¿Gobierno de futuro? Reproducción de tribuna en El Mundo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

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El audaz movimiento de Pedro Sánchez (incluida la rápida reacción frente al problema fiscal de su flamante Ministro de Cultura y Deporte) al formar un Gobierno cuya composición ha sido recibida con notable alivio al no responder a los negros vaticinios de quienes auguraban que iba a nacer hipotecado por lo heterogéneo de los apoyos conseguidos para conseguir su investidura  demuestra que ha entendido que la importancia de estar en sintonía con lo que Julián Marías denominaría “la España real”. Efectivamente, los últimos gobiernos del PP de Mariano Rajoy han estado constituidos por personas de su misma generación política –la de la Transición- o de la generación siguiente pero con formación y experiencias profesionales y vitales muy similares y cada vez más alejadas de las de las generaciones “intermedias” y de los jóvenes. La famosa imagen de cuatro ministros  del Gobierno de Rajoy (todos ellos hombres de mediana edad) cantando el himno de la legión “el novio de la muerte” ante la imagen de un Cristo crucificado mostraba con crudeza esta lejanía de la España oficial que, con independencia de otras consideraciones, siempre es un problema para un Gobierno democrático.

Con el nuevo gobierno, por el contrario, el espejo nos devuelve una imagen en la que nos podemos reconocer más fácilmente. El nuevo Presidente ha jurado su cargo –parece que por iniciativa del Rey- sin Biblias, ni crucifijos, lo que corresponde a una sociedad cada vez más secularizada y que se aleja en este punto de vecinos como Portugal e Italia. En el país que inventó el nacionalcatolicismo franquista solo el 9% considera que ser católico es un elemento importante de la identidad nacional, según un estudio del PewResearch Center. En este contexto la elección de un ultracatólico como Presidente de la Generalitat de Cataluña es una excentricidad.

Otros datos muestran que en España tenemos uno de los porcentajes más altos de la OCDE de personas con estudios universitarios (más de un 40%) aunque su calidad sea muy variable. Y en términos de edad,  el 45% de los españoles se encuentra en la franja entre los 25 y los 54 años que es la que se considera la etapa de mayor productividad laboral.En cuanto a la diversidad de género las masivas manifestaciones del 8-M han puesto de relieve la existencia de una masa crítica suficiente para exigir una igualdad efectiva a todos los niveles, por lo que un Gobierno con mayoría de mujeres con solventes credenciales profesionales en casi todos los casos supone también un reflejo más fiel de nuestras aspiraciones como sociedad.

Pero quizás lo más interesante es el elemento meritocrático en la medida en que bastantes ministros tienen carreras profesionales no vinculadas a la política, en claro contrastetanto con el perfil de los dos anteriores Gobiernos de Rajoy como con los de la etapa del PSOE de Rodríguez Zapatero. Se trata de un acierto que responde a una exigencia mayor de la ciudadanía en relación con el mérito y capacidad de sus dirigentes: ya no es suficiente con proclamar que se elige a “los mejores”  sino que hay que demostrarlo conuna trayectoria profesional previa ligada con las competencias de la cartera a desempeñar que así lo acredite. Todo un cambio.

En cuanto a los estándares éticos, la polémica relativa al recién nombrado Ministro de Cultura, Maxim Huerta, en relación con un fraude fiscal de hace varios años ilustra también que han cambiado. Se está reduciendo la tolerancia social frente a conductas que hace unos años estaban más o menos admitidas o suscitaban pocas críticas dado que la práctica de crear sociedades para tributar menos por parte de artistas, abogados, arquitectos y otros profesionales era absolutamente habitual y solo empezó a ser considerada irregular por Hacienda y los Tribunales de Justicia –no tanto su existencia como el uso que se hizo de las mismas- después de un tiempo a la vista del abuso de muchos profesionales al incluir como gastos deducibles de la sociedad los que tenían un carácter puramente personal. En todo caso, el episodio pone de relieve que la sociedad es mucho más exigente que antaño con la conducta de sus dirigentes lo que sin duda es una buena noticia puesto que deben dar ejemplo.

No hay duda que la manera en que Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General del PSOE le ha permitido una extraordinaria libertad de movimientos al tener muy pocos favores que devolver en forma de cargos y prebendas. No hay duda que ha sabido aprovecharla y que ha sentado un nuevo estándar para futuros Gobiernos: la selección de los ministros debe de hacerse menos por razones partidistas y de lealtad personal y más por razones de capacidad y competencia.

La pregunta, claro está, es si un Gobierno de estas características tiene futuro. La contestación, a mi juicio, dependerá de que la modernidad no se quede solo en los gestos y que trascienda a la forma de hacer política. Porque la realidad es que los grandes retos de la modernización de España siguen todos ahí, lo mismo que sigue ahí el reto independentista que ha puesto fin al modelo político iniciado en la Transición. Todo ello con un Parlamento muy fragmentado y con el mayor grupo parlamentario con tentaciones de volver a una oposición de tierra quemada similar a la practicada durante el último gobierno de Rodríguez Zapatero.

¿En qué consiste básicamente esta modernidad? Pues en algunas cosas de las que no se está hablando lo suficiente estos días. Hay que insistir en las reformas tanto tiempo pospuestas de la profesionalización y neutralidad de nuestras Administraciones Públicas, además de su adecuada capacitación modificando procedimientos de reclutamiento y promoción obsoletos y buscando la adaptación de sus efectivos a las necesidades de un mundo totalmente diferente al de los años 80 del siglo pasado en que se definieron sus líneas maestras. En los próximos días y semanas asistiremos al tradicional baile de cargos directivos de segundo y tercer nivel que caracteriza nuestro peculiar sistema de “spoilssystem” de circuito cerrado en palabras del profesor Jiménez Asensio (porque básicamente se restringe a los funcionarios de los cuerpos superiores) lo que supone un desperdicio enorme del talento que existe en las Administraciones en la medida en que no es posible desarrollar una carrera profesional exitosa en el sector público sin gozar del favor político.

Otro ejemplo es la necesidad de implantar de una vez la evaluación de las políticas públicas incluida la necesaria evaluación de los servicios públicos que prestan las distintas Administraciones Públicas para determinar su grado de eficiencia y eficacia desde el punto de vista del ciudadano que los paga con sus impuestos. Cuestiones como la fusión de municipios o la de la supresión o al menos modificación de las diputaciones provinciales deben de volver a la agenda pública por muchas resistencias que generen en las élites políticas locales.

Otra gran cuestión es la reforma educativa; la de la Universidad y la de la enseñanza obligatoria para que nuestros niños y jóvenes estén preparados para el mundo de mañana del que lo único que sabemos es que va a ser muy distinto al de hoy. O la de la despolitización y profesionalización de la Justicia y la Fiscalía, siempre pendiente.O la de la desigualdad, con sus manifestaciones de brecha generacional, la brecha de género o pobreza infantil. En fin, la lista podría seguir y seguir porque todas las reformas necesarias son profundas y están pendientes.

Dejamos para el final la referencia a la crisis territorial e institucional en Cataluña que se confunde con la crisis política e institucional de la Transición. Remediarla va a llevar mucho tiempo, mucha paciencia, mucha generosidad y mucho talento político cualidades de las que hasta ahora hemos andado más bien escasos. Pero necesitamos también ideas innovadoras y reformas solventes para garantizar que la diversidad y la pluralidad de identidades con la que la mayoría de los españoles está cómoda –y que es también un signo de modernidad- no se confunda con la desigualdad de oportunidades, desigualdad ante la Ley, privilegios odiosos y sobre todo no lleve a una intolerable fractura social entre conciudadanos. Y, por encima de todo, necesitamos respeto a las reglas del juego, que son la democracia y el Estado de Derecho.

