El auto del juez Llarena con ocasión del viaje de Puigdemont a Dinamarca

Afirmaba Maquiavelo, al analizar las causas de la pérdida de la república florentina, que lo que verdaderamente atribuye fortaleza a un Estado y lo convierte casi en invencible es la aplicación de sus leyes (sean buenas o malas) sine ira et estudio, sin acepción de personas, sin admitir excepción alguna por coyunturales motivos políticos, caiga quién caiga, perjudique a quien perjudique, sean estos aliados o enemigos. Y ello, principalmente, por el mensaje que se envía a la ciudadanía, pues si las leyes se ven como moldeables en función de las circunstancias del caso, nadie terminará respetándolas. Los partidarios de la “astucia” deberían leer más a Maquiavelo, ya sean políticos o jueces. Seguro que se iban a llevar una buena sorpresa.

Lo anterior viene a cuento del auto del juez Llarena de 22 de enero por el que  se decide “denegar la orden de detención internacional de D. Carles Puigdemont i Casamajó que se peticiona [por el Fiscal], posponiéndola, en su caso, a un momento en el que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario no puedan resultar afectados por su emisión (…).”

La denegación se basa en dos argumentos. Uno de ellos (el invocado en segundo lugar) es el ya esgrimido en su momento para revocar la euroorden (riesgo de que se denieguen parcialmente las órdenes de detención, lo que dificultaría tratar de manera homogénea a todos los encausados, con el consiguiente trato de favor para el huido). Ya criticamos en su momento ciertas incongruencias argumentativas de esta fundamentación (“Las decisiones del juez Llarena se contradicen”) por lo que a ese post me remito. Basta decir ahora que aunque el instructor utilizaba criterios de oportunidad que chirrían un poco al jurista, la cosa quedaba contenida dentro de los límites del decoro.

Sinceramente, en este último auto “danés” el juez debería haberse quedado ahí. Pero no. No se sabe por qué motivos ignotos hace descansar el peso fundamental de su decisión en una serie de consideraciones que desbordan los límites de la argumentación jurídica, para entrar en motivos de estrategia política cortoplacistas que el propio Maquiavelo hubiera considerado contraproducentes. El auto nos explica que Puigdemont buscaba su detención para facilitar su investidura como President, sorteando así los obstáculos levantados por los letrados del Parlament a la investidura telemática del que voluntariamente no quiere comparecer por el motivo que sea. El juez Llarena nos advierte de que no va a caer en la trampa preparada por el astuto Puigdemont para facilitar sus objetivos políticos. En definitiva, nos indica que prefiere dejarle libre ahora con la finalidad de perjudicar sus opciones políticas, para luego detenerle (si se vuelve a dar la oportunidad) cuando la ocasión política haya pasado

Sin duda interesa políticamente al Estado español y a Cataluña que este hombre no sea investido President, con la finalidad de evitar el daño reputacional que a todos nos iba a producir esa situación surrealista propia de La Codorniz, pero eso queda totalmente al margen de la competencia de un juez penal obligado a aplicar la ley al margen de sus consecuencia políticas. Si considera que el riesgo de reiteración y de fuga es suficientemente alto como para justificar su prisión provisional, debe ser congruente y ordenarla, con independencia de las estrategias políticas de los protagonistas del caso. Si Puigdemont es astuto, lo será también para no volver a ofrecer la ocasión de su detención viajando de nuevo a Dinamarca una vez que su oportunidad de investidura haya pasado. Políticamente quizás interese un Puigdemont libre pero no presidente, pero penalmente interesa un Puigdemont preso aunque sea presidente.

La actuación al margen de las repercusiones políticas de sus decisiones es lo que atribuye a la Judicatura de un Estado de Derecho su imponente autoridad, que traslada así de manera indirecta al propio Estado. Importa no solo su potestas, sino especialmente su auctoritas, como supo ver con su agudeza habitual Maquiavelo. El juez Llarena podía haber tomado la misma decisión apoyándose solo en el segundo argumento de su auto. Que haya decidido esgrimir el primero con esa contundencia, indica lo alejado que se está todavía de comprender en ciertas instancias dónde reside la esencia de un Estado de Derecho. Pero desgraciadamente, todo esto no pasa por casualidad (aquí). El informe GRECO, tampoco.