LexNet y el caos de la Justicia

A estas alturas la gran mayoría de los lectores conocerá, aunque sea por las quejas de algún conocido que sea profesional de la Justicia, que LexNet está siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza del Ministerio que encabeza el señor Catalá. La razón no es otra que los continuos fallos que están produciéndose en la plataforma desde hace varios meses. El último, sin ir más lejos, el pasado 1 de septiembre, en plena “rentrée” del nuevo curso judicial.

Para quién no esté familiarizado con LexNet, recordaremos que se trata de una herramienta de intercambio de información (demandas, escritos de cualquier clase, resoluciones judiciales, etc.) entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos (entre otros, órganos judiciales, abogados y procuradores). A la vista del contenido de la herramienta y de los operadores que participan de su uso, no es difícil intuir la enorme importancia de la seguridad y el extremo cuidado con que deben ser tratados los datos residenciados en la plataforma.

El problema es que, desde que comenzó a andar la plataforma, los problemas se han sucedido de manera ininterrumpida, como ya se denunció oportunamente en este blog. El más frecuente ha sido la imposibilidad de acceder durante un tiempo a LexNet por errores del sistema, ocasionando, entre otros, la imposibilidad de poder presentar escritos o acceder a las notificaciones del Juzgado, con las nefastas consecuencias que tales situaciones tienen en un mundo en el que los plazos son tremendamente importantes. Y ello por no hablar del enorme tiempo de espera que uno ha de soportar en innumerables ocasiones para acceder a la aplicación o de que, cuando los archivos superan un determinado tamaño, es necesario ir al Juzgado a presentarlos a la vieja usanza, físicamente.

Pero el fallo más grave fue quizás el ocurrido a finales del pasado julio cuando, de resultas del enésimo error de la plataforma, todos los expedientes quedaron abiertos a cualquier usuario, independientemente de que fuera parte o no del mismo. Ello supone que cualquier autorizado a entrar en LexNet podía acceder a la información de cualquier caso, lo cual es gravísimo, porque dejaba al albur de la conciencia individual de los profesionales el acceso a datos confidenciales y protegidos por la Ley de Protección de Datos. Y todavía es más grave que no se sepa desde cuándo exactamente se podía acceder a todos los expedientes, ni qué se ha hecho con ellos. No se trata ya de los plazos o del inconveniente de no poder presentar un recurso y tener que presentarlo al día siguiente -fuera de plazo, recabando la pertinente certificación de que el retraso tenía causa justificada-, sino de la inseguridad y el sentimiento de caos que se han ocasionado como consecuencia del fallo de seguridad, impropio de un país desarrollado.

Por si estos problemas no fueran de suficiente trascendencia como para ocasionarnos asombro, es preciso traer a colación un dato más: el Ministerio de Justicia era conocedor de trece “cuestiones relevantes” que afectaban directamente a la implementación de LexNet, así como del modo en que debía resolverlas, desde hace más de un año. En concreto, el 29 de abril de 2016 el Ministerio recibió un dossier de la Subdirección de General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, denominado “Plan de mejora de LexNet” (pueden consultar el contenido íntegro del mismo aquí), que prueba que el Ministerio era plenamente consciente entonces de que LexNet aún adolecía de serias imperfecciones. En dicho informe, se hace especial hincapié en algunos de los elementos con mayor potencial para comprometer la totalidad del sistema (que, como hemos podido comprobar, iban a tener importantes consecuencias), a saber: lentitud, pérdida de información, imposibilidad de presentar escritos, parada técnicas, falta de sincronización, etc.

A la vista de lo anterior, cabe plantearse no tanto si fue una buena idea la implementación de LexNet, sino si estábamos verdaderamente preparados para la misma, o fue más bien un ejemplo más del “quiero y no puedo”. Nadie duda de la falta de medios materiales de las diferentes Administraciones, y, especialmente la de Justicia, pero, si no existía una voluntad política decidida de dotar por fin a la Administración de Justicia de los medios presupuestarios necesarios, ¿por qué se decidió entonces implantar esta plataforma?

