El relator y las instituciones

El anuncio del Gobierno de que en la mesa de partidos acordada en Cataluña para debatir sobre el problema político catalán va a estar presente un «relator» ha destapado un alud de reacciones, la mayoría poco favorables. Más allá de que nadie sabe muy bien qué es un relator (una figura hasta ahora desconocida en el ámbito público en España probablemente por innecesaria) a muchos ciudadanos les parece que además de poner de relieve una cesión al independentismo -aunque lo que ellos pretendían era un mediador internacional- supone una profunda desconfianza hacia nuestras instituciones representativas. Como sobre lo primero se ha escrito mucho, nos limitaremos a lo segundo dado que nuestra preocupación fundamental es la fortaleza de nuestras instituciones.

No hay duda de que la complejidad del problema catalán a las puertas del inicio del juicio del procés, que entraña una crisis política y constitucional de enorme magnitud, está tensando las costuras de nuestro sistema político-constitucional, máxime en un momento en que el viejo bipartidismo está desapareciendo para ser sustituido por una pluralidad de partidos que compiten por los espacios antes reservados al PPSOE.  Por eso no puede sorprender el desconcierto y el desorden que estamos padeciendo en los últimos meses. Dicho eso, consideramos que en este ámbito estamos mejor que en los tiempos  de Rajoy -que tan lejanos parecen aunque hace menos de un año de la moción de censura-  por la sencilla razón de que la inactividad y la procrastinación agravaban el problema. Por otra parte, es indudable que los independentistas siguen en sus trece, pero a día de hoy no ha habido actuaciones (institucionales) ni remotamente similares a las del otoño pasado aunque el discurso no haya cambiado.

En este marco, la desconfianza entre unos y otros se traduce en una desconfianza institucional extrema. En el caso de los independentistas la desconfianza está implícita en el relato de que España es un Estado autoritario de corte franquista sin separación de poderes (aunque eso no impide que sus dirigentes incluido Puigdemont utilicen los recursos que nuestro ordenamiento jurídico pone a disposición de cualquier ciudadano). En el caso del Gobierno del PSOE, gobierno legítimo de un Estado democrático de Derecho la desconfianza creemos que viene más bien de su exigua representación tanto en el Parlamento catalán como en el estatal. Sin embargo, pensamos que esta desconfianza es un grave error.

Vaya por delante que no podemos en duda la necesidad de llegar a acuerdos -respetando siempre el Estado de Derecho- y de proponer reformas políticas y constitucionales importantes, porque no se puede desconocer la fuerza política y social del independentismo. Pero también hay que partir de que la fractura que ha generado es particularmente una fractura social y política de Cataluña. Si alguien tiene motivos para desconfiar de sus instituciones son precisamente los catalanes no independentistas, dado que se han puesto al servicio de la causa independentista y no de todos los ciudadanos catalanes. Sobre la necesaria neutralidad de las instituciones hemos hablado mucho en este blog, pero en España el principal ejemplo de esa falta de neutralidad (y profesionalidad) son precisamente las instituciones catalanas. No hay nada parecido -aunque también haya debilidades, por supuesto- a nivel estatal o en otras CCAA.

Lo que a nuestro juicio no debe de hacerse, y menos por el Gobierno de España, es contribuir a extender esta desconfianza a todas las demás instituciones españolas, empezando por el Parlamento nacional, que parece quedar al margen de esta mesa. Todo lo contrario: hay que recuperar la confianza y la neutralidad en las instituciones, comenzando por las representativas, y para eso no parece una buena vía actuar al margen de ellas como si fueran inservibles o incapaces de permitir llegar a acuerdos entre representantes políticos, cuando nacieron precisamente para eso. Tampoco parece preciso que una democracia madura y avanzada necesite de relatores, mediadores o notarios porque las partes no confían las unas en las otras como si no fueran todos representantes electos o/y miembros de Gobiernos democráticamente elegidos. En cuanto a los procedimientos dentro de las instituciones caben muchas fórmulas y se le puede y se le debe echar imaginación para evitar la rigidez y la burocracia, aunque lo que no se puede eludir son las reglas que marcan los votos que tiene cada uno. Pero en todo caso, es muy necesario utilizarlas porque si no corremos el riesgo de terminar  llegando a acuerdos en mesas de partidos al margen de las instituciones representativas y en manifestaciones en las calles, también al margen de las instituciones representativas. Y eso es precisamente lo que quiere el populismo; acabar con nuestras democracias representativas liberales desde dentro.

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