El mundo de mañana: El salario universal en la era de la automatización

Comenzamos hoy una nueva sección en Hay Derecho dedicada (en homenaje a Stefan Zweig) al «mundo de mañana». Agruparemos en esta sección los posts sobre las cuestiones que más pronto que tarde deberemos abordar como sociedad para que el desarrollo científico y tecnológico (lo que algunos denominan la Cuarta Revolución Industrial) del siglo XXI no nos coja por sorpresa usando conceptos  políticos, jurídicos y económicos del siglo XX.  Por esa razón queremos contribuir al debate público sobre algunos temas importantes tal y como el que abre nuestra serie: el salario universal en la era de la automatización.

El concepto de renta básica universal, o salario universal ha estado presente en el debate económico desde los años 80. La idea propugna otorgar una renta mínima a todas las personas, sin ningún otro condicionante, bajo la única premisa de ser ciudadano de un país.

Bajo esta definición solo el estado norteamericano de Alaska la tiene constituida desde el año 1982, financiada y asociada a los activos petrolíferos. Muchos otros países tienen rentas complementarias, en particular los países nórdicos, y muchos otros ayudas sociales.

En España el debate volvió a retomar cierto protagonismo tras su inclusión en el programa político con el que Podemos se presentó a las elecciones europeas en el año 2014[1]. El interés por el tema no ha hecho sino crecer en los últimos años. Países europeos como Holanda, Suiza o Finlandia lo han abordado en profundidad. También ha estado presente el debate en países como Canadá o México. En España, además de en los programas de Podemos, el debate ha mantenido una notable presencia en Cataluña[2].

El enfoque clásico aborda la propuesta como un mecanismo de lucha contra la pobreza, en aquellas sociedades cuya capacidad de generar riqueza, y cuyo nivel de bienestar debería permitirle erradicarla. En este enfoque, los elementos de debate suelen ser su coste, y si es este el mejor mecanismo para erradicar la pobreza.

La estimación de coste proporciona siempre un parámetro de contexto interesante. Para el caso español, las estimaciones oscilan entre los 163.000€ millones de euros y los 280.000 millones[3]. La cifra más alta corresponde a una renta universal equivalente al umbral de la pobreza (7.471 euros al año por adulto y 1.492 euros al año por menor de edad). De estas cantidades suele estimarse que una parte ya estaría cubierta si se deducen las muchas ayudas sociales que se suprimirían con la puesta en marcha de esta medida, al igual que el extraordinario coste burocrático que supone la gestión de estas ayudas. Algunas autores estiman en 92.000 millones la cifra que podría recuperarse, lo que dejaría el coste neto en alrededor de 187.000 millones de euros, lo que representa un 17,4% del PIB español. Otros autores realizan las estimaciones basados en la pensión mínima no contributiva (396 euros al mes, 4.775 euros al año), lo que reduce el coste neto a los 163.000 millones[4].

En un enfoque menos ambicioso, en que la renta no es universal sino complementaria para aquellas personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Este escenario estima un coste de 58.000 millones, y un potencial ahorro de 36.000 millones, lo que daría un coste neto de 22.000 millones (1,9%) del PIB. Entre estos dos escenarios, pueden analizarse rentas más o menos ambiciosas.

El debate sobre el coste y la viabilidad de su financiación suele concluir en un tono pesimista. Es inviable financiar una renta universal equivalente al umbral de la pobreza. Incluso la mayoría de los economistas tras los debates de los años 80, concluyeron que este modelo no era  el mejor, ni el mecanismo más eficiente para erradicar la pobreza.  Y entonces, ¿por qué ha vuelto a resurgir el debate?

La respuesta tenemos que buscarla en los procesos de automatización y digitalización que se están produciendo en las economías de todo el mundo. El debate sobre el impacto de estos procesos en el mercado del trabajo es el que ha vuelto a poner el foco sobre el debate de la renta universal. La diferencia es que ya no se plantea esta renta como un mecanismo para erradicar la pobreza, sino como un mecanismo para redistribuir la riqueza. Y es esta nueva perspectiva la que atrae de nuevo el interés.

Pocos discutirían que los salarios asociados al trabajo han sido el mejor mecanismo de redistribución de riqueza a lo largo de toda la historia económica. El acceso al trabajo y la mejora de los salarios han constituido los pilares del desarrollo no solo de las economías de mercado, sino también de las democracias liberales.

