HD Joven: ¿El PSOE sabe qué es el federalismo? Declaraciones de Granada y Barcelona

Cuando uno oye hablar a Pedro Sánchez y otros líderes del PSOE de la Declaración de Granada y la Declaración de Barcelona es tentador imaginarse que efectivamente contienen las bases políticas de una reforma federal del Estado. Ábalos, portavoz en el Congreso, hasta se refirió a ellas hace poco como “documentos concretos”. Desengáñese quien no las haya leído.

Están escritas en la misma jerga vacía e inconcreta de los programas electorales. En las seis páginas de la Declaración de Granada hasta se evita hablar de “reforma federal”. En su lugar, “avanzar hacia el federalismo”, “Estado de corte federal” y “[Estado de] vocación federal” se entrelazan en un rosario de eufemismos. Aprobada tras la vuelta al poder de Sánchez, Barcelona si dedica, la media página final (!) a La reforma Federal de la Constitución. Eso sí, Cataluña monopoliza la visión federal de la socialdemocracia, pues dicha reforma:

• Reconocer las “aspiraciones nacionales de Cataluña”,
• Establecer “un reparto competencial que mejore el autogobierno de la Generalitat”,
• Un nuevo acuerdo de “financiación autonómica” [sic.], sí, autonómica para el Estado Federal (!),
• Y un “Senado federal”.

Quitando estos y algún otro tópico indefinido el resto de las Declaraciones es una letanía de alabanza a la Constitución de 1978, disculpándola por haberse quedado obsoleta. No es que la retórica no cuente, pero es legítimo exigir un poco más cuando llevamos años hablando de reformar la constitución.

La descuidada redacción de ambas Declaraciones muestra cuánto tiempo y esfuerzo se les invirtieron. No se cita ningún estudio de campo y no es que falten trabajos de gran calidad sobre la reforma territorial de este país. Por no referenciar ni se alude al brillante Informe de 16 de febrero de 2006 del Consejo de Estado encargado por el Gobierno de Zapatero en que se abordan la reforma del senado, la inclusión en la constitución de la denominación de las CCAA, la integración en Europa y la sucesión al trono.

Eso sí, proponen subcomisiones y mesas de diálogo… Muy en la línea de la política profesional.

¿Para qué aprovechar el trabajo hecho durante décadas (!) por los mejores expertos? Podríamos llegar a iniciar el debate serio, descafeinado de ideología, quizás hasta constructivo y útil.

En este país los políticos viven tanto de la imagen y las encuestas que valoran más los titulares que generan sus propuestas que su contenido. No hay derecho, para los ciudadanos.

Si espera ser tomado en serio, cualquiera que proponga una reforma federal de España debe, al menos, exponer, aunque sea esquemáticamente, el marco competencial de sus Estados, el tipo de cámara territorial y el papel de los Estados en la reforma constitucional.

Dicho así, en abstracto, puede sonar muy complejo. Sin embargo, no se trata de pedirle al PSOE una propuesta de texto articulado, sino unas líneas maestras para que el su federalismo no quede reducido a la semántica de mudar “autonomía” por “Estado Federado” en la Constitución. Pues sería ridículo embarcarse en una compleja reforma constitucional, esperando que por cambiar de palabras, cambiara España.

La mayoría de Estados Federales parten de un reparto competencial que asigna por defecto a los Estados Federados todas las competencias que la Constitución no atribuya a la Federación, sin perjuicio de que estas últimas tengan fundamental importancia y exclusividad. Así lo hacen la constitución de Argentina (art. 121), Austria (art. 15.1), Australia (art. 107), Brasil (art. 25.1), México (implícitamente arts. 117 y ss.) y, por supuesto la Ley Fundamental de Bonn (art. 30), en contraste con el art. 149.3 de nuestra constitución donde se establece:

“Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.”

Cabe además pensar en la conveniencia de introducir una enumeración de los Estados integrantes de la Federación en la constitución -como Austria (art. 2.2), México (art. 43) o el Preámbulo de la Ley Fundamental de Bon. Esto no garantiza su inmutabilidad, ya que los Estados Federados pueden modificarse por medio de una reforma constitucional, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto.

Un Estado Federal suele establecer procedimientos para que la Ley Suprema no pueda ser reformada sin que los Estados participen o asientan en las modificaciones. Estados Unidos, Alemania entre otros exigen que una reforma constitucional sea ratificada por una mayoría de sus parlamentos territoriales para que se apruebe -no se contempla el voto popular. En otras palabras, a diferencia de España, donde por el procedimiento de reforma agravada (art. 168 CE) podrían suprimirse las CCAA y sus cuerpos normativos sin que estas pudiesen intervenir como instituciones, en un Estado Federal, la reforma de la constitución debería pasar por las Asambleas de los Estados, o bien, por el que además de ser aprobada en referéndum, el “sí” venciera en un mínimo de territorios.

En Barcelona se nos habla del “senado federal”. Podrían haber concretado si esto se refiere a un modelo de senado como el norteamericano o de Bundesrat alemán. En el primero sus integrantes son elegidos por Estados, pero directamente por los ciudadanos. La cámara alta se distingue de la baja, porque en esta todos los Estados tienen los mismos representantes al margen de su población. En Alemania, los legisladores del Bundesrat son elegidos por los gobiernos de cada Estado y votan en bloque según sus dictados. Ergo, el Gobierno Federal precisa de tener una mayoría gubernamental favorable a su línea política entre los Estados para sacar adelante ciertas leyes en ambas cámaras.

Por supuesto, como se señala en el citado Informe del 15 de Febrero, nada impide buscar un modelo mixto de cámara territorial entre los dos anteriores. En todo caso, cabe adherirse a la afirmación del Consejo de Estado de que incluso manteniendo la preeminencia del Congreso, sería bueno dotar al Senado de mayor capacidad decisoria, especialmente en las leyes que tuvieran impacto territorial. De otro modo, cualquier reforma de la cámara se socavaría por su percepción, justa percepción, de órgano inútil a ojos de la ciudadanía.

¿Exijo mucho? Ni siquiera pido elencos de competencias, saber cómo los territorios podrían participar de la integración Europea, la financiación… Si el PSOE cree que el federalismo es la respuesta constitucional para resolver la cuestión catalana y la cuestión territorial en general debería demostrar que se la toma en serio… O al menos, que sabe de lo que está hablando.

Eduard Ariza Ugalde

Graduado en Derecho y en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona (2017). Ha sido socio de European Law Students’ Association España, siendo Secretario General de su Grupo Local (2015-2016) y del Grupo Nacional (2016-2017). También ha sido Director de la Primera Edición de ELSA Spain Law Review (2016) y Subdirector de la segunda (2017).