Una democracia consociacional para España

A estas alturas de nuestra vida democrática es un hecho cada vez más reconocido que nuestro sistema político e institucional está demostrando deficiencias que hacen que los resultados del sistema democrático no sean los mejores desde la perspectiva de los ciudadanos. La crisis económica, la crisis catalana, la necesidad de establecimiento de pactos de largo alcance o la propia actividad legislativa en un parlamento fragmentado se están revelando como desafíos difícilmente alcanzables si nuestras instituciones políticas funcionan como lo están haciendo en la actualidad.

Nuestro sistema político, desde la transición democrática, se demostró como un modelo exitoso, no ha sido capaz de evolucionar y de acometer las reformas sobre el funcionamiento que de las propias instituciones  que estableció la Constitución, debido a la incompetencia, desidia o visión partidista y cortoplacista de nuestra clase política. De este modo, tenemos un sistema parlamentario con un sesgo claramente presidencialista, un parlamentarismo limitado por los mecanismos legislativos puestos a disposición del Ejecutivo y los límites a la función de control del Parlamento; un sistema electoral proporcional con una fuerte corrección en sentido mayoritario; un sistema pluripartidista, que por efecto del sistema electoral y de otros factores se ha transformó de hecho en un sistema casi bipartidista, una distribución competencial descentralizada y cuasi federal, pero con carencia de instituciones que vertebren esa descentralización de manera satisfactoria.

La presente legislatura, sin mayoría absoluta, parlamento fragmentado y la presencia significativa de dos nuevos partidos políticos, fue vista por muchos como una oportunidad de revertir esta situación pero no ha sido así, de hecho la legislatura está tan paralizada que parece agotada a mitad de mandato lo que produce una gran decepción.

Pues bien de todas las reformas institucionales necesarias para que nuestro sistema produzca mejores resultados políticos, quiero referirme a una que considero fundamental. La definitiva institucionalización de mecanismos de democracia consociacional frente a los procedimientos e instituciones de democracia mayoritaria. Arendt Lijphardt ha defendido, desde los años setenta, los modelos de democracia de consenso como el mejor sistema para que la democracia funcione en sociedades fuertemente divididas. Según estos modelos, en sociedades fuertemente divididas por criterios ideológicos, nacionales, religiosos o étnicos, la toma de decisiones y la formación de gobiernos no puede basarse en la regla de la mayoría porque, en ese caso, una minoría relativamente grande o significativa puede quedarse fuera de tener la representación que le correspondería con la consiguiente pérdida de legitimidad de todo el sistema político. La idea es que sólo compartiendo el gobierno pueden todas las minorías estar representadas sin imponerse ninguna a la otra por un estrecho margen. Esto requiere sistemas electorales proporcionales, sistemas multipartidistas, instituciones independientes y, en última instancia power sharing o mandatos que vinculen a compartir el gobierno formando gobiernos de coalición.

La formación de gobiernos de coalición ha desarrollado en gran parte de los sistemas parlamentarios europeos una cultura política del pacto, la negociación y el establecimiento de acuerdos políticos de mayor o menor alcance pero que se han mostrado como la única forma posible de formar gobiernos estables y han conseguido los mayores niveles de bienestar y democracia del mundo.

En España, no se ha querido evolucionar, ni siquiera de forma pragmática hacia una cultura política similar, debido a que la clase política siempre ha tenido la errónea percepción de que tenía más incentivos para el enfrentamiento, la falta de acuerdos y estrategias de crispación para alcanzar fines electoralistas. Para Enrique Gil Calvo, es difícil alcanzar consensos porque el planteamiento de la política en España responde a la lucha entre dos bandos que están continuamente ajustándose las cuentas del pasado en una dinámica interminable y que lleva a que la conflictividad política alcance niveles desproporcionados en relación con la conflictividad realmente existente en la sociedad.

A pesar de ello, es un dato incontestable en todos los Barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, que una mayoría de ciudadanos prefiere gobiernos en minoría que tengan la necesidad de llegar a acuerdos con otras formaciones a  gobiernos con mayoría absoluta o de un solo partido. Además, no son pocos los estudios en ciencia política que han demostrado que no son menos eficaces los gobiernos de coalición que los de un solo partido porque sus decisiones están  más consensuadas y se acercan mucho más a los intereses generales  que las de un gobierno monocolor que tiene una oposición mucho más fuerte.   De este modo, es más probable que expresen intereses generales más que partidistas y que den cabida a demandas de minorías que de otra forma no tendrían cabida. Un sistema pluralista y consociacional lleva a la producción de mejores políticas públicas y a un aumento de la legitimidad de las instituciones democráticas en la medida en que los ciudadanos ven mejor satisfechas sus demandas y resueltos sus problemas.

Es necesario que en España se establezcan mecanismos de cooperación institucional, que se generen dinámicas que lleven a la recuperación y el establecimientos de consensos, y de que se ensayen gobiernos de coalición que conlleven la asunción por parte de sus componentes de un gobierno compartido a todos los efectos, de distribución de competencias, pero de una responsabilidad política compartida o solidaria. Es una necesidad imperiosa que la política deje de funcionar defendiendo exclusivamente intereses partidistas por encima de los generales, llegando a los límites de bloqueo y no resolución de conflictos que hacen imposible progresar a la sociedad española. Es un problema exclusivo de funcionamiento de nuestro sistema político.

Soy consciente de la dificultad de los cambios, pero éstos serán imposibles sin una sociedad civil activa que exija un continuo rendimiento de cuentas y que ponga de manifiesto alternativas contrastadas desde el ámbito académico y profesional.

Los resultados de la democracia se miden por la mejora de vida de los ciudadanos, y éstos hasta ahora no están siendo en absoluto satisfactorios en nuestro país. Si las democracias consociacionales están demostrando que son más eficaces produciendo mejores resultados políticos, económicos y sociales en sociedades con fuerte división, es el momento de ensayar en España este modelo y completar la verdadera vocación de nuestro sistema parlamentario y pluripartidista.