El mundo de mañana: El salario universal en la era de la automatización

Comenzamos hoy una nueva sección en Hay Derecho dedicada (en homenaje a Stefan Zweig) al «mundo de mañana». Agruparemos en esta sección los posts sobre las cuestiones que más pronto que tarde deberemos abordar como sociedad para que el desarrollo científico y tecnológico (lo que algunos denominan la Cuarta Revolución Industrial) del siglo XXI no nos coja por sorpresa usando conceptos  políticos, jurídicos y económicos del siglo XX.  Por esa razón queremos contribuir al debate público sobre algunos temas importantes tal y como el que abre nuestra serie: el salario universal en la era de la automatización.

El concepto de renta básica universal, o salario universal ha estado presente en el debate económico desde los años 80. La idea propugna otorgar una renta mínima a todas las personas, sin ningún otro condicionante, bajo la única premisa de ser ciudadano de un país.

Bajo esta definición solo el estado norteamericano de Alaska la tiene constituida desde el año 1982, financiada y asociada a los activos petrolíferos. Muchos otros países tienen rentas complementarias, en particular los países nórdicos, y muchos otros ayudas sociales.

En España el debate volvió a retomar cierto protagonismo tras su inclusión en el programa político con el que Podemos se presentó a las elecciones europeas en el año 2014[1]. El interés por el tema no ha hecho sino crecer en los últimos años. Países europeos como Holanda, Suiza o Finlandia lo han abordado en profundidad. También ha estado presente el debate en países como Canadá o México. En España, además de en los programas de Podemos, el debate ha mantenido una notable presencia en Cataluña[2].

El enfoque clásico aborda la propuesta como un mecanismo de lucha contra la pobreza, en aquellas sociedades cuya capacidad de generar riqueza, y cuyo nivel de bienestar debería permitirle erradicarla. En este enfoque, los elementos de debate suelen ser su coste, y si es este el mejor mecanismo para erradicar la pobreza.

La estimación de coste proporciona siempre un parámetro de contexto interesante. Para el caso español, las estimaciones oscilan entre los 163.000€ millones de euros y los 280.000 millones[3]. La cifra más alta corresponde a una renta universal equivalente al umbral de la pobreza (7.471 euros al año por adulto y 1.492 euros al año por menor de edad). De estas cantidades suele estimarse que una parte ya estaría cubierta si se deducen las muchas ayudas sociales que se suprimirían con la puesta en marcha de esta medida, al igual que el extraordinario coste burocrático que supone la gestión de estas ayudas. Algunas autores estiman en 92.000 millones la cifra que podría recuperarse, lo que dejaría el coste neto en alrededor de 187.000 millones de euros, lo que representa un 17,4% del PIB español. Otros autores realizan las estimaciones basados en la pensión mínima no contributiva (396 euros al mes, 4.775 euros al año), lo que reduce el coste neto a los 163.000 millones[4].

En un enfoque menos ambicioso, en que la renta no es universal sino complementaria para aquellas personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Este escenario estima un coste de 58.000 millones, y un potencial ahorro de 36.000 millones, lo que daría un coste neto de 22.000 millones (1,9%) del PIB. Entre estos dos escenarios, pueden analizarse rentas más o menos ambiciosas.

El debate sobre el coste y la viabilidad de su financiación suele concluir en un tono pesimista. Es inviable financiar una renta universal equivalente al umbral de la pobreza. Incluso la mayoría de los economistas tras los debates de los años 80, concluyeron que este modelo no era  el mejor, ni el mecanismo más eficiente para erradicar la pobreza.  Y entonces, ¿por qué ha vuelto a resurgir el debate?

La respuesta tenemos que buscarla en los procesos de automatización y digitalización que se están produciendo en las economías de todo el mundo. El debate sobre el impacto de estos procesos en el mercado del trabajo es el que ha vuelto a poner el foco sobre el debate de la renta universal. La diferencia es que ya no se plantea esta renta como un mecanismo para erradicar la pobreza, sino como un mecanismo para redistribuir la riqueza. Y es esta nueva perspectiva la que atrae de nuevo el interés.

Pocos discutirían que los salarios asociados al trabajo han sido el mejor mecanismo de redistribución de riqueza a lo largo de toda la historia económica. El acceso al trabajo y la mejora de los salarios han constituido los pilares del desarrollo no solo de las economías de mercado, sino también de las democracias liberales.

El proceso de automatización de los trabajos cuestiona los salarios como mecanismo de redistribución de la riqueza, y por tanto abre de nuevo el debate sobre la necesidad de buscar mecanismos alternativos.

