1-O. La sociedad española tiene recursos para superarlo.

Coescriben Elisa de la Nuez e Ignacio Gomá.

En el momento de escribir estas lineas todavía no sabemos bien como terminará el día, pero aparentemente los acontecimientos se están desarrollando como era esperable, en forma de movilización o manifestación en favor de la independencia de Cataluña pero ciertamente no en forma de referéndum.  Porque lo de hoy no se parece en nada, ni en el fondo ni en la forma, no ya  a una consulta con garantías legales (a eso se renunció desde el principio por la Generalitat y el Parlament) sino a una consulta a secas.  Estaríamos ante una repetición corregida y aumentada del 9-N del año 2014 pero con una diferencia muy notable: que hay miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (y en menor medida de los Mossos d’ Esquadra) impidiendo las votaciones dado que, a diferencia de lo ocurrido con el 9-N que se consideró una consulta «alegal» e «informal»,  ahora ya estamos ante «the real thing», es decir, de un referéndum por la independencia convocado como tal y declarado ilegal por los órganos competentes para hacerlo, que son los judiciales.

Y esa es básicamente la diferencia. El Gobierno ha intentado impedirlo atacando la logística que es imprescindible para realizar una consulta en una democracia moderna pero al final ha tenido que mandar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional lo que probablemente, como Bartleby en el famoso cuento de Melville, hubiera preferido no tener que hacer. Efectivamente, dado que con o sin  censo electoral, con o sin Sindicatura electoral, con o sin recuento digno de tal nombre, con o sin colegios electorales la voluntad clara del Govern era la de poner las urnas como y donde fuera para que la gente saliera a la calle y gritase «volem votar» no ha habido más remedio que mandar a los miembros y fuerzas de Seguridad del Estado a requisar urnas y cerrar colegios. Una foto soñada por cualquier nacionalista que se precie dado que -al menos en su imaginario- permite identificar el Estado español con un Estado represor y franquista y porque es casi inevitable que alguna persona pueda resultar zarandeada o incluso herida. De hecho, ya ha ocurrido y Puigdemont ya ha denunciado la actuación represora del Estado. Esperemos que no ocurra nada más y nos quedemos con la simple utilización partidista de la imagen, como era de esperar.

En definitiva, la táctica de desmontar el referéndum exclusivamente por las vías legales nos ha traído hasta aquí. A partir de mañana se abre la necesidad de hacer política y de empezar un camino que se prevé largo para remediar y reparar los desperfectos, que son muchos y graves, particularmente en Cataluña. Por el camino, en este mes de vértigo, hemos aprendido unas cuantas cosas sobre el nacionalismo catalán de raíz romántica y reaccionaria, sobre la división de la sociedad catalana, sobre mayorías silenciosas, sobre democracia, sobre consultas, sobre las dificultades de la izquierda para encontrar un discurso que siga defendiendo la igualdad de los ciudadanos también ante los nacionalismos, etc, etc. Y lo hemos aprendido leyendo a muchos españoles y catalanes que han escrito mucho y bien sobre estos temas.

Que nuestros políticos prácticamente sin excepción -con mención destacada a los que tenían más responsabilidad, obviamente- no hayan estado a la altura de la madurez demostrada por el conjunto de la sociedad española no es tan grave después de todo.  Su recambio por otros más adecuados para construir una democracia mejor y más moderna es solo cuestión de tiempo. Peor hubiera sido al contrario.  Si algo estamos demostrando es que la sociedad española tiene recursos suficientes intelectuales, cívicos y morales para salir de este lío. Llevará tiempo, paciencia, generosidad e ideas, pero saldremos.

O así lo creemos nosotros, porque crisis -que es lo que tenemos ahora, una verdadera crisis constitucional- significa «decisión»: es preciso que baje la fiebre del conflicto inmediato e iniciemos la recuperación, lo que significará determinar claramente cuáles son los males que padecemos e intentar atajarlos. Los problemas de orden público derivan de una situación emocional que a su vez procede de un agravio o de un supuesto agravio. Como diría un experto en mediación, una vez superado el momento especial del uno de octubre, esperemos que sin graves consecuencias, nos enfrentamos con una ardua tarea: mantener el Estado de Derecho incólume -lo que puede significar consecuencias jurídicas y sanciones- y al mismo tiempo conseguir que las partes pasen de sus «posiciones» emocionales e inalterables a averiguar cuáles son sus «intereses» de verdad, lo que realmente buscan y necesitan. Difícil tarea cohonestar ambas necesidades cuando el marco en el que nos hemos situado excede de los límites de la ley, pero no hay más remedio que hacerlo. Quizá, queremos ser optimistas, esta crisis nos permita averiguar los problemas de fondo que tiene nuestro sistema político, y una vez apercibidos de ellos, enfrentarlos debidamente.