Cataluña: ¿y ahora qué?

El último capítulo de la larga serie del psicodrama catalán tuvo un desenlace inesperado para muchos (aunque no para este blog, como pueden ver aquí y aquí). Tras un largo “planteamiento”, un “nudo” casi gordiano de requerimientos contestaciones, amagos y amenazas, la cosa quedó en una pseudo-DUI descafeinada y un 155 reducido en sus pretensiones iniciales con el añadido de una inmediata convocatoria de elecciones.

Ese «desenlace» no ha sido, por supuesto, un desenlace definitivo y a partir de ahí han ocurrido muchas cosas, y más que van a ocurrir.  En este post queremos advertir de que en el maremágnum de acontecimientos presentes y futuros es preciso no perder el rumbo, y que ello exige un esfuerzo para distinguir lo principal de lo accesorio.

Nos aclaramos: hay algunas cosas que se pueden discutir desde el ámbito político o jurídico pero hay otras que deben considerarse principios mínimos, sin lo cuales no hay nada a lo que agarrarse. Por ejemplo: podemos debatir si ha sido acertado convocar elecciones inmediatamente o hubiera sido mejor esperar y desmontar parte del tinglado institucional y mediático que nos ha conducido hasta aquí; podemos criticar los autos de los jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo y entender que hubiera sido más justa (y conveniente) una libertad condicional para todos o algunos de los querellados, o por el contrario que todos deberían ingresar en prisión; podemos discutir si ha concurrido la violencia necesaria para calificar el delito de rebelión, o incluso de sedición, o si esto al final debe quedar en un simple delito de desórdenes públicos. Todo se puede discutir en un Estado de Derecho.

Pero hay cosas que son esenciales, y deberíamos ser conscientes de ello, porque sin esas cosas es muy difícil un entendimiento. Por ejemplo, que el Estado de Derecho es algo irrenunciable, innegociable e inseparable de una democracia que se precie de ser tal, por lo que no cabe modificar constituciones por medio de referendos ilegales, aunque eso no quiere decir que las constituciones no puedan modificarse por el procedimiento correspondiente. El procedimiento es justicia y libertad. También que meter a una persona en la cárcel por cometer delitos por motivos políticos no es crear presos políticos ni encarcelar a nadie por sus ideas. Intentar romper el pacto político por la vía de hecho es una de las agresiones más serias que puede sufrir una comunidad política y en todos los países democráticos se castiga con penas serias.

También es un dato casi seguro que el secesionismo va a seguir ahí, más o menos frustrado, y va a tener el apoyo de más o menos un cincuenta por ciento de la población. Pero, además, no debe ignorarse otra realidad: ha habido una evolución del nacionalismo a un secesionismo que no está exento de ribetes nocivos y antidemocráticos. Es decir, no se trata sólo de cómo resolver unas discrepancias políticas con las reglas que tenemos establecidas y en la que podríamos desembocar en la independencia de una región, sino como gestionar que una parte de la población apoya a unos líderes que han decidido prescindir de toda regla y acometer sus pretensiones por la vía de hecho. Este dato es también esencial, porque el independentismo, como opción política, cabe en el sistema, pero el totalitarismo secesionista, para el que el fin justifica los medios, no.

Otro hecho que hay que tener en cuenta es que España existe como nación y existe desde hace mucho tiempo, y que existen sentimientos de identidad española que comparte muchísima gente también en Cataluña como, sin duda, se ha mostrado con gran plasticidad en las últimas semanas; como lo es que hay una “cuestión catalana” que no es de ahora y que responde a otros sentimientos y hechos históricos que no proceden del señor Puigdemont y adláteres.

Pero las circunstancias nos han llevado a la situación en la que nos encontramos, que es la indiscutible aplicación del artículo 155 y del Código Penal, al menos en su fase inicial. Y, ¿ahora qué? ¿Alguien piensa que basta aplicar las normas políticas y penales para que esto se solucione? Quizás el Sr. Rajoy sí lo piense, pero cualquier persona con sentido común y con los incentivos correctos debe percatarse que este lio es imposible que pueda arreglarse por ensalmo. Pudiera ser que unas elecciones cambien el panorama político en Cataluña con una nueva mayoría que acatara la Constitución y acometiera ciertas reformas que permitieran reintegrar a Cataluña a la normalidad. Otra opción es que no sea así, y haya que aplicar de nuevo el artículo 155, en una sucesión de actos de acción-reacción in crescendo hasta que entraran en razón, la razón de la legalidad. Pero ni aun en el primero de los casos la situación quedaría resuelta. Todos estos factores son importantes y muestran que, más allá de las medidas hasta ahora adoptadas, va a ser preciso afrontar sin perdida alguna de tiempo varias cuestiones.