El proceso de automatización de los trabajos cuestiona los salarios como mecanismo de redistribución de la riqueza, y por tanto abre de nuevo el debate sobre la necesidad de buscar mecanismos alternativos.

Durante muchas décadas la utopía compartida de las democracias liberales ha sido el pleno empleo. La creación de empleo ocupa un lugar central en los programas electorales de todos los partidos políticos en todas las democracias liberales. La utopía de un trabajo para cada persona que lo desee constituye el motor de las políticas económicas de todos los gobiernos. La digitalización y la automatización vienen a cuestionar esta utopía compartida, y nos obligan a construir una nueva utopía sobre la base de un nuevo y amplio acuerdo social. Muchos autores empiezan a hablar de un nuevo contrato social[5].

El debate sobre si el proceso de digitalización destruirá empleo o por el contrario creará nuevos puestos de trabajo sigue abierto. En diversos artículos y estudios podemos encontrar afirmaciones muy pesimistas sobre el porcentaje de puestos de trabajo que pueden automatizarse en los próximos años[6], otros más optimistas, afirman que la automatización se centrará en tareas concretas, pero no reemplazará puestos de trabajo, sino que los complementará[7]. Pero incluso los más optimistas advierten que este proceso podría presionar a la baja todos los salarios.

Sea cual sea el resultado final de este proceso, lo que sí acumula evidencia es que estos procesos están afectando más a los trabajos que ocupan posiciones intermedias en la escala de valor. Tanto los trabajos de mayor valor y salario, como los trabajos de menor salario parecen, por diferentes razones, a salvo del proceso de automatización. Son los trabajos de valor intermedio los más expuestos. Esto no haría sino acentuar las tendencias hacia el crecimiento de la desigualdad en la evolución económica. Si son los puestos que soportan la existencia de la clase media los que están más expuestos, los efectos económicos y sociales van a requerir enfoques alternativos.

Al abordar  el análisis de la renta universal muchos autores están pensando no en un mecanismo de lucha contra la pobreza, sino en un mecanismo de redistribución de riqueza, y es por eso que merece un enfoque diferente. Las estimaciones sobre el coste son, sin duda, de los que obligan a afirmar que una medida de estas características, que supondría un 17% del PIB español es inviable. Pero si comparamos esta cantidad con el volumen de los salarios que pagan las empresas el debate adquiere otra perspectiva. Según la última estadística publicada por la agencia tributaria[8], las empresas españolas pagan alrededor de 337.000 millones de euros en salarios, y se llegaron a superar los 366.000 millones en el año 2008. La cuestión entonces se plantea de forma diferente: si las empresas pueden prescindir de sus trabajadores al poder automatizar sus procesos, y por tanto pueden prescindir de afrontar el pago de esos salarios, ¿cómo debe abordarse entonces la redistribución de la riqueza? ¿Se traducirá esta reducción en mayores beneficios para las empresas? ¿En mayores impuestos? ¿Es la renta universal una alternativa a los salarios? ¿Debería ser una solución temporal en el proceso de transición o permanente?

No hay respuesta sencilla. La digitalización es un proceso imparable, y podemos afirmar con convicción que los países ricos en el siglo XXI serán aquellos que la aborden con éxito. La respuesta no puede ser por tanto, como no lo fue durante la revolución industrial, frenar o ralentizar el proceso. Pero sería una imprudencia abordarlo sin considerar las consecuencias negativas que pueden surgir, y abrir debates serios sobre la mejor forma de afrontarlos. Actualmente aún hay muchos economistas del siglo XX que siguen analizando los desafíos del siglo XXI con las herramientas y los supuestos del siglo anterior. Los nuevos tiempos requieren mentes más abiertas.

El salario universal no es la única respuesta. Y hay otros debates asociados, como los ligados a la forma en que el trabajo dignifica a las personas y estructura la sociedad, o a la existencia de otros activos personales que podrían retribuirse, como serían los datos. Temas para otros artículos.

La historia de la humanidad se ha contado con muy diferentes enfoques y perspectivas. Uno no muy frecuente, pero muy pedagógico, es aquel que explica la historia como una secuencia de períodos en que se produce una acumulación de riqueza en muy pocas manos, seguida de un proceso revolucionario encaminado a mejorar la distribución de la riqueza, al que sigue de nuevo un nuevo ciclo de concentración de riqueza. Quizás en esta ocasión podamos aprender algunas cosas de la historia. No es seguro.

