25 años de corrupción en España ¿En qué hemos cambiado?

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El  artículo “una manera rápida de eliminar el déficit público: reducir los gastos electorales» lo redacté el 14 de diciembre de 1993 , en un  momento en la que la sociedad no supo utilizar las convulsiones de aquella época para mejorar la eficiencia de nuestro sistema democrático. Los actuales defectos en la  gestión pública tal vez tengan que ver con  anteriores fallos de control y de elección de los ciudadanos. De ahí que, como comentamos anteriormente, un pueblo que es incapaz de seleccionar, controlar y corregir a sus dirigentes públicos no merece quejarse de los resultados negativos de su gestión.

“Parece que, por fin, se está generalizando entre los ciudadanos, la opinión de que hay que reducir los gastos electorales. Este estado de ánimo ha trascendido de la sociedad a los centros directivos de los partidos políticos, con lo que se puede hablar de que existe actualmente un consenso para resolver el tema.

Pero, creo,  que se está centrando la atención en la parte más marginal del llamado gasto electoral.

Lo más habitual es que se discuta el montante del costo de la publicidad en vallas y en correspondencia y los gastos de los actos políticos del último mes de la campaña electoral, pero se olvidan los acumulados en todo el período legislativo anterior.

¿Cual es el montante verdadero de los gastos electorales en España?

Tendremos que sumar todos los gastos que exceden de lo que llamaríamos una gestión prudente del Estado y que van dirigidos a consolidar y ampliar la cuota del mercado de votos de la opción política que administra los fondos públicos.

Por lo tanto hay que incluir los gastos dedicados al control de la educación, la cultura y la información en beneficio de la clase política dirigente.  El coste económico del control de estos sectores que sirve para dirigir la sensibilidad de los ciudadanos introduciendo un mensaje continuo en el cuerpo social, que propiciará la decantación de los futuros votantes a la filosofía del partido en el poder y en paralelo  el rechazo de las otras opciones políticas competitivas.

Los fondos destinados a financiar los déficits de las televisiones públicas pero, también, los destinados a las televisiones y medios de información privados en cuanto sean discriminatorias,  a través de la llamada publicidad institucional, compras oficiales para instituciones y organismos públicos o con ayudas a la renovación tecnológica, por ejemplo, que sirven para mediatizar e influir en la dirección intelectual de estos medios de comunicación, privándoles de independencia y convirtiéndoles en eficaces instrumentos de publicidad política. La dirección de la información es fundamental para el control de las mentes y, por eso, las batallas más crueles de los últimos tiempos se dan en este campo.

La cantidad de fondos que de los presupuestos se dedican a financiar obras cinematográficas, teatrales o literarias con el objeto  de propagar el ideario político del que los patrocina y anular el del competidor.

El día que desaparezca esta promoción pública, comprobaremos el valor objetivo de tantos intelectuales, artistas y músicos, utilizados como propagandistas pero financiados con renta proveniente de todos los ciudadanos, tan asiduamente promocionados por el  dependiente e interesado, sector informativo.

Por eso en cada elección intervienen en la lucha política con tanta agresividad como los políticos ya que, su renta y su futuro dependen de la misma suerte.

También hay que incluir los fondos destinados al control de la enseñanza con el objetivo de conseguir personalidades afines al ideario político dirigente con independencia y, muy a menudo, en contradicción con los intereses del sector estudiantil.

También el coste del asentamiento en la burocracia de personas afines y que se convertirán no sólo en un electorado fiel, sino también,  en una legión de propagandistas eficaces dedicados a amplificar en la sociedad los mensajes políticos del que los introdujo en la administración.

Además los fondos públicos dirigidos a categorías sociales (ejm. el desempleo agrario en algunas zonas o las subvenciones puntuales) que sirven para asentar y ampliar el núcleo de votantes y comerciales de la región.

También habría que añadir el dinero dirigido a obras e inversiones sin una clara razón de Estado por ejemplo ¿Entran dentro de una buena administración los enormes costes de inversiones como el AVE, las Olimpiadas,  la Expo,  las redes de autovías de zonas tan alejadas de los centros productivos y de los mercados exteriores?….. Existe la sospecha de que una gran parte de las últimas inversiones del país no están basadas en razones de eficiencia económica o de utilidad social sino por motivos políticos, en momentos y zonas de utilidad electoral dejándose de cubrir auténticas necesidades sociales sólo porque no producen inmediatos réditos electorales (ejm. repoblaciones forestales, investigación pública, redes de abastecimiento de agua potable y desagües, pantanos..).

Y hasta habría que incluir,  los fondos dedicados a la promoción exterior de buena parte de políticos, en diferentes ámbitos así como a objetivos aparentemente fuera de la órbita política pero que, en determinados casos , puede tener una gran eficacia electoral, como el mantenimiento actual del valor de la peseta ¿Cuanto ha costado al país el evitar una devaluación por las consecuencias que tendrían para la cuota de mercado del partido en el poder?.

Así pues, vemos que en materia de gastos electorales, queda mucho por podar de un árbol que se ha desarrollado en todos los niveles del Estado (central, autonómico y local) echando sus raíces en los presupuestos hasta dejarlos exhaustos y que se genera y crece en sociedades que permiten que se apropie, una clase política y para sus intereses, del dinero de todos, haciendo inútil el esfuerzo de solidaridad colectiva que supone el pago de impuestos presentes y futuros.” 14 de diciembre de 1993..

 

 

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