En primer lugar, debemos realizar una importante labor de reflexión acerca de por qué hemos llegado a este punto de casi ruptura. Hace tres años abogábamos (aquí) por realizar un esfuerzo paralelo al que se hace en la mediación y en otros modos de resolución alternativa de conflictos: ponerse en el lugar del otro y ver qué ocurre. Es necesario estudiar el invocado déficit de financiación y ponerle solución. Es imprescindible reorganizar y aclarar nuestro sistema competencial de organización territorial sin que ello tenga que implicar una cesión al “chantaje” soberanista. Esa distribución, pese a lo que muchos creen, no es un juego de suma cero. Es posible reservar unas competencias básicas al Estado, ceder el resto a las CCAA, y que el Estado mantenga unas competencias excepcionales de intervención para la preservación de la unidad de mercado y de la igualdad de las condiciones de vida de los ciudadanos cualquiera que sea el lugar donde residan. De esta forma, las CCAA tendrán más competencias y también más responsabilidad fiscal frente a sus ciudadanos, pero el Estado saldrá ganando si se le atribuyen facultades de intervención que ahora no tiene.

Entre otras cosas, tal cosa permitiría poner coto a esa corriente nociva y antisistema que ha estado empeñada en los últimos años en un esquema planificado de propaganda. Es interesante este trabajo (aquí) que muestra claramente que el independentismo crece cuando las autoridades regionales quieren traspasar la culpa de las consecuencias de la crisis a otras instancias, como muchos ya pensábamos. Para eso tiene que estar normativamente mucho más claro cuándo son ellas principalmente las que tiene la culpa de las perdidas relativas de bienestar de su CA, y no el Estado.

Pero hay algo muy importante que añadir, y es que debemos ver también la viga en el ojo propio. Lo que queremos decir es que esta deriva enloquecida hay culpas personales concretas pero también hay un elemento muy importante que tener en cuenta: la debilidad institucional propia que todos los españoles hemos permitido, muchas veces por complicidad, y si no por indiferencia. Así como las consecuencias de la crisis económica han pesado en España más que en otros lugares porque nuestra estructura institucional ha permitido que organismos que tendrían que haber actuado mucho mejor no lo hicieran -porque estaban capturados- también cabe decir que el nacimiento y agravamiento de la crisis política deben mucho a la debilidad institucional y a los vicios de un sistema que no practica, o lo hace tarde y mal, ni controles ni rendiciones de cuentas, pero tampoco penaliza las malas actuaciones. Esta debilidad ha minado el prestigio de las instituciones clave de nuestro sistema político y ha generado la sensación de que aquí vale todo, al menos para quién tiene el poder político (léase fáctico) por el mango.

En relación a Cataluña, pero también al resto de España, la dejadez y la lenidad son antiguas y han permitido desde hace tiempo que el Estado de Derecho fuera un simple concepto sin aplicación práctica y que intereses electorales a corto permitieran dar carta de naturaleza a situaciones que, por otro lado, todo el mundo reconocía como injustas e intolerables y que solo una situación crítica como esta parece poner en primer plano. Véase la cuestión, ahora de moda, del clientelismo nacionalista en todos los niveles sociales, desde el cultural y educativo al mediático y empresarial, con su correspondiente dosis de corrupción hard and soft. En una cadena descendente de descontroles, resulta que no sólo las relaciones entre el Estado y Cataluña han estado presididas por esa debilidad, sino que es precisamente en Cataluña donde la captura institucional ha presentado síntomas más agudos y ha permitido que el ejecutivo invada todos los sectores de la vida social y económica, como la educación a través de sus competencias, la prensa a través de la publicidad institucional (El Punt Diari va a hacer un ERE porque no puede vivir sin ella dos semanas), la sociedad civil a través de subvenciones, la Administración a través de la discrecionalidad y el mundo empresarial a través del clientelismo. Pero no nos engañemos, estos males son absolutamente generales. No es difícil comprender cómo esta hidra institucional puede llegar a conseguir por convencimiento o por intereses cruzados poner a un país en una situación crítica. Hoy ha sido esto, mañana vete a saber qué.

No ocultamos que nuestra visión es básicamente institucionalista y que consideramos que una modificación de las reglas del juego, formales o informales, legales o sociales, es esencial para que cambien las estructuras y las dinámicas de los países. Y que esas reglas no es fácil cambiarlas, pero que hay que aprovechar las coyunturas críticas, en que esas estructuras están en cuestión, para introducir cambios. Y este es el momento adecuado para introducir reformas que beneficien a todos, partiendo de la base que lo que ha fallado aquí no es sólo Cataluña, sino todo un sistema que ha generado incentivos inadecuados para todos.

Por eso, la reforma constitucional que se barrunta no puede ser una reforma constitucional para “encajar Cataluña en España”. Tiene que ser una reforma para encajar de una vez España, empezando por su aparato institucional. Necesitamos estudios técnicos y datos fiables, pero también saber a dónde nos queremos dirigir. Hemos construido un Estado federal sin los instrumentos típicos de responsabilidad autonómica y control federal propios de esos Estados. Hemos desactivado a conciencia los controles institucionales que garantizaban, a todos los niveles (local, autonómico y estatal) el funcionamiento neutral de nuestras instituciones en beneficio de los intereses generales. Es el momento de dar, por fin, el paso que nos falta. Toda crisis es también una gran oportunidad.