Las decisiones del juez Llarena se contradicen

Las decisiones de Llarena se contradicen

Hasta este momento el magistrado instructor del TS, Sr. Llarena, ha tomado tres decisiones en relación al caso de los independentistas catalanes (al margen de la de reclamar a la AN la causa de los exconsejeros). Pienso que desde una perspectiva de pura argumentación jurídica no resultan muy congruentes entre sí, ni tampoco internamente cada una de ellas, lo que amenaza dos principios fundamentales de la Justicia entendida en un sentido material: la interdicción de la arbitrariedad (trato igual) y la seguridad jurídica, consagrados en el inciso final del art. 9.3 de la Constitución Española que hoy, más que nunca, homenajeamos.

La primera decisión fue la de no ordenar la prisión provisional de la expresidenta Forcadell y la de los miembros de la mesa, que comentamos aquí. En este auto el párrafo fundamental es el siguiente:

En todo caso, lo que se evalúa es el riesgo de reiteración en ese comportamiento, lo que debe hacerse considerando que el devenir político más próximo y cercano pudiera propiciar la persistencia en la actuación fuera del marco constitucional y transformar la próxima legislatura, en un ilegal proceso constituyente. En todo caso, todos los querellados, no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la CE, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional.

En este auto se confiere una significación fundamental a la retractación de los investigados, lo que criticamos en su momento, pues el motivo para no ordenar la prisión provisional no debería ser ese (fácil remedio para eludir la prisión preventiva en el cien por cien de los casos) sino la improbabilidad material de incurrir de nuevo en la actuación investigada. Por lo demás, choca que se mencione el riesgo de “convertir la próxima legislatura en un ilegal proceso constituyente” en relación a una medida provisional que hay que tomar de manera inmediata, pues es injustificable encarcelar a una persona ahora, por lo que solo puede hacer (en su caso) dentro de dos meses.

La segunda decisión consistió en liberar a una parte de los investigados cuya prisión había ordenado la AN, pero manteniendo la de Junqueras, los Jordis y la del ex consejero de interior. En este auto el párrafo fundamental es el siguiente:

Por ello, en estos investigados el riesgo de reiteración delictiva refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad. De esta manera, el peligro no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de reevaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real.”

Aquí ya a la retractación no se le da ningún valor y solo se menciona la “posibilidad de nuevos ataques”. La incongruencia con el caso anterior es obvia, pero también existe una incongruencia interna importante. Y es que para justificar la diferencia de trato el instructor se remite básicamente a la lesividad de la conducta enjuiciada (distinta en los casos de Junqueras, por un lado, y de Forcadell y de los otros exconsejeros, por otro); sobre la idea de que, a más lesividad, mayor necesidad de la medida provisional. Pero al hacerlo se olvida completamente de la probabilidad real de la reiteración en todos los casos, pues se limita a decir que es “igual” en unos y otros, apoyado en reflexiones genéricas como la intención común de crear “estructuras de Estado” (u otras parecidas) con la intención de “persistir” en el conflicto por esas vías. (¿Pero cómo van a crear ahora “estructuras de Estado”?).

Hablar solo de una lesividad mayor en el caso de que acontezca reiteración no es suficiente. Imaginemos que nos encontramos ante dos delitos, uno muy grave y otro leve, pero el muy grave de imposible reiteración (ej: prevaricación millonaria de un funcionario ya cesado) y el leve de elevada probabilidad de reiteración (robo reiterado de bolsos o coches). En ese caso lo lógico es que el actor del leve pueda ir a prisión (en función de las circunstancias) pero el del muy grave no. Simplemente, porque en este último caso no se da el presupuesto necesario que justifica la prisión preventiva (riesgo de reiteración). Por otra parte, la relación entre lesividad y probabilidad de comisión se expresa en el auto de una manera incongruente con lo afirmado anteriormente, cuando no errónea (p. 14) y llega a una conclusión preocupante: cuando el delito es leve, más probable es su reiteración, luego procede la prisión; cuando es grave, más riesgo para la colectividad, luego procede la prisión. A Beccaria se le hubieran puesto los pelos como escarpias.

