HD Joven: Alsasua, ¿terrorismo?

Según consta en el auto de procesamiento (aquí), el día 15 de octubre de 2016 un Teniente y un Sargento de la Guardia Civil se encontraban en compañía de sus parejas, de paisano y fuera de servicio, tomando unas consumiciones en el bar Koxka de Alsasua (Navarra), cuando un grupo de jóvenes de entre 21 y 24 años comenzaron a insultarles y amenazarles. Tras conseguir huir del establecimiento, ya en la calle, otras 20 personas continuaron junto a las anteriores golpeando a los agentes y a sus acompañantes hasta que una unidad de la Comisaría de Alsasua de la Policía Foral se personó en el lugar.

El suceso ocupó pronto relevantes espacios en los medios de comunicación y en las últimas semanas lo vuelve a hacer tras la apertura del juicio oral y la celebración de numerosas manifestaciones para expresar el apoyo a los acusados y el rechazo al proceso penal del que forman parte. La cuestión más controvertida viene dada por la calificación jurídica de los hechos como posibles delitos de terrorismo por las partes acusadoras y en el propio auto de procesamiento de la juez Lamela, tipos penales estos que han venido suscitando polémica recientemente por haber sido empleados para perseguir excesos en el ejercicio de la libertad de expresión comprendidos como enaltecimiento al terrorismo o humillación a las víctimas o desórdenes públicos tendentes a impedir la actuación de las autoridades.

Los delitos de terrorismo se encuentran tipificados en nuestro actual Código Penal en el artículo 573 y siguientes, habiendo sido modificados por la Ley Orgánica 2/2015. En particular, el artículo 573.1 CP establece que se considerarán delitos de terrorismo la comisión de cualquier delito grave de los que enumera (entre los que se encuentran los que aquí interesan, delitos contra la vida o la integridad física y contra la libertad) cuando se lleven a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: subvertir el orden constitucional o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o las estructuras económicas o sociales del Estado, obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en parte de ella.

La doctrina configura los delitos de terrorismo como delitos de actividad, no de resultado, lo que significa que no es preciso para la consumación de los mismos que los hechos hayan logrado la finalidad pretendida por el autor sino que basta con que se realicen con el propósito de conseguirlo y, además, tengan la virtualidad para ello.  Dicho de otra manera: no es preciso torcer la voluntad de los poderes públicos o generar una situación de desorden público para la comisión del delito terrorista sino que basta con que la conducta se haya dirigido a tal fin y potencialmente pueda obtenerlo.  Esta estructura no es en absoluto singular sino que es compartida por múltiples tipos penales, entre los que se encuentra el delito de rebelión, objeto de discusiones políticas y jurídicas estos días a propósito de la crisis territorial de España, sin ir más lejos ayer fue tratado en este blog (aquí).

Los acusados son juzgados por delitos de terrorismo por haberse entendido durante la instrucción que los hechos pueden enmarcarse en el movimiento ALDE HEMENDIK! (‘’FUERA DE AQUÍ’’), cuyo objetivo principal es la negativa a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Navarra y en el País Vasco. Frente a esta tesis, la de otros movimientos de carácter más político que jurídico es la consistente en desprender de toda intencionalidad política los actos de Alsasua y sostener que se produjo una riña mutuamente aceptada entre autoridades fuera de servicio que actuaron como particulares y los propios acusados.  Admitiendo tal versión únicamente podría castigarse en el supuesto que nos ocupa por la comisión de los delitos de lesiones y amenazas correspondientes (artículos 147 y siguientes y 170) desnudando a tales delitos del carácter político propio de los de terrorismo y omitiendo cuál era la intención última de los agresores al perpetrar el ataque.

