El Estado de Derecho en el limbo.

Llegó el gran día y Puigdemont parió un ratón. La declaración de independencia, consecuencia supuestamente inevitable del a su vez supuestamente democrático referéndum, se suspendió a los pocos segundos, propiciando, como la fecunda imaginación y sarcasmo de los españoles ha hecho ya notar, la república más breve de la historia. No es la primera vez: en octubre de 1934 Companys declaró «el Estado catalán dentro de la República federal española» que duró unas cuantas horas.

La maniobra de ayer responde, en definitiva, a una de las posibilidades que sugeríamos en editorial de hace pocos días: la típica de las sectas religiosas, siempre proféticas, que anuncian la irrupción súbita de una figura divina, con una intensa emoción y ansiosa expectativa. Al fallar la profecía, o desapare­ce la secta o se objetiva el mensaje, eliminando la urgencia y convirtiéndolo en rutina. Probablemente Puigdemont no tenía otra posibilidad, ante el choque de sus pretensiones con la realidad, ante la ruptura de la tensión de esa disonancia cognitiva que deriva de la confrontación de las mentiras y falsedades henchidas de emoción e inculcadas en el pueblo con la realidad dramática de la imagen de todas las empresas importantes de Cataluña huyendo de allí, incluidas las dirigidas por pretenciosos independentistas de salón. Y quizá esperaba que declarando la independencia, sí-pero-no, podría haber algún Estado o institución internacional que la reconociese, cosa que no ha ocurrido en absoluto.

El problema es que su actuación es tan surrealista que ni siquiera ha podido respetar su propia legalidad, reduciéndose su presuntamente simbólica declaración a una alocución del Presidente (que según su propia ley de transitoriedad carece de competencias para hacerlo) relativa a la independencia, mientras solicita a su vez al Parlament que suspenda algo que, en realidad, tampoco existe legalmente y que, por cierto, tampoco se vota en ese momento. Es lo que tiene mandar el Estado de Derecho al limbo: cualquier cosa es posible, como llevamos advirtiendo desde hace un mes.  Los atajos fuera de las normas y los procedimientos establecidos llevan a sitios francamente curiosos y en algún caso como el de ayer francamente ridículos.

Dicho eso, desde el punto de vista político -que es el único que interesa a los secesionistas dado que han arrojado el ordenamiento jurídico por la borda- Puigdemont pretende ganar tiempo para presentarse como un gobernante dialogante frente a la cerrazón de «Madrit» e intentar vincular a instancias internacionales a un proceso al estilo esloveno (esta es por ahora la última moda, en el «cherry picking» nacionalista de secesiones a la carta) exigiendo una mediación que, por su propia naturaleza, no puede darse, porque esta no puede existir cuando una de las partes no respeta la reglas del juego. Va a tener el problema de gestionar la frustración que puede producir de sus seguidores más radicales y muy particularmente de la CUP.

No parece que por ahora la comunidad internacional esté por la labor, más bien la falta de seriedad de toda esta pantomima no deja de sorprender a propios y ajenos. Pero haríamos mal en no tomarnos en serio algo que, aunque sea tan chusco, no deja de ser gravísimo.  Sin Estado de Derecho digno de tal nombre hay muchas personas físicas y jurídicas que hoy en Cataluña están sometidas a una inseguridad jurídica, profesional y hasta personal que no es propia de una democracia del siglo XXI y es intolerable en un país  razonablemente próspero de la Unión Europea.

Urge la restauración del Estado de Derecho para devolver la confianza a todos los catalanes -incluidos los independentistas- que cada mañana se despiertan con la zozobra de no saber qué va a ocurrir. Urge también la convocatoria de unas elecciones autonómicas para desbloquear la situación y urge el inicio de un proceso político para revisar el marco político de 1978, para lo que puede ser conveniente un Gobierno de concentración y unas elecciones generales a continuación. El Sr. Rajoy no ha demostrado capacidad ninguna para tomar la iniciativa en este asunto, seguramente porque piensa que forzar unas elecciones autonómicas por la vía del art. 155, más que perjudicar al bando constitucionalista, le perjudica a él personalmente. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero está claro que los interlocutores que ahora tenemos no están en condiciones de liderar este proceso y que deben de dar un paso atrás por el bien de España, de Cataluña y de Europa.