En definitiva, para que su argumento fuese coherente, el instructor tenía que haberlo completado con la mención específica y detallada de que existe una probabilidad razonable de que un Junqueras o un consejero de interior cesados puedan, previo manejo y desactivación de los Mossos, dirigir ataques violentos a centros públicos en plena campaña electoral, ya sea ahora (que es cuando debe decidirse la medida) o en la próxima legislatura (futuro hipotético que pese a los dicho en el primer auto no debería pesar nada por las razones comentadas).  Cosa que el auto no hace, seguramente porque es muy difícil de justificar.

La tercera decisión es la revocación de la euroorden contra Puigdemont y el resto de consejeros fugados. El motivo de esta decisión viene sintetizado en el siguiente párrafo:

De este modo, el actual mantenimiento de las órdenes de detención, lejos de facilitar un adecuado desarrollo del proceso, puede introducir una restricción de efectos sustanciales, pues al ser posible que el Estado requerido (en aplicación de los artículos 3 a 5 de la Decisión Marco), deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se está posibilitando una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentran fugados, lo que dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones ante este Tribunal, introduciendo una distorsión sustantiva a las defensas de los encausados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en «peor derecho» que quienes se encuentran fugados.”

Es decir, Bélgica podría limitar los delitos por lo que se puede enjuiciar a Puigdemont, aceptando solo la entrega a España para que sea juzgado por los más leves.

El que el juez Llarena se ponga la venda antes de la herida no solo resulta incongruente con sus decisiones anteriores, especialmente con la segunda, sino que es también incongruente consigo misma, salvo que todo esto se deba a un cambalache político internacional entre España y Bélgica con la implicación de sus respectivas judicaturas, cosa que nos negamos a creer.

Es incongruente con la segunda decisión, porque si el riesgo de reiteración en el delito de los capos de la rebelión es tan elevado como para aconsejar la prisión de uno de los principales candidatos para las próximas elecciones (Sr. Junqueras) no puede ser menor en el caso del jefe máximo, Sr. Puigdemont, cuya libertad, por mucho que esté en Bélgica, no dejaría de constituir una importante amenaza para la convivencia ciudadana. Pero si el instructor considera que el riesgo real de poder únicamente enjuiciarle por los delitos menos graves es tan elevado como para mitigar ese otro riesgo, entonces no se entiende el énfasis en la gravedad y lesividad de los delitos de Junqueras contenido en el segundo auto. Sería como decir: “cuando juzgo yo, considero que la actuación de esta gente es abominable, pero cuando me pongo en los zapatos de otro juez, no me parece tan grave”.

Pero también es incongruente consigo misma, porque consagra una discriminación actual (favoreciendo a los que han huido) para evitar una discriminación doblemente hipotética (que el auto belga sea desfavorable y que los que se han quedado terminen procesados por rebelión).

En fin, en este 6 de diciembre, comencemos el día todos juntos con un ¡Viva la Constitución y Muera la inseguridad jurídica y la arbitrariedad de los poderes públicos!

Vender en Wallapop, Ebay y Amazon. ¿Hay que pagar impuestos?

La semana pasada unas declaraciones del Ministro Montoro alarmaron a una parte de la población: los usuarios frecuentes de venta de bienes usados que utilizan plataformas de intermediación.

Las palabras del Ministro de Hacienda fueron “el comercio electrónico se sujeta a las mismas normas tributarias que los demás” refiriéndose a varias noticias de prensa que habían difundido días anteriores lo siguiente: la Dirección General de Tributos (DGT) ha establecido en consulta vinculante que los particulares que vendan bienes a través de eBay, Amazon Wallapop o Vibbo serán gravados por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) al 4%.

Las declaraciones del Sr Montoro son ciertas, como legalmente acertada es la consulta vinculante a que hacen referencia. La respuesta de la DGT, de 22 de agosto de 2017,  a la consulta de un contribuyente que desea vender objetos y enseres personales y familiares a través de una página web de cuáles serían sus obligaciones tributarias, la contestación establece que no tratándose de un empresario o profesional quién realiza las ventas- en cuyo caso estas se gravarían por IVA- se aplica el artículo 7 de la ley de ITP que efectivamente dispone que, se gravan por este impuesto las trasmisiones  onerosas por actos “inter vivos” de toda clase de bienes y derechos  que integren el patrimonio de las personas físicas y jurídicas, en el caso de bienes muebles a un tipo del 4%.

Pero la alarma cunde entre los usuarios de las plataformas cuando, en  las noticias que han dado a conocer la consulta de la DGT, se añade que las transacciones de comercio electrónico están siendo la prioridad de la AEAT en 2017, que cuenta con medios para el análisis y explotación de la información disponible en la red.