En este contexto veremos si la audacia y el talento político desplegado por Pedro Sánchez -que ya nadie le regatea- es capaz de jugar un papel importante como liquidador del viejo modelo bipartidista del que él mismo procede  y como arquitecto de un nuevo modelo político basado en coaliciones y acuerdos lo más transversales posibles que pueden y deben liderarse desde el centro político pero en el que deben de caber todos y que debe de contar con el apoyo de una sociedad que está cada vez más despierta y es cada vez más exigente. En ese sentido, el contraste con el Gobierno independentista catalán no puede ser más clamoroso. Y es que es complicado sostener un discurso que defiende que la modernidad pasa por el etnicismo nacionalista en pleno siglo XXI y por tics propios de democracias iliberales o directamente de regímenes autoritarios por mucho diseño postmoderno que se le añada. Ya decía Robert Musil un hombre no puede enfadarse con su propio tiempo sin sufrir algún daño.

 

Declaración de Granada y presupuestos públicos

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“La Hacienda Pública se ha convertido en agente de la razón de Estado. Una razón que descansa sobre un solo pilar cual es la recaudación. En el margen del camino ha ido quedando primero la Ley; más tarde la seguridad jurídica y unos metros más allá las garantías y los derechos del contribuyente….”

Con estas palabras finaliza la declaración pública de un nutrido grupo de catedráticos y profesores de Derecho Tributario en Granada, el pasado fin de semana (hoy mismo las asociaciones de jueces y fiscales han declarado una huelga de protesta y denuncia de la Administración de Justicia; hace unos días eran las fuerzas de seguridad del Estado). Las aguas institucionales están revueltas, con razón, esgrimiendo el ¡basta ya! que colma la paciencia de todos.

El documento es denso y contundente en su análisis de la situación existente donde el contribuyente o ciudadano, ha quedado convertido en mero “súbdito” de la Administración Tributaria y, por ello, sujeto a sus caprichos normativos, sus veleidades interpretativas y su prepotencia administrativa, todo lo cual ha producido y produce una grave situación de inseguridad jurídica y ha hecho un daño irrecuperable a la economía nacional, con la pérdida de cientos de miles de pequeños negocios y autónomos, a los que se ha asfixiado y perseguido con saña, en detrimento de sus derechos constitucionales.

El documento de quince páginas va desgranando desde los orígenes de lo que fue el Derecho Financiero y Tributario, asentado sobre la Ley aplicable en todos los ámbitos y para todos los contribuyentes sin excepción, a la situación actual en que “la utilización torticera por parte de los poderes públicos o por algunos de sus servidores de los recursos allegados” ha provocado una cierta objeción fiscal. Es decir, la negativa a contribuir al saqueo, derroche o despilfarro de las contribuciones públicas, mientras hay grandes compañías o sujetos pasivos que cuentan con medios para esquivar impuestos o llegan a determinados acuerdos fiscales que les son favorables vulnerando los más elementales principios de justicia tributaria.

“Parece que el afán recaudatorio se ha convertido en el único objetivo del comportamiento de los órganos tributarios, con olvido de los derechos y garantías individuales…. se lleva a cabo atendiendo de manera preferente a normas reglamentarias e instrucciones internas que, más veces de las deseables, solo están hechas para allegar recursos al Erario público, pero no necesariamente para hacerlo de forma más justa.”

El documento señala la “quiebra del principio de legalidad”  al no ajustarse las actuaciones fiscales al imperio de la Ley, hurtándose al legislador su función por parte del ejecutivo y el recurso de éste a la figura del decreto/ley para así normativizar aquello que le conviene: “Su abuso puede suponer un ataque al principio de legalidad, sobre todo porque se hurta al Parlamento, único depositario de la soberanía nacional, la posibilidad de disponer…..”  Todo ello agravado además en un Estado con múltiples órdenes jurisdiccionales que provocan “una gran litigiosidad en materia tributaria y genera grandes dosis de inseguridad jurídica”. Esto último ha sido señalado en reiteradas ocasiones por instituciones y foros jurídicos especializados como el informe realizado por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña en el año 2014.

Muy importante en este sentido es lo recogido en este documento sobre el cripticismo fiscal que no facilita precisamente dicha seguridad jurídica: “el legislador usa en demasiadas ocasiones expresiones difícilmente comprensibles, permanentes remisiones normativas y otras fórmulas similares, que hacen poco menos que imposible no ya la interpretación de los textos legales o reglamentarios, sino su propia comprensión incluso por los especialistas en la materia… lo que convierte a la DGT en una especie de oráculo que viene a explicar a todos (Administración, contribuyentes y tribunales) la verdad revelada contenida en la norma… frente a al principio de presunción de inocencia, parece haberse dado cálida acogida en las dependencias administrativas a la presunción de culpabilidad, convirtiendo al contribuyente en una especie de administrador vicario, lo que le obliga a cumplir con unas obligaciones materiales y unos deberes formales que deberían ser propios de la Administración Tributaria… Hemos llegado así a una Adnministración que sólo realiza funciones de control y castigo.”

Continúa el documento señalando la quiebra del principio de igualdad por el distinto tratamiento procedimental y efectivo sobre los que llama “obligados tributarios”  (lo que ya es una muestra de la visión fiscal sobre el ciudadano) que extiende sus tentáculos buscando la responsabilidad de terceros ajenos al hecho imponible y al sujeto responsable del mismo. Señala, como hemos dicho la quiebra del principio de seguridad jurídica, del principio de solidaridad y del principio de justicia financiera, todo lo cual son “cauces por los que han fluido, torrenciales, las aguas que se han llevado consigo la igualdad de los españoles ante la Ley fiscal…”

Pues bien, todo esto se señala y denuncia públicamente cuando estamos asistiendo al “supuesto” debate sobre presupuestos en el Congreso de Diputados, donde todo está ya “atado y bien atado” como se recoge en otra parte de dicho documento: “Y lo que es más grave, ha llevado a la opinión social al convencimiento de que, en la vida pública, todo se compra y se vende: los votos, los ingresos a favor de determinado sector o territorio y la reforma fiscal del sistema estatal o de determinados sistemas autonómicos… que convierten en puramente formal el derecho al presupuesto de la representación pública de los ciudadanos.”  Dicho en términos castizos: “ya está vendido el bacalao” en la trastienda de la transparencia pública por mucho que, desde el mundo académico o profesional, se denuncie la situación. Pero ya es algo de gran importancia subrayar la desmitificación de la “ilusión financiera” que decía Amílcare Puviani allá por el año 1903 con que el Estado (los gobiernos), vienen haciendo juegos de prestidigitación ilusionista sobre sus finanzas.

Corrupción que no vemos

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Cuando pensamos en corrupción nos vienen a la mente casos sonados como Gürtel o EREs. Los millones de euros involucrados en estas tramas apuntan al daño que la corrupción supone para todos. Mientras estos casos ocupan la atención pública, a veces ignoramos otros, aparentemente de menor escala, cuyo impacto es inmenso. Tenemos un problema grave que está pasando desapercibido.

La posibilidad de que haya corrupción en la universidad no ha atraído la atención pública hasta el asunto Cifuentes, aún pendiente de resolución judicial. Pero el revuelo que ha causado el caso corre el riesgo de ser inútil. Si pensamos que la corrupción en la universidad se limita a la expedición de títulos falsos, nos equivocamos. Nos equivocamos, sobre todo, si pensamos que la corrupción en la universidad es un problema anecdótico que sólo afecta a los estudiantes.

