El problema catalán para dummies

(especial para no españoles)

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Revisada el viernes 29

Muchos de ustedes habrán leído en los periódicos de sus respectivos países que en una región de España llamada Cataluña está habiendo movilizaciones porque se quiere convocar un referéndum para conseguir la independencia y el Estado español se niega. Según el medio que hayan escuchado, quizá habrán insistido en lo democrático que es votar y que por tanto Cataluña tiene razón o a lo mejor le han dicho que los dirigentes catalanes se han saltado la Constitución española y están en un proceso sedición.

Bueno, les daremos algunos datos. Primero, nos presentamos nosotros: la Fundación Hay Derecho es una institución independiente cuyo objeto es la defensa del Estado de Derecho. Yo soy, en este momento, su presidente y, además, un profesional de las leyes que ha ejercido en Cataluña y ahora en Madrid.

Segundo, les presento a España. Es un país de unos 500.000 km cuadrados y 46,5 millones de habitantes, situado en el sur de Europa. Tiene un PIB per cápita de 24.100 euros (26.528 dólares- Italia 30.000 y Francia 36.000) en 2016. Se habla el idioma español, pero diversas regiones de España tienen sus propias lenguas, que son oficiales en ella. Cataluña es una región al noreste de España, que tiene 32,100 km cuadrados y 7,5 millones de habitantes y un PIB per cápita de unos 28.590 euros en 2016. O sea, que Cataluña es relativamente pequeña y rica.

España es un país muy antiguo, formado por la unión de varios reinos, hace más de 500 años. Fue una potencia mundial en los siglos XV y XVI y luego su poder fue decayendo. Políticamente ha tenido un pasado relativamente convulso (como tantos otros), pero de la Historia reciente es preciso recordar que tras la guerra civil 1936-39 tuvimos un periodo de casi 40 años de dictadura ejercida por el general Franco. Cuando él murió se produjo un fenómeno casi único en el mundo, que se vino a llamar “Transición”: se consiguió pasar de una dictadura a una democracia solamente reformando leyes, pacíficamente, con mucho consenso y buena voluntad, al punto que se consiguió establecer una Constitución democrática (de 1978), que puede considerarse de las más avanzadas del mundo en libertades y derechos sociales. Tenemos pues una monarquía parlamentaria al nivel de cualquier país avanzado. Por supuesto, no vamos a ocultar que nuestra democracia no es perfecta: de hecho el objeto de este blog y de la Fundación es evidenciar las carencias del sistema, fundamentalmente debidas a la degeneración de los partidos políticos en estructuras invasivas de poder que han colonizado todas las instituciones democráticas en su beneficio. Pero no creemos que esto sea exclusivo de España, aunque puede ser que nos afecte más por nuestro menor recorrido democrático y vida en libertad.

Durante los años de democracia hemos sufrido algunas lacras importantes, como un golpe de Estado que estuvo a punto de triunfar en 1981 y muchos años de terrorismo, vinculado al nacionalismo vasco. También hemos tenido corrupción que ha afectado a los diversos partidos y más al ámbito político que al administrativo o funcionarial. Pero la realidad es que hemos ido hacia delante en todos los terrenos: ingresamos en su día en la Unión Europea, lo que nos permitió adaptarnos a los estándares de los países de nuestro entorno y crecer económicamente; el terrorismo se terminó hace algún tiempo; y el mal funcionamiento de las instituciones y la corrupción, aunque siguen existiendo y son difíciles de erradicar, es algo que, al menos en la mente de la opinión pública, de la judicatura y de algunos partidos, se ha convertido en una de las principales preocupaciones y la tolerancia frente a ella es mucho menor; y, desde luego, en libertades y derechos somos pioneros, quizá porque cuarenta años de dictadura nos han hecho muy celosos de ellos, hasta el punto de que hay un cierto complejo que nos lleva a rechazar la autoridad y la imposición incluso en aquellos casos en los que estaría perfectamente justificado.

La crisis económica de 2007, de la que todavía no nos hemos recuperado, ha supuesto un importante punto de inflexión política, porque los dos partidos tradicionales, PP, de derecha y PSOE, de izquierdas, han sufrido un importante desgaste: el PSOE por negar la crisis y tener una política errante y poco coherente y el PP, que es el que gobierna ahora, por cargar todas las consecuencias de la crisis sobre el ciudadano y por una corrupción muy importante que ha ido aflorando en los últimos tiempos. Todo ello ha hecho surgir movimientos regeneradores pero también un populismo de izquierdas de corte más bien antisistema. De hecho, el último gobierno del PP tardó casi un año en poder constituirse.

