¿Es la Unión Europea el último dique contra el nacionalismo y el populismo?

Uno de los países que en los últimos tiempos ha dado más quebraderos de cabeza al conjunto de la Unión Europea (UE), Polonia, gobernado por el partido Ley y Justicia, parece que ha dado su brazo a torcer en su polémica reforma judicial que, entre otras medidas, iba a provocar que más de un tercio de los jueces del Tribunal Supremo polaco, incluida su presidenta, Malgorzata Gersdorf, fueran a ser jubilados anticipadamente y contra su voluntad (al pasar la edad de jubilación de los 70 a los 65 años), siendo sus sustitutos elegidos por el Parlamento, controlado por el partido del Gobierno. Además, en el caso de que estos jueces quisieran continuar en el cargo, era el presidente de país, Andrezj Duda, quién decidiría si renovarles o no por tres años más.

Más allá de la evidente polémica suscitada a raíz de esta decisión, por ser contraria a la Constitución polaca que predica la independencia del poder judicial y establece que el mandato del presidente del Alto Tribunal dure 6 años (el de Gersdorf finalizaba en 2020), además de la valiente oposición de la mencionada presidenta, que ha continuado yendo a su puesto de trabajo desde que le comunicasen su destitución, lo más significativo ha sido el papel que ha desempeñado la propia UE en todo este asunto.

En julio de 2017, cuando se anunció la primera parte de la referida reforma judicial, la Comisión Europea (CE) amenazó al Gobierno de Polonia con activar el mecanismo contemplado en el artículo 7 del Tratado de la UE (TUE), si su reforma no se ajustaba a las recomendaciones sobre el Estado de Derecho realizadas desde Bruselas. Tras el caso omiso del Gobierno polaco, y, después de múltiples recomendaciones, cartas y reuniones, la Comisión, el pasado mes de diciembre, activó el mencionado procedimiento, siendo la primera vez que era empleado (posteriormente, se ha iniciado también contra la Hungría de Viktor Orbán, a instancias del Parlamento Europeo).

Pero, ¿en qué consiste realmente el mecanismo del artículo 7 del TUE? Es el procedimiento que tienen la potestad de activar las instituciones de la UE en el caso de que alguno de los estados miembros no respete los valores de la Unión, fijados en el artículo 2 del propio TUE, entre los que se encuentra el Estado de Derecho. El mencionado mecanismo consta de dos fases: una primera, preventiva, que se activa cuando se atisba un riesgo de que se llegue a producir la violación grave de dichos valores, mandando un aviso al posible país infractor; y una segunda fase, sancionadora, que permite la suspensión de los derechos del estado miembro, entre ellos el de voto, cuando se ha confirmado que se ha producido dicha violación grave de los valores de la UE y el Estado en cuestión no rectifica. Hay que decir que para que se acuerden esas hipotéticas sanciones contra el país infractor, el principal escollo es que, además de la previa aprobación del Parlamento Europeo, se requiere unanimidad de todos los miembros del Consejo Europeo, integrado por los jefes de Estado o de Gobierno de los países comunitarios.

En este caso, además de activar el mecanismo del artículo 7, que es cierto que parece difícil que pueda acabar en una sanción contra Polonia -al ser improbable que otros países, como Hungría, acepten esa medida siendo que ellos pueden ser los siguientes-, la Comisión paralelamente acordó denunciar la reforma judicial polaca ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), al entender que violaba la legislación europea, por poner en riesgo la independencia del poder judicial y la separación de poderes, solicitando como medida cautelar la suspensión de la reforma y la restauración de la situación que había antes de la reforma en el Tribunal Supremo polaco.

El pasado mes de octubre, el TJUE estimó la medida cautelar solicitada por la CE, ordenando a Polonia suspender parcialmente su reforma judicial. Y ha sido a raíz de esa decisión del TJUE  cuando, el pasado miércoles, el Gobierno polaco presentó una nueva enmienda a la misma para reincorporar a los 27 magistrados que fueron forzosamente jubilados el pasado mes de julio. Los motivos por los cuales el gobierno polaco haya dado marcha atrás en una de sus medidas más discutidas, habrán sido varios, pero indudablemente la presión ejercida por la propia UE ha sido decisiva.

En estos últimos años, después de la crisis económica, en los que tan en duda se ha puesto el papel de la Unión e incluso su futuro a causa del Brexit, del crecimiento de los movimientos euroescepticistas, etc., es preciso poner en valor el papel que en el caso polaco (y en el húngaro) ha ejercido y está ejerciendo la propia UE, pasando de las palabras a los hechos, como dique contra los gobiernos de estos países que amenazan directamente la independencia del poder judicial y la separación de poderes, precisamente ahora que estos principios se están poniendo en peligro en tantos sitios con el auge del nacionalismo y del populismo, recordándonos a los peores momentos de nuestra historia más reciente.

Conviene en este punto plantearnos qué habría sucedido de no encontrarse Polonia en el seno de la UE. La respuesta es bastante sencilla de imaginar: la reforma habría sido aprobada sin mayor contestación, fuera de la protesta interna, e incluso más acentuada. Por suerte, pertenecer a la Unión Europea no sólo redunda en cuestiones como el libre comercio, la libertad de movimientos u otros derechos que como ciudadanos europeos ostentamos, sino que también sirve para el reforzamiento de los valores democráticos y el Estado de derecho de los países que la integran. Cuanto más fuertes sean los famosos pesos y contrapesos (checks and balances) de los que tanto hemos hablado en este blog, más fuerte será el Estado de Derecho de un país y, en este caso, de la comunidad política supranacional, y más difícil será que gobiernos populistas la pongan en peligro por mucho que lleguen al poder.

Y es que, no hay que obviar que por mucho que los partidos euroescépticos prediquen lo contrario, son más las ventajas que los inconvenientes de pertenecer al club comunitario y es que fuera de la UE hace mucho frío; basta con ver lo que está sucediendo con el acuerdo del Brexit y las malas previsiones económicas para el país británico durante los próximos años.

Por eso, también es importante reivindicar el valor que tienen las elecciones al Parlamento Europeo, puesto que aunque nos parezca algo de poca relevancia y muy lejano, sus funciones son muy relevantes. Entre ellas se encuentran la legislativa, la presupuestaria, el control político (como hemos visto en el caso de Polonia y Hungría) y la elección del Presidente de la Comisión, el órgano de gobierno de la UE.

Las próximas elecciones que tendrán lugar el próximo 26 de mayo de 2019, van a ser determinantes para el futuro de la Unión, ya que si se reafirma la apuesta por los partidos europeístas convencidos, se podrá seguir construyendo un proyecto europeo común, incluso más fuerte e integrador, pero, si por el contrario, crecen los partidos anti-europeos, estaremos ante el principio del fin de la UE tal y como la conocemos.