Las 7 “plagas” que se ciernen sobre el sistema actual de elección del CGPJ

El pasado 20 de diciembre, PSOE y Unidos Podemos junto con los partidos nacionalistas rechazaron en el Congreso de los Diputados la reforma propuesta por Ciudadanos y PP de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que suponía volver al sistema original de nuestra Constitución, para que fueran los jueces los que designaran a 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Aunque parezca una oportunidad perdida, sólo refleja que aquellos que quieren seguir inmiscuyéndose en el órgano de gobierno de los jueces han conseguido una victoria pírrica con un 51% frente al 48%.

En el año 2019 siete “plagas” podrían tensionar el sistema de elección del CGPJ:

1.Difícilmente podrá concluirse la renovación del actual Consejo. El PP, tras pretender cambiar el sistema, si retoma las negociaciones se expone a críticas de incongruencia o electoralismo lo que podría suponer una importante sangría de votos en favor de Ciudadanos a pocos meses de las elecciones. La negativa del PP bajo otras excusas no puede deberse más que a esto. Sin embargo, una renovación del CGPJ sin el Partido Popular es imposible.

Además, cuando un magistrado tan prestigiado como Manuel Marchena renuncia a presidir el alto tribunal para defender su independencia, imparcialidad y honorabilidad, debe complicar mucho el  encontrar candidatos. La politización de la institución puede causar desprestigio y la huida del talento, como está ocurriendo en la política.

El hartazgo en la carrera judicial, el lamentable episodio producido y las reivindicaciones de reforzamiento de la independencia judicial están produciendo que las bases de las asociaciones judiciales comiencen a reclamar que no se avale a candidato alguno sin modificación legal.

2.La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha instado al Defensor del Pueblo a que interponga un recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional en su tan controvertida Sentencia 108/1986 declaró que procedería la inconstitucionalidad cuando se convirtiese a los vocales “en delegados o comisionados del Congreso y del Senado, con toda la carga política que esta situación comportaría”. 32 años después, difícilmente se puede discutir la imagen de politización del sistema tras los mensajes de Cosidó, cuando los medios identifican a los vocales ideológicamente, cuando se pacta el nombre del presidente y éste encima renuncia. Además, cualquier decisión del Consejo es susceptible de recurso contencioso-administrativo, donde podría plantearse a su vez una cuestión de inconstitucionalidad.

Si los partidos emergentes obtienen más de 50 diputados o senadores en las próximas generales, también podrían acudir al Constitucional.

3.Tras dos huelgas de jueces y fiscales este año, muchas de las reivindicaciones siguen sin haberse cumplido. Las cuatro asociaciones judiciales defienden un sistema de sufragio activo directo de entre todos los jueces y magistrados, con un sistema de listas abiertas que permita la elección de su órgano de gobierno de forma independiente sin imposiciones políticas. La carrera judicial se siente ninguneada desde hace años, por lo que pueden producirse nuevas movilizaciones.

4.El Consejo de Europa ya señaló en la Recomendación 2010/12 del Comité de Ministros que al menos la mitad de los miembros de los Consejos del Poder Judicial deberían ser jueces elegidos por sus compañeros. Ídem la Carta Magna de los Jueces. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia Ramos Nunes De Carvalho e Sá V. Portugal (STEDH de 21 de junio de 2016) determinó la modificación del sistema de nombramiento portugués (análogo al nuestro). También, el GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) en su último informe determina que España debe reformar el CGPJ para evitar se inmiscuyan los políticos en otro poder del estado. Difícilmente el Consejo podría superar ciertos estándares utilizados de apariencia de independencia judicial cuando en el último informe de la Comisión, un 49 % de los españoles perciben la Justicia como «muy mala» o «bastante mala», lo que sitúa a España como el sexto país más crítico de la UE. Los principales motivos que esgrimen para dudar de la justicia son la presión política (39%), la interferencia de los intereses económicos (35%) y la falta de garantías suficientes para su independencia (26%).

5.También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 27 de febrero de 2018 ha abierto la puerta a analizar los estándares de independencia judicial y la Comisión Europea por Recomendación de 26 de julio de 2017 referente a Polonia, ha recordado la importancia de la independencia del Consejo, y de evitar influencias indebidas por parte del Gobierno o del Parlamento. Paradójicamente Polonia defiende su reforma cobijándose en nuestro sistema. Sin embargo, la Comisión en la Recomendación de 20 de diciembre de 2017, declaró que se debe garantizar la independencia judicial y que el nombramiento por el Parlamento afecta negativamente.

Por todo ello, la Comisión Europea ha interpuesto contra Polonia un recurso de incumplimiento y ha iniciado el procedimiento por riesgo claro de violación grave de los valores fundamentales pues 13 leyes polacas supondrían interferencias políticas en la independencia judicial. Entre las recomendaciones que le hacen están la reforma del Consejo Judicial de Polonia y que los miembros judiciales sean elegidos por sus pares.

6.Distintas denuncias ante el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y jueces del Alto Comisionado de Naciones Unidas pueden suscitar un informe donde se identifiquen injerencias a la independencia judicial, se formulen recomendaciones y propuestas para España, lo cual sería de obligado cumplimiento, junto con la consiguiente repercusión mediática y el coste político del mismo.

7.El PP podría esperar a unas próximas elecciones antes de negociar cualquier renovación ante la posibilidad de un “superdomingo electoral”, donde coincidieran elecciones autonómicas, municipales, europeas y generales. La subida de Ciudadanos y Vox o un cambio de Gobierno, condenaría al actual sistema a reformarse mediante acuerdos de regeneración democrática -como en Andalucía-. La corrupción política sigue siendo una de los principales preocupaciones de los españoles y la ciudadanía continúa demandando medidas de regeneración democrática.

En definitiva, siete son las posibles “plagas” a las que nuestro sistema actual de elección del Consejo General del Poder Judicial se enfrenta en el año 2019. Siete auténticos desafíos que van a aumentar la presión sobre un sistema que ya da visos de agotamiento. Aquellos que rechazan la despolitización en el nombramiento del CGPJ quizás puedan esquivar alguna de ellas, pero veo absolutamente imposible conseguir esquivar todas. La reforma del sistema es imparable y está próxima a hacerse realidad.