He aquí un matiz importante.  Hasta hace poco,  cuando alguien vendía “trastos viejos” o ropa de segunda mano a su vecino no se le ocurría declarar por la operación realizada,  ni sospechaba que ello llevara una obligación de tributar.  Sería absurdo pensar que la Hacienda autonómica- a quién corresponde la gestión de este impuesto-  iba a comprobar estas operaciones,  tarea que superaría el costo de lo recaudado. Pero hace unos años surgió  la llamada economía colaborativa, que supone que entre vendedor y comprador se sitúa un intermediario, la plataforma de internet, que facilita la operación entre ambos. En base a ello, y en ocasiones a la creencia por el vendedor de la opacidad de la venta,  este comercio ha crecido de forma acelerada en estos últimos años, tanto como para que,  las  Haciendas nacionales y organismos internacionales decidan ocuparse de este fenómeno. La razón : en estas plataformas digitales pueden coexistir, intercambios entre particulares que carecen de finalidad de lucro y que no suponen una manifestación de riqueza, y en consecuencia, deben quedar al margen de tributación, con otras operaciones que suponen el ejercicio de actividad que debe someterse a tributación, al igual que el comercio tradicional, ya que lo contrario generaría una injusticia tanto de competencia como tributaria.

Esta nueva economía rápidamente ascendente plantea dos problemas principales: clarificar que rentas y como deben someterse a graven y como controlar su aplicación.

Si seguimos aplicando el sistema impositivo actual, la recomendación de la Comisión Europea de 2 de junio de 2016, anima a los distintos gobiernos nacionales a buscar fórmulas de cooperación de estas plataformas colaborativas con las haciendas nacionales. Las plataformas intermediarias  registran la actividad de sus usuarios por lo que, al igual que otros operadores en el comercio tradicional, deberían comunicar los datos de las transacciones que conozcan a la Administración que deba gravarlas.  Por ello,  se están implementando  obligaciones formales de información, como la que va a implantar España en un futuro próximo para las plataformas de viviendas de uso turístico y que ya operan en otros países de nuestro entorno como Francia e Italia.

Para clarificar quién debe tributar,  se está planteando la necesidad de introducir en las figuras tributarias vigentes ciertos parámetros que ayuden a distinguir entre quién realiza operaciones aisladas y quién debe someterse a tributación, algunas serían: establecer un umbral de volumen de operaciones (en el caso de Vibbo, Ebay, Amazone o Wallapop número de ventas realizadas), utilizar publicidad, cobrar las transacciones utilizando plataformas de pago o cuentas bancarias separadas a las de las gestiones personales….

Pero debemos preguntarnos: ¿Son realmente estas medidas efectivas? ¿O estamos luchando ante un fenómeno nuevo, que utiliza una red digital internacional, con viejos moldes? Y parece que todo apunta a responder positivamente Pensemos en la dificultad de controlar las transacciones realizadas y el importe que debe gravarse, cuando en la mayoría de las ocasiones lo que proporcionaría la plataforma sería únicamente la identidad del oferente del producto.  Explicado de una manera gráfica, si comparamos nuestro sistema tributario actual con una botella, las rentas gravadas son el líquido que podemos medir, pesar u observar, si el contenido se está trasformado en estado gaseoso el continente ya no sirve para sujetar el contenido que se desborda.   Habrá que buscar nuevas  soluciones.

La ANC y Omnium: diferentes medios, mismo fin.

 

La Assamblea Nacional de Catalunya (ANC) y Ómnium Cultural son las dos organizaciones de la sociedad civil catalana que han sido el motor de las principales movilizaciones y manifestaciones que se han producido en los últimos años a favor de la independencia de Cataluña.

Si leemos el informe que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha remitido al Tribunal Supremo, a ambas asociaciones no se las debería considerar solo como meras movilizadoras. La jueza en su informe describe la existencia de “una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente” y señala además que “los integrantes de la organización han elaborado una premeditada estrategia perfectamente coordinada, con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles, principalmente a través de asociaciones independentistas, como ANC y Òmnium.”

Asimismo el recientemente fallecido Fiscal General del Estado, Jose Manuel Maza, en unas declaraciones que realizó en el programa Informe Semanal de TVE, indicó sobre ANC y Òmnium que «es tan íntima la colaboración y la identificación que hay miembros del gobierno que son miembros de estas asociaciones privadas y hay un dato determinante y revelador y es que asistían a reuniones del Gobierno catalán. Yo no sé si con voz, con voto, sin voz, sin voto, pero asistían a las reuniones los propios responsables de estas dos asociaciones».

