Un triunfo del Estado de Derecho: Gracia Ballesteros, denunciante de Aquamed, gana en el TS

Es frecuente que dediquemos los posts en este blog a denunciar fallos de nuestro Estado de Derecho. Pero también hay triunfos, a veces muy importantes, y también hay que contarlos. Por eso hoy queremos hablar de Gracia Ballesteros, denunciante del caso Aquamed, que después del usual calvario judicial  (sentencia del Juzgado de lo Social de 3 de mayo de 2016, recurrida en suplicación por Aquamed, sentencia confirmatoria de la Sala de lo social del TSJ de Madrid de 13 de febrero de 2017)  ha conseguido que el Tribunal Supremo inadmita el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación letrada de Aquamed, pagada por todos los contribuyentes por cierto.

De esta forma, queda confirmada la nulidad de su despido (producido el 31 de julio de 2015, hace casi 3 años) así como la obtención de una indemnización a cargo de la empresa pública Aquamed. Esto quiere decir que la mala práxis de los directivos de Aquamed (algunos de ellos encarcelados por los casos de corrupción denunciados por Gracia y sus compañeros) la vamos a pagar todos los contribuyentes. Hay que insistir que los responsables directos del despido (el ex Director general de Aquamed Arcadio Mateo y la Directora de RRHH, Gabriela Mañueco) no pagan de su bolsillo estas cantidades ni tampoco los honorarios de los abogados que van recurriendo y llevando el asunto hasta el TS. Este dinero lo pagamos los contribuyentes. Gracia Ballesteros, por supuesto, sí tiene que pagar de su bolsillo los gastos de su defensa jurídica, además de los costes del calvario personal y profesional sufrido después de denunciar lo que sucedía en Aquamed en defensa de los intereses generales.

Si al leer esto se están indignando, tienen toda la razón. Es el mundo al revés. Los responsables de los daños ocasionados al erario público y más cuando hablamos de casos de corrupción tienen que sufrir algún tipo de perjuicio, empezando por el económico que es el más evidente.  Si no, se dedicarán a disparar contra los denunciantes de corrupción o de su mala praxis  con pólvora del Rey. Y necesitamos que se apruebe de una vez la ley de protección de los denunciantes de la corrupción que lleva empantanada casi 2 años en el Congreso de los Diputados. Difícil creer en una auténtica voluntad política de regeneración  si no se pone fin de una vez a casos como el de Gracia. Aunque esta vez haya salido bien.