La reprobación

Hoy martes el Congreso de los Diputados procederá a reprobar al Ministro de Hacienda, Sr. Montoro. Si todo discurre conforme a lo previsto, la Cámara aprobará por mayoría absoluta la moción presentada por el PSOE, al amparo de los artículos 111,2 de la Constitución y 184 del Reglamento del Congreso. La moción solicita, a la vista de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 2017 que anula la famosa amnistía fiscal (ya comentada en este blog), la reprobación del ministro por haber beneficiado a los defraudadores, vulnerando principios constitucionales, mientras se incrementaba la carga fiscal de los contribuyentes que cumplen sus obligaciones fiscales.

Esta reprobación se une a otra, la primera realizada a un ministro por el Congreso desde la Transición, aprobada también por mayoría absoluta hace poco más de un mes, en esa ocasión en relación al titular de Justicia, Sr. Catalá. Se le reprueba por su injerencia para obstaculizar la acción de la justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción en las que resultan investigados cargos del PP, y por impulsar nombramientos en la Fiscalía para favorecer los intereses de los investigados.

Parafraseando la famosa cita de Oscar Wilde (“To lose one parent may be regarded as a misfortune; to lose both looks like carelessness.”), que te reprueben un ministro puede ser mala suerte, pero que te reprueben dos seguidos verdaderamente demuestra una falta de cuidado preocupante. Para comprenderlo debidamente es necesario estudiar la historia, la regulación, y la significación política de estas mociones.

En la historia del parlamentarismo una moción de reprobación de un ministro era un anuncio de la pérdida de confianza de la Cámara y normalmente provocaba la dimisión y caída del Gobierno. La inestabilidad que tal cosa implicaba llevó a nuestra Constitución a limitar ese efecto a la moción de censura constructiva (art. 114 CE). Por eso no cabe reprobar al Presidente del Gobierno o al Gobierno en bloque sin acudir a este procedimiento. La eficacia de la moción de reprobación regulada en el art. 111,2 CE, en consecuencia, es meramente política, sin que conlleve ningún efecto jurídico determinado (como podría ser el cese automático del ministro de turno).

Ahora bien, el que tenga un valor meramente político no significa que no sea importante. Entender otra cosa sería pervertir las reglas de nuestro sistema democrático. La reprobación por mayoría absoluta de un ministro deja al Gobierno en una situación muy desairada, sin duda alguna, como consecuencia del rapapolvo al que le somete el órgano supremo de la soberanía nacional, de tal manera que la única salida digna sería la dimisión o cese del ministro afectado. Pero, al margen de esto, tiene una significación política todavía más profunda.

Para que el Gobierno haya podido constituirse y mantenerse necesita el acuerdo expreso o implícito de la mayoría de la Cámara. Lo vimos en la investidura de Rajoy y en la actual moción de censura de Podemos. El Congreso no quiso investir a Pedro Sánchez en lugar de Rajoy, y no ha querido derribarlo ahora, pese a que para ello hubiera bastado la misma mayoría necesaria que se ha obtenido para estas dos reprobaciones. La razón fundamental es que hay dos partidos –principalmente Cs pero también el PSOE- dispuestos a soportar la gestión política del Gobierno como mal menor frente a la única alternativa que les ofrece Podemos, pero no lo que se desvíe de ella hasta alcanzar cotas de desvergüenza y atentado a los principios fundamentales del Estado de Derecho.

Fijémonos en  el caso concreto de Cs. Ha suscrito un pacto de investidura y está dispuesto a apoyar al Gobierno para sacarlo adelante, pero no quiere aceptar comportamientos que traspasan los límites de la decencia democrática, como los realizados por esos dos ministros. Hasta aquí bien, pero el problema, como vio agudamente Oscar Wilde, es que todo tiene un límite: Uno, vale; dos es mucho; tres definitivamente demasiado. Porque si el Gobierno tomase nota y los ministros afectados dimitiesen o fuesen cesados, entonces puede continuarse el business as usual. Pero el Gobierno no va a tomar nota, porque la política y los manejos de esos ministros son la política y los manejos del Gobierno y de su Presidente, y, especialmente, porque Rajoy cree que tiene atrapada política y jurídicamente a la oposición.

¿Y la tiene? Para Cs, especialmente, se abre un dilema muy complicado. Con cada reprobación se acerca más a la imperiosa necesidad de colaborar para derribar al Gobierno en su conjunto, pero si bien su electorado le admitiría un Gobierno con el PSOE, no desde luego otro que entronizase a Pablo Iglesias, que parece que es lo único que suma. Por eso, la única salida a esta cadena de reprobaciones, si el Gobierno no toma nota, es desmarcarse e intentar forzar el bloqueo y la convocatoria de elecciones a medio plazo, con la esperanza de que el electorado sea capaz de poner las cosas en su sitio, pero con los correspondientes riesgos. Para el Gobierno una forma de tomar nota sin cesar a los ministros podría ser avanzar decisivamente en una línea contraria a la mantenida hasta ahora, como apoyar la reforma del Ministerio Fiscal propuesta por Cs. Pero no parece que las cosas vayan por esa línea, precisamente. Controlar a los jueces y a los fiscales no es un capricho de Catalá, sino una necesidad de Rajoy, que tiene mucho más miedo a la Justicia penal que a toda la oposición combinada. En cualquier caso lo sabremos enseguida: no hace falta esperar más que al nombramiento del nuevo Fiscal Anticorrupción.

En conclusión: lo que está meridianamente claro es que, con cada clavo reprobatorio, el business as usual resulta cada vez más difícil.