40 años de la Constitución: Mucho que celebrar y mucho por hacer. Las propuestas de Hay Derecho para un nuevo contrato social

En el 40 aniversario de la Constitución de 1978, muchas miradas reflexionarán sobre todo lo acontecido en este periodo, en el que España ha podido, al fin, consolidarse como una democracia equiparable a las más avanzadas del mundo, sobre la base de un Estado de Derecho. No cabe minimizar la importancia de nuestra actual Carta Magna, sin duda la más  positiva de toda nuestra historia y casi la más duradera  (todavía le supera la Constitución de 1876). Ciertamente que todo este periodo tiene luces y sombras, pero el balance final es muy positivo.

Ahora bien, dicho esto, es indudable que queda mucho por hacer. Como en esta época volvemos a comprobar una vez más que la democracia y el Estado de Derecho nunca son conquistas definitivas, sino que por el contrario han de ser continuamente analizadas, reforzadas, exigidas, mejoradas para no volver hacia atrás. Este 40 aniversario de la Constitución es un buen momento para, además de felicitarnos todos por lo vivido hasta ahora, concretar el listado de tareas que tenemos por delante. Ni el excesivo catastrofismo ni la excesiva autocomplacencia son buenas guías para afrontar el futuro, porque hay mucho que hacer para renovar el contrato social en España.

Como es lógico, la sociedad de 2018 no es la de 1978, y sus necesidades, puntos de vista y exigencias, tampoco. La lucha contra el populismo que amenaza con llevarse por delante a nuestras democracias liberales -en muchas ocasiones producto de una frustración y de una impotencia muy justificadas- solo puede articularse a través de reforzar nuestros mecanismos de participación democrática y de exigencia de rendición de cuentas y responsabilidades. Fortalecer la separación de poderes y la neutralidad de las instituciones clave del Estado es un primer paso imprescindible al que desde este blog y la Fundación Hay Derecho hemos dedicado y seguiremos dedicando todos nuestros esfuerzos.

En el blog Hay Derecho, a lo largo de nuestros ocho años de existencia, hemos hecho muchísimas reflexiones y propuestas sobre una gran variedad de temas, algunos de los cuales por fin están ya en primera plana de la actualidad (indultos, aforamientos, separación de poderes, capitalismo clientelar, transparencia) y otros no tanto (neutralidad y profesionalización de las Administraciones Públicas, evaluación de políticas públicas, por ejemplo). Pero entendemos que todos estos temas deben formar parte de ese nuevo contrato social en España.  Hoy, como recordatorio y reflexión de la tarea pendiente, intentaremos resumirlos con enlaces a algunos posts en los que los hemos tratado.

Mejorar la calidad legislativa y la seguridad jurídica en España: disponer de una legislación técnicamente buena, que no cambie continuamente, que no sea excesiva ni ambigua, no es solamente algo que facilita la vida de los juristas, sino un aspecto capital del Estado de Derecho, porque la esencia de éste es que no solamente limita y controla a los ciudadanos, sino, y muy especialmente, al Poder. Por eso, nos hemos preguntado si cambiar continuamente las leyes puede ser antidemocrático, hemos denunciado el abuso de los Decretos-Leyes, nos hemos preguntado si se legisla mal a propósito, hemos criticado muchas veces la hiperabundancia de normas, e incluso hemos reflexionado acerca de si existe una “discriminación legislativa”.

La independencia del Poder Judicial ha sido uno de nuestros caballos de batalla. El perverso sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial ha dado lugar a muchos análisis, desde la nefasta reforma de 2013, hasta ayer mismo, sin olvidar su perniciosa conexión con el candente tema de los aforamientos. Otra manifestación de la tendencia partitocrática por desactivar la independencia de la Justica es, sin duda, el abuso del indulto, como pudo observarse  en más de un caso escandaloso, sin que parezca que los actuales intentos de reforma vayan en la buena dirección.

En relación con la cuestión territorial que ha centrado el debate político y jurídico durante los últimos años, impidiendo prestar atención a otros temas fundamentales, quizás no baste con mejoras de tipo técnico. En este post ( Cambiar de perspectiva ) proponíamos la visión del catedrático Joseph Weiler, que ve el -denostado por tantos-  Título VIII de nuestra Constitución no como un engendro fallido sino como un modelo para superar las identidades excluyentes. No se trata de luchar contra las identidades sino de admitir una superposición de ellas que permite una colaboración humana más amplia. Y esto por supuesto sin perjuicio de que haya que establecer reglas para evitar que el sistema autonómico sea -como es- un instrumento privilegiado para el sistema clientelar, por supuesto no solo en Cataluña.