El término “endogamia universitaria” suena a patología infrecuente. Y en cierto modo sí es una patología que, aunque afecta a la universidad, termina por extenderse. La endogamia universitaria consiste en la contratación de los profesores por su buena relación con quien contrata, en lugar de por méritos objetivos como su calidad docente o investigadora.

Casi nunca hay malas intenciones conscientes detrás de las contrataciones endogámicas (para más información vean el post de Herminia Peralta en este blog). Más bien son fruto de la inercia, de dinámicas internas de los departamentos que se han hecho habituales a lo largo de los años. Pero son calificables como actos de corrupción, entendida como cualquier abuso de poder para obtener réditos privados (aquí). El poder de decidir sobre la concesión de un contrato de profesor se utiliza priorizando el interés privado -hacerle un favor a un amigo- sobre el interés público de garantizar que el contratado es quien más contribuye a la calidad de la universidad. Una primera consecuencia es el uso ilegítimo de fondos públicos que corresponden al salario de profesor. Pero a largo plazo las consecuencias van mucho más allá.

La endogamia es el pan de cada día en nuestras universidades, que suelen contratar como profesores a sus propios alumnos de doctorado aunque se presenten candidatos procedentes de otros centros con méritos objetivos mayores (aquí). En 2008, el 69% de los profesores de las universidades públicas españolas trabajaba en la misma universidad en la que se había doctorado, mientras que en Alemania o Reino Unido esta cifra no llegaba el 10% (aquí). A fecha de 2014-2015 habíamos empeorado: el porcentaje estaba en un 73% (aquí).

Contratar a alguien que se ha formado “en casa” no es necesariamente un problema, ya que al mismo tiempo puede ser muy buen investigador y docente. El problema es que, en la mayoría de los casos, ser “de casa” es el motivo por el que se contrata al candidato, y no su calidad investigadora y docente. Y si investigación y docencia no se hacen bien, los afectados somos todos y no sólo los estudiantes.

Si en un hospital los médicos son contratados por llevarse bien con el director, tenemos un problema. Tenemos un problema si estamos enfermos y esperamos que nos curen. Pero también tenemos un problema aunque estemos sanos. Terminaremos siendo afectados por enfermedades contagiosas, porque los médicos no sabrán tratarlas. Las enfermedades para las que no existe cura seguirán sin tenerla. Perderemos a seres queridos. Además, los costes de mantener un sistema sanitario tan ineficaz serán desproporcionados. Algo similar sucede con nuestras universidades. El problema de la endogamia universitaria no sólo afecta a los estudiantes, sino a todos.

 La productividad investigadora del sistema universitario español es baja. Año tras año no aparece ninguna universidad española en los rankings internacionales que miden la investigación. Departamentos con buenos resultados, como Economía en la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Carlos III de Madrid (aquí), han establecido la norma interna de no contratar a sus propios doctorados (aquí). Sin duda ambos hechos están relacionados: varios estudios apuntan al efecto negativo de la endogamia en la productividad investigadora.

No se trata de competir en rankings por competir. La investigación es fundamental para nuestra prosperidad como sociedad. Proteger nuestro Estado de bienestar requiere asegurar la creación de riqueza. Para ello, un modelo productivo basado en la investigación e innovación tecnológica garantiza mayor valor agregado que uno basado en sectores tradicionales como la construcción o el turismo (aquí). La investigación en ciencias sociales también es esencial para, entre otros, mejorar las políticas públicas. Necesitamos sociólogos, politólogos y economistas formados para estudiar las causas del fracaso escolar, alimentar un debate público riguroso en los medios y tantos otros. La investigación en Humanidades también es crucial para fomentar el espíritu crítico y la fortaleza de la sociedad civil.

La endogamia no sólo afecta a la investigación, sino también a la docencia. Sin duda hay muchos profesores que, preocupados por sus alumnos, trabajan por enseñarles lo mejor posible. Pero lo cierto es la mayoría no son contratados por su calidad docente, sino por sus buenas relaciones con quien contrata. Esto no favorece que el contratado sea necesariamente el más preparado ni el más motivado por enseñar bien.

La medición de la calidad docente en la universidad es una cuestión controvertida y por ello no es sencillo ofrecer evidencias de malas prácticas. Pero quienes estudiamos -o hemos estudiado- en la universidad pública sabemos que por desgracia no es infrecuente encontrar profesores que no dominan su materia, o que si la dominan no se preocupan por que aprendamos. Esta dejadez se puede manifestar de muchas maneras, como impartir clase como si de un dictado se tratara, omitir partes del temario, no ser transparente en los criterios seguidos al corregir u otras.

Estas malas prácticas docentes son graves y pueden parecer inverosímiles. Pero son demasiado frecuentes en el día a día de muchos alumnos que, en última instancia, no obtenemos los conocimientos que esperábamos. Con lo que ello implica para nuestras posibilidades laborales y nuestra vida personal, así como para todo un país que necesita profesionales lo mejor formados posible.

Aunque la endogamia afecta a todos los estudiantes, los más afectados son aquellos de origen socioeconómico menos favorable. Estos no pueden pagar  cursos externos que complementen su formación ni estudiar en reconocidas universidades extranjeras. Si realmente creemos en la igualdad de oportunidades y la protección de los vulnerables, acabar con la endogamia es prioritario. Si lo conseguimos, nuestra universidad pública ofrecerá la mejor educación posible y recibirla no dependerá de los recursos económicos de los estudiantes.

El salario correspondiente a la contratación de un profesor no tiene el mismo impacto económico que tramas como Gürtel o EREs. Pero las consecuencias de la endogamia universitaria a largo plazo son de una enormidad difícil de medir. No sólo para los estudiantes, sino para todos.

En un próximo post analizaremos posibles soluciones a este problema.

Màxim Huerta tampoco leyó a Federico de Castro

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No ganamos para sustos, esto es una montaña rusa. Ayer estábamos impresionados con el efectista rescate de los inmigrantes y anteayer de lo apañado del gobierno multicolor y hoy tenemos que vérnoslas con un ministro que dos días después de ser nombrado ya incurre en supuesta causa de destitución. Pero esto es lo que tiene una sociedad digitalizada y a la vez polarizada: la información se tiene de inmediato y además el juego político no consiste en proponer políticas para persuadir al electorado sino en señalar con aspavientos las incoherencias políticas y contradicciones en que incurre el enemigo, atrapado en la vehemencia de sus palabras cuando en otro tiempo denunció la conducta de quien hoy le acusa. El alguacil, alguacilado, que se decía antes.

Si encima metemos a Hacienda por en medio, la cosa se complica porque que lance el primer tuit el que no haya tenido algún encontronazo con esta bendita institución y no haya preferido pagar y callar ante de verse sujeto a los poderes omnímodos del Estado ante los que, en esta materia, el principio de culpabilidad y de carga de la prueba del contribuyente son la regla general. Es más, como nos han contado en cierto curso que estamos haciendo unos compañeros notarios sobre esta materia, también es regla común que los criterios fiscales se vayan emitiendo por la Administración a su libre albedrío y conforme le interesa, sin vacilar en cambiar de criterio a medio partido y con efecto retroactivo.

Por otro lado, no deja de haber una importante escala de grises entre la actuación completamente honorable y el delito fiscal. E incluso cabría decir que hay una cierta confusión ética entre lo que es permisible o no en materia fiscal e incluso civil. En materia civil, un negocio indirecto es el que pretende obtener fines diferentes de los previstos en el ordenamiento y dentro de él estaría el fraudulento, en el que se pretende un fin prohibido, y el fiduciario, que se basa en la confianza para obtener un fin distinto del previsto por la ley. El fraudulento, y por supuesto el simulado, son perseguibles, pero el indirecto en general y el fiduciario, en particular, no necesariamente. En materia fiscal habrá que distinguir el fraude (con premeditación), la evasión (un incumplimiento en sentido más amplio: la ocultación en general) y la elusión fiscal, que aprovecha los vacíos legales para conseguir una rentabilidad fiscal.

