La renovación del Tribunal Constitucional o como cargarse una institución básica del Estado de Derecho

En el año 2017 y después de la que está cayendo, la pinza PPSOE se las ha apañado para repetir el reparto de cromos en una institución clave cuya legitimidad debería de intentar preservarse como oro en paño. Pero no ha sido así, y el nombramiento (largo tiempo demorado, para variar) de los cuatro Magistrados que correspondía nombrar al Senado deja a las claras una vez más el cortoplacismo y la ceguera de nuestros viejos partidos políticos. Los afortunados han sido 2 por el PP (Ricardo Enriquez y Alfredo Montoya) y 2 por el PSOE (Cándido Conde- Pumpido y Maria Luisa Balaguer). El PP ha tenido todo un detallazo con la Gestora del PSOE al “cederle” un puesto de Magistrado, pero es que los favores se devuelven y además hay que aprobar los presupuestos. Aquí el diario ABC lo explica estupendamente.

Recordemos que el Tribunal Constitucional tiene 12 miembros nombrados por el Rey, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 partes de sus miembros, 4 a propuesta del Senado por idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Tocaba ahora la renovación de los propuestos por el Senado.

Y a su vez los partidos también se portan bien con la clientela y devuelven los favores. Desde luego, el PSOE le debe mucho a un personaje como Cándido Conde Pumpido, el Fiscal General (a propuesta del PSOE) que tuvo que arrastrar su toga por el polvo del camino para servirles fielmente, por utilizar su propia expresión.  Y es que de la politización a la patrimonialización de las instituciones solo hay un paso, y está claro que en el Tribunal Constitucional hace tiempo que se ha dado. Recordemos el surrealista nombramiento de Enrique López, el magistrado motorista del que hablamos en su momento aquí.  Parece que el tiempo no pasa.

Pero el tiempo sí que pasa. Y si algo resulta asombroso es que nadie en el PP o en el PSOE oficialista advierta –o que lo advierta y le de igual, que es otra posibilidad- el coste tremendo de legitimidad que esto supone para el Tribunal Constitucional, que no está precisamente sobrado de magistrados neutrales e independientes.  Recordemos que ahí tenemos colocados a personajes tan señalados por sus favores al PP a como el ex Rector de la Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano, padrino (o Padrino) del famoso Rector plagiario, Fernando Suarez, y también, como no, de su delfín Javier Ramos, su digno sucesor y cuya principal función parece que será reforzar la “omertá” que empezaba a resquebrajarse en su Universidad.  Todo con cargo al dinero público.

Recordemos también que el todavía Presidente Pérez de los Cobos tuvo una temporada carnet del PP, aunque no parece muy grave teniendo en cuenta que Andrés Ollero, su sucesor “in pectore” (teóricamente los Magistrados eligen de entre ellos a su Presidente, pero ya saben que son los partidos los que deciden previamente a quien tienen que elegir) ha sido diputado de este partido. Toda una garantía de neutralidad. Por el lado del PSOE, la incorporación de alguien tan señalado como Conde Pumpido va a contribuir a acentuar más -si cabe- la imagen de politización y componendas. Como además esta vez las minorías nacionalistas  y los nuevos partidos no han entrado en la negociación, es fácil adivinar lo que van a decir cuando recaigan sentencias controvertidas y especialmente en la denominada “cuestión catalana”: que el PPSOE se va a poner de acuerdo para que el Tribunal Constitucional decida lo que políticamente les convenga y no lo que técnicamente proceda. Menudo regalo para un secesionismo precisamente en horas bajas por su falta de respeto al Estado de Derecho.

El hecho adicional de que se haya sometido nada menos que a 15 juristas –teóricamente de “reconocido prestigio”- al humillante papel de simples comparsas con las correspondientes comparecencias en el Senado para que éste alcanzara la conclusión de que había que nombrar exactamente a los candidatos “oficiales”, supone una burla y una humillación para todos los implicados, incluidos los senadores. Para ese viaje, sobran las alforjas. Es mejor que nos ahorren y les ahorren paripés tan penosos.

Nuestros políticos –en especial el PP de Rajoy y la Gestora cuasivitalicia del PSOE- no quieren enterarse de que estos repartos de cromos no solo son rechazables por una ciudadanía que está muy harta sino que arrojan una tremenda sombra de sospecha sobre cualquier actuación de una institución cuyo prestigio solo puede basarse en la neutralidad y profesionalidad de sus magistrados y en la calidad de sus decisiones. Pensar que a estas alturas no se van a criticar las resoluciones del Tribunal Constitucional basándose en los perfiles de los Magistrados y en su vinculación previa con los partidos políticos que los nombran (sobre todo en casos tan llamativos como los de Ollero o Conde-Pumpido) es no querer enterarse de nada. Que esto pueda suceder en un momento en el que hay un grave desafío secesionista en Cataluña solo revela hasta qué punto las élites de estos partidos siguen pensando que todo sigue como siempre y que el fin justifica los medios.

Podemos leer los dos últimos párrafos del artículo 159 de la Constitución con cierta melancolía. Son los que explican que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil y los que recuerdan que los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

En una democracia, tan importante como el rigor y formalismo del Derecho, si no más, es la legitimidad social de las instituciones de donde emana. No cabe duda de que estos comportamientos rancios y clientelares provocan un daño terrible a la causa de la democracia liberal, en una época donde esta se juega su supervivencia.