 

 

[1] http://www.elmundo.es/espana/2014/05/26/53830a6c268e3e28488b456c.html

[2] http://old.sinpermiso.info/articulos/ficheros/monograficoRBSP3.pdf

[3] https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/04/Renta_Basica_FIDE_20abr2017.pdf

[4] https://elpais.com/economia/2015/11/25/actualidad/1448466853_420916.html

[5] https://digitales.es/news/revolucion-tecnologica-y-fractura-del-contrato-social

[6] https://retina.elpais.com/retina/2017/04/11/tendencias/1491926694_103219.html

[7] https://www.socialeurope.eu/two-myths-automation

[8] http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/mercado/2016/jrubik2ce3abfbe65fe7db31c5df774152d3dc2971f7e0.html

¿Ha llevado a juicio Puigdemont a España ante la ONU?

Rotundamente: no. Lo que ha presentado es una denuncia por supuesta violación de sus derechos civiles y políticos, es decir, por vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de España. Pero, lo ha hecho ante el Comité de Derechos Humanos. No ante los tribunales de la ONU propiamente dichos, donde no tendría cauce su queja: el Tribunal Internacional de Justicia, de La Haya (que dirime sólo diferendos de Derecho Internacional público entre Estados) o el Penal Internacional, dedicado a crímenes de guerra y contra la Humanidad.

Además de los órganos de la ONU establecidos por la fundacional Carta de San Francisco, la Organización necesita dotarse de oficinas auxiliares de carácter técnico, integradas por expertos independientes, que no tienen funciones diplomáticas y que no representan a los Estados miembros. Son órganos consultivos y de gestión, con encomiendas que se resumen en investigar, constatar y recomendar respecto de sus materias (Desarme, Mujer, Cambio Climático, Límites de la Plataforma Continental o incluso sobre Pensiones del Personal de la ONU, entre otras), y generalmente dependientes del Secretario General. Es característica fundamental de todos estos comités el que los Estados no declinan soberanía en su favor, como sí lo hacen, por ejemplo, respecto de las decisiones del Consejo de Seguridad, por lo que las resoluciones de los Comités carecen de fuerza coercitiva. Son meras posiciones de los expertos que los integran, y no constituyen la opinión de la ONU. Consecuentemente, los dictámenes del Comité de Derechos Humanos no son invocables ante ninguna autoridad, de la propia ONU o ajena a ésta, salvo a título de doctrina particular y no de jurisprudencia internacional.

Quien acude al CDH lo hace por el valor moral o propagandístico de sus reproches y poco más, porque, aun tras las reformas reglamentarias adoptadas en 1990 para dotar de más eficacia a sus dictámenes, la cruda realidad es que sus disposiciones sólo son cumplidas por los Estados que quieren cumplirlas. Claro que, si un juez de un tercer Estado, por ejemplo, tiene que decidir sobre una extradición que no desea conceder, no le viene mal apoyarse en un dictamen del CDH que proclame que el Estado involucrado no respeta los derechos civiles y políticos: por ahí puede ir la pretensión de Puigdemont, aunque los plazos operarían en su contra, porque el proceso de entrega en su caso será más breve que el procedimiento del CDH.

¿Cómo funciona, en la praxis, una denuncia como la de Puigdemont? Primero, se somete a un examen de admisibilidad, a cargo del Comité en pleno o de su Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones. La denuncia, no sujeta a especiales formalidades,  debe ir suscrita por el interesado, salvo que éste esté impedido para hacerlo. No puede someterse al CDH una cuestión que esté siendo tratada ante ninguna otra instancia internacional y, lo que es más importante, es requisito de admisibilidad el haber agotado las vías internas de reclamación del Estado involucrado. Éste es el primer obstáculo para la denuncia del expresidente, porque no ha apurado aún los cauces del procedimiento español para protestar por su situación.

La decisión sobre la admisibilidad a trámite se demora habitualmente un año o año y medio. El Comité puede pedir al denunciante aclaraciones o información complementaria, tras lo que solicita información al Estado denunciado, para cuya evacuación éste dispone de un plazo de seis meses. No son infrecuentes las solicitudes de ampliación o de aclaración de particulares concretos a una u otra partes, lo que se favorece por que no se está ante un proceso propiamente dicho, con respeto rígido a principios como el de contradicción, o el de preclusión. Más bien, la actividad -que mal podría llamarse instructora, puesto que el Comité sólo practica las pruebas que solicitan las partes pero carece de iniciativa indagatoria de oficio- es interlocutoria: un diálogo de opiniones y valoraciones sobre pruebas que se practican sin reglas fijas ni garantías predeterminadas. Principalmente, testificales y documentales, para cuya práctica el Comité puede desplazarse sobre el terreno.