No son iguales todos estos conceptos. Lo malo es que las facultades exorbitantes que tiene Hacienda conducen a meter en el mismo saco todos los supuestos incumplimientos y a “anular” negocios jurídicos formalmente válidos presumiendo que son en realidad negocios indirectos tendentes a obtener una finalidad de rentabilidad fiscal que, solo por ello, ya consideran de por sí fraudulentos. Fíjense ustedes que en su primer apartado, el artículo 15 LGT, exige la concurrencia de los siguientes requisitos para poder apreciar que existe fraude de ley:

  • Que los actos sean, “individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido”.
  • “Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios”.
  • Y, que mediante esos actos “se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la base imponible o la deuda tributaria.

Digamos que para Hacienda todo negocio indirecto, aunque válido civilmente, es fraudulento. Hace poco, la declaración de los 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario, reunidos en Granada, ponían el acento en esta cuestión denunciando hechos como la satanización de la planificación fiscal, la regla general de que para que algo sea lícito tiene que estar permitido o el prescindir de las normas sustantivas y crear un universo fiscal que se rige por sus propias reglas.

Muy probablemente el ministro Huerta se ha visto envuelto en alguna de estas situaciones, concretamente la que tiene que ver con la utilización por artistas de sociedades en su actividad profesional, respecto de la cual Hacienda intensificó sus investigaciones hace algún tiempo (no exactamente fue un cambio de criterio, según parece, ver aquí y aquí). Pero, claro, si Maxim hubiera leído a Federico de Castro quizá hubiera podido tener en cuenta su tesis de la deformación del concepto de la persona jurídica que le llevaba a criticar el otorgamiento de la personalidad jurídica cuando no hay un substratum, un grado de organización mínima. Y algo de razón tiene, sobre todo en un país de raíz jurídica causalista en el que se considera que las instituciones están para algo y no para otra cosa y que salirse de su fin genera disfunciones. Aunque no siempre fraude y delito, que es lo que viene a decir Hacienda, con el agravante de que ella se lo guisa y se lo come simplemente porque se lo huele, sin pasar por el juzgado, como debería ser porque el mismo artículo antes mencionado señala que para que la Administración tributaria pueda declarar el conflicto (el fraude, vamos) en la aplicación de la norma tributaria será necesario el previo informe favorable de la Comisión consultiva a que se refiere el artículo 159 de esta ley. En resumen, no me parece suficiente para la dimisión el haber usado sociedades para desgravar, aunque sea poco partidario del uso instrumental de las categorías jurídicas. Ni siquiera aunque Sánchez dijera lo contrario hace tres años, porque ya he dicho por aquí algunas veces que ciertas coherencias están sobrevaloradas.

Ahora bien, una cosa son estas sutiles disquisiciones sobre la elusión y la evasión, y otra muy distinta desgravarse la casa de la playa en tu sociedad profesional, como quien se desgrava la finca de caza o el yate en su declaración de la renta alegando que la necesita para la generación de sus ingresos. Esto es simplemente hacer trampa. Me dirán ustedes que eso no es robar, y yo le diré que no, ciertamente, pero que en el fondo es sustraer dinero con menos sensación de culpabilidad porque la distancia y la interposición de elementos hace que no sea que se vea tan evidentemente la trampa, como nos hacía ver Ariely (y recordaba aquí yo mismo en este blog). También me dirán que mucha gente lo hace, y les diré que eso no me vale, que al menos saquemos de la polarización de la que hablaba antes el efecto positivo de unos mínimos de ejemplaridad. Quizá corramos el riesgo de establecer un standard demasiado alto, pero no está mal que la sociedad vea en la cabeza de quienes nos dirigen que eso está mal.

Bien dimitido está, en definitiva, menos por la tesis de don Federico o que por la de Ariely. Solo me queda alabar el cambio de actitud del gobierno frente a este tipo de situaciones y lamentarme de la falta de previsión en el nombramiento, porque no habría costado mucho preguntar el designado si tenía algún esqueleto en el armario, al menos un esqueleto al alcance de los nativos o adoptados digitales.

El caso del Aquarius y las razones “humanitarias”

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El Presidente del Gobierno ha anunciado que España acogerá el barco Aquarius por razones humanitarias (aquí). Pero la cuestión es, ¿humanitarias con quién?

Estamos tan acostumbrados a tratar el problema de la migración en términos “humanitarios”, que nos arriesgamos  a perder la perspectiva jurídica de la cuestión, tanto en relación al Derecho positivo como al natural, con efectos colaterales especialmente nocivos. Porque al igual que hoy en día resulta impresentable gestionar los problemas sociales dentro de un país en términos de “caridad” con los más necesitados, en vez de hacerlo desde el enfoque de la justicia distributiva y del Estado del Bienestar, lo mismo debería ocurrir con un problema tan semejante como es el de la emigración. Al analizarlo exclusivamente desde el punto de vista moral o humanitario, o desde el de “los valores occidentales”, se ofrece un flanco verdaderamente débil al ataque populista, como si lo único que estuviese en juego fuese la “generosidad”, mayor o menor de unos y otros. Los italianos ya han sido suficientemente generosos y ahora les toca a otros -viene a decir Salvini. La solidaridad no puede recaer siempre en los mismos países, es necesario que la carga se reparta mucho mejor, o los populismos no harán otra cosa que aumentar -dicen los populistas. Incluso a nivel europeo ya hemos sido demasiado abiertos –se afirma en el Norte- estamos llegando al límite y hay que blindar el continente si queremos salvar nuestras democracias. Al igual que con el hijo pedigüeño que no para de exigir regalos en la feria, tenemos perfecto derecho a decir basta.

Pues no. No tenemos derecho. Porque de Derecho se trata.

El primer jurista europeo que intuyó la necesidad de analizar este tema de la emigración desde un punto de vista jurídico, fue uno de nuestros más grandes escolásticos, el segoviano Domingo de Soto (1495-1560). Fue el primero que argumentó jurídicamente contra las restricciones a la inmigración motivada, no solo por causa de persecución religiosa o guerra, sino por simples motivos económicos. Por otra parte se opuso radicalmente a la posibilidad de expulsar a los mendigos extranjeros de las ciudades o de excluirlos de la ayuda organizada.  Y no se diga que entonces el problema era menos grave que ahora, porque en la época en la que escribe su tratado Deliberación en la causa de los pobres  (1545) la afluencia del oro americano había convertido a España en el refugio de todos los pobres e inválidos de Europa.

Su caracterización de la emigración económica como un derecho, emana precisamente del mismo impulso que le llevó a transformar el simple acceso a la caridad en un verdadero derecho subjetivo de carácter derivado. Sin género de duda, Domingo de Soto es uno de los más grandes impulsores de la teoría del derecho subjetivo moderno. Para él, el derecho individual fundamental del ser humano, del que se derivan todos los demás, es el derecho a preservar su propio ser (ius se conservandi), que es un derecho que vence a cualquier otro que se le oponga, incluido el de los Estados a proteger sus fronteras. Ese derecho -como afirma literalmente una de las mejores estudiosos de nuestro autor (Annabel Brett)- it can never be “trumped”. Lógica consecuencia de todo ello es (como señala Benjamin Hill) su defensa de una concepción extendida de la comunidad política, que va más allá del Cristianismo para alcanzar a toda la Humanidad.