Ciertamente, esta última visión no puede sostenerse desde un razonamiento jurídico mínimamente elaborado. Los actos de los acusados no pueden calificarse como unas lesiones y amenazas genéricas porque por el relato fáctico ya evidenciado a lo largo de la instrucción es obvio que en la comisión de los hechos se aprecia un dolo específico de vulneración del principio de autoridad de la Guardia Civil. Las expresiones que profirieron los agresores según se ha hecho constar en autos (‘’putos pikoletos’’, ‘’txakurras’’, ‘’tenéis lo que os merecéis’’, ‘’iros de aquí’’) no dejan duda sobre la existencia de una intencionalidad singular basada en la condición de sargento y teniente de la Guardia Civil de los agredidos que añade una gravedad a la conducta que, sin duda alguna, el legislador quiere que sea tenida en cuenta para castigar con mayor contundencia la misma como pone de manifiesto en múltiples pasajes del Código Penal.

Descartada la posibilidad de que las actuaciones sean constitutivas de delitos de lesiones y amenazas genéricas porque supondría admitir parcialmente la impunidad de los reos al no abarcar la sanción la totalidad del desvalor de la conducta, lo cierto es que tampoco puede compartirse aquí que la conducta quede comprendida en el capítulo que el Código Penal dedica a los delitos de terrorismo.

En primer lugar, téngase en cuenta que para que un delito grave pueda ser considerado como delito de terrorismo es preciso que se haya dirigido a la consecución de alguno de los fines expresamente señalados en el Código Penal y anteriormente indicados aquí, lo que consecuentemente exige que los actos sean idóneos para lograr tales resultados. Es decir, sin que sea necesario que la conducta produzca dicho resultado, sí tiene en abstracto que poseer aptitud para hacerlo (en este sentido, STS 12-12-2011). En el caso que nos ocupa la inexistencia de un plan de actuación y la ausencia de recursos materiales y humanos de la suficiente entidad como para alcanzar alguna de las metas intrínsecas a la actuación terrorista dificultan tal consideración.

El segundo motivo es que la conducta y el elemento subjetivo específico que la preside encajan con mayor corrección en los delitos tipificados en el Código Penal en el Capítulo II del Título XXII, ‘’De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia’’. En particular, en el primer párrafo del apartado primero del artículo 550 se dispone que ‘’son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas’’.

Como reiteradamente ha fijado la doctrina del Tribunal Supremo, se trata de supuestos en los que existe un dolo propio de agredir, desconocer u ofender a la autoridad (STS 7-5-1988), que a mi entender es precisamente lo que observamos en el caso que aquí examinamos. Lo que persiguen los autores no es golpear nuestro ordenamiento constitucional en general sino, por motivaciones políticas, atentar concretamente contra el principio de autoridad que exige el ejercicio de la función pública por su trascendencia para el cumplimiento de los fines del Estado.

El citado artículo 550, además, se refiere explícitamente a que el delito tipificado en el mismo también se comete cuando tiene lugar ‘‘con ocasión’’ del ejercicio de sus funciones. Se hace referencia aquí a actos ejecutados post officium pero in contemplatione officii, esto es: acciones llevadas a cabo una vez concluido el ejercicio de las funciones propias del cargo de la autoridad pero siempre por resentimiento o censura a las mismas (STS 31-1-1990). Esta última precisión permite tachar de erróneo el argumento que se ha hecho valer por sectores afines al Gobierno navarro, según el cual el hecho de que la acción se hubiese realizado estando las víctimas fuera de servicio excluiría cualquier finalidad especial y obligaría a contentarse con el castigo de las lesiones y amenazas genéricas.

En realidad nos encontramos ante un ejemplo paradigmático de concurso ideal de delitos, denominación por la que se conocen aquellos supuestos en los que un mismo hecho constituye dos o más delitos o, dicho de otra manera, aquellos en los que hay que recurrir a más de una norma para comprender adecuadamente la totalidad del desvalor de la conducta. Las mencionadas amenazas y lesiones, por lo tanto, deberían castigarse en concurso ideal con el delito de atentado contra los agentes de la autoridad, sancionando quizás también por un delito de incitación al odio o violencia (artículo 510)  y siguiendo las reglas de punición que ordena el artículo 77 del Código Penal.

