Manual de instrucciones para reformar la Constitución

Vivimos tiempos de enorme confusión e incertidumbre, donde nadie puede anticipar qué rumbo pueda deparar la política española.

Partido Popular y Partido Socialista recientemente han pactado la creación de una Comisión en el Congreso de los Diputados para el estudio de una reforma constitucional.

La pregunta clave a formularnos es si una reforma constitucional puede solucionar los problemas que aquejan a la ciudadanía,  entre los que continua y repetidamente según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, se encuentra el paro, la crisis económica, la corrupción, el fraude y el terrorismo internacional. Porque conviene no olvidar, cuando hablamos de reformar la Constitución nos estamos refiriendo especialmente a la organización territorial del Estado.

Para acertar con el diagnóstico y posibles soluciones resulta necesario conocer y preguntar de donde venimos, porque quien olvida su historia está obligado a repetirla.

Antes de la aprobación de la Constitución española de 1978, en un recomendable ejercicio de memoria histórica, convendría recordar que España ha tenido seis constituciones  entre los siglos XIX y XX, con una duración media de 16 años.

España pronto se especializó  en la promulgación de nuevas constituciones así como de su inmediata derogación y liquidación.  La ruptura prevalecía sobre la reforma.

El éxito de la Constitución de 1978, descansa en la realidad, parafraseando a Abraham Lincoln de que fue una Constitución por todos, de todos y para todos,  no una constitución  impuesta por una mitad del pueblo español a la otra mitad como mandataba la costumbre histórica.

No son de extrañar los calificativos  “Constitución del consenso”, “Constitución de la concordia”. Nadie ganó, nadie perdió. En suma todos ganamos. Lo manifestado no es verborrea ni retórica hueca. La Constitución de 1978 obtuvo el voto favorable de 325 diputados de los 350 que conformaban la Cámara, refrendada de forma abrumadora por el  pueblo español con el  voto favorable del 87,78% (y el 90,4% de los catalanes).

Partidos políticos situados en las antípodas ideológicas acordaron darse un marco básico de convivencia, paz y reconciliación, porque tuvieron la inteligencia histórica, altura de miras y grandeza de no repetir errores pasados. La reforma prevaleció sobre la ruptura.

Santiago Carrillo se pronunció en estos términos: “Una constitución que dure, que no sea fácilmente empujada por cualquier vendaval como lo han sido otras en este país. Aunque no sea perfecta, que nos dé cobijo a todos y sea sólida”

La Constitución admite su propia modificación como bien explicitan las Sentencias del Tribunal Constitucional 42/2014, de 25 de marzo y 259/2015, de 2 de diciembre  “La Constitución no constituye un texto jurídico intangible e inmutable. (..) no pretende para sí la condición de lex perpetua. La nuestra admite (..)  su “revisión total”  en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a estos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable”

Existen constituciones europeas como la Alemana (art. 79.3), la Francesa (art. 89), la Italiana (art. 138), Griega (art. 110.1) y Portuguesa (art. 288)  que contienen una clausula de intangibilidad – parte de su contenido constitucional no puede ser modificado -. En cambio no existe un sólo precepto en la Constitución española que no pueda ser modificado -inclusive su artículo dos que proclama la indivisibilidad de la nación española-. Es hora de sacudirse complejos históricos.

Algunos políticos e intelectuales acusan a la Constitución de no haber regulado con acierto  la organización territorial, como si el poder constituyente no se hubiera querido imponer al poder constituido.

La Constitución como cualquier obra humana no es perfecta. Observando a que punto hemos llegado después de 38 años y escuchando ciertas afirmaciones vertidas sobre la Carta Magna, tiende uno a pensar que a lo mejor el problema estriba en que la Constitución de 1978  fue un texto demasiado moderno y avanzado, y que  han sido los actores políticos encargados de su desarrollo y respeto, los que no han sabido estar a su altura.

Es como si a un conductor novel le encargan conducir un Ferrari -última generación- y después de varias vueltas lo choca contra las vallas. Coincidirá el lector, que muy probablemente el problema no esté en el Ferrari y sí en el piloto. Pero poco importa, muchos clamarán que la culpa fue del Ferrari.

En el año 2004 el gobierno del ex-presidente Zapatero encargó al Consejo de Estado un informe sobre una propuesta de reforma constitucional (aquí), bajo los siguientes principios: “(..) el acierto en los procesos de revisión constitucional depende de la conjunción de varios factores, a saber:

  1. a) que los cambios a introducir respondan a demandas consistentes (…);
  2. b) que sean limitados y prudentes para no alterar el equilibrio en el que se sustenta el texto constitucional;
  3. d) que se genere en torno a las modificaciones un consenso asimilable al que concitó el texto que se quiere reformar. (..) ”.

Comparto plenamente este pequeño manual de instrucciones para articular una posible reforma constitucional.

Lástima que el mismo ex- presidente Zapatero no hubiera respetado esos mismos criterios para llevar a cabo la famosa reforma del Estatut en el año 2006. No era una reforma demandada por la sociedad catalana y tampoco existía consenso con el principal partido de la oposición. Los resultados no necesitan explicación . Sería bueno aprender de los errores y tenerlo muy presente para una posible reforma constitucional. Prudencia, mesura, reflexión y consenso.

Estoy muy de acuerdo con el prestigioso hispanista John H. Elliot cuando dice que quizás más que una reforma constitucional lo que necesita este país es una cura de autoestima”

Antes de adentrarnos en ambiciosas reformas constitucionales empujados por un vendaval sentimental,  que ahogue la necesaria reflexión, deberíamos ser conscientes y valorar los grandes avances conseguidos en estos últimos 38 años.

En 1978 España disponía de una renta media inferior al 30% de la media europea. 38 años después nos encontramos muy cerca de la convergencia. Desde el año 1978  se ha triplicado el gasto social por habitante. El gasto social en España supera el 63% del gasto público. Nuestro sistema sanitario es público, gratuito y universal y envidiado por medio mundo. Somos lideres mundiales en trasplantes. España es el cuarto país de la OCDE con mayor proporción de mujeres en el Parlamento, sólo por detrás de Suecia, Finlandia e Islandia. Somos el tercer país más visitado del planeta. Según el ranking anual del Estado de la democracia sobre 150 países, España se encuentra entre las consideradas democracias plenas (sólo 19 de 150)  por delante de EEUU, Italia y Francia que son calificadas como democracias con problemas.

Llegados a este punto quisiera interpelar al lector sobre lo siguiente.  En lo que llevamos de XII  Legislatura (2016 – actualidad), se han aprobado con el concurso conjunto de gobierno y oposición, la mayor subida del salario mínimo interprofesional, ampliación del permiso de paternidad, bono social energético, ampliación de la protección de los deudores hipotecarios vulnerables, nueva Ley del Autónomo y todo ello “eureka”, sin necesidad de cambiar una sola coma de nuestra Constitución Española.

Una vez más, mesura, prudencia, reflexión y consenso. No nos embriaguemos de la épica discursiva y nos olvidemos de lo cotidiano y más importante. El pueblo (trabajadores, personas que no pueden pagar la luz, deudores hipotecarios, autónomos,  quienes estrenen paternidad, ect..),  lo agradecerá.