El Derecho positivo internacional todavía no ha llegado, desgraciadamente, a ese nivel de amparo, pues no reconoce un derecho a emigrar por causas económicas, pero eso no significa que desconozca los derechos subjetivos de los migrantes, ni mucho menos. En primer lugar, el Convención Internacional sobre Búsqueda y Salvamento (SAR), de 1979, impone la obligación de rescatar a las personas cuya vida peligra en el mar, lo que implica un evidente reconocimiento de ese ius se conservandi. Ahora bien, una vez que han sido rescatados, ¿qué ocurre? Si llegamos a la conclusión que ningún país tiene la obligación de recibirles, ese derecho se estaría desvirtuando hasta hacerlo irreconocible. Para eso mejor dejarles en el mar.

En un importante informe de ACNUR (la Agencia de Naciones Unidas para la protección de los refugiados) se aborda específicamente este problema. Señala que la obligación de rescate implica lógicamente la de desembarco y, aunque reconoce que el tema no está claro en Derecho internacional, este debe producirse en el puerto más próximo, especialmente si los migrantes se encuentran en una situación precaria. Una vez que el barco llega a puerto ya no cabe la expulsión colectiva, como hemos tratado en otra ocasión al analizar las expulsiones en caliente (aquí), pues ello impediría apreciar la condición de refugiado, que atribuye nuevos derechos derivados.

Por todo ello es evidente el derecho de los migrantes a ser desembarcados en Europa, y de ahí nuestra correlativa obligación jurídica, no humanitaria. Medio milenio después de Domingo de Soto, el Derecho Internacional todavía sigue en mantillas, pero no a la hora de reconocer el indudable derecho de los migrantes a ser desembarcados, sino solo para ordenarlo de manera efectiva entre los obligados a ello. De ahí que las únicas razones “humanitarias” que pueden existir son acaso las que podemos tener con Italia, con el fin de aliviar la carga jurídica que padece. Aunque, de hecho, también aquí debería jugar un elemental principio de justicia entre los socios comunitarios a la hora de distribuir la carga derivada de esa obligación.

En definitiva, por formularlo en términos civilistas: estando bastante claro que Italia tiene la obligación directa frente a los migrantes del Aquarius de procurar su desembarco inmediato en sus puertos, los socios comunitarios tiene la obligación interna de resarcir a Italia en la proporción correspondiente, acogiendo luego a los migrantes que sean necesarios.

Por último, es también nuestra obligación cívica, como ciudadanos europeos, presionar a nuestros gobiernos para que así se haga a la máxima celeridad, terminando de raíz con este indigno juego de cerrar los puertos para obligar a los demás a realizar, “por razones humanitarias”, lo que debería asumirse entre todos por ineludibles razones jurídicas.

 

¿Nominalismo mágico? De nuevos Ministerios, nombres y organigramas

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El nuevo  (e ilusionante, todo hay que decirlo) Gobierno de Pedro Sánchez va a tener nada menos que 17 Ministerios y prácticamente ninguno es igual a su equivalente en el Gobierno anterior de Mariano Rajoy ni en cuanto a la denominación ni -suponemos- en cuanto a los organigramas.  Como saben nuestros lectores a nuestros políticos les encanta dictar leyes aunque no resulten muy útiles (lo que en este blog llamamos legislar para la foto o para la galería) pero se habla menos de que también les encanta poner nombres nuevos a los Ministerios o a las Consejerías o Concejalías. Los nombres se convierten así en auténticas declaraciones políticas.

Ahora bien, los nombres por sí mismos no transforman la realidad, aunque sin duda pueden mandar un mensaje muy potente en el sentido de que el cambio climático, la igualdad de género, la ciencia o la pobreza infantil son ahora una prioridad política, lo que está muy bien. Visibilizar siempre es importante, y los símbolos también lo son. Pero lo mismo que una ley sin mecanismos efectivos de implantación (y de sanción en caso de incumplimiento) no sirve para mucho, algo parecido ocurre con los nombres por sí solos, salvo que creamos en la taumaturgia de las palabras. Los Altos Comisionados para la Pobreza Infantil o las Vicepresidencias de Igualdad de género suenan muy bien y sin duda ponen el foco en el lugar adecuado, pero hay que ser conscientes de que sin recursos, estructura e instrumentos adecuados para desarrollar sus funciones se pueden quedar en meros gestos y generar más frustración que otra cosa. No sería la primera vez; recordemos, por ejemplo, la extinta Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, a la que Rafael Rivera dedicó  este post.  

Hay, además, otro problema del que se habla menos, pero que los funcionarios (y los Oficiales Mayores) conocen demasiado bien. Los bailes ministeriales y los cambios de nombre traen consigo un montón de inconvenientes, algunos de ellos muy pedestres, pero que no por eso dejan de consumir tiempo y esfuerzos, que podrían estar mejor invertidos en otras tareas. De entrada, cambios en las webs oficiales, los correos electrónicos (para adoptarlos al nuevo nombre oficial) y en la papelería ministerial que todavía existe, aunque a lo mejor sería una buena ocasión para ir pensando en suprimirla. Pero eso no es lo peor; a los cambios nominales les siguen los cambios organizativos y, en el peor de los casos, las mudanzas y cambios de sede, con el  consiguiente baile de altos cargos y de funcionarios de un lado para otro. Al fin y al cabo, a los Ministros y a sus segundos niveles hay que sentarles en algún sitio digno, y si ahora hay más Ministros que antes, esto supone un problema seguro a la hora de buscarles un despacho.

Lo cierto es que todas estas idas y venidas consumen un tiempo precioso, máxime cuando no hay mucho disponible.  Y no es infrecuente que  cambios como los que supone un desdoblamiento o una fusión de ministerios no están  terminados cuando toma posesión un nuevo Gobierno, que quiere también dejar su impronta organizativa y los vuelve a cambiar. En fin, un eterno tejer y destejer que no resulta especialmente productivo desde ningún punto de vista.

Claro que este no es el problema mayor: como ya decíamos nada menos que en un post de 2012  los organigramas ministeriales están  muy obsoletos y responden a una organización y a unas funciones más propia del siglo pasado y de sus necesidades. Es decir, si hay ahora una política pública a la que dar prioridad, la solución suele ser la de crear una unidad administrativa que se ocupe del tema, a ser posible reutilizando una ya existente, porque ni el reclutamiento de funcionarios expertos ni la dotación de medios es nada fácil. Esta unidad se unirá a las ya existentes con las que tendrá que competir por competencias y presupuestos. Si además sus políticas tienen carácter transversal -como es muy habitual- se las verá y las deseará para poder desarrollarlas con un mínimo de eficiencia.

En conclusión, bienvenidos los cambios y las nuevas prioridades, pero no nos olvidemos de que modernizar es algo más que cambiar los nombres.

Ganemos la partida a la corrupción: Concentración de denunciantes

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Concentración de denunciantes de corrupción a las puertas del Congreso de los Diputados el sábado 23 de junio a las 12.00 horas.

Por la presente los denunciantes y víctimas de corrupción que suscriben al final del documento, queremos comunicar QUE:

  • Las Administraciones españolas se niegan a cumplir el mandato establecido en la normativa europea de aplicación; esto es, la directiva nº 2015/2392, comúnmente conocida como protección de denunciantes. Y habiéndose dispuesto un plazo de 6 meses para ser trasladada a nuestro ordenamiento interno, nuestra administración permitió que éste expirase el pasado 3 de julio de 2016 sin ninguna acción al respecto,
  • A posteriori, en octubre de 2017, siendo aprobado en el Parlamento europeo un mandato adicional para implantar medidas de protección de los denunciantes en los 27 estados miembros, dicho mandato ha sido igualmente ignorado; Y PRIMORDIALMENTE: que conociéndose las perversas consecuencias que acarrea a los denunciantes la ausencia de dicho cumplimiento en lo que se refiere a represalias, amenazas…; incluso utilizando para ello los medios públicos e instituciones del estado, además de las gravísimas consecuencias que la corrupción genera en el devenir económico y el normal desarrollo de nuestra sociedad,

¡¡ HEMOS DICHO BASTA !!