 

Imagen: ABC

5 comentarios
  1. Roberto Mazorriaga Las Hayas
    Roberto Mazorriaga Las Hayas Dice:

    También pienso en que quizás la calificación como terrorismo esté cogida con pinzas, las lesiones en concurso con el delito de odio del artículo 510 ó 510.4 Código Penal (excluyendo en este ultimo caso el concurso con un posible delitos de desorden público por la persecución y acoso en la calle) podrían encajar mejor. Al no estar en ejercicio de sus funciones, lo del atentado a la autoridad no lo veo.

    Que son los viejos-nuevos “eusko-nazis” y unos cobardes, aparte de todo lo demás, no lo dudo. Pero en un Estado de Derecho conviene ser escrupulosos y correcto con las calificaciones jurídicas.

    • Javier Alemán Uris
      Javier Alemán Uris Dice:

      El hecho de que no estén en el ejercicio de sus funciones no excluye la calificación de atentado a agente de la autoridad, porque expresamente el artículo 550 establece que pueden ser los hechos también ”con ocasión” de las mismas. Se refiere a actos realizados una vez cesado el ejercicio de las funciones pero en consideración a las mismas.

  2. Roberto Mazorriaga Las Hayas
    Roberto Mazorriaga Las Hayas Dice:

    También pienso en que quizás la calificación como terrorismo esté cogida con pinzas, las lesiones en concurso con el delito de odio del artículo 510 ó 510.4 Código Penal (excluyendo en este ultimo caso el concurso con un posible delitos de desorden público por la persecución y acoso en la calle) podrían encajar mejor. Al no estar en ejercicio de sus funciones, lo del atentado a la autoridad no lo veo.

    Que son los viejos-nuevos “eusko-nazis” y unos cobardes, aparte de todo lo demás, no lo dudo. Pero en un Estado de Derecho conviene ser escrupulosos y correcto con las calificaciones jurídicas.

  3. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Durante años, las manis de la kaleborroka se remuneraban post facto en los soportales del Buenpas, a razón de dos billetes de 5,000 pesetas a los encapuchados convocados. Visto desde los balcones de casa por cualquier vecino de la plaza con vistas a Erviti y al Iturrioz.
    Se tardó años en tratar aquellos eventos como una fase más del terrorismo nacionalista. Una fase que no solo incluía el aparentemente espontáneo incendio del autobús municipal de turno en el Bulevar y el terror derivado de este acto sino la formación paramilitar y la selección gradual de personas aptas para ser reclutadas para actividades más clandestinas y más letales. En un movimiento sembrado en sus albores de psicólogos y psiquiatras nada de ello surgía sin haber sido estudiado, planificado, ensayado y establecido como praxis.

    Este conocimiento comienza a insertarse en las respuestas policiales a partir de las Fundaciones de Víctimas y de la llegada de Mayor Oreja –perfectamente conocedor de los hechos descritos y muchos otros en cada rincón de la provincia y de las iglesias controladas por el clero nacionalista.

    Lo de Alsasua, tiene toda la pinta de haber sido un evento perfectamente planificado para revitalizar la moral de las “tropas” en un momento un tanto confuso para la IA y en pleno proceso de Anexión de Navarra que es el principal objetivo estratégico de Urkullu. Un objetivo que avanza silencioso y cauto porque enfrente no hay nadie organizado. Un objetivo del PNV que ni Mas ni Puigdemont van a entorpecer con su “prussés”.

    ¿ Y cómo avanza? pues por muchas vías perfectamente organizadas. Una de ellas es el traslado paulatino de empadronamientos a pueblos navarros de personas residentes en Guipúzcoa, terreno ya consolidado y donde su puede prescindir de algunos votos. Esto lleva treinta años avanzando lenta y constantemente. También fomentando el desplazamiento de los no abertzales a otros lugares preferiblemente fuera de Navarra.