Ahora les cuento sobre nuestro problema actual, el de Cataluña. Lo cierto es que el problema territorial en España no es nuevo. La uniformización territorial que se consiguió en otros países, como en Francia, en el siglo XVIII, no se produjo en España, que ha conservado particularidades fundamentalmente idiomáticas y legales (no raciales ni religiosas) que pervivieron a lo largo de los siglos, y que en el XIX adquieren una nueva dimensión reivindicativa, pareja al auge de todo nacionalismo que se produce en ese siglo. Lógicamente, durante el periodo de dictadura Franco, los nacionalismos fueron duramente reprimidos aunque curiosamente fue recogida su normativa civil en leyes en esa época.

Cuando en 1978 termina la dictadura con la Transición, es preciso tratar de alguna manera estos sentimientos nacionalistas y se introduce para ello un sistema de autonomías que permite a cada región disponer de un parlamento y gobierno propios con importantes competencias en muchos ámbitos clave: por ejemplo, la enseñanza y la sanidad, por mencionar las más importantes. Lo malo es que la regulación del Título VIII de la Constitución fue excesivamente difusa y ello, unido a que el sistema electoral, proporcional con sesgo mayoritario, no facilita la existencia de mayorías absolutas, ha hecho que los sucesivos partidos en el poder de España hayan tenido que ir negociando con partidos nacionalistas su apoyo para formar gobierno, lo que ha supuesto cesiones constantes de competencias. Ello, en sí mismo, no es malo, pero las autoridades nacionalistas de ciertas regiones han usado sus competencias de una manera desleal, insistiendo en exagerar las diferencias en toda ocasión y aprovechando sus funciones en educación para adoctrinar las mentes de los alumnos. Por poner un ejemplo, en Cataluña es prácticamente imposible estudiar en español, y hay que hacerlo en catalán, a pesar de que reiteradas sentencias han reconocido ese derecho. Tampoco se puede rotular una tienda en español, si no quieres que te multen

O sea, que esa gran cantidad de autonomía, de dinero y de competencias no ha servido para calmar los sentimientos nacionalistas en algunas autonomías, sino que las ha exacerbado, contra lo que pudiera parecer lógico y normal. En el País Vasco, donde disfrutan de un régimen fiscal privilegiado respecto de las demás regiones, el sentimiento persiste y, la verdad, la terminación del terrorismo nacionalista no se debió a la acción de las élites locales, sino a una labor lenta y constante de las Fuerzas de Seguridad y a una actuación política a nivel nacional.

En Cataluña, sin duda, hay un sentimiento de diferencia, una lengua propia y una cierta tradición nacionalista que se ha mantenido constante en los últimos años, siendo un partido nacionalista de derechas el que ha gobernado la mayor parte de los últimos 40 años. También es verdad que es una región rica, laboriosa e innovadora, que se queja de que aporta demasiado al conjunto, sobre todo cuando parece que hay otras regiones, más pobres, que necesitan recibir y no pueden dar, y que de algún modo parecen ser vistas como subvencionadas, vagas o gastosas. Últimamente inventaron un lema, Espanya ens roba, España nos roba, que caló entre mucha gente de allí, aunque lo cierto es que hay otras regiones de España –Madrid y Baleares- que aportan más que Cataluña al conjunto.

El problema del nacionalismo en Cataluña es que se encuentra en una situación de bloqueo, porque la región está dividida por mitad entre quienes son nacionalistas y quienes no lo son, por lo que es difícil el acuerdo. Si fuera un ochenta por ciento de un lado o del otro, quizá no hubiera problema. Ahora bien, de una manera u otra, se ha ido conviviendo con esta situación, aunque en general, el poco orden en el ámbito territorial haya generado ineficiencias económicas, excesivo número de normas y un gasto desmesurado.

Pero cuando comienza la crisis de 2007, las élites catalanas en el poder ven en la exacerbación del nacionalismo una forma de desviar la atención del pueblo hacia un culpable que, presuntamente, sería el Estado central, que robaba a Cataluña y recortaba todas sus iniciativas de autogobierno, que en realidad siempre intentaban sobrepasar  los límites de la Constitución. A ello se ha unido también una enorme corrupción que si bien sin duda no es exclusiva de esta región, en ella ha alcanzado cotas muy elevadas. Es bien conocido, porque se le escapó a un dirigente político y se ha confirmado después, que el partido nacionalista en el poder se quedaba un 3 por ciento, como mínimo, de las obras y concesiones que autorizaba la administración catalana. Hasta tal punto ha llegado la cosa que el dirigente catalán histórico, muchas décadas en la presidencia regional, Jordi Pujol, se ha revelado jefe de una trama corrupta que le implica a él, a casi toda su familia, y a muchísimos de sus colaboradores. El nacionalismo, no obstante, ha considerado un agravio que el Tribunal Constitucional anulara hace algunos años la reforma del Estatuto de Autonomía que impulsó el ex presidente español Zapatero; y ha basado en ese agravio sus reivindicaciones. Pero esto significa no entender que las promesas o pactos políticos no están ni deben estar por encima de la ley.