A veces, el expediente documental de un caso se limita a una colección de recortes de prensa. En otras ocasiones, los procedimientos son exhaustivos y tramitados con intachable rigor técnico-jurídico. No hay reglas predeterminadas (salvo las del Reglamento del Comité, sin vocación de código procesal) y los estándares se consolidan por la praxis, como es habitual en el sistema pragmático del Derecho internacional público. Ninguna norma sustancial ampara la actividad del CDH. Éste admite y tramita las denuncias de particulares por virtud del Primer Protocolo Adicional Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, por lo que las denuncias sólo pueden referirse a los Estados que han suscrito este Protocolo en concreto, que no son todos los adoptantes del Pacto.

¿Cuánto tarda en resolver un asunto el CDH? Habitualmente, uno o dos años, incluso más, dependiendo de su complejidad, de la cooperación de las partes y de circunstancias externas que dificulten acceder a los elementos para formar criterio. Tras la actividad indagatoria, el Comité emite un dictamen cuyo contenido se refiere a si el Estado involucrado ha cumplido o no en el caso con las obligaciones que le impone el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El dictamen puede formular un reproche en tal sentido y esto es lo que se entiende habitualmente como condena. Incluso puede utilizar este término, pero sólo cabe entenderlo como discrepancia o rechazo de la actuación estatal por parte del CDH, no en el sentido de condena ejecutable como las de un tribunal judicial ordinario. Por eso, los detractores del CDH lo definen, cínica pero gráficamente, como la Oficina de Atención al Cliente de la ONU.

Los interesados pueden pedir la adopción de medidas provisionales de protección, o de suspensión provisional de las decisiones estatales. El punto débil de estas solicitudes es que el Comité sólo puede pedir al Estado que adopte las medidas provisionales protectoras, pero no tiene medios para imponérselo; aunque la eficacia de estas medidas puede no depender del Estado denunciado sino de terceros, como sucede en las extradiciones, sobre las que el Comité puede instar al Estado extraditante que demore la entrega del sujeto hasta que el CDH emita dictamen definitivo.

La fuerza moral (puesto que la jurídica no existe) de sus dictámenes, como la de las preocupaciones y observaciones del CDH a los informes periódicos que le emiten los Estados, depende, en parte, del prestigio personal que tengan los integrantes del Comité en un momento dado. Como el fin último del Comité es avanzar en la buena aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Secretaría General de la ONU suele preferir la designación de expertos comprometidos con la causa de los DDHH frente a candidatos conservadores. En otros términos: reputados activistas. Intervienen también otros factores inconfesables: cuotas por regiones (-hoy toca un africano porque ayer designamos a un asiático para otro cargo y hay demasiados americanos últimamente-), presiones diplomáticas (-colóquenme a este exministro mío para que pueda ganarse la vida tras su cese-) o, incluso, donaciones oportunamente concedidas por un Estado mientras se disputa la candidatura de un nacional al que hay que emplear (recuérdese la polémica surgida con ocasión de la ayuda otorgada por el Gobierno Zapatero al Comité de la Mujer mientras éste elegía como experta independiente de prestigio mundial a Bibiana Aído, actual representante de ese Comité en Ecuador).

Siendo claros, ha de reconocerse que casi los únicos expertos de la ONU cuya designación se cuida exquisitamente (no se olvide el fiasco de la falsificación de datos del primer equipo del de Cambio Climático, p. ej.) son los del Comité de Determinación de Límites de la Plataforma Continental, porque de ellos depende reconocer la extensión pelágica de los Estados y el consiguiente acceso exclusivo de éstos a los recursos económicos de esas zonas. Con eso, no se juega.

Si el expresidente Puigdemont quiere realmente promover un proceso supranacional contra España por vulneración de sus derechos humanos, las vías son otras: la denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa (Tribunal de Estrasburgo), que juzga (ahí sí hay proceso y juicio de verdad) sobre la aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos (1950); o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (Tribunal de Luxemburgo), que resuelve sobre el Derecho comunitario en general.  Lo demás es atrezzo y propaganda.