 Por ello, este conjunto de denunciantes de corrupción les CONVOCA:

A la concentración que realizaremos el día 23 de junio de 2018 a las 12.00 en la Carrera de San Jerónimo de Madrid, frente al Congreso de los diputados, para llevar a cabo nuestra protesta; en la que exigimos los siguientes puntos entre otros:

  • Una ley integral de protección a los denunciantes de corrupción.
  • La aplicación del código penal, así como el cumplimiento de las normas vigentes que nos protegen de las represalias a las que estamos sometidos desde hace años.
  • La investigación de nuestras denuncias, ya que muchas son archivadas sin siquiera abrir
  • El reconocimiento y protección de los perjudicados por denunciar la corrupción, así como la indemnización y/o readmisión en sus puestos de trabajo de aquellos denunciantes despedidos o cesados.

 

Esta concentración tiene como objeto que se tomen medidas urgentes que den término a tal situación de discriminación y desprotección de los denunciantes de corrupción; y a recordar que denunciar la corrupción es un deber y un derecho constitucional.

 

La pasividad de la administración pública, junto a la inacción de la justicia, así como el absoluto abandono de todos los partidos políticos que ignoran legislar en la materia, nos ha conducido a esta reivindicación.

 

EN DEFINITIVA, ES INTOLERABLE QUE SE NOS ESTÉ TRATANDO COMO DELINCUENTES, MIENTRAS LOS CORRUPTOS SON LOS PROTEGIDOS.

 

 SUSCRITO POR:

-ANA GARRIDO, denunciante caso Gürtel,

-ANA HERNÁNDEZ, denunciante educación Andalucía ANA VARELA, denunciante fraude formación empleo ANTONIO BARREDA, denunciante corrupción Andalucía

-ANTONIO MORENO, denunciante estafa de las eléctricas, Sevilla ANTONIO RAMON CORDERO, denunciante de Dos Hermanas Sevilla —-ARANCHA MEJÍAS, denunciante casos fondos buitre Madrid

-AZAHARA PERALTA, denunciante caso Acuamed

-CARLES MARTÍNEZ, denunciante cursos de formación desempleados en Cataluña CLARA ALFONSA REINOSO, robo de niños a manos de los servicios sociales CONSUELO GARCÍA DEL CID GUERRA, robo de niños por los servicios sociales DANIEL TEJERO, denunciante corrupción de menores en Córdoba

-ENRIQUE MARTÍN, denunciante corrupción sanidad en Andalucía JAVIER PEREJÓN, denunciante corrupción Andalucía

-FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ, denunciante corrupción caso Poniente Almería FERNANDO URRUTICOECHEA, denunciante corrupción caso Castro Urdiales GERARDO GANDÍA, denunciante cursos de formación desempleados Valencia JAIME GONZÁLEZ, denunciante caso cártel del fuego, Andalucía

-JESÚS CANDEL, denunciante corrupción sanidad Andalucía JESÚS ÁNGEL CASTRO, denunciante en Benitatxell, Valencia

-JOAN ANTON LLINARES, testigo Caso Palau. Director Agència Antifrau Valenciana JOSE MANUEL CANTO, denunciante balsa de fosfoyesos, Huelva

-JUANJO ROMERO, denunciante corrupción Aena

-JULITA GÓMEZ SALAS, denunciante corrupción tutela de mayores en Amta, Madrid JUSTO LÓPEZ, denunciante corrupción caso Ayuntamiento de Benidorm

-LUÍS ESCRIBANO, denunciante corrupción sanidad en Andalucía LUÍS GONZALO SEGURA, denunciante corrupción en el Ejército

-MAITE MORAO, denunciante causa Can Balsach, Ayuntamiento de Sabadell

-MARÍA SERRANO, denunciante corrupción Seprona Andalucía

-ORIOL ORTIN, denunciante corrupción en el Ayuntamiento de Susqueda RAMON PIÑEIRO, denunciante formación a desempleados en Andalucía ROBERTO GARCÍA, denunciante formación a desempleados en La Rioja ROBERTO MACÍAS, denunciante fraude UGT Andalucía

-SONIA PERAL, denunciante corrupción sistema educativo Málaga (Acoso Escolar)

-TEODORO MONTES, denunciante formación a desempleados Andalucía

y un grupo de denunciantes anónimos, así como el conjunto de simpatizantes y activistas contra la Corrupción en España.

¿De camino a la igualdad? Más rápido, por favor

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El lunes 28 de mayo tuve la suerte de compartir mesa con José Ignacio Conde-Ruiz, Carlota Tarín Quirós e Irma Clots-Figueras en un evento que esta fundación había organizado, titulado “Igualdad de género en el ámbito laboral. El impacto de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

Como bien saben, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, fue obra del primer Gobierno de Zapatero. Tras 8 meses de debate parlamentario, en el que se negociaron 512 enmiendas presentadas por los distintos grupos, la Ley fue finalmente aprobada con el voto a favor del Partido Socialista, de CiU, de Esquerra Republicana, del PNV, de Izquierda Unida, de Coalición Canaria y del Grupo Mixto, y con la abstención del Partido Popular. Por tanto, la ley presumió de un gran consenso y, además, de una excelente acogida por parte de los ciudadanos españoles: de acuerdo con un informe del CIS, el 80% de los ciudadanos la consideraba “muy positiva”.

Sin embargo, transcurridos más de 11 años desde su aprobación, es obligatorio preguntarse lo siguiente: ¿para qué ha servido esta Ley? ¿Ha mejorado o empeorado la situación? Si ha mejorado, ¿de qué manera? Si ha empeorado, ¿por qué razón? En cualquier caso, ¿se ha desarrollado y aplicado adecuadamente?

Uno de sus aspectos más destacables es la novedad. Aunque en realidad era en parte consecuencia de la Directiva 2002/73/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, así como de diversos textos internacionales, convenciones y tratados, la Ley destaca por un marcado carácter transversal, cuyo objeto consistía en generar un cambio estructural que afectase a distintos sectores, incluyendo al mundo público y privado. Cuando menos en un sentido pedagógico, la iniciativa fue importante. Fue un primer paso.

De esa manera, y fundándose en los artículos 14 (que proclama la igualdad de los españoles ante la ley) y 9.2 (que exige a los poderes públicos promover las condiciones para garantizar la libertad y la igualdad) de la Constitución Española, la Ley pretendía garantizar, de una vez por todas, la verdadera igualdad entre hombre y mujer. Por eso el título habla de “igualdad efectiva”; porque ya existe una formal, que reconoce la Constitución, pero su mandato no se había traducido en una real en el año 2007 –y, desde luego, tampoco ahora.

Al principio, sí se iniciaron algunas reformas legislativas y reglamentarias con el objeto de desarrollar parcialmente la Ley, como la modificación de la ley electoral para garantizar la paridad en las listas electorales, la regulación de los permisos de paternidad, la elaboración periódica de informes de impacto de género o la creación, por primera vez en nuestra democracia, de un Ministerio de Igualdad (aunque, a partir del año 2010, tras una remodelación del Gobierno, fue suprimido y su estructura se integró en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, del cual surgiría la nueva Secretaría de Estado de Igualdad).