Otra de las cosas que definitivamente completan la ya de por sí kafkiana situación en la que nos encontramos es que hay varias Comunidades Autónomas que no han implementado LexNet, sino otras plataformas. Así, en Navarra existe Avantius, en Cataluña Justicia.cat, en Cantabria Vereda y en País Vasco JustiziaSip y, para completar el puzzle, en la Comunidad Valenciana aún no se pueden presentar escritos electrónicamente. Por lo que, como ven, ni la Justicia se libra de los males derivados del tantas veces denunciado Reino de Taifas.

Por otro lado, el deseado objetivo del papel cero en la Justicia no se está acabando de conseguir; más bien al contrario: en muchas ocasiones, lo único que se ha conseguido es trasladar a la propia Administración el coste de impresión de los documentos de los diferentes expedientes, del cual antes se encargaban las partes. De hecho, es frecuente leer noticias que se hacen eco del incremento de gastos en papel y tóner que está soportando el erario público desde la implantación de LexNet. Y no solo se trata de la “manía” de algunos jueces de imprimirlo todo, sino que, en muchas ocasiones, es la limitación de medios de que sufre la propia Administración la que provocan que no les quede otro remedio que imprimirlos, tal y como narra Roberto Esteban, el juez decano de Zaragoza.

Sin lugar a dudas, y en primer lugar, la situación ha de resolverse de manera rápida por parte de Ministerio de Justicia, pues no es de recibo que cualquier ciudadano o empresa que se encuentre involucrado en un procedimiento judicial deba estar continuamente temiendo por la privacidad de sus datos, por no hablar de otros problemas como los continuos inconvenientes que ocasiona el no poder acceder a la plataforma durante horas, o el incremento del gasto público que ha generado la informatización de la Justicia.

Ya pensando en el medio y largo plazo, creemos que los próximos Presupuestos Generales del Estado deberían contener, por fin, un claro compromiso con la modernización de la Administración de Justicia y, a estos efectos, un plan realista y detallado para llevar ésta a cabo. No hay que obviar que el modo en que funciona la Administración de Justicia es un reflejo de cómo funciona la Justicia misma de nuestro país, que es uno de los pilares del Estado de Derecho, por lo que es preciso afrontar este problema con la seriedad que requiere.

En tercer lugar, tampoco sería capricho nuestro exigir una mayor transparencia por parte del Ministerio en lo que al uso de esta plataforma se refiere. En la mayoría de las ocasiones, suele ser más recomendable reconocer antes un error que tratar de mirar para otro sitio y culpar a otro, ya sean los hackers, los abogados inmorales o el sunsucorda.

Por último, y en relación con lo anterior, consideramos necesario recalcar que, por el momento y pese a la evidente gravedad de lo sucedido, nadie en el Ministerio de Justicia ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Tras el mencionado incidente de finales de julio, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios en el Congreso (socialista, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana y mixto) solicitó la comparecencia urgente del Ministro en la Comisión de Justicia a efectos de explicar las causas y consecuencias de este desastre. Lo curioso es que, pese a la polémica generada, el Ministro decidió registrar también una solicitud de comparecencia, a instancia propia, para explicar el asunto, como restándole importancia al mismo.

Y es que, en efecto, la respuesta del Ministro no fue otra que la de escurrir el bulto, limitándose a hablar de las bondades de la plataforma y llamando la atención sobre el hecho de que únicamente medio centenar de profesionales habrían hecho un uso irregular de la plataforma durante el tiempo en que se produjo el fallo. Pese a que estamos en este país acostumbrados a que no haya dimisiones, lo cierto es que un hecho tan grave como el sucedido el pasado julio exigía una respuesta política a la altura de los acontecimientos. El Ministerio no sólo ha sido responsable de innumerables errores, sino que, además, nos los ha ocultado y, por si fuera poco, descubiertos los anteriores, no se ha dignado a asumir responsabilidad alguna. Muy ejemplar, ¿verdad?

No, no es ésta la modernización que queremos. No es ésta la Administración de Justicia que queremos. Y tampoco son éstos los responsables públicos que queremos. Otra evidencia más de que la (des)inversión en Justicia no da votos. Si los ciudadanos fueran conscientes de su importancia…