Comunicado de la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial en defensa de la independencia de los Juzgados de Instrucción

El 16 de octubre de 2017 la magistrada del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional adoptó, en el seno de las Diligencias Previas 82/2017, diversas decisiones relativas a la situación personal de los encausados  Josep Luis Trapero, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez que han generado una notable controversia en la opinión pública.

 

En virtud de las citadas decisiones judiciales, el primero quedaba en libertad provisional con medidas cautelares; y para los otros dos investigados acordaba el ingreso en prisión provisional.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que ha venido reclamando, de acuerdo con lo exigido por GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa), una despolitización del órgano de gobierno de los jueces y magistrados –Consejo General del Poder Judicial- al que atribuye, entre otras cosas, el nombramiento de altos cargos de la judicatura española en función de criterios no basados estrictamente en el mérito y la capacidad, DESEA MOSTRAR su máximo respeto y total confianza en los jueces y magistrados de instrucción que ejercen su función en los distintos Juzgados repartidos por la geografía española, y muy especialmente en todos aquellos encargados de velar por el cumplimiento de la Ley y del orden constitucional en los asuntos relativos a Cataluña que en las últimas fechas vienen conmocionando a la sociedad española.

Basta una lectura sosegada y analítica de ambas resoluciones para comprobar que la magistrada ha resuelto de manera plenamente motivada, aplicando la ley penal y procesal, sin entrar en consideraciones políticas que no le incumben. Muy al contrario, en este auto   tras exponer los hechos indiciariamente imputables, aprecia riesgo de fuga por la elevada penalidad (hasta diez años de prisión) y reiteración delictiva en la resistencia a las órdenes de la autoridad judicial con la finalidad de subvertir el orden constitucional.

Por esa razón, y respetando el derecho a la crítica a la que toda resolución está sometida, HACEMOS UN LLAMAMIENTO para que desde la opinión pública se respeten las decisiones adoptadas, al constituir éstas una muestra del normal desarrollo de un Estado de Derecho en el que corresponde a los jueces aplicar la ley con total independencia de las conveniencias y tiempos del poder ejecutivo, y aplicarla a todos por igual.