Transparencia y neutralidad institucional y aplicación del art. 155

En un régimen democrático las elecciones suponen el máximo y último mecanismo de control de los gobiernos. Y para que puedan cumplir adecuadamente esa imprescindible función es necesario que exista una adecuada transparencia sobre la labor realizada por el gobierno saliente para que pueda ser valorada por los electores.

En este momento, en virtud de la aplicación del artículo 155 CE, es el Gobierno nacional el que tiene la responsabilidad de facilitar esa información sobre un desempeño que parece lleno de irregularidades. No parece, sin embargo, que tenga ese objetivo en el breve plazo en que estará al mando. Y esas circunstancias concurrentes hacen especialmente grave este incumplimiento de tan esencial obligación.

El famoso ex juez y ex senador Santiago Vidal reveló en una serie de conferencias algunas de las actuaciones contrarias a la Ley que, al parecer, el entonces Gobierno catalán estaba llevando a cabo en su camino hacia la secesión. Entre ellas el desarrollo de estructuras de Estado independiente, la obtención de los datos para la elaboración de un censo electoral, además de otra amplia base de datos tributarios, y la desviación de fondos de otras partidas presupuestarias para el montaje de la compleja infraestructura del referéndum, como etapa esencial de ese camino. Cuando tales revelaciones se hicieron públicas el Sr. Vidal fue desautorizado y dimitió de sus cargos. Pero los hechos posteriores demuestran que lo que molestó entonces a la cabeza del movimiento separatista fue más su indiscreción, en cuanto podía poner en peligro los planes, que la incerteza de lo revelado. El hecho de que pudiera tener lugar finalmente el irregular referéndum (cierto que sin garantía ni fiabilidad alguna), y por tanto ser financiado, y de que se creara para ello un censo elaborado en contra de las prevenciones de la Ley de Protección de Datos (enlace) así lo corroboran.

Esto puede ser un ejemplo significativo de las muchas irregularidades, algunas presumiblemente con elementos delictivos, que pueden haber sido cometidas por los responsables del Gobierno catalán cesado. Y no menor importancia tienen algunas otras líneas de actuación que supusieron un apartarse de su obligación de atender los intereses generales para el allanar el camino a la secesión por vías contrarias a la Ley. Objetivo que en su consideración, al parecer, parece haber justificado toda clase de medios.

La generosa financiación pública de los medios dedicados a una labor de propaganda, e incluso agitación, a favor de la independencia mientras se descuidaban servicios públicos esenciales, como la sanidad, es una buena muestra de ello. Lo que de hecho se sigue produciendo estos días al “haberse caído” de la intervención del 155 la intervención en en los medios públicos, los más importantes, por la presión del Partido Socialista. Lo que da lugar a una situación tan insólita como la actual, en la que dichos medios, con una gran influencia en el sector soberanista de la población, sólo reconocen como legítimo al anterior Gobierno, hoy legalmente destituido, y siguen contribuyendo así a su labor social desestabilizadora.

En estas condiciones, desde Cataluña surgen voces (enlace) que lamentan que el Estado de derecho allí siga lleno de agujeros, que el ambiente no haya cambiado sustancialmente, y que continúe siendo amenazador para los que no comparten el proyecto secesionista. Los mozos siguen un criterio laxo y tolerante respecto a ciertos actos ilegales cometidos por activistas del separatismo, como cortes de vías de comunicación. Su cadena de mando de conocidas fidelidades sigue casi intacta y se denuncia que continúa la postergación o incluso persecución de quienes quieren cumplir fielmente la legalidad (enlace). Se expedienta a un inspector que defiende, con datos, casos de claro adoctrinamiento en el sistema educativo (enlace).

Somos conscientes de la dificultad de cambiar en pocas semanas tantas anomalías que en Cataluña, valga la paradoja, se hayan disfrazado de normalidad. Para ello las autoridades provisionales tienen escasos medios y muy poco tiempo. Y el déficit de legitimidad que para algunos supone no haber salido de las urnas. Y probablemente existen escasos incentivos entre muchos funcionarios para una colaboración que vaya más allá de lo formal, de salvar el expediente, por esa misma provisionalidad.

Pero a pesar de todo ello sí hay cosas que se pueden hacer en tan poco tiempo, si para ello se cuenta con suficiente determinación y si se dedican medios suficientes. Explicar qué ha pasado, qué trampas presupuestarias ha habido y cuánto dinero se ha gastado y cómo en ese empeño particular de alcanzar la independencia. Por supuesto, de una manera fría y objetiva, de la mano si es posible de agencias independientes. Sin ánimo alguno revanchista que necesariamente se acabaría volviendo contra quien lo sienta.

Ello no sólo es posible, y no sólo es aconsejable. Sino que, por las razones expuestas, es obligado por el objetivo de “vuelta a la legalidad” establecido en la autorización del Senado. Y conseguirlo es urgente en las pocas semanas que se disponen para ello.

Claro que para eso los responsables políticos se encuentran con dos serios hándicaps. Uno de ellos, que ese ánimo de transparencia está muy lejos de las prácticas políticas habituales en España, lo que supone un importante déficit de nuestra democracia. El que se intente hacer ese esfuerzo precisamente en esta ocasión, en contraste con lo habitual, no dejará de ser señalado por los defensores del “procés”.

Y el otro es la dificultad y hasta torpeza como este gobierno se ha comportado en el campo esencial de la comunicación. Y en este caso, para que la transparencia lo sea de verdad, la calidad de la forma de transmitir esa información va a ser tan importante como su contenido. Y en este punto sería esencial actuar con una habilidad y una inteligencia que en demasiadas ocasiones han brillado por su ausencia hasta ahora.

Todo lo cual nos lleva a otra conclusión, no precisamente pesimista. Que exista ahora esa necesidad imperiosa de transparencia no significa que deba descuidarse la misma en todos los demás casos en los que un gobierno, nacional, regional o local, deba rendir cuentas. O, lo que es lo mismo, de nuevo la crisis catalana se nos aparece como una oportunidad para mejorar la calidad de nuestro sistema político. Y con él las virtudes de nuestra democracia. España no puede permitirse perder esta oportunidad.