Aunque su finalidad y protagonismo dentro del proceso independista parecen estar a la par, observamos diferencias en la organización y financiación de ambas asociaciones.

Una de ellas, Òmnium Cultural, es una asociación con más de 55 años de historia (surge en 1961), creada inicialmente para el fomento de la lengua y cultura catalana, si bien en los últimos años ha centrado sus esfuerzos en el apoyo al proceso de independencia catalán. Sus cuentas (auditadas) están disponibles en su página web, las últimas correspondientes al año 2016: la cifra de ingresos supera los 4,47 millones de euros, de los cuales destacan los casi 3,7 millones que proceden de las cuotas de los socios y los 144.000 euros de subvenciones públicas.

Es decir, en las últimas cuentas disponibles de la asociación, se aprecia que la cuantía de las subvenciones públicas supone un porcentaje muy reducido de sus ingresos. Pero no siempre ha sido así, de hecho según el análisis realizado por el diario ABC, desde 2005 a 2016 las subvenciones públicas recibidas por Òmnium superaron los 12 millones de euros (procedentes de la Generalitat y ayuntamientos principalmente).

La otra asociación, la Assamblea Nacional Catalana, es una asociación creada en marzo de 2012 y ha estado ligada desde sus inicios al proceso independista.

La transparencia no es su fuerte porque en su página web no ofrece ningún detalle sobre sus cuentas, las únicas cifras que conocemos es gracias a lo que se ha publicado en diferentes medios de comunicación.

En El Confidencial tuvieron acceso a las cuentas de 2016 de la ANC, donde el total de ingresos superó 3,87 millones de euros, destacando las siguientes partidas: 1,69 millones de euros por las cuotas de socios, 1,06 millones por donaciones, 813.560 euros por ‘merchandising’ (camisetas, gorras, etc) y 308.959 euros por autocares (para la asistencia a manifestaciones o actos). Para tener una referencia de la magnitud de las cifras, podemos destacar por ejemplo que la ANC ingresó más por la venta de merchandising que lo que obtuvo el RCD Espanyol en la temporada 2015 por ese mismo concepto (813.560 € vs 745.226 €). De todos modos el 2016 fue un buen año desde el punto de vista económico para la asociación, ya que para este año 2017 la previsión de ingresos de la ANC no llega a los 1,9 millones de euros.

Si comparamos ambas asociaciones, observamos que las aportaciones de los socios tienen una cuantía y un peso superior en Òmnium que en la ANC (sin embargo la ANC supera en número de socios a Òmnium actualmente). Por otra parte, la ANC tiene una serie de fuentes de ingresos ligados a las movilizaciones y actos a favor del proceso de independencia que Òmnium no tiene (nos referimos por ejemplo a la venta de camisetas, gorras y demás prendas con motivos favorables a la independencia). La otra gran diferencia reseñable es que la ANC declara no recibir ningún tipo de subvención pública mientras que Òmnium sí, como hemos visto anteriormente.

La capacidad recaudatoria entre particulares y empresas de las dos asociaciones está fuera de toda duda, pero no solo para financiar sus propias actividades como hemos visto hasta ahora, sino también para otras causas, siendo su máximo exponente la denominada caja de solidaridad, creada en mayo de este año para dar respuesta a las “represalias del Estado” contra el patrimonio de los condenados por el proceso soberanista.

Hasta noviembre, la recaudación de la citada caja superaba los 4,5 millones de euros, de los cuales llevan gastados más de 3 millones que han servido para pagar íntegramente las fianzas de Carme Forcadell y los cuatro miembros de la Mesa del Parlament y parcialmente, las fianzas de Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau.

En definitiva, la ANC y Òmnium Cultural son dos asociaciones que se organizan y financian de forma diferente pero que comparten el mismo fin (la proclamación de la República Catalana) y su protagonismo dentro del proceso de independencia catalán está fuera de toda duda (así como su capacidad de recaudación).