    En España solo Antonio Basagoiti, ha recordado el ´”Éxodo” de cientos de miles de vascos repartidos por todo el mundo en la mayor operación de “acondicionamiento del censo electoral” de Europa en tiempos de Paz.

    El garantismo que los ideólogos socialistas, dentro y fuera de España, han ido sembrando durante décadas ha favorecido a sus aliados nacionalistas y hoy es un lastre para la acción del Estado.
    Esto plantea una situación más complicada de lo que debiera y que nos va a llevar, creo yo, a una situación en la cual habrá que promover la Exclusión de los Nacionalismos Identitarios de la Legalidad Constitucional.

    ¿Por qué? dirán los más ingenuos y los miopes habituales.

    Muy sencillo, porque el Nacionalismo Identitario OBLIGA a los que no lo son a adoptar sus señas Identitarias comenzando por lenguas cuya única Utilidad es Destruir y Fragmentar. No respetan la identidad ajena. Por definición estructural.

    Supongamos que, usando la lógica del Nacionalismo, obligamos a un niño trans a aceptar que debe integrarse en la dicotomía hetero y que para ello le resulta necesaria una “Inmersión”

    ¿Qué sucedería? ¿Se imaginan los alaridos?

    Y, pregunto, ¿por qué ese niño tiene derecho a ser tratado respetuosamente, como debe ser, –y a que todo el mundo escuche en clase desde los cuatro años sus razones y su “visibilidad”– y esto se niega a quienes legítimamente poseen otras identidades lingüísticas?

    España no ha querido entender ni la naturaleza del nacionalismo ni la dimensión estratégica y coordinada de sus acciones. Se prefiere analizar cada acto aislado y en consecuencia muchos de estos actos o son inocuos o no tienen el carácter que sus promotores les atribuyen de etapas perfectamente estudiadas en una larga marcha que por supuesto nada tiene que ver con el ciclo electoral.

    El nacionalismo identitario es Genocida, físico si hace falta y cultural siempre.
    No pueden ser legales en democracias abiertas de ciudadanos libres e iguales.

    Saludos

  4. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Durante años, las manis de la kaleborroka se remuneraban post facto en los soportales del Buenpas, a razón de dos billetes de 5,000 pesetas a los encapuchados convocados. Visto desde los balcones de casa por cualquier vecino de la plaza con vistas a Erviti y al Iturrioz.
    Se tardó años en tratar aquellos eventos como una fase más del terrorismo nacionalista. Una fase que no solo incluía el aparentemente espontáneo incendio del autobús municipal de turno en el Bulevar y el terror derivado de este acto sino la formación paramilitar y la selección gradual de personas aptas para ser reclutadas para actividades más clandestinas y más letales. En un movimiento sembrado en sus albores de psicólogos y psiquiatras nada de ello surgía sin haber sido estudiado, planificado, ensayado y establecido como praxis.

    Este conocimiento comienza a insertarse en las respuestas policiales a partir de las Fundaciones de Víctimas y de la llegada de Mayor Oreja –perfectamente conocedor de los hechos descritos y muchos otros en cada rincón de la provincia y de las iglesias controladas por el clero nacionalista.

    Lo de Alsasua, tiene toda la pinta de haber sido un evento perfectamente planificado para revitalizar la moral de las “tropas” en un momento un tanto confuso para la IA y en pleno proceso de Anexión de Navarra que es el principal objetivo estratégico de Urkullu. Un objetivo que avanza silencioso y cauto porque enfrente no hay nadie organizado. Un objetivo del PNV que ni Mas ni Puigdemont van a entorpecer con su “prussés”.

    ¿ Y cómo avanza? pues por muchas vías perfectamente organizadas. Una de ellas es el traslado paulatino de empadronamientos a pueblos navarros de personas residentes en Guipúzcoa, terreno ya consolidado y donde su puede prescindir de algunos votos. Esto lleva treinta años avanzando lenta y constantemente. También fomentando el desplazamiento de los no abertzales a otros lugares preferiblemente fuera de Navarra.

