Haciendo amigos: el Partido Popular y los jueces de la Gürtel

Cuando los independentistas llaman presos políticos a los líderes secesionistas actualmente en prisión, o alegan que nuestro país no es un auténtico Estado de Derecho porque no existe verdadera división de poderes, no niegan que ellos hayan actuado al margen de las normas vigentes. En absoluto. Lo que realmente afirman es que en este país hay dos varas de medir: la rigurosa y pegada a la letra de la ley que se les aplica a ellos, y la flexible, moldeable, casi líquida, que se aplica al resto de las fuerzas políticas, especialmente al Partido Popular.

En este blog hemos defendido que esa interpretación es errónea y que, con todas sus imperfecciones, España es un Estado de Derecho homologable a sus vecinos, básicamente gracias al trabajo de nuestros jueces de base, que con todas las dificultades del mundo todavía lo mantienen en pie (aquí). Pero, sorprendentemente, algunos sectores muy influyentes de nuestra sociedad se empeñan en quitarnos la razón, arrojando sospechas sobre el funcionamiento del sistema, con grave daño para el prestigio del país. Y se empeñan con tanta dedicación, que no hay más remedio que mirar hacía ese lado, no sea que por el humo se sepa dónde está el fuego, como dice la zarzuela.

El último ejemplo de ello lo hemos tenido recientemente con la decisión adoptada por la sala de gobierno de la Audiencia Nacional el pasado 20 de noviembre (aquí) por el cual -como consecuencia de las nuevas incorporaciones en dicho órgano judicial- se recompone el Tribunal hasta ahora encargado de enjuiciar la trama Gürtel. Se aparta de dicho Tribunal a Julio de Diego (el magistrado que votó a favor de la citación como testigo de Mariano Rajoy) y a José Ricardo de Prada como ponente, sustituyéndole por Juan Pablo González (elegido en su momento vocal del CGPJ a propuesta del PP). Se da también la circunstancia de que la nueva Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, autora de la propuesta de reorganización y que además integra la sala de gobierno que ha adoptado esta decisión, fue recusada en varios casos de la trama Gürtel por su afinidad con el PP.

Los dos magistrados sustituidos reclamaron contra esa decisión de apartarles, solicitando que se garantice la permanencia de los tribunales en procedimientos especialmente sensibles, como el señalado, en el que además ya se han tomado decisiones. No obstante, en la citada decisión del 20 de noviembre, la sala de gobierno les contesta lo siguiente:

“No cabe establecer dos modelos de composición de tribunales, en los que se distinga entre causas de especial sensibilidad y las que no lo sean, porque la ley no contempla dicha distinción. – Además, no hay modo de establecer criterios objetivos, que permitan distinguir entre causas sensibles y causas ordinarias. – Si se hiciera así, sería necesario establecer por qué una causa es especialmente sensible y cual no lo es, lo que supondría prejuzgar sobre las mismas.  – Consiguientemente, no cabe blindar la composición de tribunales, cuando cambien los componentes de la sección, debido a nuevas incorporaciones. – Cuando suceda así, se hace necesario establecer una nueva composición, que se adecúe a los nuevos miembros.” (El subrayado es mío).

Verdaderamente si Chaïm Perelman, el gran maestro moderno de la argumentación jurídica –siempre obsesionado por la interpretación razonable y por la necesidad de persuadir al auditorio a la hora de argumentar jurídicamente- hubiera vivido para leer ese párrafo y conocer la consiguiente decisión, se hubiera quedado estupefacto. Los argumentos utilizados por la sala de gobierno son de un formalismo muerto tan evidente, que no hacen otra cosa que arrojar más sospechas sobre el asunto.

Lo que la sala está diciendo es que como en ciertos casos es difícil saber lo que es sensible políticamente y lo que no lo es, este caso de la Gürtel, que es de una sensibilidad política monstruosa que nadie puede negar, no solo va a ser tratado como cualquier otro, sino que lo vamos a tratar de la forma más lesiva posible a esa sensibilidad política que todo el mundo reconoce que existe pero que la ley no. Y ello a instancia de una magistrada, recusada varias veces en ese tema, que lo que hace es colocar como ponente a otro magistrado vinculado al principal interesado en la causa por la misma relación por la que ella fue recusada en su momento. Verdaderamente, «querida Concha».

Podían haber alegado que el criterio de “especial sensibilidad” no puede ser un criterio general para decidir estos asunto, pero que a la vista de la indudable “especial sensibilidad” de este caso concreto, y por el respeto debido a los principios de imparcialidad y de juez predeterminado por la ley, no se iban a hacer modificaciones en el Tribunal, aunque solo fuera por decoro y defensa de la imagen pública de la Justicia.  Pero no, claro, eso sería pedir demasiado, lo que me lleva a la última reflexión.

Si, como parece normal pensar, los jueces que han tomado esta decisión tienen el conocimiento necesario para percatarse de la patente endeblez de su posición, y la experiencia suficiente para prever que no pasará desapercibida, la explicación no es que sean tontos ni nos toman por tontos, sino otra mucho peor. Es decir, el constante deseo de control de la judicatura por los partidos mayoritarios a través de las asociaciones también mayoritarias (especialmente por el Partido Popular como demuestra la última reforma del CGPJ) no tiene otra finalidad que situarse en condiciones de influir (aunque sea a través de causas segundas, como diría un tomista) para que se tomen decisiones como esta. Por eso precisamente resulta interesante controlar el CGPJ y que este designe los cargos sensibles en los tribunales superiores (con la inestimable colaboración de gran cantidad de jueces asociados, todo sea dicho). Todo el montaje se hace para que sea factible adoptar una decisión como la que estamos comentando, por lo que resulta perfectamente normal que cuando la ocasión llegue, no sea desperdiciada, cualquiera que sea el coste que el país tenga que pagar por ella.

Desengañémonos, a diferencia de otros países –como EEUU- en los que el deseo de control de los jueces busca influir en las “guerras culturales” desde una perspectiva conservadora o progresista, en nuestro país tiene como finalidad fundamental influir en las “guerras clientelares” por el control del aparato político-económico. Aunque por el camino el Estado se nos vaya de entre los dedos.

 

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