Haciendo amigos: el Partido Popular y los jueces de la Gürtel

Cuando los independentistas llaman presos políticos a los líderes secesionistas actualmente en prisión, o alegan que nuestro país no es un auténtico Estado de Derecho porque no existe verdadera división de poderes, no niegan que ellos hayan actuado al margen de las normas vigentes. En absoluto. Lo que realmente afirman es que en este país hay dos varas de medir: la rigurosa y pegada a la letra de la ley que se les aplica a ellos, y la flexible, moldeable, casi líquida, que se aplica al resto de las fuerzas políticas, especialmente al Partido Popular.

En este blog hemos defendido que esa interpretación es errónea y que, con todas sus imperfecciones, España es un Estado de Derecho homologable a sus vecinos, básicamente gracias al trabajo de nuestros jueces de base, que con todas las dificultades del mundo todavía lo mantienen en pie (aquí). Pero, sorprendentemente, algunos sectores muy influyentes de nuestra sociedad se empeñan en quitarnos la razón, arrojando sospechas sobre el funcionamiento del sistema, con grave daño para el prestigio del país. Y se empeñan con tanta dedicación, que no hay más remedio que mirar hacía ese lado, no sea que por el humo se sepa dónde está el fuego, como dice la zarzuela.

El último ejemplo de ello lo hemos tenido recientemente con la decisión adoptada por la sala de gobierno de la Audiencia Nacional el pasado 20 de noviembre (aquí) por el cual -como consecuencia de las nuevas incorporaciones en dicho órgano judicial- se recompone el Tribunal hasta ahora encargado de enjuiciar la trama Gürtel. Se aparta de dicho Tribunal a Julio de Diego (el magistrado que votó a favor de la citación como testigo de Mariano Rajoy) y a José Ricardo de Prada como ponente, sustituyéndole por Juan Pablo González (elegido en su momento vocal del CGPJ a propuesta del PP). Se da también la circunstancia de que la nueva Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, autora de la propuesta de reorganización y que además integra la sala de gobierno que ha adoptado esta decisión, fue recusada en varios casos de la trama Gürtel por su afinidad con el PP.

Los dos magistrados sustituidos reclamaron contra esa decisión de apartarles, solicitando que se garantice la permanencia de los tribunales en procedimientos especialmente sensibles, como el señalado, en el que además ya se han tomado decisiones. No obstante, en la citada decisión del 20 de noviembre, la sala de gobierno les contesta lo siguiente:

“No cabe establecer dos modelos de composición de tribunales, en los que se distinga entre causas de especial sensibilidad y las que no lo sean, porque la ley no contempla dicha distinción. – Además, no hay modo de establecer criterios objetivos, que permitan distinguir entre causas sensibles y causas ordinarias. – Si se hiciera así, sería necesario establecer por qué una causa es especialmente sensible y cual no lo es, lo que supondría prejuzgar sobre las mismas.  – Consiguientemente, no cabe blindar la composición de tribunales, cuando cambien los componentes de la sección, debido a nuevas incorporaciones. – Cuando suceda así, se hace necesario establecer una nueva composición, que se adecúe a los nuevos miembros.” (El subrayado es mío).

Verdaderamente si Chaïm Perelman, el gran maestro moderno de la argumentación jurídica –siempre obsesionado por la interpretación razonable y por la necesidad de persuadir al auditorio a la hora de argumentar jurídicamente- hubiera vivido para leer ese párrafo y conocer la consiguiente decisión, se hubiera quedado estupefacto. Los argumentos utilizados por la sala de gobierno son de un formalismo muerto tan evidente, que no hacen otra cosa que arrojar más sospechas sobre el asunto.

Lo que la sala está diciendo es que como en ciertos casos es difícil saber lo que es sensible políticamente y lo que no lo es, este caso de la Gürtel, que es de una sensibilidad política monstruosa que nadie puede negar, no solo va a ser tratado como cualquier otro, sino que lo vamos a tratar de la forma más lesiva posible a esa sensibilidad política que todo el mundo reconoce que existe pero que la ley no. Y ello a instancia de una magistrada, recusada varias veces en ese tema, que lo que hace es colocar como ponente a otro magistrado vinculado al principal interesado en la causa por la misma relación por la que ella fue recusada en su momento. Verdaderamente, «querida Concha».

Podían haber alegado que el criterio de “especial sensibilidad” no puede ser un criterio general para decidir estos asunto, pero que a la vista de la indudable “especial sensibilidad” de este caso concreto, y por el respeto debido a los principios de imparcialidad y de juez predeterminado por la ley, no se iban a hacer modificaciones en el Tribunal, aunque solo fuera por decoro y defensa de la imagen pública de la Justicia.  Pero no, claro, eso sería pedir demasiado, lo que me lleva a la última reflexión.

