Meritocracia de pega: reproducción de Tribuna en El mundo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

 

Los avatares del máster de Cristina Cifuentes por la Universidad Pública Rey Juan Carlos –con independencia de cómo evolucione la investigación acerca de si reunía o no los requisitos necesarios para obtener el título puesto que las explicaciones facilitadas el miércoles en la Asamblea regional de la Comunidad de Madrid solo han convencido a los que ya lo estaban previamente- revelan un problema de fondo muy preocupante. Consiste en la escasa formación de nuestros políticos sumada a las redes clientelares tejidas alrededor de determinadas instituciones académicas públicas. Se refiere por tanto a la necesidad de aparentar más méritos de los que efectivamente se tiene.

Porque más allá de lo que se determine finalmente respecto a la veracidad de las actas, la asistencia a clase, los trabajos de fin de curso, las notas modificadas y otros elementos relacionados con el complejo procedimiento administrativo académico (que a día de hoy parece presentar irregularidades muy notables dicho sea de paso) hay algo que es obvio: la señora Cifuentes no ha podido dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a obtener este máster. En eso sigue la tradición de otros políticos de su partido que antes que ella -recordemos las tesis de Rodrigo Rato o Federico Trillo cuando eran respectivamente Vicepresidente del Gobierno y Presidente del Congreso- que han hecho tesis doctorales ocupando puestos políticos de primer nivel. ¿Superhombres o supermujeres? Que cada uno piense lo que quiera, pero el ciudadano desconfiado puede pensar que es poco probable que se les haya exigido lo mismo que a otros estudiantes de a pie o  que ellos solos hayan realizado un trabajo intelectual que –al menos si se hace bien- requiere un esfuerzo y una dedicación considerables. No nos engañemos: una vez que se llega a primera línea de la política no hay más capital humano e intelectual que el que se trae puesto de casa e incrementarlo no es fácil y menos mediante una formación reglada. Desgraciadamente en España ese capital no suele ser muy impresionante.

Dicho lo anterior, parece que el objetivo es sencillamente hacerse con un título que avale el reconocimiento y el prestigio que se supone lleva aparejada la educación superior así como las ventajas profesionales que lleva consigo. En el ámbito académico y empresarial estar en posesión de un máster o de un doctorado es una “marca” que puede mejorar sustancialmente las perspectivas profesionales máxime en casos como los de Cristina Cifuentes, que antes de pasar a la política era funcionaria del Cuerpo Técnico Superior de la Universidad Complutense de Madrid, es decir, personal de Administración y Servicios (PAS).

El problema es cuando este objetivo se pretende alcanzar sin necesidad de superar los requisitos de mérito y capacidad que exigen este tipo de estudios.  En definitiva, si estas titulaciones se expidan a los políticos –y quizás no solo a ellos- en unas condiciones que básicamente lo que acreditan es justamente lo contrario, la falta de mérito y capacidad, se pervierte todo el sistema y se pone en entredicho la finalidad y la función social de una institución académica de tanta importancia como es una universidad pública.

En el caso de la Universidad Rey Juan Carlos (más conocida por sus estrechos lazos clientelares con el PP de Madrid que por sus logros académicos) además llueve sobre mojado. Después del escándalo protagonizado por el anterior Rector, Fernando Suarez, por varios casos documentados de plagio la Universidad no solo fue incapaz de reaccionar, sino que sus órganos de gobierno cerraron filas con el Rector, para vergüenza general. La pasividad de profesores y estudiantes, con honrosas excepciones, fue la regla general. Tampoco el papel de la CRUE fue demasiado airoso. El Rector Suárez no llegó a dimitir sino que simplemente no se presentó a la reelección y, hasta donde se sabe, sigue desempeñando su tarea docente en la Universidad Rey Juan Carlos.

Más allá de las vicisitudes del caso concreto de la Presidenta de la Comunidad de Madrid (cuya huida hacia adelante le augura un futuro político poco halagüeño) convendría reflexionar como sociedad sobre la necesidad de tomarse más en serio los principios de mérito y capacidad. Los títulos académicos y las universidades que los expiden (máxime si están pagadas con el dinero de nuestros impuestos) tienen una importantísima responsabilidad en esto. Si en una Universidad pública el esfuerzo, el talento y la dedicación no valen nada, cabe cuestionarse legítimamente cual es papel. Algo especialmente crítico en una Universidad de las características de la Rey Juan Carlos, llamada a servir de “ascensor social” a los estudiantes con menos ventajas socioeconómicas.

Conviene insistir: si cunde la sospecha de que en esta u otras universidades personas con poder pueden obtener el reconocimiento de méritos inexistentes, queda en entredicho su credibilidad y su profesionalidad y con ellas el esfuerzo y el trabajo de sus profesores y estudiantes. En definitiva, si el máster de Cristina Cifuentes no vale nada, los títulos que expida la Universidad Rey Juan Carlos cada vez valdrán menos. Por tanto, deben de ser esos mismos profesores y estudiantes, además de sus órganos de gobierno, los principales interesados en disipar todas las dudas y demostrar que en la Universidad Pública las reglas que rigen el mérito y la capacidad son iguales para todos. Por su bien y por el de todos.

Por último, deberíamos también plantearnos qué tipo de representantes políticos queremos. Porque en una época de grandes cambios e incertidumbres como la que vivimos se necesitan muchos más recursos intelectuales y morales que en otras menos disruptivas y más tranquilas.  Necesitamos políticos con una formación más amplia e ilustrada, capaces de detectar hacia donde van nuestras sociedades y como usar para mejorar nuestra calidad de vida la tecnología que ya tenemos a nuestra disposición. Necesitamos repensar muchos conceptos políticos, jurídicos y económicos que ya no responden al mundo en el que vamos a vivir. Y por encima de todo, necesitamos un compromiso ético con los intereses generales mucho mayor.

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