La transparencia acaba en los tribunales
Cuando entró en vigor la Ley de Transparencia pocos preveían el alto grado de judicialización que alcanzaría. Tras dos años en vigor, se han presentado 32 recursos ante los tribunales. La gran mayoría, del propio Gobierno para evitar dar información a los ciudadanos. La Abogacía del Estado ha presentado ya, en nombre de ministerios o empresas públicas, una veintena de recursos porque no está de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que daban la razón a ciudadanos o asociaciones.
Puedes leer la noticia completa de El País en este enlace.
“Diría que no hay mucha voluntad política, lo que no puede sorprender: la transparencia real es un misil en la linea de flotación del sistema”, opina Elisa de la Nuez, abogada del Estado, sobre las dificultades que pone la Administración para contestar a peticiones de información. “La debilidad del sistema de transparencia se demuestra en la inexistencia de un régimen de sanciones digno de tal nombre y en que el Consejo carezca de facultades reales de sanción e inspección para velar por el cumplimiento de la Ley”, sigue la impulsora de la plataforma Hay derecho. Y remata: “Otro problema es la escasez de recursos del Consejo. Esto también es señal de la falta de voluntad política, extensible a otros organismos a los que parece que se quiere rendir por hambre”.
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Carlos Sebastián ha sido Catedrático de la Universidad Complutense (departamento de Fundamentos del Análisis Económico II) hasta su jubilación en septiembre 2014. Estudió en la Universidad de Madrid, en la de Essex, Reino Unido, (M.A. in Economics) y fue Research Student en la London School of Economics. Es autor de numerosos artículos sobre macroeconomía, crecimiento económico y economía institucional y de varios libros. Recientemente “España estancada. Por qué somos poco eficientes” publicado en 2016 por la Editorial Galaxia-Gutenberg. Anteriormente, “Subdesarrollo y esperanza en África” (2013), también en Galaxia-Gutenberg, “Observatorio de la Economía Internacional” (2009) publicado por la Fundación de Estudios Financieros e “Instituciones y Economía” (2008) publicado por la Editorial Ramón Areces. Fue columnista habitual de Cinco Días (2000-2009).
Fue Director General de Planificación en el Ministerio de Economía con Miguel Boyer, primer director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), director del Informe del Instituto Complutense de Análisis Económico sobre la economía española y del servicio de Coyuntura ERISTE. Ha sido consejero de varias empresas, no cotizadas y cotizadas. Actualmente es Vocal del Consejo Asesor de la AIREF y del Patronato de la Fundación Hay Derecho.
La cita de Elisa me encaja perfectamente. La estoy imaginando al decirlo.
Claro que la transparencia es “un misil en la línea de flotación del Sistema”.
Veamos:
Supongamos que existiese una relación exhaustiva de todas y cada una de las Subvenciones, de cualquier fuente y a cualquier tipo de organización.
Con libre acceso a todos los detalles de las mismas incluyendo Expedientes de Concesión e Informes de Cumplimiento de los Compromisos y del Gasto.
Si esto fuese accesible veríamos que “el Sistema” es, fundamentalmente, una Red Clientelar y, para la próxima reedición constitucional, muchos ciudadanos exigirían que desde los gobiernos, cualquiera, no se pudiese subvencionar absolutamente nada. Y en todo caso que dichas subvenciones fueran voluntarias con aprobaciones desde los Contribuyentes de Hecho.
¿Qué redes clientelares deben ser sostenidas con nuestro dinero y cuáles no?
¿Quién debe decidir su adjudicación?
¿Podríamos hacerlo con voto electrónico caso a caso? ¿Por qué no?
Estas cosas son tan de cajón que abordarlas expone la verdadera naturaleza del sistema y la necesidad de Revisar el vigente Concepto de Poder Social y qué limitaciones se le deben imponer Constitucionalmente.
Y como este tema hay por lo menos otros veinte misiles bajo la línea de flotación.
Poco a poco vamos viendo que la regeneración más parece una complicidad que una solución.
Las soluciones democráticas han de ser otras.
Felices Reyes Magos
“¿Podríamos hacerlo con voto electrónico caso a caso? ¿Por qué no?”
Yo le digo por qué no es buena idea el voto electrónico (aunque estoy de acuerdo con usted en que subvencionar organizaciones mil desde el estado es crear pura red clientelar, sin ninguna duda). Hace poco el gobierno británico iba a botar un nuevo barco oceanográfico y no se les ocurrió otra cosa que invitar a la gente a proponer nombres y votarlos a través de internet. Los nombres que ganaron fueron tonterías y juegos de palabras del estilo “Fish & Ships” y payasadas parecidas o peores. Incluso un grupo de españoles se enteró del concurso, propusieron llamarlo Blas de Lezo y con ayuda de los participantes de un foro español consiguieron colocarlo entre las primeras posiciones. Al final ganó un nombre ridículo, el gobierno británico se negó a llamar al barco así y bautizaron al barco con el nombre que les dió la gana. Un fiasco seguido de un tonto debate sobre el respeto a la democracia y bla, bla, bla. Hacía tiempo ya había pasado no recuerdo dónde algo parecido (ganó “Hitler no hizo todo mal” o algo así).
Esta es la razón de que cuando yo defiendo la “democracia ateniense” defiendo una gran asamblea elegida al azar que represente de forma sociológicamente fiel a los ciudadanos y no defiendo que todos los ciudadanos puedan votar las leyes a través de internet: al final solo votarían los “friquis” y el resultado sería una payasada.
La cita de Elisa me encaja perfectamente. La estoy imaginando al decirlo.
Claro que la transparencia es “un misil en la línea de flotación del Sistema”.
Veamos:
Supongamos que existiese una relación exhaustiva de todas y cada una de las Subvenciones, de cualquier fuente y a cualquier tipo de organización.
Con libre acceso a todos los detalles de las mismas incluyendo Expedientes de Concesión e Informes de Cumplimiento de los Compromisos y del Gasto.
Si esto fuese accesible veríamos que “el Sistema” es, fundamentalmente, una Red Clientelar y, para la próxima reedición constitucional, muchos ciudadanos exigirían que desde los gobiernos, cualquiera, no se pudiese subvencionar absolutamente nada. Y en todo caso que dichas subvenciones fueran voluntarias con aprobaciones desde los Contribuyentes de Hecho.
¿Qué redes clientelares deben ser sostenidas con nuestro dinero y cuáles no?
¿Quién debe decidir su adjudicación?
¿Podríamos hacerlo con voto electrónico caso a caso? ¿Por qué no?
Estas cosas son tan de cajón que abordarlas expone la verdadera naturaleza del sistema y la necesidad de Revisar el vigente Concepto de Poder Social y qué limitaciones se le deben imponer Constitucionalmente.
Y como este tema hay por lo menos otros veinte misiles bajo la línea de flotación.
Poco a poco vamos viendo que la regeneración más parece una complicidad que una solución.
Las soluciones democráticas han de ser otras.
Felices Reyes Magos