La dignidad profesional: sobre la renuncia del Magistrado Marchena a presidir el TS vía reparto partidista
Como es sabido, la carta de renuncia del Magistrado Manuel Marchena candidato “oficial” a presidir el Tribunal Supremo vía reparto de cromos entre el PPSOE (con la ayuda de Podemos) proclamado incluso antes de renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial que le debería votar -recordemos que le corresponde a los Vocales del CGPJ elegir a su Presidente, no al Ejecutivo ni al Parlamento- ha dinamitado el desvergonzado pacto de los partidos todavía mayoritarios para controlar el Poder Judicial. Bien es cierto que esta renuncia se ha producido después de que se filtrara el famoso whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, donde se vanagloriaba de la “jugada maestra” que habían hecho para controlar vía nombramientos del CGPJ a la sala II del Tribunal Supremo, que es la Sala de lo Penal. Sala a la que irán a parar vía aforamientos o vía recursos los numerosos casos de corrupción que afectan al PP por no mencionar el juicio al procés. Ahí es nada. Viktor Orban o Jaroslaw Kaczynski parecen más serios que nuestros políticos; pretenden lo mismo, acabar con la separación de poderes pero por lo menos en Polonia o en Hungría intentan cambiar las leyes para hacerlo (y se monta el consiguiente escándalo y hasta interviene la Unión Europea) mientras que aquí directamente se las saltan y encima se quejan de que nos hayamos enterado. Aquí tenemos al ex Ministro de Justicia Rafael Catalá quejándose de “la filtración”.
Dicho lo anterior, aunque la renuncia haya tardado, lo importante es que se ha producido y que un magistrado haya puesto su dignidad profesional por delante del cargo más importante para un Juez, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Cierto es que el resto de los Vocales propuestos -alguno de los cuales ya habían hecho un paripé bastante lamentable en el Congreso, con el estimable apoyo de los partidos políticos que los esponsorizaban- no han tenido un gesto parecido; quizás no tienen en tan alta consideración su dignidad profesional o su reputación. Y es cierto que tampoco las tres Asociaciones judiciales que se prestaron al reparto partidista (todas, menos Foro Judicial Independiente) han dicho nada después del vergonzoso espectáculo. Es curioso porque todas han apoyado la huelga del pasado día 19 de noviembre para reclamar la independencia del Poder Judicial. Quizás la explicación es tan sencilla como que para las asociaciones el sistema vigente es una buena manera de colocar a sus candidatos; es más, si no los colocaran tan bien en el CGPJ alguien podría preguntarse para qué sirven en realidad. Porque como “sindicatos profesionales” no parece que hayan conseguido grandes mejoras para sus asociados hasta el momento; quizás porque se dedican a otra cosa. Efectivamente, como agencia de colocación de los cargos más importantes de la Magistratura las Asociaciones, especialmente las alineadas con el PP y el PSOE funcionan como un tiro. Basta con ver los números; si hubiera prosperado la elección de los vocales del nuevo CGPJ, la Asociación “progresista” Jueces y Juezas para la democracia se habría llevado el gato al agua, por encima de la “conservadora” Asociación Profesional de la Magistratura y la “intermedia” Francisco de Vitoria cuando estas últimas tienen más asociados. Los datos pueden encontrarlos en este artículo.
En todo caso, la renuncia de Marchena que deja a las claras las vergüenzas del sistema (que nada tienen que envidiar, según el GRECO, Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción a los intentos de otros Gobiernoso de controlar su Poder Judicial) y revienta el actual modelo debe de ser valorada en sus justos términos, no solo por sus efectos sino porque pone de relieve que para un jurista con prestigio el coste reputacional de prestarse a estos enjuagues sencillamente ya no es asumible, lo que es una buenísima noticia. Porque uno de los problemas más importantes de nuestra democracia y de nuestras instituciones es el bajísimo coste reputacional que hasta ahora tenía prestarse a este tipo de maniobras políticas o, dicho de otra forma, poner el prestigio profesional al servicio del diktat de los jefes políticos de turno, que ya se ocupaban de salir a corear las bondades profesionales del elegido por motivos que tenían que ver más bien poco con ellas.
El hecho de que empecemos a darnos cuenta de que no es compatible el prestigio profesional de un jurista de reconocida competencia (o el prestigio profesional de un experto de cualquier otro tipo) con ponerse la librea al servicio del poder -máxime si tu deber es controlarlo- me parece crucial. La responsabilidad y la reputación de los funcionarios tiene que ir asociada a su buen hacer profesional no a su afinidad partidista o a su disponibilidad para hacer favores y así debe de entenderlo la sociedad. Porque inevitablemente habrá momentos en que el Presidente del Tribunal Supremo tendrá que elegir entre actuar como un político o como un juez, y como ciudadanos nos interesa mucho que elija lo segundo, poniendo por delante su prestigio profesional y la rendición de cuentas ante sus pares, los otros jueces primero y la comunidad jurídica en general después.
Como recuerda Victor Lapuente en su recomendable libro “Organizando el Leviathan”, en las democracias más avanzadas el sistema de rendición de cuentas de políticos y funcionarios es distinto. Los primeros rinden cuenta a los ciudadanos por sus decisiones políticas a través de las elecciones; los segundos rinden cuenta ante sus pares por sus decisiones profesionales. Es así como se separan las carreras políticas de las funcionariales y se termina con ese cáncer de la democracia española que es la politización de nuestras instituciones, y muy en particular del Poder Judicial. Por haberlo entendido así hay que estar muy agradecidos al magistrado Marchena. Ojalá otros sigan su ejemplo.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