Así, la deriva independentista que se está sufriendo desde aproximadamente 2010 ha consistido en una amenaza de celebrar un referéndum de autodeterminación que ya se intentó en 2014 y que se quiere intentar de nuevo el uno de octubre. Y para conseguir que mucha gente lo apoye han aprovechado el sistema de educación, que durante muchísimos años ha enseñado a considerar a España como algo ajeno, de alguna manera inferior a lo catalán, pero siempre opresor; los medios de comunicación, que están prácticamente todos subvencionados por la administración catalana (al punto que, contra la independencia periodística, en 2010 todos los periódicos de Cataluña sacaron un editorial conjunto que se llamaba “La dignidad de Cataluña”); y una poderosa red de relaciones clientelares de la que vive mucha gente.

El mensaje que estas elites nacionalistas catalanas ha sido básicamente emocional, apelando a conceptos como “opresión”, “falta de libertad”, “robo”, y, sobre todo, para las personas a las que estos conceptos produjeran una disonancia cognitiva por su evidente contraposición con la realidad, han manipulado conceptos como “democracia”, viniendo a decir que lo que importa realmente es votar, sin importar si la forma de hacerlo es legal o no, si lo que se vota es legítimo o no, o si vivimos en un sistema de libertades o no (como si porque saliera la mitad más uno de un pueblo se pudiera acordar fusilar a alguien o no pagar impuestos); o se ha apelado a un supuesto “derecho a decidir” que al parecer habilitaría a cualquier región a independizarse de un país si lo decide la mitad más uno de esa región, cuando en realidad ese concepto se ha usado sólo para países en los que no hay libertades y en condiciones muy extremas. Por otro lado, han minimizado imprudentemente las consecuencias económicas que tendría para todos una secesión y han mentido a los ciudadanos diciendo que la misma les permitiría continuar en la Unión Europea, pese a las continuas advertencias de las autoridades europeas al respecto. En las últimas semanas, la desobediencia de las autoridades regionales ha sido muy grave, aprobando de manera ilegal y sin respetar los derechos de las minorías leyes que les permitirían realizar el referéndum y han desafiado explícitamente al gobierno con amenazas de usar la vía de hecho y con declaraciones posiblemente delictivas.

Y lo cierto es que, ni siquiera con ese despliegue de medios, los independentistas suman más del 50 por ciento de los catalanes, aunque en el parlamento catalán tienen mayoría por el juego de las normas electorales. Y aun así siguen con sus intenciones. La Constitución española, nuestra norma fundamental, no permite que se celebren referéndums de autodeterminación convocados por una autoridad regional ni, mucho menos, que se pueda separar una región por su sola voluntad. Y muchos creemos que eso es correcto. Eso no quiere decir que no se pueda reformar la Constitución y pactar lo que sea, si se consiguen los apoyos correspondientes, incluso celebrar un referéndum si se considera conveniente. Pero, a diferencia de otros países, nosotros tenemos normas al respecto y no lo permiten en este momento. Por cierto, en Cataluña sí se vota: desde 1980 ha habido 11 elecciones regionales, y muchas otras generales, locales y europeas

El gobierno central ha mantenido una posición prudente y pasiva durante estos años, quizá porque no podía hacer mucho por la inestabilidad política o porque pensaba que las autoridades regionales no se iban a atrever a tanto y que la cuestión se resolvería por sí sola ante las dificultades prácticas que supondría una secesión, de lo que los catalanes deberían ser conscientes. En las últimos días, parece que por fin el Estado ha despertado un poco y se han tomado algunas medidas para impedir el referéndum, confiscando papeletas, desbaratando la intendencia para las votaciones y controlando la economía de la región para evitar desvíos de fondos. Por cierto, estas medidas no han sido adoptadas por el gobierno sino por la autoridad judicial, salvo ciertas decisiones de intervención financiera para evitar el desvío de fondos. De hecho, el gobierno no se ha atrevido a usar el artículo 155 de la Constitución, que le permitiría “adoptar las medidas necesarias” (incluso suspender la autonomía) si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España; ni ha declarado el estado de excepción, que le facultaría tomar medidas extraordinarias de orden público en caso de que resulte alterado el normal funcionamiento de las instituciones. Probablemente no quiere perder la “batalla de la imagen” que supondría usar estas medidas. En cambio, las autoridades regionales no han vacilado en arengar a la gente para que salga a la calle y en la actualidad se están produciendo disturbios, cercando el palacio de justicia y otros edificios estatales, y han tratado de impedir la labor policial.

No sabemos lo que ocurrirá en los próximos días, pero muchos españoles estamos muy preocupados porque pensamos que la ruptura de la Constitución, además de que podría suponer la pérdida de una región a la que queremos y sentimos nuestra, puede hacer tambalear las bases de nuestro sistema democrático. Confiamos, no obstante, que la resolución de esta crisis sea oportunidad para mejorar nuestro sistema democrático y reforzar nuestras instituciones. Y se puede hablar de todo, pero respetando las formas.