La operación Lezo (y tantas otras). Corrupción, capitalismo clientelar y Estado de Derecho

Las noticias de la última semana, lamentablemente, confirman algunas cuestiones que desde este blog y desde la Fundación Hay Derecho venimos denunciando desde hace tiempo.

La primera es que la corrupción no es un problema de manzanas podridas. No se trata de casos aislados en los que una persona concreta se corrompe y cobra una comisión, sino de sistemas organizados de corrupción sistemática en algunas administraciones. Por supuesto tampoco se trata, como dicen algunos, de una única trama en la que están involucrados todos los partidos (menos uno), todos los políticos y todas las administraciones. Pero sí es cierto que hay grupos de personas que tienen poder en la administración y en los partidos políticos y que lideran redes corruptas, como se puede comprobar en las tramas Gurtel, Palau, Lezo, ERE, etc. No hay una sola y de hecho al parecer compiten entre sí: algunas informaciones indican que el enfrentamiento entre dos de ellas facilitó que saliera a luz información utilizada dentro de la última operación.

La segunda es que en nuestro sistema capitalista existe un elemento clientelar que pervierte la competencia y afecta a la justicia y a la eficiencia del sistema. Los poderes económicos crean relaciones de confianza y vínculos económicos con el poder político para obtener los favores del mismo a través de adjudicaciones de contratos, licencias y concesiones. Actúan también sobre el legislador influyendo en la aprobación de que leyes les benefician a ellos y dificultan o impiden la competencia. Esto afortundamente no afecta a todos los ámbitos de la administración pública, sino que se concentra fundamentalmente en los procesos de contratación de servicios y obra pública, en el urbanismo y en la energía, que es donde más dinero se mueve. Pero ha infectado  hasta cierto punto también a los medios de comunicación, que también han sido colonizados por el poder político y se tratan de manipular para beneficiar a determinados empresarios o políticos. Todo ello lo examinamos en nuestro libro, “Contra el capitalismo clientelar” que está a punto de publicarse.

La tercera es el intento de invasión por parte del poder político de todas las instituciones, y en especial de la administración de justicia. Esto es lógico pues es su principal contrapoder o elemento de control una vez que los partidos controlan tanto el ejecutivo como el legislativo. De todo lo revelado esta semana, quizás lo más grave sea el intento de utilización política de la fiscalía. Hace ya meses se habían publicado noticias en relación con el sorprendente relevo de la fiscal General del Estado, que en principio el Ministro de Justicia había manifestado iba a continuar, como el resto de su equipo. Se dijo que la causa de su sustitución es que se había negado a destituir a determinados cargos claves que consideraba habían realizado bien su trabajo hasta entonces. El nuevo fiscal General, en cambio, sí que realizó cambios en la fiscalía, entre los que destacó la destitución del anterior fiscal anticorrupción (ver aquí), sustituido por otro que al parecer era del gusto del Sr. González y que trató de paralizar alguno de los registros de la operación Lezo. Todo ello no hace más que contribuir a aumentar las sospechas de manipulación, que al parecer no persiguen favorecer solo al PP: algunos relevos en Cataluña podrían estar destinados a favorecer la negociación con los nacionalistas. Naturalmente hay que felicitarse de que al final nuestro Estado de Derecho sea más robusto de lo que parece: el juez ha investigado, y la junta de fiscales consiguió imponer su criterio al de fiscal jefe. Sin embargo, todo ello nos advierte de la importancia de la independencia de la justicia, y de la necesidad de tomar medidas para reforzarla. En primer lugar, como se ha insistido tantas veces en este blog (el viernes la última), hace falta reforzar la independencia de la fiscalía General del Estado y de los fiscales en general. Y además hay que reformar el Consejo General del Poder Judicial. En segundo lugar hay que garantizar la independencia de los jueces, gravemente comprometida por el actual sistema de elección y la consiguiente politización del Consejo General del Poder Judicial.

Está claro que no se puede seguir así. Hasta ahora la prioridad de todos los partidos políticos  ha sido minimizar el perjuicio ante cada caso nuevo, apartando al implicado de sus filas y lavándose las manos. Es necesario que el objetivo se convierta en erradicar de verdad una corrupción que se sabe de sobra que es parte del sistema. La sociedad española necesita que se tomen medidas claras en ese sentido de manera inmediata.

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