La autodeterminación y las cuatro virtudes cardinales
Hace pocos días Sánchez puso a Quebec como ejemplo para Cataluña convencido de que “desde la política se pueden encontrar soluciones políticas para resolver los conflictos”. Poco tardó Torra en coger el guante y solicitar un referéndum como el que se hizo en esa región en 1995, recordándole que “el derecho democrático a la autodeterminación de Cataluña se ha negado una y otra vez”. Y ayer mismo Torra volvió a amenazar a Sánchez con dejarle caer si no se habla de la autodeterminación.
Vistas desapasionadamente, ambas declaraciones suponen un cierto cambio en las posiciones de cada lado: desde el punto de vista del Estado, parecería que se asume el marco mental del secesionismo, en cuanto la mención a Quebec no puede suponer sino la referencia a una consulta como la que allí se produjo, cambiando así la posición mantenida hasta ahora por el gobierno de Rajoy de no admitir esa consulta por inconstitucional. Con el mismo espíritu analítico, este cambio puede ser interpretado como una inteligente apertura política y una muestra de flexibilidad para reducir el conflicto o bien como un pago del precio del ignominioso apoyo político que le ha llevado al poder.
Pero lo cierto es que la contestación de Torra implica también desdecirse de declaraciones anteriores, pues parece presuponer que no procede “construir la república”, que supuestamente estaría ya declarada pero a falta de implementar, reconociendo que, en realidad, no hay absolutamente nada y que están todavía en la casilla de salida. E, igualmente, puede interpretarse como un gesto de distención o como un hecho inevitable ante la situación de bloqueo de la política catalana y la constatación del fracaso del procés.
¿Qué significa y qué puede suponer esta nueva actitud política?
En mi concepto de mediador soy siempre favorable a la resolución alternativa de conflictos y me he mostrado en alguna ocasión propenso a una solución negociada al conflicto en Cataluña; incluso hice un ejercicio intelectual en este post titulado “Apotegmas para la resolución alternativa del conflicto catalán”. Publicado, por cierto, -parece que hiciera cien años- el 11 de septiembre de 2014. Es más, en otro atrevido intento me atreví a considerar la posibilidad de una consulta tipo Quebec, en dos artículos: uno replicando a Luis Garicano en el blog y otro en El Mundo junto con Elisa de la Nuez. Son artículos también de octubre de 2014 y, por tanto, anteriores al primer pseudoreferéndum catalán, que se perpetró el 9 de noviembre de ese año. Me atrevo a afirmar que el planteamiento era un poco más complejo del que ofrecen hoy nuestros dos líderes políticos arriba mencionados. La idea fundamental era que en otoño de 2014 había dos planos en la cuestión catalana: el legal, o sea, el hecho del incumplimiento del ordenamiento constitucional, que era preciso resolver en primer lugar; y el político, porque se presuponía que existía un conflicto de esta naturaleza -real o inventado, pero sentido- que exigía un tratamiento distinto del legal. Dentro de éste, debería abordarse una reforma general de la organización territorial española con la correspondiente reforma constitucional que, en su caso, podría contemplar una consulta sobre autodeterminación que, a su vez, exigiría unos parámetros parecidos a los de la ley de claridad canadiense, que perfilarían mucho el alcance y consecuencias de esa consulta. Acabábamos señalando que todo esto dependía del adecuado funcionamiento de las instituciones españolas, que dejaba bastante que desear, por lo que cabía decir que no nuestro problema no era un problema catalán, sino un problema español.
Pues bien, sobre el papel, este iter sería perfectamente legal y democrático. Pero eso no es suficiente, como apuntábamos entonces y los acontecimientos posteriores han confirmado.
Las decisiones políticas no sólo han de ser formalmente correctas, sino que han de tender al bien común, al estar basadas en la virtud. No es esta una idea nueva. Aristóteles, distinguiendo entre República y Democracia, decía que en aquella gobernaban los mejores, los más virtuosos, respetando a todas las partes y por el bien de todos; mientras que en la Democracia (que para él tenía un sentido peyorativo) gobierna la masa, sin contar con todos. Platón consideraba que la excelencia (areté) del ciudadano ejemplar se conseguía practicando cuatro virtudes: la Justicia, la Prudencia, la Fortaleza y la Templanza.
¿Sería una decisión política virtuosa acceder a una negociación sobre esta cuestión en este momento?