Si, como parece normal pensar, los jueces que han tomado esta decisión tienen el conocimiento necesario para percatarse de la patente endeblez de su posición, y la experiencia suficiente para prever que no pasará desapercibida, la explicación no es que sean tontos ni nos toman por tontos, sino otra mucho peor. Es decir, el constante deseo de control de la judicatura por los partidos mayoritarios a través de las asociaciones también mayoritarias (especialmente por el Partido Popular como demuestra la última reforma del CGPJ) no tiene otra finalidad que situarse en condiciones de influir (aunque sea a través de causas segundas, como diría un tomista) para que se tomen decisiones como esta. Por eso precisamente resulta interesante controlar el CGPJ y que este designe los cargos sensibles en los tribunales superiores (con la inestimable colaboración de gran cantidad de jueces asociados, todo sea dicho). Todo el montaje se hace para que sea factible adoptar una decisión como la que estamos comentando, por lo que resulta perfectamente normal que cuando la ocasión llegue, no sea desperdiciada, cualquiera que sea el coste que el país tenga que pagar por ella.

Desengañémonos, a diferencia de otros países –como EEUU- en los que el deseo de control de los jueces busca influir en las “guerras culturales” desde una perspectiva conservadora o progresista, en nuestro país tiene como finalidad fundamental influir en las “guerras clientelares” por el control del aparato político-económico. Aunque por el camino el Estado se nos vaya de entre los dedos.

 

Una lamentable decisión judicial de la Audiencia Nacional sobre la aplicación temporal de la Ley de Transparencia

El pasado 23 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una Sentencia que puede verse aquí  (Recurso nº 54/2017), en la que estimó que el Ministerio de Defensa tendrá que facilitar el nombre de los acompañantes de las autoridades en viajes oficiales. Previamente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno había estimado la reclamación que presentó un ciudadano al entender que esta información servía eficazmente a la rendición de cuentas respecto de los servicios y fondos públicos.

Lo realmente sorprendente de esta resolución de la Audiencia Nacional es que anula  parte de la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid al establecer que “la información solamente debe referirse a los viajes y acompañantes de autoridades que se hayan efectuado después del 10 de diciembre de 2014” fecha en la que entró en vigor de la Ley de Transparencia.

La escueta motivación de la Sentencia en este punto es la siguiente: “En el caso que nos ocupa, se justifica con lógica jurídica que la obligación de emitir esta información se produce únicamente a partir de la entrada en vigor de la Ley 19/2013 que tiene lugar el día 10 de diciembre de 2014”.

El Consejo de Transparencia ha emitido una Nota de Prensa en la que anuncia que está estudiando la posibilidad de recurrir la decisión de la Audiencia Nacional y subraya que “dentro del respeto debido a las resoluciones judiciales, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no comparte el criterio de la Audiencia pues, aplicando una interpretación de las normas favorable al derecho a la información, siempre ha sostenido que el concepto de información pública se refiere a la información que obra en poder de las Administraciones en el momento de la solicitud, independientemente de su fecha y, por tanto, se puede solicitar información pública generada antes de la entrada en vigor de la ley”.

No podemos estar más de acuerdo con la opinión del Consejo de Transparencia, órgano especializado en la materia, y entendemos que la interpretación judicial, dicho sea con los mayores respetos, es irrazonable y descabellada y contraria al principio general de acceso a los documentos, teniendo en cuenta que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no contiene ningún régimen temporal de aplicación a los efectos señalados.

Ha de tenerse en cuenta que según su artículo 12 (Derecho de acceso a la información pública), “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley” y el referido precepto constitucional se refiere al acceso a los archivos y registros públicos. El término “archivo” parece claramente que alude al pasado, pues según nuestro Diccionario es el  “conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, etc.producen en el ejercicio de sus funciones o actividades”. Y según el artículo 13 (Información pública), “se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. No se infiere de estos preceptos que el legislador pretendiera que los documentos fueran los que obren en poder de las instituciones “a partir de la entrada en vigor de la ley”, pues de ser así lo hubiera explicitado. Y, además, el Tribunal Constitucional ha dicho (Sentencia 18/1981) que la reserva de ley que efectúa el artículo 105 CE no tiene el significado de diferir la aplicación de los derechos fundamentales y libertades públicas hasta el momento en que se dicte una Ley posterior a la Constitución, ya que en todo caso sus principios son de aplicación inmediata.

