Les presentamos el ranking “HayDerecho” de gobernanza institucional

En la Fundación Hay Derecho nos hemos marcado como misión el proporcionar información objetiva e independiente a ciudadanos y responsables políticos sobre los problemas de nuestra sociedad y sus posibles soluciones, con el objetivo de mejorar nuestro Estado de Derecho, la calidad de nuestras instituciones y la forma de hacer políticas públicas en España. Y lo queremos hacer con rigor, independencia, en base a la evidencia empírica disponible  y acercando las conclusiones a la ciudadanía con mensajes claros y sencillos.

La capacidad de las instituciones y la confianza en las mismas son cruciales en el momento actual

En particular queremos contribuir a mejorar la capacidad de nuestras instituciones para dar respuesta acertada a los retos a los que se enfrenta nuestro país y aumentar la confianza que dichas instituciones transmiten a la sociedad.

Ambos aspectos, capacidad y confianza en las instituciones son cruciales en el entorno actual de desafección de la ciudadanía y auge de movimientos populistas. Porque en nuestra opinión, en buena medida el crecimiento del populismo está conectado con los problemas institucionales, puestos de manifiesto particularmente durante la Gran Recesión.  Por tanto, lo primero es analizar cuáles son esos fallos institucionales para avanzar en su solución.

Lo primero que queremos subrayar es que la calidad y la confianza en nuestras instituciones han empeorado notablemente en los últimos años.

Para comprobar esta afirmación vamos a utilizar los indicadores mundiales de gobernanza que proporciona el Banco Mundial desde 1996 (World Bank, 2016). Los indicadores están basados en cientos de variables obtenidas de 31 fuentes de datos diferentes, que recogen las percepciones acerca de los gobiernos por parte de varias categorías de entrevistados: ciudadanos; organizaciones no gubernamentales; proveedores de información comercial y organizaciones del sector público de más de 200 países. En particular nos interesa destacar 4 indicadores: la eficacia gubernamental, la calidad regulatoria, el Estado de derecho y el control de la corrupción.

Estos 4 indicadores tienen una relación directa con los parámetros que queremos analizar. Los 2 primeros reflejan la capacidad del gobierno para definir, regular y aplicar eficazmente políticas sólidas. A este primer grupo de indicadores lo hemos llamado indicadores de capacidad.

  • Eficacia gubernamental. Recoge la percepción sobre la calidad de los servicios públicos, la calidad de la administración pública y su grado de independencia de las presiones políticas, la calidad de la definición y ejecución de políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno con dichas políticas.
  • Calidad Regulatoria. Recoge la percepción sobre la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones sólidas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado.

Al segundo grupo de indicadores los denominamos de confianza, en cuanto que reflejan el respeto de los ciudadanos y el Estado por las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales.

  • Estado de Derecho. Recoge la percepción sobre la medida en que los agentes confían en las normas de la sociedad y las respetan.
  • Control de la Corrupción. Refleja la percepción de la medida en que el poder público se ejerce para el beneficio privado, incluyendo tanto las pequeñas y grandes formas de corrupción, como la “captura” del Estado por las élites y los intereses privados.

Observando la evolución de dichos indicadores en España en comparación con países de nuestro entorno, nuestras sospechas se confirman. Vemos que en los últimos 20 años la tendencia de España ha sido la de ir alejándonos de la posición de los países mejor situados. En ese camino descendente nos ha acompañado nuestro vecino Portugal. Y en ese viaje a las profundidades nos vamos acercando a otros países que tradicionalmente han ocupado posiciones menos aventajadas como Italia y Grecia. Produce mucha tristeza observarlo, porque hace 20 años España estaba rozando el grupo de países aventajados y en estos 20 años no solo hemos perdido la ocasión de consolidarnos en dicho grupo sino que la tendencia apunta claramente a que nos hemos cambiado al menos atractivo grupo Mediterráneo, principalmente en cuanto a los indicadores relacionados con la corrupción, la garantía del estado de derecho y a la calidad de nuestro sistema regulatorio se refiere.  Ya no somos los alemanes del Sur, ahora somos simplemente un país más del Sur de Europa.

No solo nos estamos hundiendo, sino que lo hacemos cada vez más velocidad. Al menos, en cuanto a eficacia gubernamental parece que nos vamos recuperando después de tocar fondo en el 2009.

