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Presentación de candidaturas al III Premio Hay Derecho. (I)

Por Carlota Tarín y Carlota García

 

Cada año la Fundación Hay Derecha entrega un premio a personas o entidades que hayan destacado por su defensa del Estado de Derecho y en estos momentos estamos en el proceso de selección de los finalistas de la III edición de este premio.

Las candidaturas han sido presentadas por los amigos y lectores de Hay Derecho, y desde el pasado 2 de noviembre todos los que lo deseen pueden votar a través de nuestra página web a su candidato favorito. En diciembre un jurado elegirá al ganador de entre los cinco más votados.

Para los que formamos parte de Hay Derecho es una gran alegría comprobar que en esta edición hemos superado ampliamente el número de propuestas recibidas en las convocatorias anteriores, reuniendo un total de 19.

El gran número de candidaturas recibidas es la prueba de que contamos con una ciudadanía cada vez más activa y que reconoce a aquellos que destacan por su lucha en favor de los valores democráticos. Desde la Fundación es gratificante ver cómo los temas que nos preocupan y en los que venimos trabajando más de dos años son también motivo de atención de la sociedad civil. Y que trabajamos en la misma dirección para visibilizar los valores en los que se fundamenta el Estado de Derecho.

Y es que en esta tercera edición de los premios compiten candidaturas que tocan grandes temas relacionados con la defensa Estado de Derecho y la calidad democrática. Así, hemos agrupado las 19 candidaturas en torno a cinco temas: (1) la Transparencia, (2) la Libertad de expresión y de información, (3) la Lucha contra la corrupción, (4) la Separación de poderes y la neutralidad de las instituciones y (5) la Defensa de los valores del estado social y democrático de derecho.

Sin embargo, desde la Fundación somos conscientes de que aún queda trabajo por hacer. Dos de las propuestas presentadas no han sido incluidas en la convocatoria a petición de los propios interesados, que han preferido que su trabajo no recibiese exposición pública. Y es que todavía en algunos ámbitos existe miedo, y no siempre se entiende y valora suficientemente el esfuerzo por defender la democracia y la legalidad. Pero esto, lejos de desanimarnos, es lo que nos mueve a seguir trabajando.

Como parte de nuestro empeño por dar visibilidad a las personas e iniciativas que comparten nuestros valores y objetivos vamos a dedicar una serie de posts a destacar la labor de nuestros candidatos. Esperamos que así, además, os animéis a votar.

 

Realizaremos un post para cada uno de los grandes temas que hemos identificado, presentando a los candidatos que han destacado en dicho ámbito y las razones por las que merecen ser premiados.

Para aquellos que aún no los conocen, los 19 aspirantes de esta convocatoria son: Mariano Benítez de Lugo, Joan Antoni Llinares, Josep Borrell, Joaquín Contreras, la Junta de Fiscales Anticorrupción, Mercedes Alaya, Macarena Olona, Elena Vicente Rodríguez, la Fundación Ciudadana Civio, Acción Cívica, la Fundación Española de Debate Jurídico Universitario, Fernando Urruticoechea, Faustino García Zapico, Fernando Clemente, el Portal de los Sueldos Públicos, Jordi Cantallops, Pedro García Cuartango, Carlos Almeida y David Bravo.

Con estos tres últimos candidatos abrimos esta serie de posts, hablando de su papel en la lucha por la libertad de expresión y de información.

Pedro G. Cuartango es periodista y fue redactor jefe de el periódico El Mundo desde el año 1992 y, tras varios puestos de responsabilidad en este diario, en 2016 fue nombrado Director. Fue el encargado de coordinar, elaborar y redactar las «Propuestas para la regeneración democrática» que puso en marcha El Mundo. Entre ellas figuran algunas tan actuales como terminar con la politización en el nombramiento de los cargos judiciales, eliminar aforamientos, elegir por el poder legislativo y por mayoría cualificada a los responsables  de los medios de comunicación públicos o medidas concretas de lucha contra la corrupción política.

En su etapa como director de El Mundo se mostró implacable en la defensa de la libertad de prensa, luchando por mantener al diario al margen de intereses económicos y políticos ajenos a la verdad periodística. Su celo le valió ser imputado por desobedecer a un juez que prohibió publicar informaciones relevantes al caso ‘Football Leaks’ sobre presuntos delitos fiscales de figuras del deporte español. Según sus propias palabras, decidió seguir adelante con la publicación amparándose en el derecho fundamental a la libertad de información «frente al derecho a la intimidad cuando se cumplen los requisitos de veracidad, diligencia informativa y relevancia pública».

Por su integridad en el ejercicio de su profesión, profesión esencial para el buen funcionamiento democrático, a pesar incluso del importante coste personal al que se enfrenta, merece sin duda estar entre los candidatos a nuestro premio.

Carlos Almeida es un abogado de Barcelona que cuenta con una amplísima trayectoria de más de 20 años en el ejercicio del derecho vinculado a las nuevas tecnologías, campo en el que es un verdadero pionero en España. Ha sido miembro de FrEE (Fronteras Electrónicas), organización orientada a la defensa de los derechos civiles en Internet. Su trabajo se caracteriza por la defensa legal de ciudadanos, empresas y movimientos sociales en los ámbitos del ciberactivismo, ciberderechos y ciberdelitos.

Actualmente es director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que vela por los derechos de libertad de expresión e información en España. Es autor de varios libros sobre Derechos Humanos, derechos sociales, delitos informáticos o la Sociedad de la Información, temas que aborda en relación a Internet.

Sin duda esta candidatura reconoce su trayectoria personal, pero también la importantísima labor de la PDLI en la lucha por la libertad de información y de expresión. Unos derechos esenciales, especialmente en tiempos difíciles en los que es fácil caer en vulneraciones y ser laxos ante sus limitaciones, en aras de conceptos como la estabilidad o la seguridad, pero que son esenciales para cualquier Estado de Derecho.

David Bravo es uno de los abogado de especializados en derecho informático, libertad de expresión y propiedad intelectual más conocidos del país. Este sevillano es conocido por su activismo en defensa del acceso libre a la cultura y conocimiento vía Internet. Ha sido defensor de Pablo Soto en el caso que lleva su nombre (‘Caso Soto’), en el que se enfrentó a la industria discográfica, reunida en varias firmas que presentaron una demanda conjunta por los programas de redes de pares o P2P.

Defensor también de Rubén Sánchez, lo que generó el primer caso en España de una condena que obligaba al demandado a rectificar durante 30 días en Twitter. Es autor de la obra Copia este libro (2005). David es también miembro de la PDLI. Por su trabajo por preservar la libertad en Internet y evitar su criminalización, y por defender con todas sus consecuencias la separación de poderes en los conflictos entre libertad de expresión y otros derechos, David es un digno candidato a nuestro premio.

 

Anímate a votar y sé tú quien decida los finalistas del III Premio Hay Derecho. Las votaciones ya están abiertas en este enlace. Elige tu candidato favorito.