En nuestra opinión, el Consejo de Transparencia DEBE recurrir meritada sentencia, pues afecta negativamente a una cuestión nuclear en la aplicación de la Ley de Transparencia

HD Joven: La politización de la UAB; carta de un estudiante

Un nombre del que sentirse orgulloso cuando la gente mirase con asombro el diploma de licenciatura que colgaba de la pared del despacho y que acreditaba que te habías formado en tan noble institución. Esa era la idea que muchos teníamos cuando decidimos escoger la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para confiarle la oportunidad de cincelar los pilares que sustentasen el peso de nuestras ideas y pensamientos. Ese por lo menos fue mi caso y me atrevería a afirmar que también el de muchos de mis compañeros que finalmente decidieron decantarse por la autónoma de Barcelona en vez de por otra.  Los motivos que hicieron que la escogiese fueron varios. Sabía que la UAB se encontraba entre las 200 mejores universidades del mundo según los principales ránquines de universidades, concediéndole la categoría de “Campus de excelencia internacional”. También era consciente de que por esa casa habían pasado grandes personalidades como Jordi Évole, Eduardo Mendoza, Javier Sardà, entre otros, y aspiraba, inocente como si de un deseo a los Reyes se tratase, conseguir lo que ellos habían logrado. Pensaba que estudiar donde ellos lo habían hecho, respirando el mismo aire, mientras leía los mismos libros que habían tenido entre sus manos me ayudaría a lograrlo.

La universidad siempre había sido un espacio de formación, donde se nos debía dotar a las personas de los conocimientos necesarios para poder crear nuestra propia opinión sobre las cosas. Esta era una idea que aparentemente estaba generalizada y que le venía a uno a la cabeza cuando pensaba en la universidad. Una institución donde regía la libre confrontación de ideas y el pensamiento crítico, siempre con respeto y tolerancia hacia los demás. En definitiva, un lugar de concordia y fraternidad al que se le tenía muchos respeto y admiración gracias a la neutralidad política que regía todas sus decisiones y que resistían a las injerencias políticas exteriores.

Pero parece ser que esa idea de universidad ha cambiado, hecho que no se entiende sin tener cuenta el momento político-social tan convulso y difícil que estamos viviendo en Cataluña y en el resto de España en la que se están poniendo en jaque muchos de los cimientos que hasta este momento estructuraban y daban sentido a nuestra manera de ver y entender las cosas: el Estado de Derecho, la Democracia y también los fines de las universidades. La UAB comandada por la rectora Margarita Arboix ha decidido virar el rumbo y respirar nuevos aires. Ha optado, en nombre de todos los miembros de la comunidad de estudiantes, profesores, integrantes de la administración e incluso personal de mantenimiento, posicionarse políticamente y dar apoyo a aquellos que quieren y desean, ya no solo el referéndum de secesión ilegal en Cataluña, sino también la independencia. Una práctica que vulnera claramente la neutralidad política que debe regir toda institución educativa, y más si es pública, como sucede con la autónoma, puesto que se sufraga con los impuestos de todos los ciudadanos. Muchos son los hechos que evidencian esta deriva hacia el independentismo. Veamos algunos ejemplos.

El gobierno de la autónoma lleva mucho tiempo dejando de lado a sus estudiantes. Decidió hacerlo cuando el pasado 27 de septiembre de 2017 el Consejo de Gobierno de la UAB aprobó adherirse al Pacto Nacional por el referéndum, como si todos los miembros de la comunidad universitaria a los que representa fuésemos partidarios de la opción independentista.  

Por otro lado, están las huelgas convocadas para dar apoyo al proceso nacionalista catalán. Son ya siete las que se han convocado  en lo que llevamos de trimestre. Todas ellas secundadas, como no, por los colectivos independentistas de estudiantes o falsamente llamados “sindicatos de estudiantes”. La dirección de la universidad ha puesto todas las facilidades para que el seguimiento de las mismas sea efectivo y no puedan impartirse las clases a las que los alumnos tenemos derecho. Así se demuestra cuando se permite a los “huelguistas” dormir en la Facultad de Letras con todos los gastos incluidos corriendo a cargo del contribuyente, para así al día siguiente poder estar a primera hora de la mañana perpetrados detrás de las barricadas hechas con el mobiliario universitario. Es ahí cuando la imparcialidad de la universidad se lleva a su máxima expresión y te sientes totalmente desprotegido por aquél que debe garantizar tus derechos. No entiendes por qué la opinión política del piquete que tienes enfrente, que se enmascara bajo la noción de derecho, ha de prevalecer sobre el derecho que has adquirido pagando una considerable ingesta cantidad de dinero. Y luego, nuestra rectora tiene la osadía de declarar en una entrevista  conjunta con el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Elias, en el periódico el País que “las Universidades no deben posicionarse políticamente”.