Sin embargo, pese a sus buenas intenciones, la Ley está lejos de haber logrado su objetivo. En materia laboral, el paro ha afectado a las mujeres en mayor medida. Además, entre las que trabajan, las mujeres encuentran más dificultades que los hombres para progresar en el mundo laboral. Por otro lado, todavía existe una brecha salarial importante y, aunque cada vez más empresas disponen de un Plan de Igualdad, la conciliación laboral y personal es difícil.

Bajo mi punto de vista, si la Ley no ha prosperado todo lo bien que se deseaba se debe a diversas razones que conviene señalar, aunque sólo sea a los efectos de mejorar y abordar mejor el problema en el futuro. Ensayo y error. Los principales defectos de la Ley, pues, son los siguientes:

  1. Su carácter eminentemente enunciativo y poco práctico. El primer problema de esta Ley es que, pese a que dice qué ha de hacerse, no dice cómo.
  2. Un segundo problema es la falta de instrumentos coercitivos. Y es que, además de que no dice cómo han de implementarse las medidas que propone, no aclara qué ocurre si no se implementan. Es decir, no regula un régimen sancionador que prevea, a su vez, cuáles son las consecuencias del incumplimiento de la Ley.
  3. La ausencia de regulación de partidas presupuestarias específicas. Aunque es bien sabido que, sin dinero, nada funciona, no se diseñó una partida presupuestaria específica para el desarrollo de la Ley, pero tampoco se exigió la inversión anual en recursos suficientes. Por tanto, al no haber impuesto tal obligación, era previsible que su desarrollo pudiera quedar paralizado en cualquier momento en el que las prioridades de la política desviasen la atención y minimizasen la necesidad de desarrollar lo enunciado en aquélla. En cualquier caso, es justo reconocer que la publicación de la norma tuvo lugar apenas unos pocos meses antes de que estallara la crisis financiera, de modo que su aplicación quedó paralizada en muchos de sus aspectos durante varios años.
  4. Podría decirse que un cuarto factor ha sido la falta de voluntad política, durante los últimos años, de implementar las medidas acordadas en la Ley de manera plena. Si no se tienen pruebas fehacientes de esto, al menos ha quedado constancia de que no ha figurado como una de las prioridades políticas del Ejecutivo en este tiempo; sólo en parte excusable, porque, como saben, hemos tenido que hacer frente a diversas crisis económicas y políticas que han mantenido al Gobierno ocupado.
  5. Por último, el quinto factor es, a mi juicio, la poca relevancia que se le ha concedido a la educación. Los artículos 23, 24 y 25 se refieren expresamente a la educación, pero, a decir verdad, solamente de una manera genérica y sin establecer ninguna forma concreta de cumplir con las obligaciones que prescribe. Por ejemplo, el artículo 25 dispone que las Administraciones públicas fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres, pero, nuevamente, en ningún momento se especifica ni cómo ha de hacerse, ni, insisto, qué ocurre si no se hace.

Esta última cuestión me parece crucial. Resulta que numerosos estudios aseguran que gran parte de los estereotipos o prejuicios de género son creados durante la infancia. Es de destacar un estudio dirigido por Robert Blum, de la Universidad Johns Hopkins, que se titula It Begins at Ten: How Gender Expectations Shape Early Adolescence Around the World. El estudio se concentró en entrevistas realizadas durante 4 años a 450 adolescentes y a sus padres y cuidadores en Bolivia, Bélgica, Burkina Faso, China, La República Democrática del Congo, Ecuador, Egipto, India, Kenya, Malawi, Nigeria, Escocia, Sudáfrica, Estados Unidos y Vietnam. Las entrevistas determinaron que tanto niñas como niños están atados a restricciones de género a muy temprana edad que pueden tener graves consecuencias en su vida, siendo peores en el caso de las niñas. En pocas palabras, que la atención temprana es fundamental y, por tanto, la Ley debe en todo caso incidir en un mayor esfuerzo educativo para, entre otras cosas, evitar que los prejuicios o sesgos nos determinen el resto de nuestras vidas.

Dicho lo anterior, resulta que precisamente mañana se debatirá en el Pleno del Congreso una nueva iniciativa que, sin embargo, para lo bueno y para lo malo, comparte los atributos de la Ley 3/2007: repleta de significado, vacía de contenido. La iniciativa en cuestión, una Proposición de Ley Orgánica que pretende la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial al objeto de aplicar algunas de las medidas acordadas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, también la presenta el Grupo Parlamentario Socialista (con toda probabilidad, a fin de calmar las voces atormentadas a raíz del caso de “La Manada”) y también incide vagamente en la educación, esta vez de los jueces en materia de género.

A estas alturas, debo discrepar de las que son unas buenas intenciones legislativas, pero poco más. Considero de interés general abordar medidas concretas y en un sentido global (entiéndase como distintas medidas concretas que afronten el problema de manera global) a fin de paliar la desigualdad entre hombre y mujer, pero, si el efecto más importante y deseado de la Ley 3/2007 fue el de hacer pedagogía a una sociedad que todavía no estaba acostumbrada a hablar de feminismo y que ahora, cada vez más, sí lo está (no hay más que ver la última manifestación del 8 de marzo), el siguiente paso debe a la fuerza ser más ambicioso.

Ya no es momento de símbolos. La sociedad española ha aceptado el problema y pide una solución. Ahora urge cumplir el encargo.

 

Lecciones de la crisis. ¿Necesitamos una Comisión de la verdad sobre la crisis económica?

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2018 marca el décimo aniversario de la “Gran recesión”. Muchos políticos europeos, así como otros miembros de la sociedad en general, desean -de forma bastante comprensible- olvidarse de los años de austeridad y concentrarse en el futuro.

Pero ¿hemos aprendido lo suficiente para evitar crisis futuras? ¿Sabemos la razón por la cual nuestras instituciones resultaron ser tan ineficaces la ultima vez? ¿De verdad consideramos que lo harán mejor en el futuro?

Los tiempos de crisis no suelen ser buenos momentos para estas y otras reflexiones. Los políticos están demasiado ocupados intentando salvar la economía (y sus carreras políticas) mediante cualquier método posible para malgastar su tiempo en tan inútil labor. Sin embargo, una vez evitado el desastre, consideramos que descubrir y ilustrar la forma en la cual los errores institucionales condujeron a la crisis sería un ejercicio de gran utilidad para la sociedad española.

En nuestro estudio, que pueden encontrar aquí comparábamos las distintas experiencias de 6 países europeos, llegamos a la conclusión que las Comisiones de la Verdad Económica (a pesar de lo desafortunado de su nombre), eran la mejor forma de aprender de pasados errores.

En primer lugar hay que clarificar qué es una Comisión de la verdad. Se trata de organos independientes llamadas a documentar casos de errores institucionales en los años antes de la crisis, así como las posibles pautas que pueden poner de manifiesto. Es importante destacar que estas comisiones son diferentes de las Comisiones de Investigación en el Parlamento. Las Comisiones de Investigación están formadas por políticos, algunos de ellos responsables de lo mismo sobre lo que investigan y en cualquier caso partidistas, y normalmente faltos de la experiencia y conocimientos que ostentan los profesionales expertos en los aspectos más técnicos del sistema financiero y económico. Las Comisiones de Investigación, a su vez, son fáciles de desprestigiar a los ojos de la ciudadanía dado que es un mecanismo político de ‘toda la vida’.

Las Comisiones de Verdad, al contrario, son lideradas por expertos (financieros, académicos, auditores…) que que pueden recomendar soluciones técnicas no ideológicas y que carecen de intereses políticos.

