de 130 km. El impulso, desde 2008, de la red pública de préstamo de bicicletas también ha sido notable, pretendiendo en la actualidad su expansión al resto de barrios de la ciudad. Así mismo, se han creado organismos como el Observatorio de la Bicicleta, se ha redactado un Plan Director para la misma, y se potencia su uso con campañas informativas.

Pero también ha habido reveses a esta política municipal: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 17 de febrero de 2012 declaró ilegal (a mi juicio, acertadamente) la ordenanza municipal que permitía circular por determinadas aceras, especialmente aquellas más anchas, por contravenir el Reglamento de Circulación (un comentario a esta sentencia, aquí). Este hecho tuvo una repercusión clara en el uso de la bicicleta: descendió en poco tiempo. Parece que, poco a poco, y con el empuje de la construcción de nuevos carriles bici, su uso vuelve a recuperarse paulatinamente en la ciudad del Ebro (ello incluso a pesar de la negatividad en la cobertura de estas materias por determinados medios de comunicación locales, cuestión esta que merece un estudio en profundidad para otra ocasión).

Entonces, las cosas no van tan mal, ¿no? Depende de lo que entendamos por ir bien. Algunas ciudades de tamaño medio, como el caso de Zaragoza, Valencia, Sevilla, Bilbao y, en alguna medida, hasta Barcelona, han desarrollado verdaderas políticas públicas a favor de la bicicleta. Sin embargo, se echa de menos una política en tal sentido por parte de las Comunidades Autónomas y del Estado. A modo de ejemplo, la recientemente aprobada iniciativa legislativa del Gobierno de Andalucía contra la obesidad, incluye la obligación de construir aparcamientos para bicicletas… pero en una norma no comprehensiva, sino de manera incidental (aquí). Algunos actores de la sociedad civil están impulsando la elaboración de un Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta por parte de la DGT (aquí).

En mi opinión, esta es la senda por la que debe transitar la política estatal y autonómica: ofrecer instrumentos de acción a los entes locales, que han de ser quienes desarrollen y fomenten el uso de la bicicleta como alternativa sostenible, creando marcos adecuados como el citado plan. Con carácter general, la regulación que las ciudades pueden hacer de la bicicleta responde a cuestiones residuales como, por ejemplo, dónde se puede aparcar o el establecimiento de algún tipo de registro voluntario de bicis, como existe en Zaragoza, pero la normativa estatal de circulación no puede desconocerse, por lo que el margen de maniobra es, por el momento, escaso. Solo contemplando esta opción desde una perspectiva global podrá darse el verdadero impulso que el uso de la bicicleta necesita en nuestro país para lograr estar a la altura de nuestros amigos del Norte de Europa.

Mientras esto sucede, y a la vista de la realidad cotidiana de quien utiliza la bicicleta para la práctica totalidad de sus desplazamientos, permítanme que comente algunas cuestiones sobre las que, a veces, se generan ciertas dudas:

  1. Los ciclistas no tienen la obligación de circular por el carril bici y pueden hacerlo por la calzada aunque haya uno en la misma vía si esto conviene más a su desplazamiento, ocupando la parte central del carril, por su seguridad.
  2. Si, como consecuencia de una infracción, un ciclista causa algún tipo de lesión a una persona, sus bienes o derechos, aquel tiene la obligación de resarcirle: el seguro lo resarce, si lo hay, en sustitución del conductor; si no, éste deberá asumir las consecuencias (si no se denuncia es otro asunto, problema de la víctima).
  3. Entonces, ¿por qué no se exige seguro a los ciclistas? Evidentemente porque el legislador considera, acertadamente, que el tráfico de bicicletas ni es de suficiente volumen ni, aunque lo fuese, tendría la capacidad de generar una masa monetaria de responsabilidad civil como, de hecho, generan los vehículos a motor con sus eternos percances. Además, esta exigencia supondría un obstáculo adicional a la promoción de su uso. Ahora bien, tener un seguro, no está de más.
  4. Y, ¿por qué no se les exige un pago de impuesto de circulación? Porque el «impuesto sobre vehículos de tracción mecánica», conocido como de circulación, es un impuesto especial y, como tal, grava aquellas actividades que se consideran dañinas, nocivas y desaconsejadas. Es el mismo tipo de impuesto que el del alcohol y el tabaco.
  5. Misma idea subyace en la no exigencia de matriculación: considera el legislador que introducir estos obstáculos no supera el análisis de coste-benefi Lo mismo ocurrió con la obligatoriedad de casco en ciudad, que se contempló en algún momento y también descartó.

Ya saben, pedaleen y disfruten del aire de su ciudad (y si no está limpio, contribuyan a que lo esté).