Durante muchas décadas la utopía compartida de las democracias liberales ha sido el pleno empleo. La creación de empleo ocupa un lugar central en los programas electorales de todos los partidos políticos en todas las democracias liberales. La utopía de un trabajo para cada persona que lo desee constituye el motor de las políticas económicas de todos los gobiernos. La digitalización y la automatización vienen a cuestionar esta utopía compartida, y nos obligan a construir una nueva utopía sobre la base de un nuevo y amplio acuerdo social. Muchos autores empiezan a hablar de un nuevo contrato social[5].

El debate sobre si el proceso de digitalización destruirá empleo o por el contrario creará nuevos puestos de trabajo sigue abierto. En diversos artículos y estudios podemos encontrar afirmaciones muy pesimistas sobre el porcentaje de puestos de trabajo que pueden automatizarse en los próximos años[6], otros más optimistas, afirman que la automatización se centrará en tareas concretas, pero no reemplazará puestos de trabajo, sino que los complementará[7]. Pero incluso los más optimistas advierten que este proceso podría presionar a la baja todos los salarios.

Sea cual sea el resultado final de este proceso, lo que sí acumula evidencia es que estos procesos están afectando más a los trabajos que ocupan posiciones intermedias en la escala de valor. Tanto los trabajos de mayor valor y salario, como los trabajos de menor salario parecen, por diferentes razones, a salvo del proceso de automatización. Son los trabajos de valor intermedio los más expuestos. Esto no haría sino acentuar las tendencias hacia el crecimiento de la desigualdad en la evolución económica. Si son los puestos que soportan la existencia de la clase media los que están más expuestos, los efectos económicos y sociales van a requerir enfoques alternativos.

Al abordar  el análisis de la renta universal muchos autores están pensando no en un mecanismo de lucha contra la pobreza, sino en un mecanismo de redistribución de riqueza, y es por eso que merece un enfoque diferente. Las estimaciones sobre el coste son, sin duda, de los que obligan a afirmar que una medida de estas características, que supondría un 17% del PIB español es inviable. Pero si comparamos esta cantidad con el volumen de los salarios que pagan las empresas el debate adquiere otra perspectiva. Según la última estadística publicada por la agencia tributaria[8], las empresas españolas pagan alrededor de 337.000 millones de euros en salarios, y se llegaron a superar los 366.000 millones en el año 2008. La cuestión entonces se plantea de forma diferente: si las empresas pueden prescindir de sus trabajadores al poder automatizar sus procesos, y por tanto pueden prescindir de afrontar el pago de esos salarios, ¿cómo debe abordarse entonces la redistribución de la riqueza? ¿Se traducirá esta reducción en mayores beneficios para las empresas? ¿En mayores impuestos? ¿Es la renta universal una alternativa a los salarios? ¿Debería ser una solución temporal en el proceso de transición o permanente?

No hay respuesta sencilla. La digitalización es un proceso imparable, y podemos afirmar con convicción que los países ricos en el siglo XXI serán aquellos que la aborden con éxito. La respuesta no puede ser por tanto, como no lo fue durante la revolución industrial, frenar o ralentizar el proceso. Pero sería una imprudencia abordarlo sin considerar las consecuencias negativas que pueden surgir, y abrir debates serios sobre la mejor forma de afrontarlos. Actualmente aún hay muchos economistas del siglo XX que siguen analizando los desafíos del siglo XXI con las herramientas y los supuestos del siglo anterior. Los nuevos tiempos requieren mentes más abiertas.

El salario universal no es la única respuesta. Y hay otros debates asociados, como los ligados a la forma en que el trabajo dignifica a las personas y estructura la sociedad, o a la existencia de otros activos personales que podrían retribuirse, como serían los datos. Temas para otros artículos.

La historia de la humanidad se ha contado con muy diferentes enfoques y perspectivas. Uno no muy frecuente, pero muy pedagógico, es aquel que explica la historia como una secuencia de períodos en que se produce una acumulación de riqueza en muy pocas manos, seguida de un proceso revolucionario encaminado a mejorar la distribución de la riqueza, al que sigue de nuevo un nuevo ciclo de concentración de riqueza. Quizás en esta ocasión podamos aprender algunas cosas de la historia. No es seguro.

 

 

[1] http://www.elmundo.es/espana/2014/05/26/53830a6c268e3e28488b456c.html

[2] http://old.sinpermiso.info/articulos/ficheros/monograficoRBSP3.pdf

[3] https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/04/Renta_Basica_FIDE_20abr2017.pdf

[4] https://elpais.com/economia/2015/11/25/actualidad/1448466853_420916.html

[5] https://digitales.es/news/revolucion-tecnologica-y-fractura-del-contrato-social

[6] https://retina.elpais.com/retina/2017/04/11/tendencias/1491926694_103219.html

[7] https://www.socialeurope.eu/two-myths-automation

[8] http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/mercado/2016/jrubik2ce3abfbe65fe7db31c5df774152d3dc2971f7e0.html