¿Qué pasó con….? El gasto en viajes del CGPJ vuelve a subir cuando dejamos de mirar
Aunque el título del post pueda sugerirlo, no es mi pretensión que los editores de Hay Derecho se animen a abrir una nueva sección para nostálgicos del pasado, pero en tiempos convulsos como los que vivimos, nunca está de más echar la vista atrás, recordar algunos de los escándalos o logros que sucedieron en el pasado y ya puestos, ver qué ha sido de ellos en la actualidad.
Hace casi ya tres años (a finales de 2014) escribí un post sobre los viajes del Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ). En ese post comentamos el escándalo provocado en la opinión pública por los viajes efectuados en fines de semana, con cargo al erario público, por el entonces Presidente del CGPJ Carlos Dívar.
Los viajes tuvieron lugar en el año 2010, en el año 2012 el CGPJ estableció un sistema de control de los gastos en viajes de los altos cargos y en el 2014 empezó a publicar los gastos en Internet, convirtiéndose en un referente en materia de transparencia. Con la nueva normativa y tras el escándalo, el gasto en viajes en 2014 se había reducido más de un 50% sobre el importe gastado en 2010. Buenas noticias desde luego.
Desde entonces, nadie ha vuelto a hablar sobre esos gastos del CGPJ, por lo que nos hemos ido a su portal de transparencia para conocer cómo han evolucionado en los últimos años. Estas son las cifras del gasto total en los desplazamientos de los altos cargos del organismo: 222.036 euros en el año 2014, 243.518 euros en 2015 y 302.458 euros en 2016.
Como se puede apreciar, el gasto incurrido en los desplazamientos oficiales se ha disparado en los últimos tres años, desde que dejaron de estar en el foco mediático: el gasto de 2016 fue un 36% superior al de 2014.
Lo que no he dicho hasta ahora es el motivo que me llevó a mirar tres años después los gastos en desplazamientos del CGPJ y no es otro que el análisis de los gastos en viajes de otro organismo, la Fiscalía General del Estado. En este caso, la información no se encuentra disponible en Internet, sino que disponemos de ella gracias a la petición de información realizada a la Fiscalía por parte de la organización Access Info Europe. La tabla siguiente resume los principales datos de los gastos (por unidades y años).
Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por la FGE a Access Info Europe
Si lo comparamos con el CGPJ, observamos que lo gastado en viajes por parte de las diferentes unidades de la Fiscalía en tres años (de 2014 a 2016), tiene un orden de magnitud similar a lo que gastaron los altos cargos del CGPJ en sus desplazamientos de un solo año (el 2016). Parece que el CGPJ es un organismo “más viajero” que la Fiscalía (sobre todo porque las cifras del CGPJ solo incluyen los desplazamientos de los altos cargos del organismo).
De los datos correspondientes a la Fiscalía, cabe reseñar que la unidad que más gastos en viajes genera no es la Inspección Fiscal o la Fiscalía de Cooperación Internacional, que es lo que a priori nos esperaríamos por sus funciones, sino el Consejo Fiscal, que es el órgano del Ministerio Fiscal que asiste en sus funciones al Fiscal General del Estado. La asistencia a las reuniones del Consejo Fiscal suponen un 26% del total de gastos de la Fiscalía General del Estado. Quizás convendría revisar esta partida de gasto.
Y visto lo visto, no está de más de vez en cuando, dejar de lado la rabiosa actualidad y echar la vista atrás para repasar lo destacado hace unos años. Nos podemos llevar la desagradable sorpresa de que, una mejora conseguida hace años se volatiliza cuando desparece el foco de atención de los medios de comunicación y la sociedad civil.
Jaime Castellano es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Inició su trayectoria profesional en el mundo de la consultoría y en 2003 emprende una larga etapa dentro del sector público, en la entidad pública empresarial Red.es, en la que desempeñó diversos cargos de responsabilidad relacionados con la promoción de políticas públicas de fomento de la Sociedad de la Información y la realización de estudios y análisis del sector. En 2010 decide volver al sector privado, vinculándose al tercer operador de telecomunicaciones del país, donde desempeña el cargo de responsable de inteligencia de mercado.