En este punto, la experiencia comparada es muy interesante. Recordemos que la crisis económica en Islandia llevo a la quiebra al 97% del sistema bancario islandés. Dada la magnitud del desastre, el primer ministro en los días siguientes del ‘crash’ estableció la primera Comisión de Verdad Económica en Europa. Esta Comisión tras dos largos e intensos años de investigación publicó un informe de más de 1.500 páginas, logrando a través de una combinación de testimonios variados reconstruir las causas y el desarrollo de la crisis con una precisión notable.

El informe culpaba en gran medida a los bancos islandeses, por su comportamiento de excesivo riesgo y sus errores estructurales. El Parlamento islandés, basándose en estas y otras conclusiones, entendió que procedía enjuiciar al entonces primer ministro, un suceso único en Europa. A su vez, las recomendaciones del informe llevaron al parlamento a aprobar varias reformas institucionales de gran calado. Es más, el informe tuvo tanto éxito que se convirtió en un ‘best seller’. Se llegaron a vender copias hasta en los supermercados.

Está claro que Islandia no es España, pero ¿puede una Comisión de la Verdad Económica en España llegar a tener un efecto positivo? Creemos que sí.

Una Comisión de Verdad Económica en España podría revelar aquello que suele estar ‘oculto’ a los ojos del ciudadano medio. Como antes hemos indicado, las crisis financieras modernas son extremadamente complejas, y solo unos pocos expertos pueden llegar a comprender todos sus aspectos en su plenitud. La Comisión, formada por estos expertos, tendría la capacidad de explicar los aspectos técnicos mas relevantes y ponerlos a la vista de la sociedad. Una Comisión seria también un ejercicio de catarsis. A pesar de su naturaleza independiente, las Comisiones de Verdad son comisiones oficiales. Una declaración de “mea culpa” por parte del Estado podría tener un efecto positivo en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Una narrativa oficial de las causas y consecuencias de la crisis podría tener, a su vez, un efecto disuasorio  de las corrientes populistas. Como apunta Michael Ignatieff, las Comisiones de Verdad reducen el número de ‘teorías aceptables’ sobre la crisis que circulan en los medios. Una reducción de los varios mitos o teorías de conspiración existentes rebajarían el enfado e indignación generales que suelen alimentar a los movimientos populistas. En Islandia, como ejemplo, los partidos tradicionales no han cedido terreno a nuevos partidos populistas.

Por último, una Comisión de la Verdad Económica, mediante un análisis de los errores institucionales sucedidos, podría hacer recomendaciones de reformas concretas. Un buen ejemplo de esto fue la Comisión Pecora en Estados Unidos. Fernando Pecora fue el encargado de investigar las causas del ‘crash’ de Wall Street del año 1929, y sus propuestas de reforma formaron la base de la ‘Ley Glass-Steagall’ de 1933, que durante décadas protegió al sistema financiero estadounidense de crisis similares.

Aunque la mayoría de los economistas, así como los políticos, suelen preferir aquellas reformas que estimulen el crecimiento futuro, especialmente después de una crisis, no se puede subestimar la importancia de los hechos pasados para moverse hacia el futuro. Investigar las causas de la crisis no solo permite pensar en posibles reformas, sino sobre todo permite restablecer la confianza en la ciudadanía en un Estado que reconoce sus errores. Esta transparencia es fundamental en la legitimación del Estado moderno, tan atacado hoy en día.

Muchos lideres políticos han considerado la crisis como una oportunidad para implementar grandes reformas. Una Comisión de la Verdad Económica seria un buen punto de comienzo en ese sentido. ¿Dejaremos pasar esta oportunidad para reformar nuestras instituciones?

(Traducción del inglés de Antonio Tena)

Learning from the crisis

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2018 marks the 10th anniversary of the Great Recession. As some European countries have only now started to recover, societies and politicians understandably want to forget the years of painful austerity and look to the future.

But have we learned enough to prevent another crisis? Do we know how our institutions failed us the first time around? And are we confident they are better protected now?

Times of crisis may not be ripe moments for learning, as politicians are necessarily in a ‘firefighting’ mode, trying to save the economy and their political careers. Yet as the economy finally stabilizes, a backward-looking mechanism shedding light on the institutional failures that paved the way to the collapse may benefit a society like Spain in a number of ways.

In our project we explored the comparative experience of six European countries; we found economic truth commissions offer the best shot at learning.

 

Economic truth commissions

Economic truth commissions are independent fact-finding bodies tasked to document patterns of institutional failures in the run-up to the crisis.

They are distinct from other fact-finding bodies. Parliamentary commissions of inquiry are guided by politicians who may lack the expertise to fully understand the technical aspects of a modern financial crisis. At the same time, their partisan and confrontational nature may discredit their contributions in the eyes of the citizenry; simply put, they are seen as ‘business as usual’.

In contrast, the independent commissioners who lead truth commissions have expertise in technical aspects (i.e. finance, auditing, academic). Importantly, by identifying patterns of institutional failure, they can offer useful policy recommendations to protect the system from a future crisis.

 

The international Experience

The 2008 crash in Iceland led to the collapse of 97% of the banking sector. A few days after the crash, the Prime Minister set up the first truth commission in Europe. After almost two years of intensive investigation, the commissioners released a comprehensive final report (9 volumes and 1,500 pages). By coupling new technologies with the testimonies of bankers and politicians, they managed to reconstruct patterns of institutional failures with remarkable accuracy.

The final report apportioned blame to the Icelandic banks, noting their reckless risk taking, and identified institutional flaws. Based on the findings of the report, the Icelandic parliament decided to prosecute the former PM; no other European country has taken this step. In addition, the report’s recommendations became the basis for comprehensive legislative reform to strengthen state institutions.

The final report was so successful that it became a best seller. Copies were sold in super-markets and quickly became popular gifts, with parents giving them to their children so they could avoid making the same mistakes in the future.

 

Benefits of a truth commission

But we are more concerned with the Spanish case. Can a truth commission benefit Spanish society?

First, truth commissions can reveal things ‘hidden’ from the public. Modern financial crises are both complex and technical, so only a few experts can get the full picture. Truth commissions have the capacity to shed light on the technical failures in a simplified and accessible narrative.

Second, the final report of a truth commission is an ‘official acknowledgment’ of state failures. The state’s mea culpa can be cathartic and, at the same time, mend the tattered relations of trust between state and society.

Third, an official narrative can curtail the rise of populist leaders who may want to ride the tide of popular discontent.  As Michael Ignatieff has pointed out, truth commissions ‘can reduce the number of permissible lies’ circulated in the public, thereby restraining the appeal of conspiracy theories or myths fueling populism and challenging democratic politics. For proof, we only need look at Iceland; it is one of the few countries where the crisis was not followed by the rise of populist parties.

Fourth, by identifying patterns of failures, independent commissioners can turn these into concrete policy recommendations. A good example is the Pecora Commission in the United States. Commissioner Fernando Pecora was tasked with investigating the causes of the 1929 Wall Street crash. The Commission’s recommendations became the backbone of the Glass-Steagall Act that protected the global financial system from another crisis for decades.

 

Looking back, moving forward

Although most economists and politicians endorse forward-looking policies tailored to help an economy recover from a crisis, backward-looking mechanisms, such as truth commissions can be beneficial. By investigating the causes of a crisis, they offer a ‘public acknowledgment’ of institutional flaws, and this has the potential to restore relations of trust between state and society. The effort to deal with the causes of a meltdown in transparent way may help to legitimize democratic politics and tame the appeal of populist leaders. Most significantly, they can convert past failures into lessons that, if heeded, could prevent a future crisis.

Many political elites have framed the economic crisis as an opportunity, one ‘too precious to waste’. A truth commission is the litmus test of such declarations: do they actual mean it or this simply another wasted opportunity to learn?