    En España solo Antonio Basagoiti, ha recordado el ´”Éxodo” de cientos de miles de vascos repartidos por todo el mundo en la mayor operación de “acondicionamiento del censo electoral” de Europa en tiempos de Paz.

    El garantismo que los ideólogos socialistas, dentro y fuera de España, han ido sembrando durante décadas ha favorecido a sus aliados nacionalistas y hoy es un lastre para la acción del Estado.
    Esto plantea una situación más complicada de lo que debiera y que nos va a llevar, creo yo, a una situación en la cual habrá que promover la Exclusión de los Nacionalismos Identitarios de la Legalidad Constitucional.

    ¿Por qué? dirán los más ingenuos y los miopes habituales.

    Muy sencillo, porque el Nacionalismo Identitario OBLIGA a los que no lo son a adoptar sus señas Identitarias comenzando por lenguas cuya única Utilidad es Destruir y Fragmentar. No respetan la identidad ajena. Por definición estructural.

    Supongamos que, usando la lógica del Nacionalismo, obligamos a un niño trans a aceptar que debe integrarse en la dicotomía hetero y que para ello le resulta necesaria una “Inmersión”

    ¿Qué sucedería? ¿Se imaginan los alaridos?

    Y, pregunto, ¿por qué ese niño tiene derecho a ser tratado respetuosamente, como debe ser, –y a que todo el mundo escuche en clase desde los cuatro años sus razones y su “visibilidad”– y esto se niega a quienes legítimamente poseen otras identidades lingüísticas?

    España no ha querido entender ni la naturaleza del nacionalismo ni la dimensión estratégica y coordinada de sus acciones. Se prefiere analizar cada acto aislado y en consecuencia muchos de estos actos o son inocuos o no tienen el carácter que sus promotores les atribuyen de etapas perfectamente estudiadas en una larga marcha que por supuesto nada tiene que ver con el ciclo electoral.

    El nacionalismo identitario es Genocida, físico si hace falta y cultural siempre.
    No pueden ser legales en democracias abiertas de ciudadanos libres e iguales.

    Saludos

  5. Pablo J. Martínez
    Pablo J. Martínez Dice:

    El artículo contiene una argumentación débil. El autor excluye el delito de terrorismo por el solo motivo de que a su juicio exige “que los actos sean idóneos para lograr tales resultados”. No obstante, no justifica el requisito de la idoneidad. Desde luego, dicho requisito no viene previsto en la norma para el delito de terrorismo (como si lo viene para otros delitos), y donde la ley no distingue nosotros no debemos distinguir. Tampoco cita jurisprudencia que exija el requisito de la idoneidad para el delito de terrorismo.

  6. Pablo J. Martínez
    Pablo J. Martínez Dice:

    El artículo contiene una argumentación débil. El autor excluye el delito de terrorismo por el solo motivo de que a su juicio exige “que los actos sean idóneos para lograr tales resultados”. No obstante, no justifica el requisito de la idoneidad. Desde luego, dicho requisito no viene previsto en la norma para el delito de terrorismo (como si lo viene para otros delitos), y donde la ley no distingue nosotros no debemos distinguir. Tampoco cita jurisprudencia que exija el requisito de la idoneidad para el delito de terrorismo.

  7. Eduard Ariza
    Eduard Ariza Dice:

    Comparto los criterios de tu argumentación. El tipo, ciertamente, es muy vago en sus términos como dicen algunas opiniones. Pero precisamente por eso es mejor hacer una interpretación prudente y restringida.

  8. Eduard Ariza
    Eduard Ariza Dice:

    Comparto los criterios de tu argumentación. El tipo, ciertamente, es muy vago en sus términos como dicen algunas opiniones. Pero precisamente por eso es mejor hacer una interpretación prudente y restringida.

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