La propuesta del Gobierno de reforma exprés de la CE para eliminar los aforamientos y el caso Casado

El anuncio del Presidente Sánchez de reforma de la Constitución en 60 días con la finalidad de eliminar los aforamientos suscitó sorpresa, expectación y, desde luego, ilusión. Por fin parecía al alcance de la mano algo por lo que ha luchado este blog desde su fundación. Pero pronto nuestra ilusión se convirtió en decepción.

En primer lugar, se aclaró desde Moncloa que no se trataba en realidad de eliminar los aforamientos, sino solo de “limitar” su ámbito de actuación a los asuntos relacionados con el ejercicio del cargo público. Más tarde se nos tranquilizó señalando que este límite se limitaría a su vez excluyendo del mismo los delitos de corrupción. En tercer lugar, que como diseñar una propuesta tan técnicamente endiablada parece que no está al alcance del Gobierno (¿cómo se delimita propiamente lo qué es corrupción?), se dejaría el asunto en manos del Consejo de Estado, para que esta institución cuadrase el círculo y formulase la propuesta definitiva. Cuando todo eso se haga, se hablará con el resto de grupos parlamentarios con el fin de alcanzar los consensos necesarios. Y, conseguida tal cosa, empezarán a contar los sesenta días.

En conclusión, que la propuesta del Gobierno de reforma exprés de la CE para eliminar los aforamientos, ni es una propuesta, ni es del Gobierno, ni es exprés, ni es para eliminar los aforamientos. Lo que realmente sea, lo dejamos a juicio del lector.

Pero hay más. Mientras todo esto ocurría, el Tribunal Supremo redactaba un auto acordando, contra la opinión de la jueza de instrucción, el archivo de las actuaciones contra el aforado y actual líder del PP, Sr. Casado, al no apreciar la existencia de “indicios consistentes” de la participación de este señor en los delitos de prevaricación y cohecho impropio en el famoso caso del máster de la URJC. En relación a la prevaricación, porque la cooperación necesaria en ese delito exige cierto concierto de voluntades previo o simultáneo con el funcionario autor de la misma, y lo único que se le puede probar al Sr. Casado es que se matriculó, pagó las tasas, no asistió a clase, no hizo los trabajos, no hizo los exámenes, se le convalidó la mayoría de las asignaturas a diferencia de sus compañeros no políticos y sacó sobresaliente en las que no se le convalidó; todos ellos actos neutros, típicos de la actividad estudiantil ordinaria en España, que no pueden justificar ni siquiera la apertura de un proceso contradictorio para valorar la posible participación en la prevaricación realizada por otros. En relación al cohecho impropio, porque no procediendo examinar la prevaricación, estaría prescrito, aparte de que no se ve muy claro a cambio de ese regalo qué podía ofrecer al Instituto de Derecho Público dirigido por el Sr. Álvarez Conde -que se nutría en gran medida de subvenciones de la Comunidad de Madrid gobernada por el PP (algunas de la Consejería de Justicia)- un simple diputado del PP de la Asamblea de Madrid, asesor del Consejero de Justicia y líder de nuevas Generaciones del PP… No es una broma. Lean ustedes el auto por favor. Es muy cortito.

Sobra decir que los jueces que han tomado esta decisión han sido designados por un CGPJ con mayoría de vocales elegidos por el PP. Por enésima vez se prueba la perniciosa vinculación entre aforamiento y control partitocrático del órgano de gobierno de los jueces. Por enésima vez se coloca un nuevo clavo en el ataúd de la credibilidad de la justicia española, ahora que tan poco la necesitamos. Porque el problema de fondo es precisamente ese. Puede que con jueces ferozmente independientes esa decisión hubiera sido la misma (ya saben, la justicia penal como última ratio, la presunción de inocencia, el socorrido recurso a la “pena de banquillo”, etc.) pero el problema es que hoy en día eso casi nadie se lo cree. Y el mayor problema de todos es que, sin duda alguna, el que no se lo cree es el Sr. Casado. A la vista de lo que acaba de ocurrir, ¿alguien piensa de verdad que el PP, con mayoría absoluta en el Senado, puede cambiar de opinión tanto en relación a los aforamientos como en la designación de vocales del CGPJ?  El Sr. Casado ha aprendido la lección en carne propia, de esas que pocas veces se olvidan: con una jueza de instrucción ya estaría sentado en el banquillo; con el TS sigue liderando el PP y hasta puede llegar a ser Presidente del Gobierno.

Por eso me resulta asombroso que personas inteligentes sigan defendiendo la institución de los aforamientos, incluso con la limitación (por otra parte tan difícil) a los asuntos propios del cargo, excluyendo la corrupción. Hace poco mi amigo Manuel Conthe, reconocido experto en combatir sesgos, falacias e incentivos perversos, ponía en twitter, como ejemplo de despropósito, el que una posible querella por prevaricación contra la Presidenta del Congreso por no tramitar una enmienda pueda ser ventilada ante un juez de instrucción y no ante el TS. A mí sinceramente lo que me parece un despropósito es lo contrario. ¿Alguien se imagina lo que puede suponer para nuestra maltrecha vida política que sobre esa cuestión decida un juez designado por un CGPJ controlado por el PP?  Pues lo que nos faltaba, seguramente. En el otro caso la Sra. Presidenta, en el hipotético supuesto de que le “tocase” un juez de instrucción poco preparado o desequilibrado (que de todo hay en la viña del Señor), todavía contaría con la garantía de la inmunidad y del suplicatorio, aparte de la revisión inmediata de una sala de la Audiencia Provincial, con el resultado de que no habría posible escándalo jurídico ni, especialmente, político.

Y lo que no es argumento tampoco es que por esa vía estamos deslegitimando en bloque las decisiones del TS en cuestiones muy delicadas, como la prisión provisional de los políticos presos ordenada por el juez LLarena -también miembro de la sala que ha dictado el auto de marras- porque este, queridos amigos, es precisamente el problema. Y perdónenme por repetirme tanto. La reputación, la credibilidad, la legitimación de nuestras instituciones hay que cuidarla y protegerla desde el minuto uno, porque un buen día las necesitaremos para combatir el populismo, y entonces nos hubiera gustado encontrárnoslas más fuertes…

Termino con unas palabras de The Economist glosando el circo montado con ocasión del proceso de confirmación del Sr. Kavanaugh como juez del Tribunal Supremo de los EEUU: “The legitimacy American institutions enjoy rests on more than following rules. They must also be considered fair –or suffer the consequences” (La legitimidad de la que disfrutan las instituciones americanas descansa en algo más que en seguir las reglas. También deben ser consideradas justas, o sufrir las consecuencias). ¿Estamos nosotros todavía a tiempo de evitar sufrir las consecuencias?

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