Desde mi punto de vista, no parecería una negociación de este tipo acorde con la virtud de la Prudencia, cuando el respaldo que tiene el gobierno en el poder es extraordinariamente limitado y, además, está condicionado por aquellos con quienes habría que mantener esa negociación. No es que aceptar esa reivindicación desestabilice el sistema: el problema es que desestabiliza al propio gobernante que se ve sometido a un conflicto de intereses de libro al tener que negociar pensando no en su representado, el pueblo, sino en sus propios intereses particulares como persona y como partido. No es prudente jugar con eso, por más que sería positivo que los nuevos aires de un nuevo gobierno hubieran creado un clima diferente que las conmemoraciones de estos días, con el nuevo ingrediente de la violencia callejera alentada por las autoridades, parecen desmentir.
Por supuesto, una negociación de este tipo precisaría también unas dosis importantes de la virtud de la Templanza. No cabe tomar una decisión racional en un clima de emocionalidad como el que hemos mantenido en los últimos tiempos y que ha llevado a exigir reivindicaciones de máximos y a la polarización de posiciones políticas; ni tampoco cuando se tiene el temor a perder el gobierno. Como en el Derecho civil, esa emocionalidad puede ser un vicio del consentimiento que anula el contrato. Contrato que, además, exigiría, en su caso, una precisión notarial en sus términos ajena a toda emoción, como ocurrió precisamente con la ley de Claridad canadiense, que llevaría precisamente a su consideración como un inicio de las negociaciones y no como un fin, a la exigencia de una pregunta clara e indubitada, a la imposibilidad de repetición en breve tiempo y a la posibilidad de que hubiera partes del territorio que se independizaran y partes que no. Y es que la templanza obliga a pensarse las cosas.
Pero hay más. Considerar ahora una consulta de este tipo exigiría como paso previo la resolución del problema de la ruptura de la legalidad, entendiendo tal no sólo las resoluciones judiciales pendientes sino, sobre todo, la vuelta a la lealtad institucional de la Generalidad, que en este momento es impensable, sumida como está en el llamamiento a la desobediencia civil y la negación de las instituciones y la legalidad españolas, que exigirían para cualquier acuerdo de este tipo una reforma constitucional con el consenso de todos los ciudadanos.
Y las formas son importantes, por lo que transmiten. Creo que es importante insistir en esta idea, que tiene una profunda carga ética: aceptar, como gobernante, cualquier reivindicación de quien niega las reglas del juego significa transmitir al resto de los ciudadanos el mensaje de que las normas se cumplen sólo si no tienes la fuerza suficiente para desestabilizar el sistema y, por tanto, que puede haber ciudadanos que estén por encima de la ley, desmintiendo la norma esencial de que un Estado de Derecho es tal cuando es más fuerte que el más fuerte de sus ciudadanos (o grupo de ciudadanos). Si no es, así estaremos actuando contra la virtud de la Justicia, que nos obliga a tratar a todos con las mismas reglas, sin crear agravios comparativos por los que los perjudicados, tarde o temprano, exigirán un precio, a veces impagable .
Se necesitarían, pues, esas tres virtudes. Y se hubiera necesitado una más, la Fortaleza, cuando el año pasado Rajoy aplicó un 155 procrastinador, tendente a rehuir el problema provocando un nuevo escenario electoral. Hacerlo de otra manera quizá hubiera permitido, precisamente, devolver a la Comunidad Autónoma Catalana a esa lealtad institucional que ahora falta, enviando a la vez el mensaje a navegantes de que el Estado está dispuesto a hacer cumplir las normas hasta sus últimas consecuencias y pase lo que pase, porque esa decisión es básica para mantener la confianza en un sistema al que se cede el monopolio de la violencia para que nadie sea más fuerte que el sistema. Y sólo esa vuelta a la racionalidad de la norma podría haber permitido reflexionar en el futuro sobre la modificación de la propia norma.
Sí, faltó esa fortaleza por temor a las consecuencias de la decisión y la consecuencia de la no decisión ha sido la cronificación del conflicto. Y ahora vamos a necesitar más fortaleza todavía para resolver un problema que Rajoy, que tenía la mayoría necesaria, no quiso resolver sin la aquiescencia de todos. Hoy es peor porque el gobierno no tiene esas mayorías y sí graves dependencias. Quizá haya que aplicar el 155 de nuevo o quizá haya otra solución. Pero lo que es claro es que, sin que los partidos constitucionalistas se pongan de acuerdo en afrontar este problema con justicia, prudencia, templanza y fortaleza, los riesgos para la Democracias son enormes.
Presidente Fundación Hay Derecho. Notario de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1979-1984). Oposiciones a Notarías aprobadas en 1988, oposiciones restringidas, entre Notarios, en 1991-1992. En twitter @ignaciogoma