Figura 1: Indicadores de Capacidad

 

Figura 2: Indicadores de Confianza

 

Estos indicadores nos permiten confirmar nuestras sospechas y nuestras percepciones —derivadas de nuestra vida profesional— con datos, frente a las soflamas gratuitas de nuestros políticos de que todo va bien e irá cada vez mejor. La evidencia cuantitativa demuestra que la supuesta mejora no es tal. Nos estamos italianizando.

Los indicadores internacionales nos permiten ver las cosas con perspectiva pero, al proporcionar la información agregada por países, no nos dan muchas pistas sobre qué instituciones concretas están fallando, cuales están haciéndolo mejor y, en definitiva, ofrecen poca información a nuestros ciudadanos y responsables políticos sobre las decisiones que se deben de tomar para mejorarlas aquí y ahora.

Por eso hemos decidido poner en marcha el indicador “Hay Derecho” sobre gobernanza institucional para tener información desagregada de las diferentes instituciones públicas españolas sobre su capacidad para desempeñar sus cometidos y la confianza que transmiten a la ciudadanía. Eso permitirá saber quién los está haciendo bien o mal, premiar a quien se lo merezca, conocer e imitar buenas prácticas y definir medidas correctoras donde sea necesario.

Un proyecto ambicioso, complejo y costoso

Poner en marcha un indicador de estas características es una tarea compleja, costosa y que conlleva una gran responsabilidad. En primer lugar por la complejidad intrínseca de determinar a quién se mide, qué se mide y cómo se mide, de forma que sea posible establecer indicadores rigurosos, confiables y comparables para instituciones diversas y dispares. En segundo lugar  porque en España la carencia de datos de calidad es un hecho manifiesto que ya hemos denunciado en otras ocasiones y que dificulta hacer un análisis riguroso de instituciones y políticas públicas.

Pero tenemos claro que es una tarea importante y necesaria y a ella venimos dedicando nuestro esfuerzo desde hace unos meses.  Hemos hecho una primera selección de aquellas instituciones que hemos considerado especialmente relevantes y dentro de ellas, una serie de indicadores que se pueden obtener con una calidad razonable  y que tienen una vinculación directa con los parámetros que queremos medir: la capacidad de la institución y la confianza que transmite. Esta es la lista preliminar de instituciones seleccionadas:

  • Banco de España
  • CNMC
  • CNMV
  • Tribunal de Cuentas
  • CGPJ
  • Autoridad Fiscal Independiente
  • Defensor del Pueblo
  • Consejo de Seguridad Nuclear
  • Tribunal Constitucional
  • Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Y adelantamos algunas de las cosas que vamos a medir: Idoneidad, capacidad y organización del personal, grado de digitalización de la institución, procedimientos de trabajo  y de garantía de calidad, mecanismos de definición y control del presupuesto, confianza general transmitida por la institución y por su personal, calidad de los mecanismos de contratación, mecanismos de contrapeso y rendición de cuentas y transparencia.

En este momento estamos definiendo la metodología de trabajo. La metodología la haremos pública junto con la presentación de los resultados para garantizar la trasparencia y objetividad de todo el proceso de definición y cálculo de los indicadores. Incidiendo en este punto, todos los datos que usemos en nuestras estimaciones también se harán públicos.

Un proyecto muy necesario

Nos embarcamos en este ambicioso proyecto porque pensamos que estos indicadores pueden contribuir a la mejora de nuestro sistema público. Los indicadores, si están bien definidos, establecen un marco de referencia en el que se observan los gestores públicos y su cumplimiento se convierte en un objetivo en sí mismo (Dahler-Larsen, 2014). Por ello son un mecanismo eficaz de intervención indirecta de la sociedad civil en el funcionamiento de las instituciones. Estamos convencidos de que pueden contribuir a la “destrucción creativa” del actual status quo institucional (Johnsen, 2005) que, como estamos viviendo, no parece que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad.

Finalmente queremos pedir vuestra ayuda. Un proyecto de estas características es costoso y para llevarlo a buen puerto necesitamos contar con los recursos necesarios. Si tú también piensas que es un proyecto necesario y que contribuirá a mejorar nuestro tejido institucional  es el momento de echarnos una mano. Aquí tienes las instrucciones para hacerlo: https://hayderecho.expansion.com/colabora-con-hay-derecho/

Referencias

Dahler-Larsen, P. (2014). Constitutive effects of performance indicators: Getting beyond unintended consequences. Public Management Review, 16(7), 969-986.

Johnsen, Å. (2005). What does 25 years of experience tell us about the state of performance measurement in public policy and management? Public Money and Management, 25(1), 9-17.

World Bank. (2016). WGI 2016. Recuperado 16 de diciembre de 2016, a partir de http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home