La complicidad no se queda ahí, sino que al día siguiente de las hueglas, cuando el equipo de gobierno emite su respectivo comunicado sobre el seguimiento de las mismas, obvia datos tan significativos como los enfrentamientos entre alumnos que ha habido, los insultos y coacciones que hemos sufrido aquellos que queríamos ir a clase. O, por ejemplo, las constantes interrupciones de las clases repletas de “esquiroles” por los piquetes, obligando a los estudiantes a tener que dar por finalizada su clase teniendo que salir del aula con la cabeza gacha escuchando de fondo los cánticos y vítores de los vencedores. Todo ello bajo la complicidad del rectorado que, a sabiendas, ha permitido que todo ello suceda, excusándose en que ha hecho todo lo que estaba en su mano al enviar a un par de vigilantes para poner orden. Como si el grupo de 30 radicales, con palo en mano, fuesen a entrar en razón con dos miembros de la seguridad el campus.

El último de los gestos de “imparcialidad” se ejecutó el pasado 22 de noviembre por parte del Claustro de la Universidad -órgano de máxima representación de la comunidad universitaria que debate las líneas generales de actuación de la Universidad-. Dicho órgano emitió una declaración “exigiendo la inmediata puesta en libertad de los diferentes políticos detenidos”, que están detenidos, no lo olvidemos, por saltarse la ley vigente en nuestro país. Además, en el comunicado apelaban al vínculo de los detenidos con la universidad (algunas de las cuales están o han estado vinculadas a nuestra universidad”), como si el hecho de formar parte de una u otra institución te exime del cumplimiento de la ley. En definitiva, decidió actuar extralimitándose de sus propias competencias, por las cuales existe, e interferir en las decisiones judiciales. Algo impropio en una sociedad seria donde se respete el Estado de Derecho.

Como alumno de la Autónoma me entristece mucho ver como mi universidad es noticia, no por sus logros académicos, sino por las declaraciones de su máxima responsable en un programa de televisión de máxima audiencia, donde buscaba desmentir las denuncias de un grupo de estudiantes de su universidad que declaraban vivir en una constante persecución ideológica en su campus bajo la despreocupación y complicidad de aquél que debe gobernar para el mejor funcionamiento de la universidad. Me sabe mal, también, por todos aquellos profesores que están poniendo todos su empeño y dedicación en trabajar, investigar y enseñar con la idea de dejar en un buen lugar a la institución para la que trabajan. Algunos lectores que lean este artículo me tacharán de atacar el prestigio de la Universidad logrado, precisamente, por esa labor docente e investigadora, poniendo en riesgo el duro trabajo que muchos llevan cultivando. A ellos me dirijo, y les digo que, precisamente, escribo este artículo para proteger esa laboral tan importante que hacen. No se merecen ver como su universidad está secuestrada por la intolerancia de unos y la complicidad de otros. Nos merecemos una universidad plural que respete la libertad de todos sus integrantes.

Quiero poder sentirme orgullo de esta mi universidad. Quiero poder escribir sobre sus virtudes y de por qué es un buen centro universitario, convenciéndoles de lo acertada que sería su decisión si decidiesen matricularse en ella. Pero me cuesta mucho hacerlo cuando aquél que debe gobernar para todos sus alumnos decide hacerlo sólo para unos cuantos. Confío en que el alumnado, que siente la misma decepción y enfado que siento yo ahora al escribir estas líneas, decida, dentro de sus posibilidades, denunciar esta opción partidista por la que ha optado la universidad.  Espero y deseo que la deriva que ha tomado el equipo de gobierno acabe redirigiéndose hacia el buen rumbo donde se encuentra la excelencia. Porque para ser una universidad de excelencia no basta con desearlo. Sin libertad y neutralidad institucional, esa excelencia no puede conseguirse. Creo en una universidad de todos y para todos.