Sobre la necesaria profesionalización y neutralidad de las AAPP y el reforzamiento de nuestras instituciones no solo hemos escrito mucho en el blog, también la hemos abordado desde el punto de vista de los estudios.  Por ejemplo, hemos realizado un informe sobre la falta de coherencia y transparencia de los sueldos de la Administración General del Estado   o hemos estudiado el fenómeno de las puertas giratorias en nuestro país, muy ligado al defectuoso funcionamiento de la Oficina de Conflictos de Intereses, débil con los fuertes y fuerte con los débiles, ya que nunca aprecia las puertas giratorias de las personas importantes y en cambio percibe inmediatamente los mínimos problemas de quienes no tienen poder.  También hemos analizado dos instituciones clave de nuestro país desde la perspectiva comparada, poniendo de relieve por qué son tan débiles (politización y falta de neutralidad y fallos de gobernanza de nuevo): el Tribunal de Cuentas español, más conocido por lo que no hace, y la Fiscalía, cuyos numerosos problemas hemos podido comprobar a lo largo de los últimos años si bien conviene decir que gracias a la profesionalidad de la mayoría de los fiscales se consiguen salvar los muebles.

También hemos comentado los casos en que los que atacan la Constitución son los que dicen respetarla. En particular en el ámbito tributario hemos visto como el TC anulaba la forma de liquidar el Impuesto Municipal de Plusvalía (aquí y aquí ) por ser contraria al principio constitucional de capacidad económica. Sin embargo en el caso de las ganancias patrimoniales en el IRPF se han realizado reformas cuya inconstitucionalidad es aún más clara y que parecen haber pasado desapercibidas, como vimos aquí. Y esto es fundamental pues si el poder no respeta la Constitución está haciendo de nosotros súbditos y no ciudadanos.

La posible articulación de todas estas demandas a través de una reforma constitucional, fue analizada en una serie de posts antes de las penúltimas elecciones generales, donde tratamos el procedimiento de reforma, el sistema electoral, el Senado, el gobierno de los jueces, el reparto competencial entre el Estado y las CCAA, la inclusión de nuevos derechos sociales y el Tribunal Constitucional.

Por supuesto, muchas de estas propuestas quizá no precisen necesariamente una reforma constitucional; quizá se trate de reformas institucionales de menor calado o de simples decisiones políticas. En realidad, la reforma constitucional y también la legal son meros instrumentos de los consensos políticos y sociales. Lo difícil es encontrar esos consensos y, de hecho, es significativa la resistencia que hay en nuestro país a las reformas constitucionales: de hecho, ninguna de las constituciones anteriores a la actual fue nunca modificada y la actual lo ha sido sólo en dos asuntos muy puntuales. Muy probablemente ello se debió a que eran constituciones “de partido” que trataban de imponer una visión política  particular a los formaciones que no estaban en el poder, lo que revela una gran polarización y una muy escasa capacidad de pacto de la que muy probablemente somos todavía tributarios; en cambio, en países de nuestro entorno las modificaciones de los últimos años han sido constante y reiteradas. Y ello es bueno porque permite la adaptación de las normas a realidades cambiantes, mientras que la petrificación de las normas crea desafección y rechazo.

Como decíamos en este post, es preciso comprender que el contrincante político no es un enemigo, es un adversario. Señalaba Ignatieff en Fuego y Cenizas, convertir a un adversario en enemigo define los compromisos como una traición. En España tenemos demasiado sectarismo, cordones sanitarios, enemigos a muerte con los que no se puede ni hablar de cerca porque contaminan. Lijphart elogiaba la llamada “democracia consociativa”, que es cómo denomina este autor a este sistema de negociación entre las elites de una comunidad política socialmente heterogénea. Pone como ejemplo Holanda en donde había sectores muy diferenciados e incompatibles (católicos protestantes, liberales y socialistas (los cuatro zuilen o pilares), pero que por necesidad sus elites se prestaron a acomodar sus intereses y con negociaciones pacientes llegaron a consolidar la democracia durante décadas. Y ello no significa que no haya límites al compromiso y la labor de los políticos será saber dónde se encuentra la línea borrosa que separa un compromiso honorable de uno deshonroso.

Esta es una asignatura pendiente de nuestro país. Si la aprobáramos podríamos ganar mucho.